Claudia contra las armas (I)

 Carlos A. Pérez Ricart

“Hay una enorme brecha entre el impacto de las armas y las acciones que se toman desde los gobiernos de América del Norte”.

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La evidencia es contundente: el flujo de armas estadounidenses tiene un impacto directo en la violencia homicida que padece nuestro país. Este impacto es medible y predecible. Veamos.

Según datos del INEGI, en 2022 se registraron 32 mil 223 homicidios en todo el país. Según estas mismas cifras, en el 67% de los casos, la causa de la defunción fue catalogada como “agresión con disparo de arma de fuego”. Esto es, 21 mil 547.

Aquel año, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno de Estados Unidos (ATF) estimó que el 65.5% de las armas encontradas en escenas del crimen en México provenían de Estados Unidos. Si extrapolamos ese porcentaje al total de homicidios, obtendremos que, en 2022, unos 14 mil 118 homicidios (el 43.8% del total) habrían sido perpetrados con un arma ilegal proveniente de aquel país.  De ese tamaño es el impacto en homicidios del comercio ilegal de armas.

Esto no tiene por qué ser así. Son homicidios que pueden evitarse y deben reducirse.

Según estimaciones del gobierno de México, en la última década, unas dos millones de armas de fuego habrían sido traficadas de manera ilegal desde Estados Unidos. Algo así como 200 mil armas al año. Esto significa que, en promedio, todos los días son contrabandeadas unas 547 armas por los diferentes pasos fronterizos localizados en los 3 mil 169 kilómetros de frontera que comparten nuestros países. Todos los días.

Frente a esa realidad se hace muy poco. En su reciente libro Exit Wounds: How America’s Guns Fuel Violence across the Border, la investigadora Ieva Jusionyte (University of California Press, 2024) recupera datos sobre los esfuerzos en México y Estados para detener el tráfico transfronterizo de armas. Las cifras son desalentadoras y dan cuenta de la negligencia con la que se trata el tema en uno y otro lado del Río Bravo.

En todo 2019, por poner un ejemplo, la Administración General de Aduanas de México logró confiscar el gran total de 122 armas, un promedio de un arma cada tres días. Esto incluye todas las inspecciones hechas en los cruces de Agua Prieta (Sonora), Juárez (Chihuahua), Colombia (Nuevo León), Mexicali (Baja California), Naco (Sonora), Nogales (Sonora), Nuevo León (Tamaulipas), Ojinaga (Chihuahua), Piedras Negras (Coahuila), Reynosa (Tamaulipas) y Tijuana (Baja California).

Ese mismo año, las autoridades estadounidenses no fueron mucho mejores. Según una solicitud de información hecha por Ieva Jusionyte y referida en su obra, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) logró confiscar 226 armas de fuego entre todos las inspecciones realizadas a lo largo de la frontera.

Sumados los esfuerzos mexicanos y estadounidenses, en 2019 fueron confiscadas en trabajos de inspección aduanal 348 armas, casi una diaria. Esto significa que, grosso modo, una de cada 547 armas es confiscada en su tránsito ilegal de Estados Unidos a México. Una aguja en un pajar.

Esto no puede ser así. El enorme tráfico ilegal de armas y las pocas acciones que se toman para prevenirlo no son normales para dos socios comerciales. Hay una enorme brecha entre el impacto de las armas y las acciones que se toman desde los gobiernos de América del Norte.

La administración de Claudia Sheinbaum puede (y debe) tomar acciones contundentes. Además, tiene un amplio margen de maniobra para obligar al gobierno de Estados Unidos para que asuma su parte de responsabilidad. En mis siguientes columnas esbozaré algunas propuestas que puedan servir a Claudia Sheinbaum a enfrentar el que es —desde mi punto de vista— el reto más grande que tiene en materia de seguridad y uno de los más sobresalientes de la agenda bilateral.

