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3/27/2020

El T-MEC y la dependencia estructural


Fuentes: Rebelión

Preámbulo
Con la llegada de Trump a la Presidencia Imperial de Estados Unidos, el (neo)-proteccionismo que impulsó para reposicionar a su país supuestamente como el primer hegemón imperialista dominante del orbe entre las grandes potencias, eligió, entre otros, el TLCAN como uno de sus primeros francos de ataque, porque lo consideró como un instrumento “pernicioso” para su país-imperio, por lo que amenazó con abandonarlo si no se reestructuraba y modificaba en función de sus intereses geo-estratégicos, a lo que obviamente terminaron por ceder sus otros dos “socios” comerciales: México y Canadá. Sobre todo el primero que aceptó el Acuerdo tal y como lo indicó el presidente norteamericano. Es en este contexto de presiones y chantajes de Washington que se comenzó a negociar el nuevo T-MEC desde el anterior gobierno francamente neoliberal de Peña Nieto y que continuó con el actual de López Obrador en la misma tónica de la política norteamericana.
En efecto, en 1991 se firmó el que sería denominado “Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (TLCAN) entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá y que entraría en vigor 2 años después, el 1º de enero de 1994. Sustituyó al anterior Tratado de Libre Comercio que Canadá sostenía con Estados Unidos, firmado en 1988 suscrito por el primer ministro canadiense, Brian Mulroney, el presidente de Estados Unidos, George Bush y por Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. De esta forma el T-MEC o United States-Mexico-Canadá Agreement (USMCA, por sus siglas en inglés) sustituyó al North American Free Trade Agreement o NAFTA vigente a partir de 1994, acompañado por la insurrección zapatista, y que en adelante regirá las relaciones comerciales (y de dependencia) entre los tres países integrantes del nuevo Tratado.
¿Qué es el T-MEC?
Con la entrada en vigor del Protocolo, el T-MEC sustituye al TLCAN sin perjuicio de aquellas disposiciones establecidas en el T-MEC que refieran a disposiciones del TLCAN (se puede consultarse la versión completa del T-MET en: https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published). Dicho Protocolo que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) de conformidad con el Artículo 2202, estipula los siguientes acuerdos:
  1. Cada Parte notificará a las otras Partes, por escrito, una vez que haya concluido los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor de este Protocolo que ya se cumplió con la aprobación oficial de los respectivos Congresos de los tres países.
  2. Este Protocolo y su Anexo entrarán en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación.
  3. A la entrada en vigor de este Protocolo, se dará por terminado el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, hecho en México, Washington y Ottawa los días 8, 9, 12 y 14 de septiembre de 1993. El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) es un instrumento paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá el 14 de septiembre de 1993 y que fue aprobado por el Senado mexicano el 22 de noviembre de 1993 para entrar en vigor el 1º de enero de 1994. Este, que era un acuerdo paralelo, no vinculante, en el TLCAN, ahora en el T-MEC queda contemplado y ampliado en su capítulo 23 denominado “Laboral” y que estipula, como se ve más adelante, las reglas y las leyes laborales que, de acuerdo con cada legislación, supuestamente tienen que observar los países signatarios de dicho Acuerdo.
El documento del T-MEC sorprendentemente fue ratificado primeramente el 19 de junio de 2019 por el Pleno del Senado mexicano en sesión extraordinaria con una votación de 114 a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, mientras que Estados Unidos lo ratificó el jueves 16 de enero de 2020 con 89 votos a favor y 10 en contra y el Senado canadiense lo aprobó el 13 de marzo de 2020, con lo que se cumplimentaron los requisitos para su entrada en vigor y su implementación en los próximos 90 días a partir de las notificaciones formales que haga entre sí los tres países firmantes del T-MEC, previa adecuación de sus leyes a las prerrogativas marcadas por el acuerdo comercial.
La verdad es que tratándose de un extensísimo documento escrito en tres idiomas distintos (castellano, inglés y francés) como se dio a conocer por múltiples expresiones y medios los legisladores no se tomaron el tiempo necesario (por cierto impuesto por la delegación estadunidense) para analizarlo y someterlo a un profundo análisis con el objeto de conocerlo a fondo y poder dictaminar si requería modificaciones o adhesiones. Por el contrario, el gobierno mexicano de la Cuarta Transformación (4T) en las dos ocasiones en que fue ratificado por los congresos mexicano-estadunidenses festejó con júbilo y con bombo y platillo lo que en el fondo será — al igual que el NAFTA — un poderoso instrumento de sujeción y dominio de las transnacionales norteamericanas sobre la economía nacional y cuyo resultado va a ser profundizar, aún más, la dependencia estructural de nuestro país al vecino incómodo del norte. Detrás del júbilo panglossiano y efímero de empresarios y gobernantes vendrá la triste realidad social y laboral para millones de trabajadores mexicanos.
Métodos de medición de las Reglas de Origen en el T-MEC
La regla de origen para bienes automotrices establecida en el T-MEC dice que para que un vehículo se considere como originario debe cumplir con cuatro requisitos fundamentales.
  • La producción automotriz debe cumplir con un contenido regional de 75% para comercializarse libremente.
  • El 40% del costo del vehículo deberá provenir de plantas que paguen salarios de 16 dólares por hora, es decir, en Estados Unidos y Canadá, dos países del mundo capitalista desarrollado.
  • El 70% del acero y el aluminio que se utilice debe ser de los socios de la región de América del Norte.
  • Siete componentes principales del automóvil tienen que ser manufacturados en la zona.
El T-MEC establece dos métodos para determinar la “regla de origen” que define el contenido regional que las mercancías deben poseer para no ser objeto de imposición de aranceles como mecanismo compensatorio por la incumplimiento de dicha regla de origen.
  1. En primer lugar figura el método del “valor de transacción”= VCR-VMNO/VT x 100, donde VCR= valor de contenido regional en %; vt = valor de transacción de la mercancía excluyendo los costos incluidos en el flete internacional de la mercancía y VMNO=al valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado en la producción de la mercancía.
  2. El “costo neto”=VCR= (CN-VMNO)/CN x 100, donde VCR= valor de contenido regional en %; CN= Costo neto de la mercancía y VMNO=Valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado.
Se dispone que cada productor o exportador de los países miembros decidirá cuál de los dos métodos utiliza para determinar la regla de origen que define el valor de contenido regional. Lo único que cambia, de acuerdo con la determinación de dicho valor por cualesquiera de los dos métodos, es el porcentaje, generalmente para el primero y segundo entre 35% y 25%; entre 40% y 30%, 60% y 50%; 65% y 50% y hasta 75%-65%, respectivamente, dependiendo del tipo y la naturaleza de la mercancía producida en el ámbito regional del T-MEC.
El Valor de Contenido Laboral
El T-MEC establece dos componentes (capítulos) para la determinación del valor de contenido regional: por un lado la “regla de origen” bajo cualquiera de los dos métodos indicados (costo neto o valor de transacción) y, de manera novedosa, y por vez primera, el valor de contenido laboral para el caso de la producción de vehículos automotores: de pasajeros, camiones ligeros y camiones pesados que, en el caso de México, constituye el núcleo duro de la industria maquiladora de exportación (IME) mayoritariamente controlada y gestionada por las empresas trasnacionales norteamericanas. Para nosotros la IME (y dentro de ella la automotriz) define el actual patrón de acumulación y de reproducción del capitalismo dependiente en México (véase mi México (re)cargado: neoliberalismo, dependencia y crisis, FCPyS-UNAM-Editorial Itaca, México, 2014).
Nos concentramos en este último caso puesto que es el que resulta fundamental y estratégico para el análisis de las repercusiones del contenido regional en la industria maquiladora de exportación y en la producción de automóviles en México que generalmente se lleva a cabo por empresas trasnacionales, lo que por supuesto no menciona el T-MEC en ninguna de sus cláusulas y capítulos que lo conforman. Al respecto basta con señalar que, según la AMIA (“La regla de origen del T-MEC que pone en jaque a la industria automotriz”, en: https://www.altonivel.com.mx/empresas/la-regla-de-origen-del-t-mec-que-pone-en-jaque-a-la-industria-automotriz/), México es el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros y está industria genera 3.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 20.7 % del PIB manufacturero. Dígase de paso que los otros dos componentes de ese patrón, el turismo y el petróleo, han reducido su importancia, quedando sólo las “remesas” o sea, la exportación de fuerza de trabajo barata a Estados Unidos, como su segundo componente.
A continuación resumimos el calendario y los métodos de medición del “valor del contenido regional”:
Cuadro 1
Calendario y valor del contenido regional para Vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes de acuerdo con el método de costo neto
  • 66% a partir del 1 de enero de 2020.
  • 69% a partir del 1 de enero de 2021
  • 72% a partir del 1 de enero de 2022
  • 75% a partir del 1 de enero de 2023
Cuadro 2
Calendario y valor del contenido regional para camiones pesados, y sus partes de acuerdo con el método de costo neto
  • 60% a partir del 1 de enero de 2020
  • 64% a partir del 1 de enero de 2024
  • 70% a partir del 1 de enero de 2027
Como se puede apreciar, la Regla de Origen (RO) para el Contenido Regional (CR) de los vehículos de pasajeros y camiones ligeros aumenta su porcentaje hasta 75%, mientras que el de los camiones pesados alcanza 70%. Esto significa que la fabricación de vehículos deben poseer, como mínimo, estos porcentajes en cada uno de los tres países para no pagar aranceles o impuestos compensatorios.
En comparación con el aún vigente TLCAN donde dicho porcentaje es, en promedio, de 62,5% con el T-MEC registra un incremento de 12.5 puntos porcentuales en el caso de los vehículos de pasajeros y camiones ligeros y de 7.5, en los camiones pesados entre un Tratado y otro. Hay que observar que originalmente, cuando Trump amenazaba con abandonar el TLC, la propuesta norteamericana era fijar la Regla de Origen hasta 85%, lo que de plano rechazaron las otras dos partes del T-MEC puesto que era la condición para gozar del Régimen Preferencial, o sea, de la eliminación de aranceles a la entrada de vehículos que comprueben poseer una regla de origen con ese porcentaje. Además de la propuesta norteamericana del gobierno de Trump de incrementar la regla de origen hasta 85% y convertirla de regional a nacional en función de cada país, donde evidentemente el gran beneficiario sería Estados Unidos, estipulaba que, del contenido de 85%, por lo menos el 50% debería provenir de Estados Unidos, es decir del país más integrado productivamente respecto a los otros dos, en especial, México que es un país dependiente y subdesarrollado incapaz de competir con el vecino del norte en condiciones de “igualdad” como reza la propaganda oficial.
Esta nueva situación plantea un reto  y obliga a México a reestructurar la industria nacional para conferirle mayores contenidos nacionales en relación con las importaciones de autopartes, equipos e insumos estratégicos automotrices para enfrentar, “en mejores condiciones”, la competencia internacional. Claro que esto tiene que enfrentar un importantísimo límite estructural impuesto por una realidad que determina que casi el 100% de las empresas que operan en el sector automotriz terminal es monopólico y trasnacional, especialmente norteamericano.
El valor de contenido laboral (VCL)
A diferencia del TLCAM, el T-MEC incluye un artículo 7 relativo al “valor de contenido laboral” que, para esta industria, implica que para que la producción y sus productos (terminales o de autopartes) sean considerados originarios de la región, los fabricantes deben certificar que poseen un requisito de valor de contenido laboral de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 1
Calendario y valor de contenido laboral de vehículos de pasajeros y de camiones ligeros y pesados en función de un salario alto (de 16 dólares por hora) en gastos de materiales y manufactura, de tecnología y de ensamblaje de acuerdo con el siguiente calendario.
  1. Vehículos de pasajeros:
  1. 30% a partir del 1 de enero de 2020 distribuidos de la siguiente manera:
  • 15% de pago de salarios altos en gastos en materiales y manufacturas.
  • 10% de pago de salarios altos en tecnologías.
  • 5% de pago de salarios altos en ensamblaje.
  1. 33% a partir del 1 de enero de 2021 distribuidos de la siguiente manera:
  • 18% de pago de salarios altos en gastos en materiales y manufacturas.
  • 10% de pago de salarios altos en tecnologías.
  • 5% de pago de salarios altos en ensamblaje.
  1. 40% a partir del 1 de enero de 2023 distribuidos de la siguiente manera:
  • 25% de pago de salarios altos en gastos en materiales y manufacturas.
  • 10% de pago de salarios altos en tecnologías.
  • 5% de pago de salarios altos en ensamblaje.
  1. Camiones ligeros y pesados:
  2. 45% inmediatamente al entrar en vigor el T-MEC con la siguiente distribución:
  • 30% materiales y manufacturas;
  • 10% en tecnología y
  • 5% en ensamblaje.

