José Ramón Cossío
El grupo coordinado por Sergio López Ayllón y Alfonso Oñate presentó ayer sus conclusiones respecto a la “Justicia Cotidiana”. Se trata de un diagnóstico general y completo sobre lo que debe hacerse para reforzar o cambiar las prácticas judiciales, gubernamentales y ciudadanas a fin de solucionar los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad en los ámbitos familiar, mercantil, civil, laboral y administrativo. No cabe duda que esa misma convivencia genera problemas y conflictos penales, pero por las particularidades de la acción estatal y del momento que vive el país, se dejó para un tratamiento propio.
La primera consideración del reporte es destacar la vinculación entre justicia cotidiana y Estado de derecho. Básicamente, sosteniendo las dificultades de construir relaciones sustentadas en normas jurídicas, sin las posibilidades de acudir a los tribunales a dirimir conflictos derivados de lo previsto por ellas. Si tal pretensión es que todos queden sometidos a lo dispuesto en una norma y no en el capricho o decisión personal, ¿cómo es posible tal sometimiento sin la actuación de un sujeto que resuelva conforme a lo que las normas dispongan? La falta de acceso a los medios de resolución de conflictos respecto de bienes considerados valiosos, provoca que las personas se hagan justicia por propia mano o actúen en contra del sistema mismo.
En el informe presentado se destaca que después de la reforma judicial federal de 1994 y del esfuerzo liderado por la Suprema Corte en 2003 (“Libro Blanco”), es poco lo que se ha hecho para analizar o actuar sobre la propia justicia cotidiana. Los esfuerzos se han concentrado en materia penal y en el juicio de amparo, lo que sin dejar de ser importante, no es suficiente para solucionar los muchos problemas que se viven cotidianamente. En el informe se destaca la necesidad de llevar a cabo reformas ordenadas y progresivas y no generales y radicales. Consideran los autores que la experiencia mundial ha demostrado que esta forma de proceder termina siendo más eficaz.
Descritas las maneras en que se llevó a cabo la consulta, se presentan las conclusiones. Destaco las más sobresalientes: los procesos judiciales son largos, costosos y poco flexibles; existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia; la justicia no es comprensible para buena parte de la población; los procesos no resuelven los conflictos; los participantes en los procesos tienen baja calidad profesional, y la mala legislación aplicable complica al sistema en su conjunto.
Para hacer frente a tales problemas, en el informe se proponen veinte acciones concretas y medidas de mayor fondo y duración. Entre las primeras sobresalen: la creación de una cultura de derechos humanos, una profunda mejora regulatoria, propiciar la solución de conflictos con las autoridades, priorizar la protección al consumidor, acelerar la implementación de la justicia mercantil oral, fortalecer los medios de protección de los trabajadores domésticos y los migrantes, crear mecanismos de coordinación de la justicia nacional, ampliar los medios alternativos de solución de controversias, crear protocolos de actuación para autoridades escolares, reforzar la “justicia de barandilla” y establecer centros de asistencia jurídica temprana. Entre las propuestas de más largo plazo, destaco la creación de mecanismos revisores de la calidad de la justicia y la rendición de cuentas, así como de supervisión y disciplina judiciales, por ejemplo.
Las conclusiones alcanzadas en el informe son importantes. Me parece que se ha hecho un esfuerzo amplio de consulta y diagnóstico. Las ideas y los mecanismos están expresados con claridad. Falta ver si concita las voluntades de muchos para lograr su realización. Es claro que de no acometerse buena parte de lo propuesto, no habrá modo de fortalecer nuestro mal Estado de derecho, ni mejorar muchas de las lamentables condiciones de convivencia social en que nos encontramos.
Ministro de la SCJN.
@JRCossio
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