LA JORNADA
Amenaza de pena de muerte pende sobre El Mayo Zambada 
Ismael El Mayo Zambada se presentó ante el juez federal Brian Cogan para una breve audiencia preliminar sobre los 17 cargos en su contra –incluido uno que es elegible para potencialmente aplicar la pena de muerte, aunque eso aún está por determinarse–.
En el mismo tribunal del distrito del este de Nueva York donde fueron enjuiciados, primero, Joaquín El Chapo Guzmán y más recientemente Genaro García Luna, y ante el mismo juez en ambos casos, Zambada, con barba y bigote y en uniforme de reo café claro, escuchó sin mostrar alguna emoción los detalles sobre el inicio de su caso en preparación para un posible juicio.
La próxima audiencia preparatoria fue programada para el 15 de enero de 2025, sólo el inicio de lo que será un largo proceso todavía antes de un juicio –si es que hay uno–.
Entre los principales cargos están administrar de manera continua entre 1989 y 2024 una organización criminal, que conlleva una sentencia de cadena perpetua, y acusaciones de narcotráfico, portación de armas de fuego ilícitas y lavado de dinero, cada una de las cuales llevan condenas de 10 a 30 años de prisión. Los cargos presentados en este caso fueron ampliados a incluir tráfico de fentanilo, así como también incluir que estas actividades realizadas por el acusado continuaron hasta mediados de este año.
El juez Cogan y los fiscales señalaron que el caso es elegible para aplicar la pena de muerte –indicando que la actividad criminal de narcotráfico encabezada por Zambada llevo a múltiples decesos en Estados Unidos– pero aún no se determina si los fiscales promoverán ese castigo.
Otro asunto que se abordó es si existe un potencial conflicto de intereses para el abogado principal de Zambada, Frank Perez, ya que también ha representado al hijo del acusado, Vicente, quien es un testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos. El conflicto se presentaría en caso de que en un eventual juicio, los fiscales llamaran a Vicente Zambada a testificar contra su padre. Este asunto no se resolvió ayer y queda pendiente para la próxima audiencia.
CONTRAPORTADA
Se oponen empresas y gremios a qué Infonavit cree una constructora
La representación obrera y patronal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) rechazó la propuesta de que ese organismo tripartita constituya una empresa constructora propia para la edificación de un millón de viviendas, como lo propone el nuevo gobierno federal.
En la 132 Asamblea General Extraordinaria, Octavio Romero Oropeza director del Instituto afirmó estar abierto al diálogo y defendió la propuesta de que el organismo pueda constituir una empresa estatal y garantice el acceso a una vivienda digna y social. Recalcó que la iniciativa está enfocada principalmente en jefas de familias, jóvenes y adultos mayores.
Al ratificar que durante su administración será prioridad el Programa Nacional de Vivienda y Regularización, el director del Infonavit aseguró que a través de la constructora estatal se disminuirían los costos con la adquisición consolidada de materiales y servicios, lo que generará empleos directos e indirectos en cada estado y región del país.
Si bien los sectores obrero y patronal coinciden en alcanzar el objetivo de construir un millón de viviendas –de las cuales 500 mil serán a través del Infonavit–, también externaron sus diferencias con la propuesta de reforma al 123 constitucional en la que se propone que el Infonavit tenga facultades para construir.
"No podemos coincidir en la propuesta de dar un giro que interpretamos como regresivo para operar desde el Infonavit una inmensa empresa constructora o una entidad concentradora de insumos con todos los inconvenientes operativos y normativos que ello supone, ya que las experiencias previas sin duda indican lo poco aconsejable de ello", señaló Claudia Esqueda Llanes, representante del sector de los trabajadores.