No hacer nada es seguirse acostumbrando a lo peor, aunque para lo peor nunca hay límites.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

Esto es un cambio de régimen

  Carlos A. Pérez Ricart

“Durante 25 largos años ese ecosistema se mantuvo ajeno e ignorante de las exigencias de la mayoría. ¿Cómo logró mantenerse aislado del resto de los procesos de cambio que sufrió el país? No lo sabemos”.

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El sábado primero de junio, un día antes de la elección presidencial, en uno de sus siempre sugerentes ensayos, Jorge Zepeda Patterson se preguntaba si la llamada “Cuarta Transformación será un parteaguas en la historia de México […] o simplemente un movimiento pendular tras los excesos de la globalización y el agotamiento de los partidos políticos tradicionales”. El periodista situaba el debate en términos algo más metafóricos: “¿un desplazamiento de las capas telúricas o un mero ajuste para paliar el riesgo de una explosión social?”.

No han pasado ni dos semanas desde que Zepeda Patterson publicara su ensayo en EL PAIS[1], pero lo acontecido desde entonces parece indicar que, en efecto, estamos ante algo más que un simple balance oscilatorio. Estamos, en palabras de Ariel Rodríguez Kuri, ante un “nuevo equilibrio entre la representación política, el gobierno y las estructuras abocadas a la impartición de justicia y protección de derechos”.[2] Esto es, un cambio de régimen.

Está, por supuesto, el elemento de la contundencia del triunfo electoral. Ni los más optimistas esperaban se ganara por un margen tan amplio. El mensaje de las urnas fue uno e inequívoco: ni gatopardismo ni zigzagueo. Profundización.

Pero no se trata solo del triunfo, por más grande que éste haya sido. Lo más relevante es cómo, a menos de dos semanas de la elección, existe consenso en torno a los fundamentos del discurso obradorista, incluyendo la convocatoria a reformar el sistema judicial.

La mejor señal de que estamos ante un cambio de régimen es la anuencia (así sea implícita) por parte de los sectores de la oposición de que las premisas básicas que llevaron a Claudia Sheinbaum a ganar la elección son, sino correctas, al menos las únicas capaces de generar consensos. En otras palabras: la matriz del obradorismo ya solo está a discusión en los márgenes de la esfera pública; su correlato hoy no tiene representación política significativa.

Tardó treinta años, pero hoy nadie que tenga futuro político por delante puede revirar la máxima más elemental del presidente saliente: “por el bien de todos, primero los pobres”. Con el tema de justicia comienza a suceder algo similar: tiros y troyanos empiezan a reconocer la urgencia por reformar el sistema judicial. No es casual que la oposición haya aceptado (a regañadientes) preparar una propuesta alternativa de reforma de justicia. Su silencio e inmovilismo los iba a llevar todavía más rápido a la tumba. Fuera del nuevo equilibro político solo está el abismo. Insisto: lo sabe cualquiera que quiera hacer política los siguientes años.

El logro no es menor: por primera vez, desde la transición, en México se discute públicamente el funcionamiento del aparato de justicia. Durante 25 largos años ese ecosistema se mantuvo ajeno e ignorante de las exigencias de la mayoría. ¿Cómo logró mantenerse aislado del resto de los procesos de cambio que sufrió el país? No lo sabemos. El caso es que hoy está en el centro de la discusión pública nacional. Es una buena noticia.

Falta mucho para conocer los términos finales en que será aprobada la reforma judicial. El reto del gobierno será convencernos de que, en efecto, su reforma logrará, como reza la iniciativa: “romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde las y los ministros, magistrados y jueces no son responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de los intereses personales y de grupos e intereses fácticos”.

En la discusión de los próximos meses conoceremos los alcances y deficiencias de la reforma. Ojalá haya apertura desde el gobierno por rectificar allá donde sea prudente hacerlo. La flexibilidad y la apertura no son enemigos de la profundización; al contrario, son su condición de posibilidad.

López Obrador dejará Palacio Nacional en menos de tres meses. Su mayor legado estará, sin embargo, en haber logrado que las premisas de su pensamiento político se volvieran sentido común en nuestra conversación pública. Podrán regatearle muchas cosas; eso no.

