5/02/2015

México: Mujeres indígenas podrán ir en paridad a las elecciones


 Soledad Jarquín Edgar

Oaxaca, 29 abr. 15. AmecoPress/SEMlac.- El 14 de abril pasado, el Senado de la República mandó a publicar una reforma largamente esperada que, por ser constitucional, requirió del acuerdo de al menos 14 entidades del país.

Esta reforma asegura derechos electorales a las mujeres de comunidades indígenas mexicanas (siete millones de personas) y asegura, al mismo tiempo, su participación en condiciones paritarias, en armonía con la Reforma Política mexicana decretada en 2014.

Eufrosina Cruz Mendoza sonríe, se le ve tranquila, orgullosa y satisfecha. Ella, diputada federal, fue quien presentó la iniciativa. La entrevista sucede a unos días de que el Senado de la República declarara reformada la fracción III del Apartado A del Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reforma que tiene su origen en una iniciativa que, el primero de octubre de 2013, presentó ella como diputada oaxaqueña e integrante de la LXII Legislatura. El nuevo texto constitucional dice:

"Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad con los varones; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales".

"La reforma —dice a boca de jarro- está dedicada a las mujeres de Santa María Quiegolani". Se trata de su pueblo natal y donde, en 2007, no la dejaron ser presidenta municipal argumentando violaciones a los usos y costumbres, como el hecho de ser profesionista y mujer.

"La reforma no fue un hecho fácil", apunta Cruz Mendoza en conversación con SEMlac. También sostiene que la última ocasión en la que un diputado oaxaqueño logró una reforma constitucional fue en la LV Legislatura, hace 21 años, dato que obtuvo después de revisar los archivos del Congreso federal. Por eso también está satisfecha.
Esta mujer es la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, lo que le ha permitido dejar una "huella": la reglamentación que terminará con la pretensión de unos cuantos de ampararse en los usos y costumbres para violentar los derechos humanos de las mujeres, pues los derechos políticos son derechos humanos y un pretexto para la exclusión y la discriminación de las mujeres.

La reforma, explica Eufrosina Cruz llena de orgullo, tiene su principio en su experiencia personal, en el dolor de su madre, en sus lágrimas. Pero también en el ánimo que le dieron un grupo de mujeres de Quiegolani que, como ella, pensaban que estaban en su derecho de tomar parte en las elecciones, cuando no recibieron buenas respuestas de las responsables de las instituciones o las diputadas locales, que excusaron al entonces munícipe señalando que así era porque en el catálogo de su comunidad no estaba incluida la palabra mujer.

Siete años después, es un derecho constitucional, una herramienta que tiempo atrás ella no tuvo para defender su derecho a ser presidenta municipal de Santa María Quiegolani, comunidad enclavada en la Sierra Sur de Oaxaca; un lugar lejano que la catapultó hacia una trayectoria política, "porque es en la política donde se logra incidir, donde se logran los cambios", dice.

Reitera que se siente feliz porque logró la reforma constitucional, que al final era su objetivo dentro de la LXII Legislatura. "Para eso vine al Congreso y lo conseguí, han valido la pena las críticas y las adversidades que siempre enfrenté, y valdrá más la pena cuando las mujeres hagan valer esta herramienta que plasma los usos y costumbres, pero vigila que no se violenten los derechos humanos de las mujeres, que haya igualdad de condiciones para hombres y mujeres y ejerzan su derecho a votar y a ser votadas".

En su recuento, Cruz Mendoza reconoce el papel que desempeñó la magistrada María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lamenta que no haya pasado lo mismo con el Tribunal Estatal Electoral (de Oaxaca), "donde no juzgan con perspectiva de género, sino con una perspectiva partidista".

Antes de la aprobación del Senado, un total de 19 entidades del país habían dado su aprobación: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Con la reforma constitucional, la diputada federal ve otras ventajas, como el hecho de que "también en las comunidades no habrá más juanitas" y explica que muchas veces, cuando los señores se van al norte, las mujeres realizan las actividades que a ellos les corresponden.

Pero cuando ellas son nombradas autoridades, entonces vuelven a aparecer los señores, aunque haya sido una mujer la que construyó el liderazgo, y las dejan fuera.

"Ahora nos toca exigir a las instituciones como los institutos de las mujeres, de derechos humanos y el INE, para que empiecen a aplicar y capacitar, a sensibilizar a las comunidades. No porque estén o no preparadas, se tiene que hacer, porque la democracia no se puede consolidar sin las mujeres".

Por ello añade que esta reforma "tendrá su prueba de fuego" en las elecciones de 2016.
Para la entrevistada, hay mucho que resarcir, no solo a las mujeres de Oaxaca, sino también a las de Chiapas, Guerrero, Michoacán y otras entidades donde algunas han sido expulsadas de sus comunidades, han sufrido violencia, incluso física y amenazas, y se vive con el estigma y los señalamientos a sus familias, "porque se convierten en una especie de revoltosas de sus comunidades".

Desde octubre de 2013 hasta la declaración de la reforma constitucional, Eufrosina Cruz Mendoza realizó una labor de cabildeo a veces más sola que nunca, pero encontró aliadas y aliados importantes, como los medios de comunicación.

"A veces me proponían ’canjear’ esta reforma por otra; en otras ocasiones consideraban que no era importante porque no entraba en las propuestas del Pacto por México. Hablé con los líderes de los partidos, de las fracciones de cada Estado, y casi siempre encontré quien se negaba a firmar, relata".

La entrevistada apunta que hubo muchas resistencias. "En la comisión de Igualdad no querían porque era mi propuesta, pero insistí mucho porque no quería que algo como lo que me sucedió a mí le pasara a otra mujer, no quería ser cómplice de nada ni de nadie", sostiene sin ningún temor.

"Me decían que ya no era necesaria esta reforma, que finalmente los pueblos indígenas estaban reconocidos constitucionalmente y no eran necesarias acciones afirmativas para los grupos minoritarios. Yo les explicaba que sí, que estábamos en desigualdad y, mientras eso no se terminara, no íbamos a avanzar".

Finalmente, las tres comisiones, la de Igualdad, de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, firmaron la iniciativa.

Incluso, apunta, la ONU adoptó la iniciativa como un mecanismo de acción afirmativa para construir ciudadanía en los países con población indígena y, en septiembre 2014, 177 jefes de Estado suscribieron la propuesta en el seno del organismo internacional.

"Ahí tuve oportunidad de decirle al presidente Enrique Peña Nieto cómo estaban las cosas en México. Él subió a la tribuna de la ONU y dijo que haría lo propio en nuestro país".
Y así fue: a los ocho días, en el pleno de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la primera lectura y, finalmente, en octubre se aprobó y remitió al Senado, que finalmente votó por unanimidad.

"Para mí fue un momento muy emotivo, era mi obligación lograr ese objetivo", sostiene.
Finalmente, apunta que el problema no son los usos y costumbres; de ellos está orgullosa porque son la fiesta, la mayordomía, la lengua y la vestimenta. Pero enfatiza que nada tienen que ver con permitir la violencia a los derechos humanos de las mujeres, pues "sin nosotras ninguna democracia puede llamarse como tal; digan lo que digan, no es así".
Foto: La Diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza.

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