EL UNIVERSAL
Impuesto criminal pega al campo y sube alimentos
Más de la mitad de los productores del campo en Tabasco y Tlaxcala son víctimas del robo de sus animales e insumos, así como de amenazas, extorsiones y secuestros, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Tabasco, donde el morenista Javier May Rodríguez comenzó a gobernar este mes, es el estado en que la inseguridad limita más el abasto de alimentos, pues 51.9% de sus agroproductores han sido víctimas de estos problemas que, según empresarios, terminan subiendo los precios al consumidor.
En segundo puesto aparece Tlaxcala, que rige Lorena Cuéllar Cisneros, también de Morena, con una tasa de 51.3%, y en tercer lugar se encuentra Aguascalientes, a cargo de María Teresa Jiménez Esquivel, del PAN, donde la delincuencia pasa factura a 46.5% de sus productores agropecuarios.
La distribución de frutas, verduras y proteína animal presenta problemáticas —como la inseguridad— que desequilibran su disponibilidad en las localidades, explicó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval.
A lo largo y ancho del país, 3.7 millones de productores del campo tienen alguna dificultad para realizar sus actividades, de los cuales 22.8% u 835 mil agroproductores sufren específicamente problemas de inseguridad, de acuerdo con estimaciones de la Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho de Alimentación, 2023-2024, cuya elaboración estuvo a cargo del Coneval con base en datos del Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
MILENIO
Abren la puerta a la pena de muerte contra El Mayo
No hay nada que impida a la fiscalía estadunidense solicitar la pena de muerte para Ismael Zambada García, El Mayo, según se detalló durante la primera audiencia del ex capo en la corte federal de Brooklyn.
La razón es que el ex líder del cártel de Sinaloa no fue entregado por el gobierno mexicano, sino secuestrado y entregado a manos de agentes federales de aquel país por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, en una operación clandestina.
“¿Hay algún impedimento por extradición para que se solicite la pena de muerte?”, preguntó el juez.
“No”, respondió la fiscalía.
También se detalló que entre el cúmulo de evidencia que hay contra Zambada se encuentran “grabaciones, registros de aseguramientos, intercepciones” y que, por la relevancia del caso, se prevé que se lleven a cabo “audiencias secretas”.
Aunque el caso ha sido comparado con el de Joaquín El Chapo Guzmán, tiene la diferencia de que incluye acusaciones por tráfico de fentanilo y ofensas criminales desde los años ochenta hasta 2024. La acusación por fentanilo es la que puede impulsar la petición para la pena de muerte en contra de El Mayo.
EXCÉLSIOR
Denunciarán a jueza por reforma judicial
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no bajará el decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) como ordenó una jueza de Veracruz, a quien acusó de no tener atribuciones para hacerlo, por lo que además adelantó que la denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que revisen su actuar.
“Una juez no está por encima del pueblo de México”, dijo la presidenta durante su mañanera de este viernes 18 de octubre en la que reiteró que no hay ningún amparo o impedimento judicial que frene la reforma y que el próximo año se realice la primera elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.
Sheinbaum dijo que aún no les han notificado formalmente sobre el fallo de la jueza Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz, pero se enteraron por los medios y dejó claro que no eliminará la publicación del DOF como la juzgadora ordenó al advertir que de incumplirse la sanción sería de 3 a 9 años de prisión.
La jefa del Ejecutivo dijo que la jueza no tiene atribuciones para solicitar que algún decreto o publicación se quite del Diario Oficial de la Federación, además de que su resolución no tiene ningún sustento jurídico.
Además, destacó que la reforma judicial siguió su proceso legislativo en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales para que fuera válida, por lo que tras concluir estos paso se remitió al Ejecutivo, en ese entonces el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación en el DOF.
EL HERALDO
Denuncian a jueza por suspender reforma
La jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, Nancy Juárez Salas, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, será denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto después de que ordenó a la titular del Ejecutivo federal retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial, que plantea la elección popular de jueces, ministros y magistrados.
