Por: Margena de la O, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo.- Eran las 16:23 horas, se abrió la puerta del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo y salió Adriana, la indígena tlapaneca que hace siete fue encarcelada y acusada de “homicidio en razón de parentesco”.
Unos minutos antes, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgaron el amparo directo 21/2012 que hizo posible su liberación.
La mujer, quien está a punto de cumplir 27 años de edad, salió, dio declaraciones a la prensa y ante las y los reporteros gráficos posó con la boleta de liberación en las manos. Antes les hizo un reclamo cuando le pedían que se acercara para un mejor ángulo: “¡Ora quieren que me acerque, pero nunca me vinieron a ver!”.
–¿Cómo te sientes de salir?, se le preguntó.
–“Pos” bien… quisiera saber que primero hagan justicia para algunos que no pueden hablar como yo. Que les hagan caso, pues, para que salgan libres, y que los que estén les den orientación. Lo que sé es que hay muchas gentes inocentes”.
Adriana llevaba cinco años presa en el Cereso de Chilpancingo y dos más en el penal de Ayutla de los Libres; durante los últimos años presa aprendió a hablar español, aunque todavía lo hace con dificultad.
“No siento coraje ni nada porque nunca perdí las esperanzas que iba a salir un día. Adelante, a luchar, lo que venga”, dijo a la prensa.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Desde hace más de una década la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es señalada por la deficiente atención que ofrecen las agencias especializadas en delitos sexuales, y el maltrato a las mujeres que denuncian estos crímenes.
En el año 2000 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) evidenció el actuar de la Procuraduría capitalina, entonces encabezada por Samuel Del Villar Kretchmar, al emitir la recomendación 3/2000 por la mala atención a las víctimas de violación sexual.
Aunque la PGJDF aceptó parcialmente la recomendación e implementó acciones para revertir la situación, hoy en día ocurren casos como el de Yakiri Rubí Rubio Aupart, joven que presuntamente fue violada el pasado 9 de diciembre.
La recomendación de hace 14 años se derivó de la queja de un grupo de académicas, políticas, activistas, feministas y organizaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, y los programas de Sexualidad Humana e Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual, ambos de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El
Congreso del Estado de México aprobó ayer una reforma a los códigos
Penal y de Procedimientos Penales de la entidad, para redefinir el
delito de feminicidio y otorgar penas de hasta 70 años de prisión a
quien asesine a una mujer por razones de género.
Con la decisión de la Legislatura local finalmente el tipo penal de
feminicidio adquirió el carácter de autónomo en la ley mexiquense.
Cabe recordar que en 2011, pese a las recomendaciones de la sociedad
civil, se tipificó al feminicidio como un agravante del delito de
homicidio doloso, lo que según organizaciones civiles, como el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), impedía que las
víctimas accedieran a la justicia, pues además de ser sólo un
agravante, el tipo penal era “subjetivo y casi imposible de comprobar”.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El 57 por ciento de las quejas por discriminación laboral que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) inició en 2013, corresponde a trabajadoras embarazadas.
Jacqueline L’Hoist Tapia, presidenta del Copred, presentó ayer el “Informe anual sobre casos de discriminación en la Ciudad de México 2013”, que da cuenta que para las capitalinas trabajar y estar embarazadas es motivo de exclusión.
En 2013 fueron atendidas por el Copred un total de 700 personas, lo que representa un incremento de 720 por ciento de la atención brindada en 2012, cuando el total fue de 97 personas. De las solicitudes de atención, 433 corresponden a mujeres lo que representa 60 por ciento del total.
Por: Sandra de los Santos, corresponsal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez.- La
jerarquía de la Iglesia presbiteriana del centro norte del estado de
Chiapas excomulgó a Cira Hernández Gutiérrez, luego de que fue ordenada
pastora y sancionó a los clérigos que participaron en el proceso.
México es el único país en el mundo donde no se permite la ordenación
de pastoras presbiterianas, debido a que así lo decidieron los jerarcas
de esta Iglesia a nivel nacional.
Pese a tal oposición, un grupo de pastores agrupados en la Comunión de
Iglesias Presbiterianas y Reformadas de Chiapas (Codiprech), ordenó
como pastora a Cira Hernández Gutiérrez, quien desde hace 25 años se
desempeñaba como misionera y es licenciada en Teología.
Hernández es la tercera mujer pastora ordenada a nivel nacional dentro
de la Iglesia presbiteriana y la primera en Chiapas. Las y los
integrantes de la Codiprech consideraron que no existe un impedimento
teológico para negar la ordenación de las mujeres.
Por: Aurora Gómez Delgado
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid.- Integrantes
del Parlamento Europeo (PE) manifestaron su profundo rechazo a la
reforma a la Ley de Aborto, impulsada en España por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que elimina el derecho de las
mujeres a interrumpir un embarazo.
La Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los
Derechos de la Mujer Embarazada –aprobada ya por el Consejo de
Ministros español el pasado 20 de diciembre– fue debatida por el PE el
jueves 16 de enero.
Durante la sesión, el texto sufrió numerosas críticas, incluso de
sectores de la derecha europea. La reforma se consideró innecesaria,
sin apoyo social y se interpretó como un atentado contra los derechos
civiles, cuya única motivación serían fines ideológicos y electorales.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Página3 | Oaxaca Luce
menudita, su estatura no rebasa la mínima que en promedio caracteriza a
las mujeres oaxaqueñas, quizá 1.50 metros; su aspecto, el de una mujer
cuyas penas han intentado derribarla; su mirada, a pesar de ello,
limpia, pura, incluso tierna; su actitud humilde, su condición también,
y la sonrisa que asoma cuando alguien le llama es inconfundible,
incomparable.
Es Demetria Eva Cruz Ramírez, líder de las 10 mujeres topiles (policías
comunitarias) de Cuauhtémoc, agencia del municipio de Santa Catarina
Tayata, en el distrito de Tlaxiaco, un lugar donde los hombres ya no
quieren ser policías.
Ella fue invitada por Alberto Esteva Salinas, secretario estatal de Seguridad Pública, a la reunión diaria de su gabinete.
“Allí en la comunidad nos nombraron policías para que sirviéramos el
año pasado, fue una sorpresa para nosotras, porque tuvimos que hacer lo
que ya no quieren los hombres y nos dijeron: ‘ora vamos a meter a las
mujeres”… Ya les da flojera creo”, cuenta Demetria.
Por: Victoria Hurtado**
Cimacnoticias | México, DF.- El
próximo 28 de enero, el Estado chileno deberá someterse por segunda vez
al Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU que vigila el cumplimiento de las obligaciones y
compromisos en materia humanitaria de los 192 Estados miembros de
Naciones Unidas.
Al rendir examen, Chile tendrá que responder preguntas de los países
integrantes del Consejo, en base a tres informes: el que el Estado
presentó en noviembre pasado; el que compiló la ONU con todas las
recomendaciones realizadas a Chile por los distintos órganos de
Naciones Unidas, y el Informe de los Stakeholders (actores
interesados), que incluye datos entregados por organizaciones civiles y
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sobre el nivel de
cumplimiento de las recomendaciones del EPU 2009 por parte del Estado
chileno.
Entre las preocupaciones de las ONG planteadas en el informe
alternativo están la vigencia de la Ley de Amnistía, por lo que se
recomienda derogarla y reabrir procesos penales por crímenes de lesa
humanidad, y la utilización de la Justicia Militar para el conocimiento
de denuncias de violencia policial y de delitos comunes cometidos por
uniformados contra víctimas civiles, por lo que se propone su reforma
limitándola al conocimiento de delitos de función militar cometidos por
militares en servicio activo.
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