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[1] Véase: Jorge Zepeda Patterson, López Obrador, el presidente predicador, estadista y agotador, EL PAÍS, 1 de junio de 2024. Disponible en: https://elpais.com/mexico/opinion/2024-06-02/lopez-obrador-el-presidente-predicador-estadista-y-agitador.html

[2] Ariel Rodríguez Kuri, “Mi cambio de régimen (o el optimismo como recurso político), Nexos, 18 de enero de 2024. Disponible en: https://redaccion.nexos.com.mx/mi-cambio-de-regimen-o-el-optimismo-como-recurso-politico/

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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El segundo triunfo del obradorismo

Carlos A. Pérez Ricart

La del domingo fue para el obradorismo una victoria aún más relevante que la del 2018. Esto, no solo porque su coalición consiguió más votos que hace seis años, sino porque mientras el triunfo de 2018 pudo haberse interpretado en clave “voto de castigo”, la victoria del 2 de junio no puede dejar de leerse sino como un voto en favor de profundizar un proyecto ya en funciones. Esto es muy difícil, casi imposible, de conseguir en una democracia moderna. ¿Cuáles fueron las claves del segundo triunfo del obradorismo? En esta columna señalo las cuatro principales:

1. López Obrador sí estuvo en la boleta

La elección del domingo fue un referéndum sobre el presidente. Importó, desde luego, que Claudia Sheinbaum fuera una excelente candidata, pero lo que más valoró la gente al votar fue la confianza en el proyecto que enarbola Andrés Manuel López Obrador.

No fue una elección sobre la gestión de gobiernos locales o regionales. Prueba de ello es que el gobernador mejor evaluado del país, Mauricio Vila, no pudo encumbrar a su sucesor en Yucatán y que, en Morelos, muy a pesar del desastre que significó Cuauhtémoc Blanco, triunfara Morena. La política local no importó, o importó muy poco.

La principal razón del triunfo del domingo se llama López Obrador. Si la oposición se hubiera tomado en serio la búsqueda por comprender el fenómeno político que tenían enfrente, no habría implementado una estrategia electoral tan torpe. En 30 años no aprendieron nada. A juzgar por el comportamiento de los dirigentes de oposición en los últimos días, tampoco tienen muchas ganas de hacerlo en el futuro.

2. La mayoría de la población vive mejor que en 2018

Hoy, por lo general, los y las mexicanas viven mejor que hace seis años. Las razones son varias y tienen que ver, por supuesto, con los programas sociales de transferencias directas, pero también con la agenda laboral impulsada desde el gobierno.

Hace dos semanas, la analista Viridiana Ríos hizo el cálculo: entre 2018 y 2022, la pobreza por ingresos se redujo en 6.4%. Esto quiere decir que cada día durante cuatro años 3 mil 800 personas salieron de la pobreza por ingreso. Es un enorme logro.

Este gobierno se atrevió a hacer lo que ningún otro había hecho: generar una política laboral y social a la altura de las necesidades de México. En pocas palabras: el triunfo de Morena tiene que ver con que el gobierno de López Obrador mejoró las condiciones de la mayoría.

3. El discurso de la oposición fue equivocado

El discurso opositor no fue un discurso dirigido hacia las mayorías. Se equivocó en encuadrar esta elección en la dicotomía autoritarismo-democracia. Y se equivocó por dos vías.

Primero, porque el planteamiento era exagerado y forzado. Fue una invención del círculo rojo para darle una narrativa épica a la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Segundo, porque ese discurso no interpelaba a la población en absoluto. Y esto tuvo que ver, en gran parte, porque las credenciales democráticas de los opositores eran inexistentes. ¿Quién iba a creer que Alito Moreno y Marko Cortés iban a fungir como los protectores de la democracia? La teoría de los contrapesos encontró su límite en la figura desgastada de sus guardianes.

