Nancy Flores
La tensión entre México y Estados Unidos ha llegado a un nivel máximo. El injerencismo del vecino país del norte en asuntos internos provocó que la SRE enviara un extrañamiento al embajador Ken Salazar el pasado 22 de agosto, luego de que éste amagó con que se afectará la relación económica bilateral si se aprueba la reforma judicial, en clara sintonía con la oposición política. La rispidez entre ambas naciones inició desde antes de que el presidente López Obrador asumiera el cargo, con el financiamiento que el Departamento de Estado estadunidense comenzó a dar –desde agosto de 2018– a opositores a la 4T –como Claudio X González Guajardo-MCCI–, que se mantuvo todo el sexenio a pesar de las notas diplomáticas donde se le exigió una aclaración. La tirante relación empeoró con las campañas de “presidente narco”, “narco candidata” y “narco gobierno” para incidir indebidamente en las elecciones presidenciales de 2024, con la filtración de expedientes armados por la DEA con ese objetivo ilegal. Luego vino el operativo al margen del gobierno mexicano para secuestrar al líder del Cártel de Sinaloa –Ismael Zambada García, el Mayo– y juzgarlo en una corte estadunidense, en medio de las campañas presidenciales de ese país y para beneficio de Harris, así como la falta de información para nutrir las indagatorias mexicanas. Y, ahora, la intromisión en la reforma judicial. A todo ello, se suman también estrategias de carácter económico, como el panel del T-MEC contra la decisión soberana de nuestro país de prohibir el maíz transgénico. Consultado por Contralínea sobre estas tensiones, el primer mandatario señaló: “últimamente ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar”
En el último tramo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos ha profundizado su política injerencista, en clara violación a la soberanía nacional: en meses recientes, tres hechos demuestran que EU ha dejado atrás su “buena” vecindad –si es que alguna vez la tuvo– para impulsar mecanismos de presión, con la clara intención de incidir en asuntos que sólo le competen a los mexicanos y mexicanas: 1. Las campañas mediáticas promovidas desde la Agencia Antidrogas (DEA) para impactar indebidamente las elecciones presidenciales de 2024, que dieron pie a las campañas de la oposición con narrativas como “presidente narco”, “narco candidata” y “narco gobierno”; 2. El operativo a espaldas del gobierno mexicano para secuestrar al líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García –que nuevamente habría implicado a la DEA– y llevarlo a territorio estadunidense para que allá enfrente la justicia; y 3. La injerencia para impedir la reforma judicial, al declarar –a través del embajador Ken Salazar– que está en riesgo la democracia mexicana y la relación comercial bilateral. Esto último provocó que, el pasado 22 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviara un extrañamiento al embajador Salazar.
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No obstante, la rispidez en la relación de ambas naciones inició desde antes de que el presidente López Obrador asumiera el máximo cargo público: tras ganar los comicios en julio de 2018, el Departamento de Estado estadunidense comenzó a financiar a abiertos opositores a la cuarta transformación. Al respecto, destaca que desde agosto de aquel año, en el proceso de transición, la USAID empezó a capitalizar al empresario Claudio X González Guajardo y su organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y que con ese dinero se desarrollaron campañas mediáticas de guerra sucia y se patrocinaron centenas de juicios de amparo contra las principales obras de infraestructura –AIFA, Tren Maya, refinería Dos Bocas– y políticas públicas, incluida la propia conferencia matutina.
El flujo de esos recursos con abiertos fines políticos se mantuvo todo el sexenio, a pesar de que el 7 de mayo de 2021 se envió una primera nota diplomática, donde se exigió al gobierno estadunidense aclarar porque estaba patrocinando a opositores de la actual administración. El 16 de agosto de 2024 se envió una segunda nota diplomática para solicitar la misma aclaración, pero además el presidente López Obrador envió una carta directamente a Joe Biden, donde le explica que ese dinero de Estados Unidos se destina a una asociación civil con fines políticos, encabezada por opositores como Claudio X y María Amparo Casar.
El silencio en torno a la primera nota diplomática de 2021 hizo posible que el vecino del norte siguiera entregando fondos millonarios a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, la asociación civil fundada por el accionista de Kimberly Clark y “líder moral” del PRIAN obtuvo 96.7 millones del gobierno estadunidense entre agosto de 2018 y enero de 2024.