Fuente: T-MEC, Artículo 3.

En el esquema del T-MEC, Estados Unidos impuso, a fuerza de chantajes y presiones políticas, que entre un 40% y 45% del contendido de un automóvil o camión dentro de los tres países debe de fabricarse por trabajadores que ganen, por lo menos, 16 dólares por hora (requisito que cubre ampliamente Canadá donde, incluso, los salarios son más altos que en Estados Unidos), lo que obviamente no se corresponde, ni de lejos, con la realidad salarial y laboral mexicana, aun considerando los aumentos recientes anunciados por el gobierno en turno y en comparación con los salarios que perciben los trabajadores norteamericanos en la rama. Y esto simplemente porque en la actual fase neoliberal del capitalismo mundial la persistencia de bajos salarios y altas cuotas de explotación del trabajo (superexplotación) y de precariedad laboral constituyen la condición sine qua non para mantener la rentabilidad de las empresas y las altas tasas de ganancia del gran capital.
La política salarial de las compañías trasnacionales fundamentalmente norteamericanas no va a cambiar en el contexto del T-MEC porque significaría, para las que operen en México, grandes pérdidas expresadas en un aumento no sólo del pago por hora a los trabajadores mexicanos de acuerdo con el requisito estipulado por el VCL, sino, además, en el total de los costos laborales que incluyen, entre otras, prestaciones y salarios indirectos, matando de este modo la gallina de los huevos de oro que ofrece todo país dependiente y subdesarrollado para dichas empresas.
El siguiente cuadro muestra las diferencias salariales abismales que privan entre México y Estados Unidos:
Cuadro 3
Salario por hora en la industria manufacturera de Estados Unidos y México. Junio 2017 (dólares)
México Estados Unidos
2.3 dólares por hora 20.8 dólares por hora

Fuente: El financiero, 23 de agosto de 2017, disponible en internet: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/un-obrero-mexicano-gana-veces-menos-que-uno-de-eu.html (consultado el 05 de agosto de 2019). Estos salarios, por hora, se mantienen prácticamente en el mismo rango, nivel y proporción entre ambos países.

Efectos en México del T-MEC

La razón principal de la imposición del capítulo 7 dentro del Apéndice correspondiente al Capítulo 4 de las Reglas de Origen, sobre el VCL — aceptado acríticamente por el gobierno mexicano de la 4T — reside en el alegato que la representación norteamericana hizo, recogiendo los argumentos de Trump, en el sentido de que, en el anterior Tratado aún vigente por cierto, el gran “perdedor” había sido su país, tanto debido a las “reglas de origen en general”, como a la prevalencia de los bajos salarios que persisten en México y que, según ese interlocutor, representan una especie de “dumping salarial” (wage dumping) que lesiona, insistió, la posibilidad de que las empresas asentadas en Estados Unidos puedan “competir” con sus “contrapartes” en México, sin mencionar que, debido a la prevalencia del neoliberalismo y a la privatización económica, son las mismas empresas norteamericanas las que operan en este lado de la frontera mexicana aprovechando subsidios, bajos costos laborales, bajísimos salarios, baja actividad sindical con poca o nula resistencia y altas cuotas de superexplotación de la fuerza de trabajo (véase Adrián Sotelo, Estados Unidos en un mundo en crisis. Geopolítica de la precariedad y la superexplotación del trabajo, Anthropos-CEIICH-UNAM, México, 2019).
En el fondo, el nuevo Tratado responde a las políticas neo-proteccionistas de Estados Unidos impulsadas desde la Presidencia Imperial por Donald Trump que pretende “restituir” para el imperialismo norteamericano su status (perdido) de ser el “hegemón” del mundo y del sistema capitalista internacional, sin reconocer la evidencia no sólo del ascenso de nuevas potencias económicas y militares, como China y Rusia, sino la evidente existencia del multipolarismo que hoy caracteriza -cada vez más- las relaciones internacionales aunque los halcones del pentágono se niegan a reconocerlo.

12/16/2019

El outsourcing, mecanismo monumental de precarización del trabajo en México


Estados Unidos presiona al gobierno mexicano para que modifique y ajuste las leyes laborales a los requisitos y prerrogativas del T-MEC. Esta es una de las condiciones que exige la señora Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, para que su congreso se digne firmar el tratado comercial. En lo que escribimos estas líneas se mostró el entreguismo del régimen lopezobradorista a Estados Unidos, como se aprecia en el siguiente párrafo:
“Estados Unidos podrá realizar labores de vigilancia en México sobre el cumplimiento de la Ley laboral mexicana y pedir un panel de expertos cuando se viole la democracia sindical, según el protocolo modificatorio para ratificar el Tratado de Libre Comercio de México, EU y Canadá (T-MEC), firmado ayer en Palacio Nacional.
En la redacción solamente cambiaron la figura de “inspectores laborales” por “agregados laborales”.
Se manifiesta como no es necesario proclamarse como un gobierno neoliberal para ceder ante la política norteamericana reforzando la tradicional dependencia estructural de México con el imperialismo estadunidense que amenaza, además, con la construcción del muro de la ignominia en el área fronteriza de ambos países y mediante la imposición de la política migratoria de Estados Unidos al gobierno mexicano, tendiente a convertir a México —que en los hechos ya lo es— en un “tercer país seguro” en detrimento de miles de trabajadores indocumentados provenientes principalmente de Centroamérica.
A pesar de que el proyecto de reforma a la legislación laboral había sido aprobado por unanimidad en comisiones del Senado de la República, en atención a los intereses y peticiones de los empresarios, fue pospuesta su discusión hasta febrero de 2020 por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
La Iniciativa de reforma original para regular y limitar el outsourcing fue del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República apoyada por el Partido del Trabajo (PT) quien exige la desaparición del outsourcing “por ser una figura que se ha utilizado para evadir impuestos y precarizar el empleo“, además porque violenta los derechos de la clase trabajadora y constituye una práctica neoliberal.
El senador Urrutia denunció que los empresarios traicionaron y chantajear al gobierno para que se abriera una nueva fase de consultas con el fin de aplazar la reforma encaminada a regular la subcontratación y obligar a las empresas a pagar el salario mínimo profesional, reconocer la antigüedad de los trabajadores, cubrir las cuotas reales de Seguridad Social y Vivienda, cumplir las obligaciones tributarias y garantizar el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva (véase La jornada, 6 de diciembre de 2019).
En su propuesta, el PT plantea derogar los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo, que desde el 2012 norman el outsourcing. Veamos en qué consisten estos artículos.
El Artículo 15-A plantea que:
“el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social”.
El Artículo 15-B plantea que:
El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.
La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
El Artículo 15-C estipula:
La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.
El Artículo 15-D señala que:
No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.
El Consejo Coordinador Empresarial, como representante de una de las fracciones más fuertes de la lumpenburguesía mexicana, evidentemente demanda que no se modifique el régimen vigente de subcontratación. Incluso, se inclina porque sea liberado de toda traba o regulación que impida su libre funcionamiento a favor de sus intereses de clase. Por su parte el gobierno lopezobradorista, intentando asumir una especie de posición bonapartista que supuestamente beneficie tanto a los trabajadores como a los empresarios — cuestión imposible en el sistema capitalista — plantea cierta regulación, pero no la supresión de ese régimen de superexplotación del trabajo que es la subcontratación u outsourcing y que algunas estimaciones revelan que más de 8 millones de trabajadores mexicanos trabajan bajo esta modalidad, a la par que desnuda una de las formas más extremas de la flexibilidad laboral del capital que ha impuesto el neoliberalismo contra los trabajadores y otros segmentos sociales de las clases subalternas.
Si el gobierno de Mexico se presume “progresista” debería de implementar políticas laborales integrales que excluyan y supriman de nuestra legislación laboral el outsourcing o tercerización y que este sea sólo un recurso voluntario al que libremente puedan acudir, en situación excepcional, los trabajadores. 

9/24/2019

A 90 días del “acuerdo migratorio” para Estados Unidos la política de México es todo un “éxito”




Tras calificar de “exitosa” la reunión del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con autoridades de Estados Unidos el 10 de septiembre cuando venció el plazo de 90 días impuesto por Trump a México para frenar la migración, el presidente López Obrador dijo estar satisfecho en virtud de que, dados los resultados, ya no se volvió a insistir en el tema de la imposición de aranceles que motivó la puesta en marcha de una serie de medidas para “amortiguar” los flujos migratorios por parte del gobierno mexicano. Al respecto el magnate de la Casa Blanca con su acostumbrado tono arrogante y supremacista declaró recientemente: “Si impusiera sólo 5% de aranceles a México, eso pagaría el muro, pero no quiero hacerlo porque México ha sido fantástico” (Reforma, 18 de septiembre de 2019).
Pero de ninguna manera se puede confiar en el régimen imperialista de Donald Trump y mucho menos en la turbulenta coyuntura electoral en que está comprometida la reelección del mandatario neoyorkino el año entrante. Por lo que la política anti-inmigrante, con el objeto de ganar adeptos, seguirá su curso y se profundizará por parte del gobierno norteamericano debido a que desde su campaña que lo llevó a la “presidencia imperial”, Trump erigió la lucha contra la inmigración ilegal y la construcción de un muro fronterizo como ejes de su campaña. En el mismo sentido se inscribe la reciente expulsión de dos diplomáticos cubanos de la ONU con el objeto de satisfacer intereses de la llamada “comunidad cubana en el exilio” de la Florida y ganar, de este modo, su adhesión electoral.
Una vez impuesto el status de “tercer país seguro” a Guatemala, y México convertido en una especie de “campo de refugiados” ­—como lo atestiguan los cientos de haitianos retenidos en Tapachula— para los inmigrantes y deportados por Estados Unidos con el slogan: “quédate en México” y bajo la custodia de la Guardia Nacional, el gobierno norteamericano ha anunciado nuevas medidas para continuar con su política (anti) migratoria.
Entre otras, además de las que implican las derivadas de la condición de tercer país seguro, figuran la aprobada por la Suprema Corte de Estados Unidos, aunque de manera temporal, que posibilita la solicitud de asilo sólo a aquellos que previamente la hayan tramitado ya sea en México o en Centroamérica. Las solicitudes de todos los que no cumplan con esta disposición automáticamente serán rechazadas. Al respecto, esta realidad, ya de por sí perversa, se vuelve trágica para miles y miles de personas que se encuentren en esta situación y que además tienen que esperar los largos turnos para ser atendidos por las autoridades migratorias estadunidenses. Porque además, como afirma el centro independiente: Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, véase: “Immigration Court's Active Backlog Surpasses One Million”, 18 de septiembre de 2019, en: https://trac.syr.edu/whatsnew/email.190918.html ) de la Universidad de Syracuse asegura que las cortes de inmigración en Estados Unidos tienen un enorme rezago de solicitudes que esperan decisión en las cortes de inmigración: señala que en el mes de agosto sobrepasó el millón de solicitudes, a las que se agregan 322,535 casos adicionales que están pendientes, pero que no se han colocado en la lista de casos activos, de tal modo que la “cartera de pedidos” supera el millón 300 mil que corresponden a las cortes de inmigración de los estados de Alabama, Carolina del Sur, Arkansas y Vermont.
En esta dirección el gobierno de Trump anunció, a través, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), una “nueva norma” en la que establece que “…aquellos inmigrantes legales que se puedan convertir en una ‘carga pública’ — (¿?) — no podrán obtener una visa, ni la residencia permanente” (la famosa greencard), como tampoco la “ciudadanía estadounidense”.
Esta regulación se basa en la tesis de que “los extranjeros que quieran residir en Estados Unidos deberán de ser capaces de mantenerse por sí mismos sin los subsidios que otorga el Estado (como los food stamps, las ayudas para el pago del alquiler de habitación o bien el seguro del medicare). De tal modo que cualquier persona, incluso con status de permanencia legal en ese país, pero que reciba “ayuda pública”, será objeto de deportación sin importar si tiene familia o hijos menores. Esta medida afecta principalmente a quienes viven por debajo del umbral de la pobreza y que cada vez más abultan las precarizadas ciudades norteamericanas que las estadísticas oficiales se afanan en ocultar.
Es de esperar que en este contexto se expidan nuevas normas o leyes encaminadas a frenar la inmigración y la permanencia legal o ilegal interna, así como un incremento de las presiones de Washington contra los países expulsores de fuerza de trabajo. Es el caso del reciente acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos en temas de seguridad y migración que, entre otros asuntos, permitiría “devolver a El Salvador a quienes soliciten asilo en Estados Unidos.” Aunque el gobierno salvadoreño negó que se tratara de un acuerdo que convierte al país en “tercer país seguro”, sin embargo, en los hechos asume estas funciones completamente en la lógica de los intereses geo-políticos y estratégicos de Estados Unidos en la región.
De esta forma, paulatinamente, el imperio del norte va imponiendo su Jaula de Hierro en la férrea lógica de la “Doctrina Monroe” que concibe a América Latina y el Caribe como su “patio trasero”.