4. La polarización no era tal

A diferencia de lo que se dijo en los últimos meses, en México la población no está polarizada políticamente. Lo contrario es cierto: hay un fuerte consenso en torno al proyecto de López Obrador en casi todas las capas de la sociedad.

Según la encuesta de salida de El Financiero, Claudia Sheinbaum ganó el voto de los hombres (62%) y de las mujeres (59%). Ganó el de los menores de 24 años (52%), de los adultos mayores (68%) y del resto de los ciudadanos que tienen entre 25 y 55 años (60%). Sheinbaum ganó, además, entre los votantes de todas las clases sociales. La apoyaron, principalmente, personas de clase baja (71%), pero también de media-baja (61%), media (59%) y media alta (49%). Los más vulnerables y los más ricos votaron por ella.

Es falso que el triunfo de Sheinbaum se deba a los programas sociales. Prueba de ello es que, también según El Financiero, Sheinbaum sacó una ventaja de 12% entre los no beneficiarios (49% contra 37% de Gálvez).

Tampoco hubo sorpresas por nivel de escolaridad. Por Sheinbaum votó la gente sin estudios (74%), con primaria acabada (74%), con secundaria terminada (66%) y con preparatoria finalizada (61%). Además, para enojo de los que se creen superiores, también triunfó entre aquellos con grado universitario (48%).

Tal como lo demuestran los números, la victoria de Sheinbaum no estuvo basada en la polarización sino en la generación de una nueva hegemonía política. Quien tenga ojos para ver, que vea.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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¿Votar dividido?

 Carlos A. Pérez Ricart

¿Votar dividido?

Aunque detrás de cada voto haya argumentos con diferentes grados de sofisticación, cada boleta es sagrada. Los segundos en que cada ciudadano se encierra en la incómoda y rectangular mampara del INE constituyen el ejercicio de un derecho que costó años construir. Y mucha sangre.

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La discusión sobre el “voto dividido” ha permeado en el ala crítica del lopezobradorismo. Hay buenos argumentos. Hernán Gómez Bruera, por ejemplo, ha escrito contra la visión “única, vertical y unilateral” que habita en Morena. No sin razón, Gómez Bruera ha señalado que “Morena no siempre ha sabido utilizar de la mejor forma posible su condición mayoritaria”. En su consideración, es “cada vez más importante generar incentivos para que sea necesario dialogar y negociar con otras fuerzas políticas, sin buscar una visión única”. Ejercer el voto dividido es —remata Gómez Bruera— una manera de “tener contrapesos, límites más claros y un poder más acotado”.

Insisto: es una posición razonable. Comparto su diagnóstico sobre los excesos en el ejercicio de poder que ha mostrado Morena en los últimos seis años y, quizás más relevante, conozco la historia de nuestro país y entiendo los riesgos que implica la búsqueda de visiones únicas. Dicho esto: no acompaño los llamados en favor del “voto dividido”. En esta elección de lo que se trata es de respaldar (o no) un proyecto político concreto. “Votar divido” es una forma de amortiguar las posibilidades de cambio social. Mi argumento se desdobla en tres partes.

Primero.  

La teoría de los contrapesos encuentra su límite cuando conocemos el nombre y apellido de sus guardianes. Importa quiénes son, qué quieren y a qué aspiran las personas que venden su propuesta política como una forma de contención del poder presidencial. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué han hecho? Este dos de junio hay poco hacia dínde moverse: los próximos senadores Marko Cortés y Alejandro Moreno son poco menos que extorsionadores profesionales. No veo por qué sus bancadas no vayan a convertirse en otra cosa que extensiones de su ambición. En la estricta distinción que plantea Max Weber en La Política como vocación, hablamos de personajes que viven de la política, no para la política. Son representantes de una generación de políticos que vieron en el servicio público una forma de enriquecerse, nunca de representar algo más que su bolsillo. Desde mi perspectiva aquí no hay matiz ni equilibrio posible. 

