Avanzó en lactancia materna, madres solteras y tortura
En este periodo de sesiones, que comenzó en febrero y concluyó en abril, se aprobaron reformas en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Asistencia Social.
Las legisladoras federales, que conforman el 425.6 por ciento de la Cámara baja, junto con sus compañeros, también avalaron la expedición la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que considera las particularidades de las víctimas mujeres.
Sin embargo la propuesta que no avanzó fue la de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la obligación de prestadores de salud de garantizar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
Tampoco se avalaron las reformas a las leyes generales en materia político electoral para incorporar el concepto de violencia política de género, toda vez que estas modificaciones debieron ser avaladas por la Comisión de Gobernación y la Comisión de Igualdad de Género pero sólo la primera la aprobó.
REFORMAS APROBADAS
En materia de género se aprobó una reforma al Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para decir que se entiende como servicio básico en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia y madres solas que tengan hijos menores de 18 años, con especial atención a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, tiene el fin de que estas mujeres puedan beneficiarse de los programas sociales. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 10.1 de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo, son viudas; 8.44 son separadas y 2.8 por ciento están divorciadas.
Otra reforma que se aprobó en San Lázaro fue una minuta para precisar, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la violencia laboral también es negar las oportunidades de ascenso a las mujeres, así como exigirles la presentación de certificados médicos de no embarazo.
Uno de los argumentos de las y los legisladores es que la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, realizada por el Inegi, señala que una de cada cinco mujeres ocupadas de 15 años y más, es decir 20.6 por ciento, declaró haber tenido al menos un incidente de discriminación laboral.
También en materia laboral se reformaron los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para las trabajadoras embarazadas puedan distribuir sus 12 semanas de descanso antes y después del parto y tengan la opción de reducir una hora laboral para amantar a su hijo.
En otro dictamen se reformó el Artículo 25 de la Ley General de Acceso, a fin de establecer que la Secretaría de Gobernación (Segob) también notifique a los ayuntamientos sobre las declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
La Cámara de Diputados además aprobó la expedición de una ley general en materia de tortura, que establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual y señala que los dictámenes para acreditar el delito deberán ser realizados por peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer, entre otras consideraciones.
PENDIENTES LEGISLATIVOS
El tema que quedó pendiente fue una reforma a la Ley General de Acceso para incorporar la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que contempla la anticoncepción de emergencia y el aborto en casos de violación sexual, una propuesta avalada en la Comisión de Igualdad de Género y que pasó al pleno pero fue retirada en tres ocasiones por “no tener consenso”.
En este tema las legisladoras del Partido Acción Nacional e integrantes de asaciones civiles como Pasos por la vida se manifestaron en contra de la aplicación de la NOM-046; mientras que legisladoras de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, apoyaron la propuesta.
A pesar de que la NOM 046 no se incorporó a la Ley General de Acceso, los prestadores de salud siguen obligados a ofertar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, ya que esta norma es una política de aplicación nacional.
El segundo pendiente legislativo fue avalar la minuta que envió el Senado para definir el concepto de violencia política de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
Esta definición, que se incluiría en cinco leyes generales, fue avalada en la Comisión de Gobernación, pero no en la Comisión de Igualdad de Género, por lo que no se presentó ante el pleno, por lo que podría retomarse en el siguiente periodo de sesiones en agosto próximo.
Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que concluyó este 28
de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de lactancia
y maternidad de las trabajadoras, asistencia social a madres solteras y
la expedición de una ley de tortura, pero dejó pendiente reconocer en
la ley la violencia política de género.
En este periodo de sesiones, que comenzó en febrero y concluyó en abril, se aprobaron reformas en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Asistencia Social.
Las legisladoras federales, que conforman el 425.6 por ciento de la Cámara baja, junto con sus compañeros, también avalaron la expedición la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que considera las particularidades de las víctimas mujeres.
Sin embargo la propuesta que no avanzó fue la de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la obligación de prestadores de salud de garantizar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
Tampoco se avalaron las reformas a las leyes generales en materia político electoral para incorporar el concepto de violencia política de género, toda vez que estas modificaciones debieron ser avaladas por la Comisión de Gobernación y la Comisión de Igualdad de Género pero sólo la primera la aprobó.
REFORMAS APROBADAS
En materia de género se aprobó una reforma al Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para decir que se entiende como servicio básico en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia y madres solas que tengan hijos menores de 18 años, con especial atención a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, tiene el fin de que estas mujeres puedan beneficiarse de los programas sociales. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 10.1 de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo, son viudas; 8.44 son separadas y 2.8 por ciento están divorciadas.
Otra reforma que se aprobó en San Lázaro fue una minuta para precisar, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la violencia laboral también es negar las oportunidades de ascenso a las mujeres, así como exigirles la presentación de certificados médicos de no embarazo.
Uno de los argumentos de las y los legisladores es que la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, realizada por el Inegi, señala que una de cada cinco mujeres ocupadas de 15 años y más, es decir 20.6 por ciento, declaró haber tenido al menos un incidente de discriminación laboral.
También en materia laboral se reformaron los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para las trabajadoras embarazadas puedan distribuir sus 12 semanas de descanso antes y después del parto y tengan la opción de reducir una hora laboral para amantar a su hijo.
En otro dictamen se reformó el Artículo 25 de la Ley General de Acceso, a fin de establecer que la Secretaría de Gobernación (Segob) también notifique a los ayuntamientos sobre las declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
La Cámara de Diputados además aprobó la expedición de una ley general en materia de tortura, que establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual y señala que los dictámenes para acreditar el delito deberán ser realizados por peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer, entre otras consideraciones.
PENDIENTES LEGISLATIVOS
El tema que quedó pendiente fue una reforma a la Ley General de Acceso para incorporar la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que contempla la anticoncepción de emergencia y el aborto en casos de violación sexual, una propuesta avalada en la Comisión de Igualdad de Género y que pasó al pleno pero fue retirada en tres ocasiones por “no tener consenso”.
En este tema las legisladoras del Partido Acción Nacional e integrantes de asaciones civiles como Pasos por la vida se manifestaron en contra de la aplicación de la NOM-046; mientras que legisladoras de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, apoyaron la propuesta.
A pesar de que la NOM 046 no se incorporó a la Ley General de Acceso, los prestadores de salud siguen obligados a ofertar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, ya que esta norma es una política de aplicación nacional.
El segundo pendiente legislativo fue avalar la minuta que envió el Senado para definir el concepto de violencia política de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
Esta definición, que se incluiría en cinco leyes generales, fue avalada en la Comisión de Gobernación, pero no en la Comisión de Igualdad de Género, por lo que no se presentó ante el pleno, por lo que podría retomarse en el siguiente periodo de sesiones en agosto próximo.
Imagen retomada del facebook de la Cámara de Diputados
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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