7/24/2019

Pompeo: el enviado del imperio a México



México no es Tercer País Seguro en términos legales, pero lo es en los hechos porque así se lo encomendó Estados Unidos.

La espectacularidad mediática con que el xenófobo presidente imperialista, Donald Trump, anunció la arremetida contra los extranjeros para deportar a miles y miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos - hasta un millón llegó a afirmar - parece que, hasta ahora, no tuvo tal efecto ni el que hubieran deseado sus esquizoides artífices. Antes bien, como aseguran diversos medios y comentaristas, las deportaciones que ocurrieron fueron mínimas y contrarrestadas por la propia población con medidas legales y recurriendo a las movilizaciones populares y al apoyo de las organizaciones sociales, civiles y de defensa de los derechos humanos, particularmente en la ciudades denominadas “santuario” protegidas por ley de cualquier detención o deportación.
Esto es una buena noticia debido a que es expresiva de una compleja realidad y de fenómenos interrelacionados que interactúan simultáneamente, entre otros: el carácter estructural de los ciclos migratorios, la complejidad del arraigo de miles de personas extranjeras en las comunidades dentro del propio Estados Unidos, la toma de conciencia de la existencia del derecho al tránsito y al trabajo y de otros derechos fundamentales, así como el profundo deseo de encontrar un promisorio futuro que sus países de origen les negó.
Realidades todas evidentemente ignoradas por el magnate de la Casa Blanca y sus halcones que lo rodean y al parecer por las propias autoridades mexicanas.
Es en este contexto que el Secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, arribó el sábado 20 de julio a la Ciudad de México para sostener, el domingo, una reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Es importante destacar que, paralelamente a esta gira injerencista, con marcado tufo monroísta, se congregó, en Caracas, Venezuela, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) con el tema: “Reunión en Defensa de la Carta de la ONU”, y contra el grosero intervencionismo y prepotencia de Estados Unidos contra las naciones en varias partes del mundo.
Con una gira que inició en Buenos Aires, Argentina y continuó en Guayaquil, Ecuador con el objetivo de continuar la guerra de quinta generación contra Venezuela, en esta ocasión el enviado del imperialismo a México vino a evaluar la efectividad de su política migratoria y si ha sido o no fielmente acatada por el gobierno de López Obrador cuyo Secretario de Exteriores sólo se ha limitado a afirmar dócilmente que “México ha cumplido su parte” del acuerdo migratorio con Estados Unidos firmado el pasado 7 de junio.
En un escueto boletín de prensa emitido por la Cancillería mexicana se dijo que el vocero de Washington había expresado, en relación con los acuerdos migratorios, que: “everything is fine”, sobre todo por haber conseguido la militarización de las fronteras norte y sur de nuestro país - en vez de la construcción y continuación del muro de la ignominia- cuestión que evidentemente Ebrard eludió mencionar porque violar todas las leyes migratorias de México con tal de servir a Estados Unidos.
Es evidente el conformismo del Canciller norteamericano en la medida en que el gobierno mexicano aceptó de facto su status de Tercer País Seguro y deja abierta la posibilidad, si así lo decide la Casa Blanca, de legalizar dicho status con tal de atender los intereses geopolíticos de Estados Unidos y evitar la imposición de aranceles a las exportaciones. Quizá por esto es que legisladores y el presidente de la Cámara de Diputados criticaron duramente esta posición entreguista y derrotista del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
No hubo nada nuevo, ni compromisos yanquis para “resolver” el problema migratorio en términos financieros, ni comerciales. No se dijo si se iban a imponer las sanciones en el futuro porque se extendería por 45 días más el programa sujeto al capricho de Trump. El canciller mexicano preguntó a su homólogo sobre la imposición de aranceles al jitomate, pero no hubo respuesta por parte del emisario yanqui y finalmente se tocó el tema de seguridad fronteriza en materia de armas y narcotráfico. Bla, bla, bla...
Sin embargo, nada se dijo que en esos momentos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo se hacinan miles de migrantes centroamericanos, mujeres y niños, expulsados de Estados Unidos en el marco de las políticas anti-humanas migratorias de Donald Trump donde moran en precarios campamentos improvisados expuestos a la libre acción de grupos criminales involucrados en el narcomenudeo y en el contrabando, en condiciones precarias de salud que enfrentan allí sobre todo mujeres y niños sujetos a adquirir en cualquier momento todo tipo de enfermedades y hasta la muerte sin que haya responsables imputables.
Pero para el gobierno mexicano y el de Washington todo marcha viento en popa en una alianza subordinada del primero al segundo que puede virar de rumbo en cualquier momento al ritmo del capricho del esquizoide mandatario del país del norte.
Adrián Sotelo Valencia. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

6/28/2019

Migraciones, expulsiones y hacinamientos poblacionales en México




"… las dinámicas globales de pobreza extrema, desplazamientos masivos, desastres ambientales y conflictos armados han creado niveles nunca vistos de expulsión se a través de acontecimientos diferentes".
Saskia Sassen, Expulsiones.

