Casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad en México permanecía sin sentencia hasta abril de 2025, una situación que evidencia las desigualdades que atraviesan a las mujeres dentro del sistema penal y que organizaciones feministas buscan visibilizar mediante una nueva guía para identificar y atender la violencia institucional.
La Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, elaboró la Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México, a partir de un diagnóstico construido con testimonios de mujeres denunciantes e imputadas de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
El documento identifica como patrones comunes la revictimización, la falta de perspectiva de género, el descrédito de los testimonios de las mujeres y los obstáculos para acceder a la justicia. Las organizaciones advierten que estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino expresiones de problemas estructurales dentro del sistema penal.
Mujeres enfrentan una mayor proporción de procesos sin sentencia
De acuerdo con cifras de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México citadas en el diagnóstico, 49.4 por ciento de las mujeres privadas de la libertad estaba sin sentencia en abril de 2025, frente a 38 por ciento de los hombres.
Aunque las mujeres representan alrededor de 5 por ciento de la población penitenciaria, con 14 mil 28 mujeres privadas de la libertad para ese mismo periodo, su experiencia dentro del sistema penal está marcada por necesidades específicas que no siempre son atendidas por las instituciones.
La problemática comienza incluso antes del ingreso a un centro penitenciario. Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 retomados por el diagnóstico muestran que 64.4 por ciento de las mujeres encarceladas había sufrido violencia psicológica antes de ser presentada ante una autoridad.
Además, 29.9 por ciento reportó amenazas contra su familia y 27.5 por ciento señaló haber sido presionada para declarar. Durante su reclusión, 15 por ciento experimentó violencia sexual.
La violencia también ocurre dentro de las cárceles
Las organizaciones señalan que las mujeres privadas de la libertad enfrentan distintas formas de violencia institucional y de género durante su paso por el sistema penal.
Entre las problemáticas documentadas se encuentran la tortura psicológica y física, la violencia sexual, la discriminación y el abandono de necesidades básicas, entre ellas las relacionadas con la salud y la higiene menstrual.
La falta de productos de higiene menstrual y de ropa íntima es una de las situaciones señaladas por las organizaciones, lo que muestra cómo las necesidades específicas de las mujeres pueden quedar relegadas dentro de los centros penitenciarios.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha documentado que las mujeres privadas de la libertad enfrentan un impacto diferenciado de la reclusión por razones de género, así como problemas relacionados con el acceso a salud, alimentación, agua potable, violencia institucional y sexual y malos tratos.
Una guía para identificar prácticas discriminatorias
El diagnóstico que sustenta la guía recoge 12 testimonios de mujeres, entre denunciantes e imputadas, y busca ofrecer herramientas para identificar las prácticas que vulneran sus derechos a lo largo de las distintas etapas del proceso penal.
Las organizaciones plantean que reconocer estas formas de violencia es necesario para avanzar hacia un sistema de justicia que incorpore perspectiva de género, derechos humanos y medidas que eviten la revictimización.
La violencia institucional ocurre cuando las propias instituciones que deberían garantizar el acceso a la justicia terminan reproduciendo desigualdades, discriminación u obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres. La legislación mexicana reconoce esta modalidad de violencia cuando actos u omisiones de personas servidoras públicas buscan discriminar, dilatar u obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Para las organizaciones feministas, atender estas prácticas implica dejar de considerar las experiencias de las mujeres privadas de la libertad como casos individuales y reconocer las condiciones estructurales que permiten que la violencia se reproduzca dentro del sistema de justicia penal.
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