Familias continúan exigiendo justicia
A un año del multihomicidio de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra
Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del
fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril –asesinados el 31 de julio de
2015 en esta capital– la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) sigue sin esclarecer el motivo del crimen.
El 31 de julio las cinco personas fueron encontradas asesinadas en un
departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde
residía Mile –de nacionalidad colombiana– y donde Olivia trabajaba como
empleada del hogar, lo que provocó la indignación de grupos de
activistas y defensores de la libertad de expresión.
Nadia Vera Pérez era activista del movimiento estudiantil #YoSoy132 en
Xalapa, capital de Veracruz, y en una entrevista difundida ocho meses
previos al crimen, la joven responsabilizó al gobernador Javier Duarte
“y a todo su gabinete” de “cualquier cosa” que le pudiera suceder a
quienes participaban en movimientos sociales.
Rubén Espinosa trabajaba en el estado de Veracruz para la revista
Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC Noticias, era además un
activista que exigía medidas para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra las y los periodistas en esa entidad del oriente del
país. Ambos se habían trasladado a la Ciudad de México en momentos
diferentes en busca de seguridad.
Actualmente hay tres personas consignadas por los hechos, pero se
desconoce el móvil y si alguien ordenó el homicidio múltiple, aunque la
Procuraduría capitalina ha sostenido que se trató de un asesinato y robo
cometido por un malabarista, un pulidor y un acomodador de automóviles.
La consignación de esas personas se dio en medio de una serie de
filtraciones por parte de las autoridades a los medios de comunicación y
de una campaña de criminalización hacia las víctimas toda vez que se
cuestionó su vida privada, la nacionalidad de Mile y la posibilidad de
que en el departamento se organizaran constantes fiestas.
Los abogados del Grupo de Acción para los Derechos Humanos y la Justicia
Social; y de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que acompañan a las
familias de las víctimas, sostienen que es necesario esclarecer qué
sucedió para que haya justicia.
Fue el 28 de septiembre de 2015 cuando la Procuraduría capitalina
rechazó valorar las pruebas ofrecidas por la defensa legal de las
familias y dio por cerrada la investigación; sin embargo la familia de
Nadia Vera presentó un amparo para evitar que se le diera carpetazo al
caso.
El 18 de abril de 2016 el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en
Materia Penal, concedió el amparo por lo que se obligó a la PGJDF a
realizar nuevas pruebas, diligencias y líneas de investigación para
esclarecer el caso y con ello garantizar el derecho a la verdad.
A tres meses de esa resolución no se han realizado las pruebas ni se han
agotado las líneas de investigación propuestas por las familias, entre
las que destacan ampliar peritajes en video y fotografía de las cámaras
de seguridad; mejorar dictámenes de genética forense, y determinar las
características físicas de la persona que dejó una huella de una pisada
de sangre.
Tampoco se han ampliado las declaraciones del secretario de Seguridad
Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, y del ex titular de la misma
dependencia, Sergio López Esquer. Esta diligencia se solicitó porque
Nadia y Rubén salieron de esa entidad por amenazas de funcionarios
locales.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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