En los últimos meses, la tirante relación entre México y Estados Unidos empeoró por la injerencia indebida de la DEA y el Departamento de Estado del vecino país en el proceso electoral. Ello, porque detrás de las campañas de “presidente narco”, “narco candidata” y “narco gobierno”, lanzadas por la oposición –PRIAN-Claudio X González Guajardo– en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, se desataron gracias a la filtración malintencionada de expedientes armados por la DEA con ese objetivo ilegal, desde febrero hasta la fecha.
Luego, al margen del gobierno mexicano, se desarrolló el operativo para secuestrar al líder del Cártel de Sinaloa –Ismael Zambada García, el Mayo–, hecho que se consumó el 25 de julio pasado. El objetivo no sólo es juzgarlo en una corte estadunidense, sino generar el mayor impacto mediático en medio de la crisis por la que atravesaba el Partido Demócrata en plenas campañas presidenciales, por la renuncia de Biden a la candidatura y el ascenso de Kamala Harris.
La crisis derivada de ese operativo, en el que se habría vulnerado la soberanía mexicana y la seguridad nacional, se ha profundizado por la resistencia del gobierno de Estados Unidos a informar exactamente cómo se realizó la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López –hijo del Chapo Guzmán, otro líder histórico del Cártel de Sinaloa–, lo que impide que avancen las indagatorias mexicanas.
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Intromisión en la reforma judicial
Y a todo lo anterior se suma, ahora, la intromisión en la reforma judicial: el pasado 22 de agosto, el embajador Ken Salazar declaró que la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces pondría en riesgo la democracia mexicana, así como la relación comercial entre los dos países, pues se abría la puerta –según él– a la injerencia del narcotráfico en el sistema de justicia mexicano.
Consultado por Contralínea sobre estas tensiones –en su conferencia del pasado 23 de agosto–, el presidente López Obrador señaló que aunque con los dos gobiernos estadunidenses –el de Donald Trump y el de Joe Biden– se había dado una relación bilateral en pie de igualdad, y en respeto de las soberanías de los países, “últimamente ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar”.
El primer mandatario reveló que desde el mismo 22 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un extrañamiento al embajador estadunidense “porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo nos corresponden resolver, dirimir, a los mexicanos”, y confió en que esto no se repita.
Al respecto, leyó el documento:
“La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos, y hace referencia a la declaración de embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos’, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es un procedimiento completamente legal, el presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso; y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el Poder Legislativo.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“En tal virtud –dice la carta o el extrañamiento–, la declaración del embajador de los Estados de América expresando su postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos.”
López Obrador fue más allá, al advertir que México no realiza actos intervencionistas en el vecino país del Norte: “nosotros no vamos a recomendarles; imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania, o en cualquier otra parte en donde mueren inocentes. ¿Qué contestarían? ‘Usted qué tiene que meterse’. Nosotros no hacemos eso”.
El titular del Ejecutivo federal subrayó que estas actitudes injerencistas del gobierno estadunidense las celebran la oligarquía mexicana y la prensa vendida o alquilada, “porque son muy simpatizantes de la política prepotente de Estados Unidos”.
E incluso ironizó: “al rato va a aparecer, hoy, un manifiesto de apoyo a Ken Salazar de los abajo firmantes, de la intelectualidad orgánica, del conservadurismo”.
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Previo a esto, el primer mandatario explicó que las tensiones bilaterales son parte “de los contrastes que se dan en la relación en el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, […] Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina Monroe y sostienen que ‘América [es] para los americanos’, entendiendo que América es Estados Unidos de América, no el resto del continente americano, desde hace mucho tiempo. Y ellos decidían sobre las políticas en los países del continente: ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, protectorados”.
Horas más tarde, el mismo 23 de agosto, el embajador Ken Salazar reculó: en su cuenta de X, escribió: “Las preocupaciones que expresé sobre la elección directa de jueces son en espíritu de colaboración. Como socios, buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que hemos alcanzado”.
No obstante, las tensiones entre ambos países permanecen. En su conferencia matutina del 23 de agosto, López Obrador también explicó –a pregunta de Contralínea– que en el embate a la reforma judicial desde el extranjero, Estados Unidos y Canadá armonizaron su postura para amenazar la relación comercial derivada del T-MEC, pues el mismo día también se manifestó en contra el embajador canadiense Graeme C. Clark.
Finalmente, de la postura de Ken Salazar indicó que no es exactamente de él: “Ken es el vocero, esto es el Departamento de Estado del gobierno [de Estados Unidos]”.
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