Desde que Donald Trump amenazó con gravar con un impuesto gradual a las exportaciones mexicanas que iría de un 5% hasta alcanzar 25% en un lapso de seis meses si el gobierno mexicano no acataba la política migratoria de Washington —consistente en frenar el éxodo migratorio centroamericano y en recibir a los miles de trabajadores indocumentados devueltos forzosamente del país del norte— la situación humanitaria, social y migratoria se ha vuelto un verdadero infierno en la tierra para miles y miles de trabajadores y ciudadanos que huyen desesperadamente de sus países —principalmente de Centroamérica— agobiados por la pobreza, la marginación, el desempleo, la violencia oficial y de las bandas del crimen organizado.
Los efectos centrífugos de expulsión que en las poblaciones causan los regímenes dictatoriales, como el de Honduras, sustentados en la desigualdad, la represión, el crimen y la sistemática exclusión social son fenómenos todos ellos ignorados, o francamente minimizados, por los gobiernos de México y Estados Unidos. El primero, recibiendo las órdenes del segundo y reduciendo su “política migratoria” para servir como dique o muro de contención favorable a los intereses y estrategias de Estados Unidos mediante la recién creada Guardia Nacional (o ejército vestido de gris) del régimen de la Cuarta Transformación (4T) que, en vez de acatar los objetivos que justificaron su creación consistentes en el combate a la violencia, la protección de la ciudadanía y para garantizar su seguridad, se orientaron a combatir a las muchedumbres silenciosas constituidas por mujeres, niños, jóvenes y adultos —integrados en muchos casos por familias enteras— que engañados y esperanzados desean llegar al presunto “paraíso” del “american way of life” y al idílico pero inexistente “american dream” que lo es ciertamente, pero para los sectores privilegiados de las clases medias y de la burguesía imperialista de dentro y de fuera de ese país.
Los saldos de esta política migratoria, xenófoba, racista y de segregación (o apartheid) contra las familias y los niños ya está a la vista en centros de detención o, más bien, de verdaderos campos de concentración de estilo hitleriano instalados en Estados Unidos, algunos en Texas, donde se hacinan en celdas carcelarias, hasta ahora, a unos 250 niños y niñas con inodoros insalubres y comedor comunes (El universal, 25 de junio de 2019, en: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/las-denuncias-por-las-horribles-celdas-en-las-que-mantenian-ninos-migrantes-en-eu ) y que han sido brutal y forzosamente separados de sus padres debido a la política migratoria ordenada por el magnate de la Casa Blanca en sus afanes de “limpiar” su país de “delincuentes”, de “perezosos” y de “bárbaros” que se han “apoderado” de Estados Unidos y que son los adjetivos más utilizados, sobre todo por los supremacistas empezando por su presidente, para designar a los trabajadores indocumentados y a otras categorías migrantes dentro o fuera de ese país.
Se cuentan por decenas todos los días las personas que mueren en su peregrinaje por llegar al “otro lado” donde se encuentra el “sueño americano” coronado de filosas espinas invisibles y de fortificadas jaulas de hierro que los aprisionan. Por ejemplo, recientemente en Texas se reportó la muerte de 7 migrantes, incluidos una mujer y tres niños pequeños, en la frontera con México en el contexto de una ola de calor extremo que los envuelve (El universal, “Reporta EU 7 migrantes muertos en frontera con México”, https://www.excelsior.com.mx/global/reporta-eu-7-migrantes-muertos-en-frontera-con-mexico/1320621), 25 de junio de 2019. Y todos los días son denunciados sucesos similares.
Para cumplimentar las órdenes del imperio comandado por la fracción de la extrema derecha de la Presidencia Imperial, el gobierno de la 4T ha destacado a más de 25 mil efectivos militares para bloquear la ola migratoria en las fronteras norte y sur del país para evitar —no para resolver de raíz como afirmó el presidente mexicano— este gravísimo fenómeno que es mundial y un genuino producto de la crisis y decadencia del sistema capitalista planetario, bajo las constantes amenazas de Donald Trump de imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos que, en una enorme proporción, son propiedad de las grandes empresas trasnacionales, principalmente norteamericanas, que operan en el país. Para el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, éstas “Son tareas que buscan evitar el movimiento irregular de migrantes” (Contralínea, https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/24/15-mil-militares-en-frontera-norte-y-2-mil-en-frontera-sur-para-frenar-la-migracion/, 24 de junio de 2019).
Y “este movimiento irregular” —que reduce un fenómeno extremadamente complejo, multidimensional y contradictorio que opera en escala mundial como son las migraciones de cada vez más contingentes poblacionales prácticamente en todos los continentes­— sintetiza tanto los movimientos que provienen del éxodo migratorio centroamericano, como el de las miles de devoluciones de personas desde Estados Unidos que, sólo entre el 8 de junio, un día después del acuerdo, y el 24 del mismo mes, el Instituto Nacional de Migración (INM), reportó la deportación a México de 4 mil 42 centroamericanos, lo que da un promedio de 252 migrantes por día (Periódico Reforma, 25 de junio de 2019) y en los primeros 6 meses de 2019 esa suma alcanza los 15 mil solicitantes que han sido expulsados de Estados Unidos a México.
El INM desglosa que, durante el mismo período, fueron devueltas 6 mil 611 personas a Ciudad Juárez; 5 mil 300, a Tijuana y 3 mil 168, a la ciudad de Mexicali, todas fronterizas con Estados Unidos (véase: Revista Proceso no. 2225, junio de 2019, en: https://www.proceso.com.mx/589790/estados-unidos-ya-regreso-a-mexico-a-15-mil-solicitantes-de-asilo-en-lo-que-va-de-2019).
En todos estos casos los afectados tendrán que realizar desde estas ciudades sus trámites migratorios y esperar el resultado por pate de las autoridades migratorias bajo las peores condiciones de vida y de hacinamiento para legalizar su situación migratoria en el país expulsor, lo que puede tardar hasta dos años y con las mínimas probabilidades de conseguir la protección solicitada, sobre todo a la luz de la política xenófoba y anti-migratoria de Washington. Mientras tanto, el país receptor que es México —y que funge en los hechos como Tercer País Seguro (TPS) bajo el cobijo de la consigna: “quédate en México”, status dócilmente aceptado por el gobierno de México bajo la fórmula diplomática pero altamente irónica y contradictoria denominada: “Protocolos de Protección a Migrantes (PPM)— tendrá que cargar con todos los gastos y con todas las consecuencias humanitarias (que ya están haciendo estragos todos los días y resulta imposible ocultar) que el hacinamiento y la injusticia congénitas del capitalismo dependiente produce y extiende en las acrecentadas poblaciones inermes y necesitadas de asilo, refugio y protección.
Hay que aclarar que la aceptación acrítica de este estatus se hizo en función casi de súplica a Trump para que este no impusiera los sacrosantos aranceles o impuestos que en esencia más perjudicaban a los consumidores norteamericanos que a los exportadores (fundamentalmente trasnacionales) que operan en México y dependen de la dinámica de la economía norteamericana.
Entre las múltiples causas que agudizan el fenómeno migratorio y la expulsión masiva de fuerza de trabajo superexplotada y abundante podemos apuntar, entre otras, las histórico-estructurales relativas a la dependencia, el subdesarrollo y el atraso que padecen la mayor parte de los países de la periferia del capitalismo mundial, en particular, los de Centroamérica y, dentro de estos, los del Triángulo Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala, cuyos gobiernos prácticamente permanecen completamente al margen del problema migratorio.
En segundo lugar, destacamos los efectos económicos generadores de desigualdad y exclusión social que orillan a los ciudadanos a abandonar sus países y emprender el incierto y peligroso mundo de la migración.
En tercer figura la estructura política del Estado que reposa en regímenes represivos, autoritarios y (cuasi)-dictatoriales que, al implementar intensiva y extensivamente las políticas neoliberales no hacen más que reforzar las causas mencionadas anteriormente en contextos de crisis capitalista y de contracción y deterioro de variables como producto interno bruto, empleo, salud, ingresos, bienestar y seguridad social y educación.
Un aspecto particular —poco comentado por los analistas y que opera como factor de expulsión de los migrantes— radica en el plano ideológico. Parte de los mitos y falacias —que, dígase de paso, motivaron que sectores del electorado norteamericano votaran por el candidato republicano conservador Donald Trump y que promovió a lo largo de su campaña electoral— son los siguientes: a) los inmigrantes le quitan los trabajos a los estadounidenses, b) en virtud de que existe un número muy limitado de empleos, por lo tanto, un mayor número de personas inmigrantes traerá consigo mayor competencia que, a la par, presionará a la baja los salarios, c) los trabajadores indocumentados, extranjeros, particularmente los mexicanos que constituyen la mayoría, son viciosos, violadores y criminales y “degradan” la vida pública y social de los norteamericanos, ch) los sindicatos norteamericanos están en contra de la inmigración porque “perjudica” a la clase trabajadora norteamericana y blanca, d) los inmigrantes no pagan impuestos, e) son una carga para la economía, f) envían remesas a sus países de origen y “perjudican” a Estados Unidos causando fuertes déficits fiscales, g) representan un “peligro” porque están invadiendo a este país, Estados Unidos (Adrián Sotelo, Estados Unidos en un mundo en crisis. Geopolítica de la precariedad y la superexplotación del trabajo, Anthropos-CEIICH, México, 2019, p.17).
Todos estos condicionantes se articulan con las causas anteriores produciendo un tenebroso cuadro de xenofobia y exclusión social, hacinamientos, expulsión de poblaciones, injusticias sistémicas y muerte contra las inermes personas provenientes de los países más pobres de la región y que en gran parte los son históricamente debido a la dominación y al saqueo imperialistas.
Difícilmente los gobiernos involucrados podrán cambiar esta situación en un sentido favorable para ese ejército global de reserva migrante constituido esencialmente para servir a las necesidades de la producción de plusvalía y de la acumulación de capital de Estados Unidos. Más bien, por el contrario, con su accionar, orientado por los intereses transnacionales, no harán otra cosa más que modular los conflictos migratorio-fronterizos en la tónica prioritaria de los intereses de Estados Unidos con la penosa colaboración mexicana.
Recientemente se realizó una “cumbre” entre los presidentes mexicano y salvadoreño en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para “analizar” la crisis migratoria y buscar “soluciones”. Lo que allí se acordó fue la firma de un convenio para impulsar un Plan de Desarrollo para Centroamérica en el marco del programa “Sembrando Vida. Plan de Desarrollo para la Migración”, consistente en la “donación” de 30 millones de dólares en una primera etapa, de un total de 100 millones de dólares, para sembrar 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables en El Salvador y 200 mil en Chiapas con el objetivo de “frenar la migración” y “fomentar” el desarrollo de Guatemala, El Salvador y Honduras.
De esta forma, un tanto panglossiana, mediante la siembra de arbolitos los mandatarios y sus asesores creen que se generarán los empleos suficientes —se dice que alrededor de 20 mil que no son nada— para “frenar “ la migración y augurar el advenimiento de “mejores tiempos“, lo que no ha ocurrido desde la época de la colonización y de la constitución de las naciones latinoamericanas y del Caribe como economías dependientes y subdesarrolladas fuertemente subordinadas y articuladas a los países imperialistas del centro del capitalismo avanzado.
Mientras tanto, en función de la crisis y decadencia del capitalismo mundial, continuarán las migraciones y las expulsiones, particularmente bajo la amenaza trumpiana de deportar a nuestro país en las próximas semanas o meses a miles de indocumentados que permanecen en suelo norteamericano, inermes, en una esperanzadora, pero seguramente inútil y angustiosa espera, para que algún día puedan legalizar su situación para integrarse al luminoso Topus Huranus del “american dream”.

6/03/2018

Las elecciones presidenciales en el México neoliberal: tres (posibles) escenarios


