7/24/2018

¿Culpables por matar a su agresor para sobrevivir?

  Estado mexicano: gran ausente para brindar justicia víctimas de violencia



A pesar de estar casi a 20 kilómetros del centro de Chihuahua (media hora), la carretera que pasa frente al Cereso Estatal No. 1 se llena con gente que viene a visitar sus familiares que se encuentran en reclusión. Viejos camiones azules pasan cada 15 minutos y dejan en el portón principal del Cereso a madres, padres, hijos y parejas de quienes están aquí. Dos guardias portando rifles automáticos les reciben con los buenos días.

Es sábado, y en el Cereso femenil, familiares y grupos religiosos se forman en línea para que la ropa y comida que traen para las mujeres que aquí se encuentran sea inspeccionada. Después de que una guardia revisa cada prenda y casi cada bocado, fotografía a las y los visitantes para tener un registro de quién entra y quién sale.

Pero a Clara no la visita nadie. Su familia, su madre y sus dos hijas viven en Hermosillo, Sonora, a unos 700 kilómetros al oeste por carretera. No tienen los recursos para hacer el viaje de más de 12 horas en camión. Sólo mantienen contacto por teléfono.

Clara, como miles de mujeres en México, se defendió de un hombre que amenazaba con matarla a golpes; por ello sobrevivió al feminicidio. Pero ella y las demás mujeres que se defienden de un agresor se enfrentan a un sistema jurídico que las criminaliza. Terminan perseguidas legalmente y encarceladas a pesar de que el Código Penal Federal claramente les permite defenderse contra amenazas contra su propia vida.

El estado de Chihuahua, al norte de México, no es la excepción. Tras la ausencia de las autoridades para dar justicia a las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en Derechos Humanos asumen la defensa de estas mujeres, pero la atención que requieren es integral pues a la falta de acceso a la justicia, se suman los traumas y los sentimientos de culpabilidad, incluso después de ser liberadas.

En Chihuahua, el vacío de justicia lo ha llenado el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que desde el 2006 representa y contribuye al acceso a la justicia de niñas y mujeres que viven violencia de género en la región. Además de servicios legales, psicólogos que trabajan en conjunto con el CEDEHM dan terapia para mujeres, que como Clara, sobreviven a la violencia.

TRAS LAS REJAS, LA SOLEDAD

Clara viste de gris de pies a cabeza el uniforme del Cereso femenil de Chihuahua. Su cabello luce un moño pero algunos cabellos rebeldes caen sobre su cara. Hace un año y dos meses que ingresó al lugar.

Aunque no esté esposada, camina con sus manos detrás de su espalda. En el trayecto de su celda a una sala de conferencias donde será entrevistada por Cimacnoticias, bromea con la custodia que la lleva. Pese al encierro que vive, lejos de sus familiares e hijas, asegura que “aquí está más tranquila que cuando estaba con su pareja”.

“De hecho esto me ha servido como una experiencia en mi vida,” dijo Clara. “Dios sabe porque hizo las cosas y me trajo a este lugar. Pero me he sostenido de pie porque tengo a mis hijas y mientras ellas estén bien, estoy bien yo.”

Desde el inicio de su relación con Andrés, Clara vivió violencia. Vivían con sus hijas en la casa de la mamá de Clara, en Sonora; ahí ella tenía un negocio de peluquería. En varias ocasiones, cuando Andrés la agredía, ella llamó a la policía para que se lo llevaran, pero inmersa en el círculo de violencia, volvía con él.

Ambos se mudaron con sus hijas a Ciudad Madera, al noroeste de la capital chihuahuense, cuando Andrés encontró trabajo en una mina cercana. Pero su situación económica era precaria porque aunque Andrés decía que trabajaba, nunca tenía dinero. Clara dependía del apoyo de su madre para darle de comer a sus hijas. Cansada de la violencia y de la situación económica, un día le dijo que se iría de Chihuahua con sus hijas.

Una noche del 2017, Clara le volvió a decir a Andrés que se iría con sus hijas pero al terminar la frase, él la golpeó y Clara tomó un cuchillo para defenderse. Le hizo dos heridas, una de muerte. Salió a pedir ayuda a sus vecinos y cuando llegaron los servicios de emergencia y las autoridades, fue detenida inmediatamente.

Después de ser trasladada al Cereso en Chihuahua, Clara fue presentada ante un juez de control con defensoría pública, que consiguió testigos que afirmaron la violencia que vivía. Pero el juez la vinculó a proceso. Según él, la defensa no fue proporcional ya que el agresor presentaba dos heridas. La legítima defensa no se reconoció en su caso.

Clara dice que ha aprendido mucho de las demás mujeres que se encuentran en el Cereso y que son como sus hermanas. Ha aprendido a valorar la vida, su familia y ha desarrollado un amor por la lectura. Ha encontrado una nueva devoción a Dios gracias a los menonitas y evangélicos chihuahuenses que visitan a las mujeres en reclusión.

