La activista de Derechos Humanos de la costa Caribe Sur, María Luisa
Acosta, se convirtió en la primera mujer nicaragüense en recibir una
sentencia favorable de parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH), en la cual se condena al Estado nicaragüense por
retardación de justicia.
Después de 15 años de luchar por acceder a la justicia, Acosta recibió la sentencia de la CoIDH, en donde ordenan al Estado de Nicaragua reabrir la investigación por el asesinato de su esposo, resarcir los daños a la víctima e implementar una serie de medidas correctivas para evitar que se repitan violaciones a los Derechos Humanos de las y los defensores de Derechos Humanos en Nicaragua.
El asesinato fue cometido el 2 de abril del año 2000, cuando María Luisa defendía los derechos de los pobladores de las comunidades indígenas de la zona de Laguna de Perlas, municipio de la costa Caribe Sur, en donde unas personas estaban vendiendo las tierras de la población indígena, lo que le generó persecución y amenazas, las cuales derivaron en el crimen contra su esposo Francisco José García Valle, profesor universitario de 44 años.
Desde la fecha del asesinato, Acosta inició la batalla por acceder a la justicia, pero se encontró con una serie de obstáculos en la justicia local, que la obligaron a recurrir hasta la CoIDH.
Acosta dijo sentirse satisfecha con la sentencia y demandó al Estado a cumplir con la misma, aunque reconoció que, de cierta manera, se reabre la herida, pero está dispuesta a seguir luchando para que se cumpla con la sentencia y se haga justicia.
“Espero que se haga la investigación a como lo señalé desde un inicio”, dijo Acosta, quien lamentó que el sistema policial y judicial no hayan esclarecido el crimen a pesar de que aparecieron todas las pruebas.
Todas esas evidencias se presentaron ante la Corte e incluso se le dio la oportunidad al sistema judicial de corregir las malas actuaciones, sin embargo las autoridades fueron indolentes, denunció.
La abogada Wendy Flores, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que fue una de las 3 organizaciones que llevaron el caso María Luisa Acosta y otros (familiares) hasta la CoIDH, explicó los alcances de la sentencia:
En la sentencia se establecen garantías de no repetición, ordena que se creen mecanismos de protección y un protocolo de investigación frente a agresiones contra defensoras y defensores de Derechos Humanos.
Estos protocolos son necesarios frente al contexto de hostilidad y agresiones permanentes por parte de agentes estatales en contra de los defensores. El Estado debe promover un ambiente de seguridad para los defensores de Derechos Humanos, dijo Flores.
Es una sentencia que trasciende el caso de María Luisa Acosta para proteger a defensoras y defensores de Derechos Humanos y es la primera vez que una sentencia en Nicaragua ordena estas medidas de protección, sostuvo Flores.
La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, dijo que la sentencia era histórica y tenía un alcance de grandes magnitudes, es una voz de alerta al Estado nicaragüense para que revise las actuaciones del sistema judicial y le ordena cambios concretos para que no se repitan estos casos.
Para Fátima Millón, de la Alianza de Centros de Mujeres, la sentencia tiene un gran precedente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y espera que el Estado la cumpla.
La sentencia es un respaldo para el trabajo que realizan las defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua, dijo Millón.
De acuerdo a la sentencia, el Estado nicaragüenses tiene seis meses a partir de esta fecha, para informar a la Corte sobre las instituciones que serán responsables de cumplir con lo ordenado en la sentencia.
Desde el año 1990 el Estado de Nicaragua reconoce la competencia de la CoIDH y hasta la fecha se han emitido 4 sentencias condenatorias al Estado nicaragüense.
CIMACFoto: Nelson Rodríguez Por: Nelson Rodríguez, corresponsal Cimacnoticias | Managua, Nic .-
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