En las elecciones presidenciales de México, que se efectuarán el 1º de julio de 2018, compiten tres coaliciones formalmente constituidas y que son: "Juntos Haremos Historia" que postula al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador impulsada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES); la coalición "Por México al Frente" que postula la candidatura del panista de derecha, Ricardo Anaya, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC). Por último, la coalición oficialista del PRI-gobierno llamada "Todos por México" integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) que postula a un ex-secretario de Hacienda, Antonio Meade, que sirvió tanto en los regímenes del PRI como del PAN y a quien se le adjudica ser el "padre del gasolinazo" que provocó inflación y deterioro de los ingresos de la mayoría de la población. Además figuran dos candidatos supuestamente "independientes": un ex-priista "gobernador con licencia" del Estado de Nuevo León apodado "El Bronco" cuya campaña electoral está centrada en "cortarle las manos a los corruptos", y la despistada esposa de un ex-presidente de México que "renunció" a su candidatura antes del segundo debate presidencial que se efectuó en la ciudad de Tijuana el 20  de mayo de 2018.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) con un padrón electoral de 89,1 millones coimputados, se votará para elegir a 8 gobernadores, 1 jefe de gobierno de la CDMX (ahora llamado gobernador), 128 senadores y 500 diputados. Asimismo se elegirán autoridades para 1.597 ayuntamientos, 184 concejales y 16 alcaldías. La Ciudad de México, que es la entidad con la segunda mayor lista nominal de electores (7 millones 64º mil), elegirá Jefe de Gobierno, diputados al Congreso Local, 16 alcaldes y 10 concejales.
Contexto: crisis estructural del capitalismo dependiente mexicano
Mientras que el crecimiento económico de México durante el llamado "desarrollo estabilizador" (1954-1976) fue superior a 6% promedio anual, entre 1982-2017 el PIB promedió 2.36% anual. Durante el régimen panista de Vicente Fox (2001-2006) el crecimiento promedio fue de 2.3% y durante el siguiente de Calderón (2007-2012) de 1.93%; entre ambos dicho crecimiento alcanzó 2.11%, para volver a descender durante el actual régimen priista de Peña Nieto (2013-2017) en el orden promedio anual de 2.12%. De esta forma durante los regímenes plenamente neoliberales del PRI y del PAN, el PRIAN (1982-2017) el crecimiento económico medido por su PIB francamente declinó y se situó por debajo de un tercio de aquel promedio histórico.
En este contexto los primeros que perdieron son los empleos cuyo déficit alcanza proporciones gigantescas si consideramos que por cada punto del PIB que se pierde, con él se eliminan alrededor de 1 millón de puestos de trabajo a los que hay que agregar los que no se crean al influjo del crecimiento natural de la población calculados en alrededor de un millón 500 mil cada año. Hay que observar, lo que oculta sistemáticamente el gobierno, que los empleos creados durante los regímenes neoliberales en una gran proporción son de naturaleza precaria: temporales, con o sin derechos sociales y sometidos a altas tasas de explotación y rotación de la fuerza de trabajo. De aquí el enorme desempleo existente en el país que organismos independientes como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM sitúan en más de 20% de la PEA; la extendida pobreza "normal" y extrema; los bolsones poblacionales de la informalidad que cubren 60% de la PEA (52 millones 866 mil personas en 2017) que trabaja en condiciones precarias e inhumanas fundamentalmente en la calle; el crecimiento de la violencia, de la inseguridad y de los grupos delictivos, entre otras taras propias del capitalismo dependiente mexicano que su dinámica económica y política no hace más que recrear y amplificar día a día ante la corrupción e impunidad de las autoridades y sus partidos políticos que constituyen la partidocracia del poder.
Una de las consecuencias dramáticas de esta situación tanto para México como, principalmente, para millones de trabajadores, es su emigración forzosa en modalidad de indocumentados (alrededor de 12 millones) a Estados Unidos donde son vejados, humillados, superexplotados, discriminados, abusados y deportados bajo la total indiferencia de las autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
Los salarios son la otra variable castigada por el régimen neoliberal dependiente mexicano: los reales y su poder adquisitivo tienen una curva descendente desde 1976 y en la actualidad son más bajos que en China y que en otros países pertenecientes al mundo subdesarrollado de Asia, de América Latina y de los países africanos. Este es uno de los secretos de los privilegios de que gozan las clases dominantes en México y los altos y medianos funcionarios, burócratas y políticos del régimen partidocrático mexicano.
Este régimen neoliberal cuida celosamente las sacrosantas "variables macroeconómicas" como la tasa de ganancia que es altísima para las gigantescas empresas transnacionales monopólicas que operan en el país y que prácticamente controlan todos los flujos y ciclos de la economía mexicana: desde el capital dinero y productivo, hasta el capital mercancías, con énfasis en las importaciones y las exportaciones que controla prioritariamente el capital internacional. A cambio el pueblo y los trabajadores reciben un mayor endeudamiento externo que es de los más altos de América Latina: en 2017 la deuda pública alcanza 46.2 del PIB al cierre de 2017 según la Secretaría de Hacienda y las proyecciones bajo la política neoliberal es que siga creciendo sobre todo para pagar apenas los intereses del capital principal, lo que provoca un constante déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos el cual, con la entera complacencia del FMI y de la burocracia política del país, es contrarrestado mediante incrementos de los impuestos a la población, aumentos a los precios de las gasolinas mayoritariamente importadas a pesar de ser México un país petrolero y de la energía eléctrica de consumo popular, la severa aplicación de políticas de austeridad social y de recortes al presupuesto público en el renglón social en materia de educación, salud, vivienda, alimentación, pensiones y jubilaciones, junto con la aplicación de sendas reformas llamadas estructurales: laboral, energética y educacional entre otras inscritas en la lógica de la privatización y de la reproducción del capital.
Este es el marco socio-económico del actual proceso electoral mexicano que habrá de elegir presidente de la república, senadores y diputados, 5 gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para los siguientes seis años.
Las coaliciones o alianzas electorales
De antemano planteamos que ninguna problemática del país en el plano social, económico y político se va a resolver mediante un proceso electoral y mucho menos con el triunfo de alguna de las mencionadas coaliciones que se desenvuelven en el marco del capitalismo neoliberal, dependiente y subdesarrollado que prevalece en México. Y no lo va a hacer simplemente porque, independientemente de los planteamientos de los aspirantes presidenciales que generalmente van dirigidos a granjearse el apoyo de los grandes capitales y monopolios nacionales e internacionales y, por supuesto, el de Estados Unidos, y menos el del pueblo, esencialmente ninguno atenta, ni modifica, el sistema capitalista sustentado en el régimen jurídico-político-institucional de propiedad privada de los medios de producción, de la tierra, de los recursos naturales y en la explotación de la fuerza de trabajo (que son los pilares del modo de producción capitalista universal) en cualquier orden macroeconómico y político: sea el neoliberal o el proteccionista (neo) desarrollista que son los que compiten en el México neoliberal y en los países latinoamericanos de manera predominante.
El carácter de las elecciones
En lo referente al presidente de la República su elección rutinaria ocurre formalmente cada seis años y siempre bajo el férreo control del gobierno en turno mediante un ente electoral que hasta la fecha controla (antes fue el Instituto Federal Electoral y hoy el Instituto Nacional Electoral). Se puede afirmar que el fraude es el eje histórico del proceso de la elección junto con la compra millonaria de votos, el acarreo forzoso de las bases electorales del partido, el miedo, la violencia y el uso masivo de los medios corporativos de comunicación cuyo objetivo es imponer a la ciudadanía el candidato a modo elegido por el gobierno a través de lo que se conoce como el "dedazo" del presidente en funciones. En ese sentido el régimen político mexicano es tan antiguo y carcomido como en los mejores tiempos del llamado nacionalismo revolucionario que transcurrió bajo la hegemonía política de los dinosaurios del PRI-gobierno.
En este contexto cabe prever tres escenarios que pueden ocurrir en la actual contienda electoral donde, hay que mencionar, en el promedio de las encuestas el candidato que se encuentra fuera de la "mafia del poder" lleva la delantera por alrededor de 20 puntos en promedio por encima del candidato de la derecha que se mantiene en segundo lugar y por encima del candidato del oficialismo.
Un factor importante, que al final pudiera ser estratégico, es la influencia del Departamento de Estado en las elecciones mexicanas que hasta ahora ha sido acotado y discreto, pero que no por ello deja de ser preocupante dados los antecedentes en otras coyunturas electorales donde Estados Unidos ha terminado por ser determinante como en las pasadas elecciones de Honduras (26 de noviembre de 2017) donde operó un golpe de Estado mediado por el estado de sitio y la represión para imponer al impopular y repudiado candidato oficial que era el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Dicha intervención se dio para destituir al presidente Manuel Celaya de ese país en 2009 y, más adelante, con la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012. El golpe de Estado judicial en Brasil que depuso a la presidenta Dilma Rousseff contó con el beneplácito tanto de Estados Unidos como de la OEA y de la mayor parte de los gobiernos de derecha, entre los que figura de manera sobresaliente el gobierno mexicano que encabeza el llamado "Grupo de Lima" creado bajo patrocinio norteamericano con el fin expreso de derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. En este contexto no hay argumentos sólidos para sostener que esto no pudiera ocurrir en México en la hipótesis del triunfo del candidato opositor al oficialismo y a la derecha.
Posibles escenarios
Escenario 1.
Este escenario, el menos probable en virtud de los antecedentes de la historia electoral de nuestro país caracterizada por el fraude y la manipulación del proceso electoral por el gobierno en turno, supondría, de ser certeras la mayoría de las encuestas, el triunfo del candidato de MORENA y de los partidos del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES), Andrés Manuel López Obrador, quien sería elegido por primera vez después de dos intentos fallidos en el año 2006 y en 2012 cuando se impuso al actual presidente de la República Peña Nieto. En este hipotético escenario esto implicaría no solamente la acción electoral y de la campaña de la coalición que ampara dicha candidatura, sino una extendida movilización popular y ciudadana en defensa del voto antes y después de la elección. Significaría, también que la gente ya habría aprendido la lección respecto al pasado caracterizado por la imposición y la secuencia a toda costa de los gobiernos priistas desde la época de la Revolución Mexicana, tal vez con la excepción del triunfo del general Lázaro Cárdenas en 1934 quien gobernó hasta 1940. Desde entonces, es decir desde el avilacamachismo (1940-1946) hasta el año 2000, gobernó el PRI cuando cedió el poder presidencial por primera vez a un personero distinto de ese partido y que fue el señor Vicente Fox candidato del derechista Partido Acción Nacional de naturaleza social-cristiano. En el siguiente sexenio fue impuesto, mediante fraude electoral, el panista Felipe Calderón (2006-2012) quien, a la par, le pasó la estafeta presidencial al actual presidente del PRI, Peña Nieto, quien utilizó masivamente la compra multimillonaria de votos con toda impunidad y corrupción a través de tarjetas de crédito, entre otros instrumentos fraudulentos.
Este escenario, como dijimos difícil e improbable debido a las circunstancias indicadas, por vez primera elegiría como presidente a un candidato diferente al que se conoce como perteneciente al PRIAN (la suma del PRI y el PAN a la que ahora se agrega el PRD) y que expresa la simbiosis entre el viejo partido priista y el derechista de Acción Nacional (PAN), este último ahora amalgamado con el otrora partido de "centro-izquierda" denominado Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes juntos postulan al candidato panista de derecha Ricardo Anaya involucrado en investigaciones penales de lavado de dinero y de corrupción, además de ser uno de los principales promotores y partidarios de la privatización energética.