Ella quiere salir del Cereso para estar con sus dos hijas, quienes ahora viven con su madre en Sonora. Pero por lo menos ahí, en el Cereso, Clara siente tranquilidad y se recupera del trauma provocado por la violencia que vivía y el homicidio que tuvo que cometer para resguardar su propia vida.

EL PESO DEL PATRIARCADO

Abogadas expertas en Derechos Humanos de las mujeres aseguran que aunque en efecto, mujeres como Clara hayan cometido un homicidio al matar a su agresor, el Código Penal Federal excusa el crimen siempre y cuando lo hagan en legítima defensa.

Pero para mujeres que son acusadas de homicidio después de defenderse es difícil entender que tienen el derecho a defenderse. Una sensación de culpa comúnmente está presente en las mujeres que por defender su vida, matan a su agresor, explicó la abogada y coordinadora del área de delitos de género en el CEDEHM, Yanimiriam Valdez Baca, quien agregó que esto puede complicar la defensa de estas mujeres ya que en procesos acelerados se declaran culpables.

Por ello, afirma que debe trabajarse cada caso a través de un acompañamiento psicosocial para las mujeres y sus familiares, no sólo porque los hechos son traumatizantes, también porque no reconocen inmediatamente que tienen el derecho a defenderse de una violación a sus Derechos Humanos básicos.

“Es un hecho que se dio,” dice Valdez Baca “Pero es un hecho que definitivamente ellas no querían.”

Las mujeres tendrían que saber que es su derecho defenderse cuando su vida corre peligro y eso recae en todos los involucrados en el proceso penal pero para los Ministerios Públicos que se enfrentan a estos casos es mucho más fácil acreditar un homicidio que trabajar para acreditar la legítima defensa.

“Es la deficiencia de la Fiscalía, la visión de los jueces es tan corta que no logran verlo. La visión de los defensores públicos es tan corta que no pelean una legítima defensa. No ven que estas mujeres lo único que hicieron fue defenderse”, lamentó la abogada.

Alberto Rodríguez Cervantes es un psicólogo y terapeuta comunitario y de familias que colabora con el CEDEHM en distintos procesos, principalmente en el acompañamiento de víctimas de graves violaciones a sus Derechos Humanos, como las mujeres que han vivido violencia de género. Él afirma que se dedica muy poco tiempo para realizar los peritajes psicológicos y psicosociales en procedimientos legales de casos de mujeres que matan o hieren a su agresor en defensa propia.

Aseguró que estos peritajes realizados con perspectiva de género y Derechos Humanos podrían servir para considerar el contexto de violencia que viven estas mujeres tomando en cuenta aspectos culturales, políticos, económicos e ideológicos.

 TRAS LA LIBERTAD, LA ESPERANZA

Después de tener que defenderse de su marido agresivo, lo cual resultó en su muerte, Azucena comenzó un proceso terapéutico en el CEDEHM con el psicólogo Rodríguez Cervantes. Poco a poco se ha recuperado de la violencia que vivió junto con sus hijas, por parte de su esposo.

En entrevista con Cimacnoticias en el patio del CEDEHM, Azucena narró que comenzó su relación con Omar M. hace 16 años. Tuvieron 2 hijas. Recordó cómo Omar oscilaba entre la ternura y la agresión desde el principio de la relación. Por ratos era cariñoso y atento, y en otros era violento psicológica y físicamente.

Las relaciones como la de Azucena y su esposo que oscilan entre periodos agradables y de maltrato “ejerce un poder muy atrapante para la pareja,” indicó el psicólogo Rodríguez Cervantes, porque comúnmente la víctima tiene esperanza que el agresor cambie y deje de ser violento.

El 7 de octubre del 2017, en el cumpleaños de Azucena, ella, Omar y sus hijas lo celebraron en una fiesta infantil y luego un festejo familiar. Al llegar la madrugada, Omar agredió a Azucena verbal y físicamente. Para defenderse, ella tomó un cuchillo y le pidió a Omar que no se acercara. Él la tomó de las manos y en el forcejeo, el cuchillo se enterró en el pecho de Omar.

De inmediato, Azucena pidió ayuda para su esposo e intentó darle primeros auxilios, pero Omar murió en la ambulancia camino al hospital. Azucena fue detenida por la policía municipal y acusada de “homicidio con ventaja, traición y alevosía”. El 11 de octubre del 2017, el CEDEHM solicitó su defensa ante el Tribunal. Después de estar 6 días en prisión, quedó en libertad.

Aún ahora, Azucena dice que la violencia que vivía y su acto de defensa la atormentaban. Temía salir a la calle y la mirada de sus vecinos la incomodaba. Los oía murmurar. No sabía cómo darles la cara a sus suegros y cuñados porque sentía que les había robado a su hijo y hermano. En su pequeña comunidad de Aldama, todos sabían lo que había pasado y como ella lo veía es que “simplemente había matado a Omar”. Se sentía culpable.

Algunos integrantes de su comunidad le ayudaron, le aseguraron que ella no era una asesina porque sólo se había defendido y le dieron le bienvenida a Aldama. Al paso del tiempo, algunos de los hermanos de Omar se dieron cuenta de la violencia que éste ejercía contra ella y han reestablecido contacto con ella.