MC, por su lado, es una incógnita. Aunque su planteamiento político es progresista, sus liderazgos relevantes tienen las mismas características que los del PRI y el PAN.  Más que un partido, MC es un enigma. 

En definitiva: los contrapesos en el contexto mexicano se parecen muy poco a lo que supone la teoría política. 

Segundo

Milito en la idea de que el ejercicio del poder es tan importante como su contención. Un Gobierno dividido no siempre es más democrático ni garantiza una mejor representación de la voluntad popular. Como ha ocurrido en México durante las últimas décadas, la fragmentación del poder político ha sido utilizada por el poder económico (y por el crimen organizado) para cooptar con mayor facilidad las estructuras estatales. Hoy, el Estado mexicano no es más fuerte que hace 24 años para hacer frente a las redes que lo capturan. 

La fragmentación del poder ha servido poco para representar mejor la voluntad popular y mucho para avanzar intereses de grupo. Con sus debidas acotaciones, tengo para mí que, en el contexto mexicano, la apuesta debe ser en función de fortalecer un proyecto estatal, no someterlo al chantaje de quienes han hecho del Estado una extensión de intereses privados. 

Tercero

Como ya he escrito en este espacio, considero que en esta elección están en juego dos interpretaciones muy distintas de cuál debe ser la función y estructura del Estado [1]. Esa definición separa, desde mi punto de vista, una candidatura de la otra. 

Mientras Xóchitl Gálvez imagina un Estado que se limita a gestionar programas y externalizar servicios públicos, Claudia Sheinbaum plantea un Estado que no sólo incentiva la inversión empresarial, sino que la dinamiza a través de inversión pública. Con sus votos, los ciudadanos tendrán la posibilidad de respaldar alguno de los dos proyectos, de las visiones de país que, insisto, son contrapuestas. En ese escenario: ¿qué sentido tiene votar dividido en el Legislativo y el Ejecutivo? Es apretar el freno y el acelerador al mismo tiempo. 

Por último, una reflexión de sentido común. Aunque detrás de cada voto haya argumentos con diferentes grados de sofisticación, cada boleta es sagrada. Los segundos en que cada ciudadano se encierra en la incómoda y rectangular mampara del INE constituyen el ejercicio de un derecho que costó años construir. Y mucha sangre. 

Que nadie le diga qué hacer o cómo hacerlo. Es una decisión personalísima. El domingo no habrá traidores ni puros. Hay ciudadanos ejerciendo derechos. Que nadie nos robe el placer de disentir. También de eso se trata la política. 

[1] Carlos A. Pérez Ricart, Lo que está en juego, Sin Embargo, 16 de mayo de 2024. Disponible aquí: https://www.sinembargo.mx/16-05-2024/4501331

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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Un voto razonado por la izquierda

 “Este dos de junio voy a votar por Claudia Sheinbaum. Lo haré consciente de las fortalezas y debilidades de su proyecto político”.

Carlos A. Pérez Ricart

Más importante que responder a la pregunta “quién gobierna” es contestar a la interrogante “para quién se gobierna”. En eso se resume la historia del mundo.

Durante décadas, en México se gobernó para una clase minoritaria. El Estado sirvió como herramienta para la reproducción de privilegios, no como instrumento de nivelación. El año 2018 marcó un punto y aparte. El proyecto de López Obrador — acertado en el diagnóstico, limitado en su ejecución— tuvo la virtud de imponer un nuevo equilibrio entre trabajo y capital que reconfiguró la relación de fuerzas entre los que menos tienen y los que siempre tuvieron. Al hacerlo, abrió la posibilidad de un nuevo régimen político para México. ¿Logrará afianzarse ese proyecto? Eso está en juego en esta elección presidencial.[1]

Este dos de junio voy a votar por Claudia Sheinbaum. Lo haré consciente de las fortalezas y debilidades de su proyecto político. El mío no es un cheque en blanco, ni un salto al vacío. Es un voto razonado por la izquierda.