“La Juez no tiene ninguna atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México y porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo
“No vamos a bajar la publicación y vamos a hacer una denuncia de este Juez ante el Consejo de la Judicatura, no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente”, sostuvo en la Mañanera del Pueblo del 18 de octubre.
La consejera jurídica, Ernestina Godoy, aseguró que hay una serie de argumentos jurídicos por lo que es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces.
“Es una facultad soberana del Constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que esta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como la mayoría de las Congresos locales, esto es una facultada soberana y conferida al Constituyente permanente
“Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia, no existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución”, detalló.
UNOMASUNO
Genaro García Luna involucrado en asesinato de Luis Donaldo Colosio :Rosa Icela Rodriguez
Genaro García Luna cuando era subdirector operativo de dicho Centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
El 25 de octubre de 2021, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho, y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente, logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas dos personas accionaron, en forma casi simultánea, armas de fuego contra el entonces aspirante a la Presidencia.
El llamado segundo tirador, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República, en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna.
El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del Cisen, asignado a proteger al aspirante priísta.
Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima.
LA RAZÓN
Escala diferendo por suspensiones y litigios sobre la reforma judicial
Presidenta adelanta que presentará denuncia contra jueza que solicitó retirar publicación; asegura que el TEPJF es la única instancia para resolver impugnaciones sobre elección de jueces y magistrados; Anuncia MC que obtuvo suspensión definitiva para frenar la enmienda; juzgadores reactivan paro y cuestionan decisión del Gobierno: se rompió Estado de derecho; oposición se suma a crítica
REFORMA
Pelean cobro de piso la Unión ...y diputada
El atentado contra Diana Sánchez Barrios, ocurrido el jueves en el Centro Histórico, sucedió en medio de la disputa por el control del cobro de piso entre La Unión Tepito y el grupo de comerciantes que lidera la diputada local suplente.
Vendedores de la zona denunciaron que la activista y legisladora ex priista, y hoy aliada a Morena, encabeza el cobro de piso a comerciantes.
La madre de Diana, la lideresa Alejandra Sánchez, había responsabilizado a La Unión del ataque armado.
Al revisar el video y fotografías del ataque a balazos contra Sánchez Barrios y sus colaboradores, vendedores de la zona, quienes pidieron anonimato, dijeron a REFORMA que el fallecido en el ataque era uno de los sujetos enviados por la diputada para cobrar cuotas a comerciantes y, si no pagaban, recibían represalias.
Los testimonios de vendedores indicaron que grupos criminales disputan territorios y esos pleitos se reactivaron con el cambio de Gobierno en la Alcaldía Cuauhtémoc.
"Desde que hubo el cambio de Gobierno empezaron las diferencias entre los líderes", dijo un comerciante que vende en Correo Mayor y Guatemala.
EL SOL DE MÉXICO
Deja sexenio pasado 90 mil casos ocultos
Los contratos para la construcción del Tren Maya, los homicidios perpetrados durante el proceso electoral 2023-2024, detalles sobre la captura y liberación de Ovidio Guzmán en 2019 y pormenores de la investigación sobre la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, son algunos de los acontecimientos que marcaron el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que permanecerán en secreto durante los próximos años
La última actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) de los sujetos obligados a nivel federal muestra que hay 90 mil 33 asuntos que no se darán a conocer por lapsos que oscilan entre uno y cinco años, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Sol de México revisó los IECR de algunas dependencias federales —que por ley están obligadas a reportar cada semestre el listado de expedientes reservados— y detectó que uno de los asuntos con más información resguardada es la construcción del Tren Maya, la obra de infraestructura más relevante en el sexenio pasado, y que ha suscitado críticas por los daños al medio ambiente, los sobrecostos y los contratos poco transparentes.
A la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le solicitaron “copias íntegras de todos los documentos (contratos con anexos, convenios, acuerdos de buena voluntad) firmados por el ciudadano Jorge Amílcar Olán Aparicio y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Frente 5 del Tramo 6 del Tren Maya”.
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