Sentada para la entrevista con Cimacnoticias, Azucena sonríe después de mucho tiempo de no hacerlo. A pesar del dolor que le causa recordar los hechos de esa noche, dice que lo sucedido y sus consecuencias han cambiado su forma de ver la vida.

“Hasta he cambiado mi forma de vestir. Es como que al morir él, morí yo también. Y volví a nacer como otra persona”. “Le doy gracias a Dios todos los días por darme más tiempo en este mundo. No lo voy a malgastar”, aseguró.

ALGUIEN CON QUIEN HABLAR

Hace 7 años que Rosa Emma tuvo que defenderse de su agresor. El 4 de marzo del 2011, se encontraba en su hogar en Aldama, Chihuahua, con sus cuatro hijas e hijos cuando llegó un hombre drogado a su domicilio, intentando ingresar. Rosa Emma se percató que era Jaime, su expareja, a quien temía por la violencia que ejerció contra ella a lo largo de su vida en pareja.

Y le temía por varias razones. Al inicio de la relación, contó a Cimacnoticias en entrevista en su casa en Aldama, él era muy detallista, pero cada flor y regalo llevaba comentarios posesivos. Se enfurecía si ella se maquillaba o se ponía una falda que él consideraba muy corta. En varias ocasiones la golpeaba e incluso la había amenazado con un cuchillo. La desnudaba y la dejaba en un cerro a las orillas de Aldama. La violaba enfrente de sus hijos.

Después de esa relación, Rosa Emma ha tenido dos metas simples: no ser violentada nunca más por un hombre y darle todo lo que pueda a sus hijos. “Hasta hoy, he cumplido con las dos,” dice.

Cuando Jaime llegó drogado a la casa, ella decidió no abrirle la puerta y esconderse hasta que se fuera, pero él saltó el barandal de la propiedad e ingresó a la casa. La golpeó ininterrumpidamente en la cara y el estómago y la sujetó del cuello intentando estrangularla. En cuestión de momentos, tomó un cuchillo para asesinarla pero ella logró zafarse y lo lesionó.

Sin saber conducir, llevó en auto al hospital a Jaime quien murió horas más tarde. Con el cadáver del atacante como evidencia, la Fiscalía consideró que Rosa Emma era una asesina. Gracias a la defensa del CEDEHM, quedó en libertad después de 27 días recluida en el Cereso femenil.

Reponerse de este evento le ha costado económica y emocionalmente. Tuvo que vender cada mueble de su casa para comprar comida y alimentar a sus 4 hijos, también vendía postres y ropa usada en la calle.

Cuando no tenía suficiente comida, se aseguraba que sus hijos comieran, aunque ella no. Su casa se fue vaciando hasta quedarse sin muebles. Ahora, poco a poco y gracias a su esfuerzo, ha comprado nuevos.

En lo emocional, después de salir en libertad, se sometió a un proceso terapéutico por 2 años pero el trauma de haber vivido una relación violenta vuelve cuando escucha a sus vecinos discutir. Se esconde en la esquina de su cuarto, acurrucada, hasta que los gritos cesan. A ello se suma la culpa de haberse defendido contra su expareja.

Aunque reconoce que es una “vida que debe” y “ruega a Dios que la perdone”, sabe que si no se hubiera defendido ese día, probablemente estaría muerta y sería un feminicidio más en Chihuahua. Su agresor también había amenazado a sus hijos y probablemente estarían muertos también.

ESTADO AUSENTE

En México, hay miles de casos de mujeres como Rosa Emma, Azucena y Clara a quienes no se les reconoce la legítima defensa para salvaguardar su propia vida, señalaron abogadas expertas como Valdez Baca que defienden estos casos. Los casos de legítima defensa sólo se dan a conocer si llegan al despacho de una de estas abogadas. Es imposible saber el número exacto de mujeres en la misma situación ya que ninguna Fiscalía tiene registros o estadísticas de éstos.

De acuerdo con las organizaciones civiles dedicadas a proteger los Derechos Humanos de las mujeres como el CEDEHM en Chihuahua, la falta de estas cifras da una idea de un problema que es común en todo el país y en el que hasta ahora el Estado mexicano ha sido omiso y continúa sin proteger la vida de las mujeres.

Si bien existe toda una normativa en materia de Derechos Humanos de las mujeres que las protege, persiste en juzgadores e impartidores de justicia la idea de que quienes se defienden de una agresión deben ser severamente castigadas, sin investigar sus contextos de violencia y mucho menos aplicar las normas existentes.

Por ello, abogadas en la Ciudad de México como Alicia Elena Pérez Duarte y Karla Micheel Salas Ramírez, consultadas para esta investigación, afirman que mientras no cambie esta visión en quienes procuran la justicia en nuestro país, continuarán estos casos y cada vez más mujeres encarceladas por esta causa.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Enrique Pérez de la Rosa, enviado

Cimacnoticias | Chihuahua, Chi.-

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