Hay que indicar también, por último, que muchas estimaciones proyectan que el partido opositor (MORENA) tendrá mayoría en el Congreso de la Unión en el que lastimosamente el PRI caería hasta la tercera posición como un resultado del castigo por parte de la indignada y empobrecida población mexicana que cada vez más desahucia a los gobiernos neoliberales.
Escenario 2.
Vislumbramos un segundo escenario contradictorio y complejo. En éste el candidato de la derecha del PAN y del PRD, Ricardo Anaya, gana la elección mediante un acuerdo estratégico con el gobierno de Peña Nieto y su candidato, Antonio Meade (quien ocupa el tercer lugar en el promedio de las encuestas), utilizando todos los medios a su alcance legales y extralegales como la compra masiva de votos, la guerra sucia contra el candidato puntero, el uso de los recursos del Estado en materia social hacia la población para utilizar su voto en su beneficio; diseño y difusión de spots en los medios de comunicación corporativos para introducir el miedo, la tesis del desastre y otras mentiras similares, con el fin de apartar a la población de la posibilidad de orientar su voto al candidato puntero y, de esa manera, hacerlo hacia el candidato panista. Así, por lo menos se neutraliza al ciudadano y lo ubica en el espectro abstencionista de la población. Aquí el acuerdo estratégico entre ambos personeros del gobierno federal y su candidato y del partido de la derecha consistiría en "dividirse el pastel": el poder y los puestos en el gobierno, una vez que haya concluido la elección presidencial para, como ha sido siempre en el régimen autoritario mexicano, adjudicarse los empleos, influencias y prebendas en las distintas instancias de gobierno (como secretarías de Estado, direcciones de instancias gubernamentales, jefaturas locales y comisiones específicas, alcaldías, etcétera); en el gabinete presidencial, así como en el jugoso reparto de curules millonarias en el Congreso de la Unión.
Evidentemente tanto en este caso como en el siguiente, pudiera haber impugnación de la elección presidencial por parte de quienes pierdan (tentativamente por parte de la Coalición de Morena) y la instancia que tendría que decidir el resultado de la elección sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como ocurrió en 2006 cuando este avaló y ratificó el triunfo del panista Felipe Calderón.
Escenario 3.
Este escenario, siempre en función del objetivo estratégico de afianzar el triunfo del PRIAN, tendría como premisa que el beneficiario de la candidatura a la presidencia fuera el candidato oficial del PRI, Antonio Meade, al que todas las encuestas, incluso internacionales, ubican en el tercer lugar muy lejos del candidato puntero, lo que dificulta con creces acortar la distancia hasta el día de la elección el 1º de julio para efectuar el fraude electoral (esta posibilidad la denuncia in extenso Santiago Nieto, ex-fiscal electoral, en la Revista Proceso #2169 del 28 de mayo de 2018: "Cómo prepara el PRI el fraude":https://www.proceso.com.mx/535992/santiago-nieto-como-prepara-el-pri-el-fraude ).
Esta posibilidad tendría como premisa la presión por parte del gobierno peñanietista y de su candidato, al de la coalición panista bajo la amenaza de activar las investigaciones penales por lavado de dinero que también involucran a miembros de su familia. Evidentemente que estos son acuerdos de cúpula y no necesariamente su consecuencia sería canalizar los votos de las bases electorales de la coalición panista-perredista hacia el candidato del PRI. Por eso, esto constituye un auténtico riesgo para el sistema. Como sugieren algunos expertos y analistas políticos en asuntos electorales pudiera ocurrir, nada improbable por cierto, que ese flujo de votos beneficiara al candidato puntero de la Coalición Juntos Haremos Historia, asestando un fuerte golpe electoral y mediático al PRIAN por vez primera en la historia electoral del país.
Juntos Haremos Historia y la Cuarta Transformación: ¿será posible un cambio o modificación de régimen político en México?
En el año 2000 el voto útil de la ciudadanía favoreció al candidato de la derecha del PAN, Vicente Fox. En 2006, el régimen tuvo que operar un auténtico fraude electoral para imponer a Felipe Calderón en la presidencia de la República. En 2012, Peña Nieto conquistó la silla presidencial gracias a la masiva compra de votos, a la distribución de despensas y de tarjetas de crédito para la obtención de las mismas. Se estimó que en la campaña de Peña Nieto se gastaron más de 4 mil 600 millones de pesos, mediante tarjetas expedidas por el Banco Monex y de otros monederos electrónicos e instituciones bancarias para triangular el financiamiento a su campaña electoral del 2012.
En la actual coyuntura, sin embargo, las cosas se han complicado sobre todo para el oficialismo. Hemos apuntado que tanto las encuestas nacionales como las estimaciones estadísticas en el exterior coinciden en colocar al candidato oficial del gobierno priista en el tercer lugar con una diferencia de alrededor de treinta puntos porcentuales respecto a López Obrador, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia.
Se trata, es necesario enfatizar, de una coalición y de un candidato que postula que de ganar la presidencia de la República impulsará lo que denomina la Cuarta Transformación de México que ocurriría después de la Independencia nacional (1810), de la Reforma (1855-1863) que encabezó Benito Juárez (la segunda independencia de México) y de la Revolución Mexicana (1910-1917) que marcó la gran tercera transformación. La Cuarta Transformación implicaría, al decir del candidato presidencial, la constitución de un "nuevo sistema político, democrático y con dimensión social" centrado en varios postulados como la separación de la política de la economía, la construcción de un gobierno que "represente a todos, ricos y pobres", y no sólo a la "mafia del poder" como hasta ahora ha ocurrido. Además del combate a la corrupción que es el mayor objetivo de campaña del candidato opositor en concordancia con el sentir popular de millones de mexicanos.
Independientemente de las posibilidades reales de llevar a cabo dicha transformación en México, es importante señalar las profundas limitaciones estructurales y sociopolíticas que contiene de principio este proyecto lopezobradorista. En primer lugar, hay que señalar lo obvio: de ninguna manera es un proyecto de naturaleza socialista, ni mucho menos se inscribe en lo que en América Latina se ha denominado "Socialismo del Siglo XXI". En segundo lugar, porque es un proyecto de carácter nacionalista que impulsa una política que pudiéramos denominar neo-desarrollista que combina tanto la inversión privada nacional y extranjera con las políticas públicas para el desarrollo como, por ejemplo, postuló en su momento la CEPAL y que en México se plasmó en el denominado "desarrollo estabilizador mexicano" impulsado desde el gobierno por el presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y por las dos siguientes administraciones presidenciales. La diferencia, entonces, tanto con este modelo económico y con su régimen político radica en otorgarle a las llamadas fuerzas del mercado un papel protagónico en el "desarrollo económico" mediante un primer "impulso" dado por el Estado. Es importante señalar que en todo caso esta política pública sería completamente distinta a la impulsada por los candidatos del PRIAN y sus gobernantes desde hace treinta años caracterizada por la aplicación de políticas neoliberales y de austeridad social que han empobrecido y precarizado a las mayorías en nuestro país. En este sentido, cualquiera de los candidatos de la derecha, ya sea el del PRI o el del PAN, no haría otra cosa más que continuar y profundizar ese modelo neoliberal de austeridad social, de privatización económica y de entrega de los recursos naturales y energéticos a las grandes trasnacionales monopólicas del capital internacional, mientras que el candidato de la cuarta transformación, si bien no cuestiona a la inversión extranjera directa e indirecta, como tampoco la propia existencia del sistema capitalista neoliberal dependiente que priva en México con todas sus coordenadas cimentadas en la explotación del trabajo por el capital, en la propiedad privada de los medios de producción y de la tierra, así como la existencia de la estructura y de las luchas de clases, plantea al menos un proyecto que en ese marco podría beneficiar por ejemplo en materia de desarrollo social a sectores empobrecidos y marginados de la sociedad.
Por otro lado, también podría mejorar nuestra posición internacional al rescatar la política exterior mexicana cimentada en los principios de la autodeterminación de los pueblos y en la no intervención de los Estados en los asuntos de otros Estados tal y como mandata la Fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política y la Doctrina Estrada que fundamentan dichos principios obligatorios del Estado mexicano y que han sido violados por las últimas administraciones gubernamentales.
Esa Fracción X de la Constitución estipula:
"Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos : la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias ; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales" (cursivas nuestras). (Fracción reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011).
De esta forma, por ejemplo, se acabaría con el grosero intervencionismo pro-imperialista que ejerce el Estado mexicano y su gobierno al margen del pueblo y del Congreso en contra de la República Bolivariana de Venezuela bajo los lineamientos geopolíticos y estratégicos ordenados por el Departamento de Estado articulados en la política contrainsurgente del neo-monroísmo que Estados Unidos viene implementando en América Latina provocando la caída de los gobiernos progresistas y el fortalecimiento de los gobiernos neoliberales de derecha que sirven a dichos intereses.
Un gobierno de nuevo cuño, por vez primera distinto al PRIAN (2000-2018), podría impulsar una serie de proyectos como por ejemplo la terminación y creación de nuevas refinerías para comenzar a reducir la irracional importación de gasolinas en más de 75% de Estados Unidos donde es mucho más barata que la que se vende en México. Asimismo en materia interior se le podría exigir al nuevo gobernante el cumplimiento de compromisos de campaña en materia de derechos humanos que han sido masivamente violentados por los gobiernos del PRIAN, particularmente luego de la declaración de la guerra al narcotráfico por Felipe Calderón que ha dejado hasta la fecha un saldo de miles y miles de muertos (algunas estimaciones calculan alrededor de los 250 mil), la multiplicación de las bandas criminales, la extensión de la inseguridad y de la violencia por todo el país, incluyendo la Ciudad de México; la aparición de fosas clandestinas y la desaparición forzada de cientos de luchadores y líderes sociales, sin contar los innumerables presos políticos que purgan penas en los reclusorios y penales del país. En este tema existe ya un compromiso público de López Obrador con los padres de los 43 normalistas desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado para formar una Comisión de la Verdad que investigue, aclare y resuelva este atroz crimen de lesa humanidad y por primera vez se imparta justicia.
Estas son algunas de las cuestiones que podrían cambiar inscritas en lo que se denomina la "cuarta transformación" que, a nuestro juicio, no alcanza para anunciar un cambio de régimen político —como mucho menos se podría siquiera pensar con las otras dos coaliciones del PRIAN inmersas en el carcomido modelo neoliberal a ultranza— a no ser que tal vez el nuevo gobierno verdaderamente implemente el plebiscito o referéndum a mitad del mandato, como propuso López Obrador, para consultar a la ciudadanía en relación con el hecho de si está o no de acuerdo con que continúe el presidente en turno en la silla presidencial. Entonces sí se podría pensar que México avanza a un cambio desde un régimen presidencialista autoritario vigente de transición pactada, a otro semi-presidencialista con democracia representativa, aunque inferior a los regímenes de democracia participativa como es el caso de Venezuela. Pero también todo ello habrá de depender de la movilización y de la presión popular que obligue al gobierno a cumplir sus promesas de campaña, particularmente en materia de justicia social y de verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad que son los baluartes fundamentales del actual régimen autoritario de gobierno y que más allá de las candidaturas presidenciales y de las personas, son los ejes que han articulado el descontento social y el hartazgo de la enorme masa de la población frente al agotamiento y crisis del régimen político partidocrático autoritario de transición pactada impulsado por la tecno-burocracia del PRIAN en los últimos treinta y seis años.
Adrián Sotelo Valencia. Sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

12/27/2017

México en la era Trump


Presencia de un pasado colonial


Dependencia y neocolonialismo
Los países que en el pasado tuvieron un status colonial, como los de América Latina, con los procesos de la independencia política de la Península Ibérica desplegados entre principios y la primera mitad del siglo XIX, consiguieron forjar un perfil político propio al constituir sus Estados nacionales al calor de la expansión del capitalismo mundial. Con ello si bien se logró una independencia política de las metrópolis (española, portuguesa, francesa y británica) a la par que se mantuvo cierta continuidad del período colonial, éste trocó su configuración en estructuras de dependencia que correspondieron a la nueva configuración de las formaciones sociales capitalistas en la periferia que, a la par que se integraron a la economía mundial, lo hicieron pero en un status subordinado a las principales potencias expansivas durante ese período histórico que concluye en lo básico a mediados de ese siglo con el arribo de Estados Unidos como un nuevo centro de dominio y de poder bajo el "excepcionalismo norteamericano" (LIPSET, 2000) que sellará uno de sus más importantes slogans publicitarios.
Marini distingue la categoría colonia de la de dependencia en el contexto de los países que orbitan en la periferia del sistema capitalista internacional gobernado por las grandes potencias del orbe: "…la situación colonial no es lo mismo que la situación de dependencia. Aunque se dé una continuidad entre ambas, no son homogéneas" (MARINI, 1973: 19). Con la independencia y la constitución de los Estados nacionales, América Latina en torno a Inglaterra y, más tarde de Estados Unidos, cumplirá un conjunto de funciones, como se advierte en seguida:
"Forjada al calor de la expansión comercial promovida, en el siglo XVI, por el capitalismo naciente, América Latina se desarrolla en estrecha consonancia con la dinámica del capital internacional. Colonia productora de metales preciosos y géneros exóticos, en un principio contribuyó al aumento del flujo de mercancías y a la expansión de los medios de pago, que, al tiempo que permitían el desarrollo del capital comercial y bancario en Europa, apuntalaron el sistema manufacturero europeo y allanaron el camino a la creación de la gran industria. La revolución industrial, que dará inicio a ésta, corresponde en América Latina a la independencia política que, conquistada en las primeras décadas del siglo XIX, hará surgir, con base en la nervadura demográfica y administrativa tejida durante la colonia, a un conjunto de países que entran a gravitar en torno a Inglaterra. Los flujos de mercancías y, posteriormente, de capitales, tienen en ésta su punto de entroncamiento: ignorándose los unos a los otros, los nuevos países se articularán directamente con la metrópoli inglesa y, en función de los requerimientos de ésta, entrarán a producir y a exportar bienes primarios, a cambio de manufacturas de consumo y —cuando la exportación supera sus importaciones— de deudas (MARINI, 1973: 16-17).
Es sobre la base de las relaciones de dependencia, construidas desde el período colonial, que las economías de América Latina proseguirán su desarrollo sin menoscabo de superación de dichas relaciones y, más bien, reproduciéndolas en torno a sus límites marcados por los centros desarrollados del capitalismo avanzado. De esta forma,
"Es a partir de este momento que las relaciones de América Latina con los centros capitalistas europeos se insertan en una estructura definida: la división internacional del trabajo, que determinará el curso del desarrollo ulterior de la región. En otros términos, es a partir de entonces que se configura la dependencia, entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra" (MARINI, 1973: 18).
¿Esta situación histórico-estructural de México y de los países latinoamericanos ha cambiado en lo que va del siglo XXI? La respuesta es negativa porque más bien se ha profundizado sobre todo en aquéllos países más estrechamente dependientes como México cuyos regímenes políticos han venido "cediendo soberanía" al imperialismo norteamericano y a los organismos monetarios y financieros internacionales, en los últimos años. La dependencia estructural la reanima y renueva día a día el gobierno y el empresariado nacional y extranjero mediante sus políticas económicas centradas en la sempiterna "corrección del déficit fiscal", en la austeridad social, la privatización económica, la manutención de salarios paupérrimos para los trabajadores: todo ello encaminado a garantizar altas tasas de ganancia para el gran capital nacional y extranjero.
Ausencia total de un proyecto alternativo frente a la crisis capitalista del país
Bajo el actual bloque de poder lumpenburgués (FRANK, 1971) —constituido por las clases dominantes dependientes y colonizadas, por sus fracciones monopólicas y financieras integradas a la dinámica de acumulación de capital de Estados Unidos, por la partidocracia (principalmente los partidos alineados francamente a la derecha y ultraderecha); las cúpulas del sindicalismo corporativo y charril; el sector corporativo del campesinado y las mafias delictivas que operan a lo largo y ancho del país— en México es impensable que, bajo el cobijo del gobierno norteamericano del presidente Trump y el actual de México encabezado por el PRI y la partidocracia, en 2018 y durante el nuevo sexenio presidencial que se abre entre 2018-2024, la dependencia, la crisis estructural del capitalismo y la problemática social vayan a superase y a cambiar en un sentido favorable para las mayorías que integran la población del país, a no ser que éstas pudieran conquistar el poder modificando la correlación de fuerzas. No siendo así, la crisis del patrón de acumulación y de reproducción del capital dependiente especializado en la producción manufacturera-maquiladora para el mercado mundial fuertemente dependiente de Estados Unidos, proyecta procesos y tendencias, en el mediano y largo plazos, que implican profundizarla aún más, no sólo en el ámbito nacional, sino del capitalismo mundial que se hará más extensa y profunda, incluso en los propios Estados Unidos, con la implementación de sus políticas proteccionistas y restrictivas, aunado a los problemas derivados del necesario incremento, casi inminente, del gasto militar con el fin de contrarrestar el creciente poderío de potencias de verdadero porte nuclear como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, India o Paquistán.
Ante estos hechos completamente adversos para México, en tanto país dependiente y subdesarrollado, el gobierno en turno, al igual que las dos administraciones panistas que lo antecedieron durante la docena   trágica (2000-2012) carece completamente de un proyecto nacional alternativo que no sea, si es que así lo entienden como tal, el neoliberal-dependiente-neocolonial-corporativo-conservador en crisis gobernado desde Estados Unidos y por el FMI y en el que las autoridades mexicanas colonizadas son sólo empleados del Poder Imperial del gobierno de Donald Trump. Lo grave de esta situación vergonzosa no lo es tanto para el régimen priista y sus personeros quienes perciben multimillonarias ingresos por hacer su trabajo de gazapo a favor del imperialismo, sino para los millones de trabajadores y ciudadanos
mexicanos que tendrán que enfrentar un recrudecimiento de la crisis económica, de la inflación y del desempleo que, por supuesto, acarreará la construcción de un muro que divida ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, en el caso de que se complemente (1), cuando se vean forzados a retornar miles de trabajadores indocumentados que presionaran aún más los ya raquíticos y precarios mercados de trabajo y salarios nacionales en un México inhóspito, repleto de injusticia social, impunidad, pobreza y corrupción.
En segundo lugar, se verán también afectados más de 11 millones de trabajadores indocumentados que ya han sido amenazados con confiscarles, mediante impuestos, parte de sus salarios que reciben por la impiedosa superexplotación de su trabajo por parte de la patronal estadunidense con la consiguiente disminución de los envíos de remesas que hacen a sus familiares en México para medio sobrevivir ante la falta de recursos y la crisis económica del país, la prevalencia de un régimen de bajos salarios, altísimo desempleo y subempleo, pobreza, miseria extrema e inseguridad galopante. Realidad impía que pasa desapercibida para el gobierno mexicano que prefiere mantener un cómplice silencio frente a las agresivas acciones del gobierno norteamericano, como la deportación masiva de trabajadores indocumentados, la construcción del muro de la ignominia y la imposición de negociaciones leoninas del TLC bajo la actitud dócil y pasiva de las autoridades mexicanas.
A pesar de todo, percibimos en lo anterior una muy buena noticia por varias razones. En primer lugar, porque desde una perspectiva libertaria y crítica que, por supuesto, no es la de las clases dominantes, de ninguna manera vamos a defender a las empresas trasnacionales cuya única raison d'être es la de obtener enormes beneficios y transferirlos a sus centros de origen a costa de la superexplotación del trabajo y el despojo de sus derechos como ha venido ocurriendo desde la entrada en vigor del TLC en enero de 1994. En segundo lugar, por el hecho de que las decisiones tomadas desde los altos círculos oficiales y privados de Estados Unidos —como la amenaza de Trump contra empresas como General Motors de imponerles impuestos si siguen fabricando sus vehículos en México— afecten y sacudan de esta manera a un país subdesarrollado como México no hace más que poner al desnudo la perniciosa dependencia histórico-estructural y su vertiente neocolonial respecto a Estados Unidos. Por último, se descubre, de este modo, la imperante necesidad de desarrollar un proyecto nacional alternativo de desarrollo, no capitalista, democrático y humano que por primera vez en la historia de México ponga en su centro los intereses y necesidades populares y de los trabajadores y resuelva de raíz los grandes y graves problemas sociales y humanos. Sólo que para que esto ocurra y sea viable en el mediano y largo plazos es imprescindible deponer al actual gobierno pro-imperialista y antinacional cuyo horizonte no mira más allá de los intereses de la burocracia y partidocracia que lo detentan encuadrados en la estrategia norteamericana de dominación continental. En el marco de esta estrategia geopolítica el gobierno norteamericano, a través del National Intelligence Council, percibe el desgaste del régimen de gobierno priista y en general de la derecha a tal grado que ha llegado a sustentar que la "izquierda" —que no refiere quién es, ni la identifica como tal, a no ser que sea toda aquella fuerza política que identifique como "antiamericana" no importando, incluso, que sea efectivamente parte de la derecha nacional — puede ganar las elecciones presidenciales de 2018: "With presidential elections in 2018 and Peña Nieto limited to one term, voters may lean toward a more leftist opposition that pushes to roll back reforms and trade deals if reforms do not reduce Mexico’s stark economic divide" (NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, enero de 2017: 137).
En una franca intromisión en los asuntos mexicanos completamente violatoria de las leyes mexicanas, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John KELLY (EL UNIVERSAL, 06 de abril de 2017) declaró que: "En ese momento hay mucho sentimiento antiestadounidense en México. Si las elecciones fueran mañana México, probablemente tendría un presidente de izquierda, antiamericano. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos " (negritas y cursivas nuestras).
Ante esta grosera e impúdica intromisión del representante imperial, ni las autoridades mexicanas ni el suculento Congreso dijeron una sola palabra al respecto, más bien permanecieron en su mutismo vergonzante que caracteriza al régimen político mexicano cuando se trata de defender los intereses nacionales y a los trabajadores. La buena noticia es que esta injerencia desnudó las profundas relaciones de desigualdad y de dependencia de un país subdesarrollado como México cuyo comercio exterior depende en más de 80% de la dinámica económica de la potencia del norte mientras que ésta se da el lujo de imponer su política cuando lo considere conveniente a sus intereses estratégicos.
A pesar de los buenos oficios y señales que el gobierno mexicano le envió al de Estados Unidos en el sentido de "negociar" nuevas condiciones para "modernizar" la relación México-Estados Unidos a través del TLC, en este nuevo escenario antimexicano de proteccionismo, cerrazón, xenofobia, racismo y misoginia del Presidente Trump y su gabinete blanco, la respuesta contundente y envalentonada que de éste recibió el gobierno mexicano y su presidente, Peña Nieto, fue la contundente ratificación de la construcción del muro de la ignominia (Le Mur de la Honte) que, además, tendrá que ser pagado por México – es decir, por el pueblo mexicano – so pena de imponerle impuestos compensatorios de hasta 20% a nuestras exportaciones que se envían a ese país en el caso de negarse a cumplir con los caprichos y designios del presidente norteamericano. Esto a pesar de que el 4 de enero de 2017, seguramente por indicaciones de Donald Trump quien de este modo hizo su primer nombramiento en México, Peña eligió a su amigo Luis Videgaray —ex-ministro de Hacienda, responsable del desastre económico-financiero, del incendiario gasolinazo que sacudió hasta las entrañas del país— como el nuevo Canciller el cual, como un auténtico aprendiz de brujo, en su "toma de posesión" declaró sin tapujos: "Yo no conozco la Secre­taría de Relaciones Exte­riores, no soy un diplomático; nunca he tenido más allá de los encargos pro­pios de la Secre­taría de Hacienda en su actividad internacional...vengo a aprender..." (Subrayados míos). En los momentos en que el país requiere una política exterior digna y contundente frente a los embates anti-mexicanos y xenófobos del magnate norteamericano, la pregunta que cabe hacer inocentemente es ¿por qué elegir a alguien que confiesa abiertamente su ignorancia y su inclinación condicionar el hacia la potencia del norte? Seguramente la respuesta la tiene el mismo Trump. El flamante canciller, además, fraguó la "visita" injerencista del magnate a México el 31 de agosto de 2016 cuando éste era candidato a la presidencia de su país y, aun así, se le dio trato como si fuera Jefe de Estado.
Quizás con excepción del general Lázaro Cárdenas, las autoridades mexicanas desde el nivel presidencial hacia abajo han doblado dócilmente las manos, porque las tienen atadas y empeñadas, en torno de las amenazas de hacer pagar el muro de Trump de manera compulsiva al pueblo mexicano, condicionando esta acción a la revisión-modernización del TLC o, en su caso, bajo la amenaza del abandono del mismo por parte de Estados Unidos.
La actitud lacrimosa, timorata y tibia del gobierno mexicano, a través de su aprendiz de ministro de Relaciones Exteriores, Videgaray, frente a las contundentes decisiones de Washington, además de tardía y carente de contenido, simplemente consistió en decir que "no se iba pagar el muro", pero sin plantear, ni agenda, ni mecanismos concretos para no hacerle frente a una decisión tomada de antemano desde la Casa Blanca. Obviamente el gobierno tampoco ofreció explicaciones, ni mucho menos, alternativas viables y concretas a los millones de indocumentados que trabajan en Estados Unidos y cuya deportación pende de un hilo, como tampoco al pueblo mexicano que ya padece los efectos lacerantes de la crisis estructural del país exacerbada por los infames gasolinazos decretados por el gobierno en turno y que han incendiado la inflación, el desempleo, la carestía de la vida y todo tipo de calamidades sociales y humanas. Brilla por su ausencia un proyecto alternativo de nación por parte de la actual administración gubernamental, de las clases dominantes, de los partidos políticos oficiales y del lumpen-empresariado debido no únicamente a la fuerte dependencia que mantienen no sólo del ciclo económico de Estados Unidos, de sus procesos de concentración y centralización de capital y de las grandes trasnacionales como, además, de su estrategia geopolítica consistente en mantener el status de México como su "patio trasero" que, afortunadamente en otras experiencias como las ocurridas en Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador, ha sido superado a pesar de desenvolverse todavía en los carcomidos rieles del capitalismo dependiente y subdesarrollado.
El régimen aferrado a los dogmas del neoliberalismo desgastado
Frente al neoproteccionismo que está impulsando la nueva administración estadounidense, el gobierno mexicano se aferra al viejo y desgastado ultraneoliberalismo conservador en crisis lacerado por las profundas contradicciones abiertas en su economía, en la sociedad y en el régimen político, y que han conducido a deteriorar inusitadamente lo que los medios corporativos de comunicación llaman la "popularidad" o "índice de aprobación" del presidente, de su gabinete y de su partido que han sumergido a nuestro país en la mayor crisis de su historia, sólo solventada en determinadas coyunturas por las luchas populares y de los trabajadores en la defensa de sus intereses, de la nación y de sus condiciones de vida y de trabajo.
La aguda problemática que va enfrentar el capitalismo mexicano es la agudización y aceleración de la crisis del patrón de acumulación dependiente exportador fundado en la producción-exportación de manufacturas cuyo eje es la actividad maquiladora, la cual tiene como núcleo duro justamente la industria automotriz transnacional y que, por órdenes del magnate, va a agudizar dicha crisis al paralizar las nuevas inversiones en México y retornar sus plantas a los propios Estados Unidos como ya está ocurriendo con la Ford, la General Motors y con otras empresas como Carrier productora de equipos de aire acondicionado que canceló sus actividades en México. Aferrado al carcomido fondomonetarismo neoliberal, el gobierno mexicano ha centrado toda su estrategia de crecimiento – que no de desarrollo – en la apertura externa de inversiones extranjeras y de los mercados, en el subsidio al gran capital privado nacional y extranjero, en la privatización dio un remate de las empresas públicas propiedad de la nación, en la política de bajos salarios, estancados prácticamente desde la década de los setenta del siglo pasado en relación con la inflación inducida por el Estado y los empresarios, en la crisis de la agricultura de temporal y campesina en beneficio del agronegocio de exportación, en las llamadas reformas estructurales energética, laboral, de las telecomunicaciones, educativa y fiscal en entero beneficio del empresariado nacional y extranjero, entre otras medidas neoliberales impulsadas desde el poder federal por los gobiernos del PRI y del PAN en los últimos 35 años y en algunos estados de la República, así como en la Ciudad de México, por los gobiernos de pseudo-izquierda del PRD.
En la lógica de los intereses del Fondo Internacional y del Banco Mundial, la "apertura" de México comenzó con su ingreso al GATT en julio de 1986, continuó con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) el 17 de diciembre de 1992 con Estados Unidos y Canadá y su entrada en vigor el 01 de enero de 1994. Unos meses después, en mayo de este año, con el ingreso a la OCDE y culminó con la entrada en el TTP en febrero de 2016 que terminó por abandonar su principal impulsor, Estados Unidos. Durante todo este período la tasa de crecimiento del país ha sido estacionaria al arrojar un promedio no mayor a 2%, contra 6,5% del "desarrollo estabilizador" a partir de mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado hasta la entrada formal —y como régimen— del neoliberalismo en 1982 bajo los auspicios del gobierno priista de Miguel de la Madrid.
La integración conservadora
Los supuestos beneficios de la integración conservadora de México bajo los lineamientos de Estados Unidos y de los organismos monetarios y financieros internacionales, han sido completamente nulos para la mayoría de los trabajadores mexicanos en ambos lados de la frontera. En el espacio nacional, porque éstos siempre han sido marginados de los presuntos beneficios de dicha integración y de los tratados firmados entre sus élites y los gobiernos al amparo de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y del capital internacional, quienes efectivamente han salido completamente beneficiados mediante la obtención de enormes y jugosas ganancias extraídas de la superexplotación de la fuerza de trabajo, de la poca o nula organización sindical y de la imposición de estatutos laborales discriminatorios, flexibles y excluyentes de sus derechos y demandas.
Del otro lado de la frontera, los trabajadores, que han emigrado hacia ese país debido a las pocas o nulas oportunidades de empleo existentes en el suyo, además de percibir salarios muy por debajo del promedio de los que reciben los trabajadores norteamericanos en el campo y en el servicio doméstico, son humillados y discriminados por la patronal que los contrata, víctimas de los traficantes de personas (los llamados "polleros"), de las arbitrariedades constantes que cometen contra ellos incluso ciudadanos que los discriminan y bajo la constante amenaza, por parte de las autoridades norteamericanas —y, en algunos casos, de sus propios "empleadores" que los denuncian— de ser expulsados en cualquier momento debido a su estatus de ser trabajadores indocumentados.
Con la entrada en vigor del proteccionismo a ultranza sustentado en un nacionalismo burgués profundamente conservador y racista, todos los neoliberales de izquierda y derecha han puesto el grito en el cielo y no saben cómo ajustar sus evangelios ultra neoliberales pendientes de la dinámica de las mal llamadas "fuerzas del mercado" al carecer de un proyecto alternativo fuera de los cánones del neoliberalismo, del proteccionismo y la integración dependiente.
Hay que aclarar y subrayar con fuerza que no solamente la crisis del mundo capitalista se circunscribe a estas políticas del Estado y el capital, sino en profundidad ¡al mismo capitalismo!, lo que coloca la problemática contemporánea de la crisis en una perspectiva distinta a la planteada mayoritariamente por los enfoques neoclásicos y keynesianos (para la crisis del capitalismo véase SOTELO, 2010, HUSSON, junio de 2016 y CHESNAIS, marzo de 2017).
Servilismo lumpen-burgués al servicio de Washington
Ante el humillante espaldarazo que le propinó el magnate norteamericano al gobierno mexicano en relación con su decisión de construir el muro de la ignominia —que dígase de paso p ara el capital no existen muros ni obstáculos, para eso existen las transacciones financieras por medios electrónicos— de abandonar el TTP y ordenar la revisión o, en su caso, anulación del TLC, el canciller Videgaray y Peña Nieto no sólo no tienen propuestas frente a estas decisiones imperiales, sino que han permanecido completamente a expensas de los dictámenes presentes y futuros del Congreso y presidente norteamericanos. En este escenario, que como dice el slogan "a río revuelto ganancia de pescadores" no han faltado los agoreros que se erigen como portadores de soluciones mágicas, por supuesto, encuadradas en los marcos del capitalismo del subdesarrollo y del sistema político de dominación vigente en el país. Los espectros del pasado hacen nuevamente su aparición: desde un Ernesto Zedillo, priista, ex-presidente de México y privatizador de los ferrocarriles nacionales que vendió a Estados Unidos, pasando por "nacionalistas revolucionarios" como Cuauhtémoc Cárdenas, ex-priista, fundador y "líder moral" del PRD, ex- Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora ex-perredista y "políticamente independiente", hasta uno de los más consentidos lumpen empresarios del régimen de todos los tiempos, el señor Carlos Slim quien, con su acaudalada y millonaria riqueza, se convirtió en uno de los individuos más ricos del mundo, ha salido a la palestra mediática para proponer supuestas "salidas inteligentes" a la tensión entre México y Estados Unidos. A pesar de tener una gran parte de sus inversiones en este último país, el "neodesarrollista" Carlos Slim —previa cena que tuvo con el magnate y uno de los beneficiarios de la privatización energética dispuesta por las reformas estructurales del gobierno y, por supuesto, del gasolinazo— ha intentado rebajar la problemática de la crisis económica de México, exacerbada por los efectos reales y mediáticos de la toma de decisiones del magnate norteamericano, para presentar supuestas "alternativas" bajo el paraguas de una —inexistente— "unidad nacional" que sólo existe en sus bolsillos y en su mente de lumpen-empresario. En una Conferencia de Prensa (27 de enero de 2017), después de afirmar con sapiencia y profundidad que Trump "No es Terminator, es Negotiator", propuso "…la necesidad de volcarnos de nuevo y por completo al desarrollo del mercado interno y a consumir lo producido en el país, porque la mejor barda son las inversiones, la actividad económica y el empleo en México. La gente se va porque no encuentra oportunidades aquí, no se va a turistear". Pero en esta frase no dice que México depende de la producción y de los insumos básicos que importa de Estados Unidos lo que limita enormemente ese mercado interno. El magnate mexicano descubre el anillo de la espiral en una vuelta también al pasado para sustentar el desarrollo de México en el impulso del otrora caduco y superado "neodesarrollismo" capitalista, pero en el capitalismo al fin. No dice que el mercado interno se dinamiza con ingresos que obtienen los distintos sectores de la sociedad, es decir, las distintas clases sociales antagónicas que la constituyen, a partir de su peculiar lugar que desempeñan tanto en dicha estructura como en el sistema productivo y, por ende, en el espacio del mercado en la esfera de la circulación y en la distribución de los ingresos. Éstos se obtienen de tres fuentes que son el salario —que produce el mismo trabajador como un equivalente del valor de su fuerza de trabajo y percibe la mayoría de los trabajadores asalariados explotados por el capital—; la ganancia derivada de la plusvalía que producen millones de trabajadores y se apropian los capitalistas; por último, la renta de la tierra que es una parte alícuota que se deriva de la ganancia de empresario con destino al bolsillo de la oligarquía terrateniente propietaria de las grandes extensiones y fortunas territoriales tan abundantes en nuestro país.
En esta estructura del capitalismo en general no existe otra "fuente" de ingresos distinta a estas tres y que, además, se derive de otra categoría que no sea la plusvalía producida mediante la explotación y superexplotación del trabajo por el capital. Por lo tanto, recordando a tres clásicos del estructuralismo de la CEPAL (Raúl Prebich, Celso Furtado, Aníbal Pinto) para reactivar y hacer crecer el mercado interno se requiere aumentar los ingresos de la población, empezando por los salarios que, en México, prácticamente vienen en picada desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado, cuestión sobre la cual el señor Slim no dice, por supuesto, una sola palabra.
En relación con la otra propuesta del magnate mexicano respecto a "consumir lo producido en el país", ignora completamente que lo que se produce y se consume en el país tiene un alto contenido de valor importado, particularmente de Estados Unidos y que es justamente lo que explica el constante déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial y, por ende, de pagos, la cual es deficitaria desde mediados de la década de los treinta del siglo pasado, registrando sólo cinco superávits durante la década de los ochenta del siglo anterior hasta la fecha.
Las inversiones provienen del capital privado nacional y extranjero que desde hace 30 años se destinan a enriquecer más a los más ricos y empobrecer más a los más pobres. La actividad económica ha entrado en un cuasi estancamiento productivo derivado de las políticas capitalistas del Estado mexicano impulsadas e impuestas en las últimas tres décadas, mientras que el empleo ha sido completamente insuficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y los empleos creados en su mayoría son precarios, de baja productividad e ingresos frente a un crecimiento inusitado de la tasa de desempleo abierto, del subempleo (léase informalidad que cubre el 60% de la población económicamente activa); de la pobreza "normal" y de la pobreza extrema, cuestiones sobre las que, por supuesto, el sapiente magnate mexicano, al igual que la mayoría de los personeros del gabinete de gobierno en turno, no dicen una sola palabra.
Al pontificar las "alternativas del desarrollo" para México frente a la dependencia de Estados Unidos, el homólogo de Trump lo ponderó:
"Trump es un gran negociador. Hay que conocer su libro para no espantarnos. Me parece que está tocando para saber si tenemos alguna debilidad. Lo peor para tratar con él es enojarse. A lo mejor está provocando para negociar…El presidente estadunidense, quien tiene una gran estimación por México, representa un gran cambio en la forma de hacer política y de gobernar". (LA JORNADA, 28 de enero de 2017).
El señor Slim ignora la sentencia de John Foster Dulles, secretario de Estado de Dwight Eisenhower, cuando afirmó que "Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses" que deberían además de recordar todos aquéllos que todavía confían en la "buena voluntad" de Estados Unidos para resolver nuestros problemas. Cuando el magnate mexicano sugiere que alguien que cataloga a los inmigrantes mexicanos como "criminales y violadores" "tiene una gran estimación por México", sería bueno interrogarse qué pasaría si el xenófobo presidente norteamericano no nos estimara: ¡seguramente tendríamos a los marines listos para recibir la orden para invadir al país para recordarnos su "buena amistad".
El efecto Trump y el descontento popular
Estas notas permiten confirmar que el gobierno mexicano, cómplice de la construcción del muro de la ignominia ya en su primera etapa y de las políticas agresivas contra los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, está atrapado entre su neoliberalismo a ultranza, sin proyecto y agotado y el (neo) proteccionismo imperialista que actualmente comanda el presidente Trump.
El "efecto Trump" se ha utilizado como un distractor por parte de autoridades, empresarios y políticos mexicanos para intentar frenar y desmovilizar el enorme descontento social de la población que antes y después de la designación del magnate, se viene expresando mediante marchas, mítines, toma de instalaciones y de recintos gubernamentales, bloques carreteros contra la política antipopular y antiobrera del gobierno de Peña Nieto que ha agudizado la crisis económica mediante los gasolinazos y las amenazas de liberar los precios de los energéticos para cumplir con sus compromisos con las empresas trasnacionales y los organismos internacionales que son los nuevos dueños de los energéticos mexicanos gracias a las "reformas estructurales". En el fondo lo anterior obedece a las demandas que estas empresas, entre ellas las norteamericanas, reclaman como condición previa para invertir: la liberalización —léase aumento— de los precios que les reditúen altos beneficios que incrementen sus procesos de acumulación y centralización de capital.
Ante esto el gobierno de Peña y el empresariado dependiente tendrán que resignarse a esperar dócilmente las instrucciones de la Presidencia Imperial mientras se agudiza la crisis económica en el país y sus efectos lacerantes se echan sobre las espaldas de la sociedad y de los trabajadores, como viene ocurriendo sistemáticamente hace ya más de tres décadas a golpe de gasolinazos contra la población, de incremento de impuestos y de los precios de los productos básicos y de contención salarial.
Mientras tanto, los de siempre: los empresarios, los políticos de todos los colores de partido y el gobierno, impulsan un risible simulacro de "unidad nacional" —que recuerda la proclamada por el presidente Ávila Camacho (1940-1946) luego del estallido de la segunda guerra mundial— que en el fondo tiene el objetivo de sembrar la ilusión mediática en la sociedad de que se está enfrentando con "patriotismo" y "nacionalismo" a un "enemigo" que ha autorizado la edificación del muro de la ignominia, ordenado revisar o, en su caso, cancelar el pro-empresarial y trasnacional TLC y deportar a millones de trabajadores indocumentados que en México no tendrían otro destino más que el hambre, la miseria, el desempleo, el abandono gubernamental y la desilusión.
Solamente la movilización popular podrá frenar esta nueva embestida del imperialismo en México.
Nota:
(1) Hay que recordar que ya están construidos alrededor de mil 050 kilómetros de muros y vallas, cuya edificación comenzó a inicios de 1994 durante el gobierno de Bill Clinton en regiones de California primero y, más tarde en Arizona y Nuevo México.
Referencias
Adrián Sotelo Valencia es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM.
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