Considero que Sheinbaum fue una buena jefa de gobierno. Administró la CDMX con carácter y autonomía. Fue transparente y racional en la toma de decisiones. No fue frívola ni demagógica. Tomó decisiones en favor de la mayoría. Hoy, la Ciudad de México es un mejor lugar para vivir que hace seis años y eso, en gran parte, es gracias a su gestión.

Del gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX hay mucho que reconocer.[2] Rescato un elemento: se trató de un gobierno honesto y austero. Como es de conocimiento público, en el último año del ejercicio presupuestal, según la valoración de la propia Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de la CDMX no tuvo un solo centavo por aclarar. Ninguna otra entidad federativa puede presumir de ello. En su gobierno aumentó la recaudación local, se cumplió cabalmente con las obligaciones de transparencia y, más importante, se gastó bien.

No hace falta sino leer sus discursos y revisar sus acciones para saber que Claudia Sheinbaum entiende que el Estado está para algo más que corregir distorsiones de mercado y dispersar recursos. Para ella, el poder estatal es la llave para la “prosperidad compartida”. En su visión, el Estado debe asumir riesgos, facilitar inversiones, moldear mercados. Entiende la función estatal no solo para incentivar inversiones empresariales, sino para dinamizarlas. Prueba de ello es que, durante la administración de Sheinbaum en la CDMX, a pesar de la crisis de COVID, la inversión pública fue 20% mayor que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Es decir, en un contexto más complejo y con menos recursos disponibles se invirtió más y mejor. Su programa presidencial va en esa dirección.

Tengo para mí que con Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de México habrá una buena administración de los recursos públicos, el dinero de todos. Pero eso, siendo importante, es insuficiente. Hay algo más. Ese algo más es lo que determina mi voto.

Claudia Sheinbaum es parte de un movimiento que reivindicó la política de masas, la política dirigida hacia las mayorías para beneficio no sólo de éstas sino de la sociedad en su conjunto. Solo así se explican los incrementos salariales sostenidos entre los deciles más pobres, los otrora inexistentes repartos de utilidades entre trabajadores, los aumentos al salario mínimo y el fin del outsourcing como modelo favorito de contratación entre los más ricos a costa de los derechos de los más pobres. No tengo duda que Sheinbaum hará suya la máxima más importante del México contemporáneo: “por el bien de todos, primero los pobres”. Ese paradigma ha venido a cambiar el tamaño de las posibilidades de la política.

No menos relevante, Sheinbaum promete seguir mirando al sureste de México, la región más olvidada. Y continuar una política industrial que ha permitido que México no solo sea menos desigual entre personas y clases sociales, sino también entre regiones. Al sureste, donde los gobiernos anteriores no habían mirado, Sheinbaum promete seguir apuntando la brújula.

El voto por Sheinbaum no es —decía al principio— un cheque en blanco. No comparto sus posiciones frente a la prisión preventiva oficiosa ni puedo admitir en buena conciencia la idea de transferir por completo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Un ejercicio de realismo mínimo me ha llevado a comprender la decisión de mantener a miles de soldados en las calles, pero no puedo compartir la decisión de renunciar a la posibilidad de construir una institución civil dedicada a la prevención e investigación de delitos federales. Una decisión de ese calibre implica una renuncia histórica del Estado mexicano cuyos costos se han ponderado solamente con ligereza.

El empoderamiento militar es una carga colosal que heredará Sheinbaum, el legado más doloroso de esta administración. Quizás Sheinbaum no pueda llevar a cabo una reforma profunda a ese enclave autoritario que es el Ejército, pero sí tendrá la posibilidad de impugnar y revertir los espacios ganados por los militares en los últimos años. Será una batalla que costará mucho tiempo y que no estoy seguro que esté dispuesta a asumir. Ya lo veremos.

Espero de Sheinbaum y su equipo un compromiso mayor al hasta ahora enunciado en torno a la crisis forense, así como con la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, en gran parte traicionada por este gobierno. Espero, también, un mayor y mejor entendimiento y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Los adversarios están en otro lado. La Izquierda no es monopolio de nadie, ni siquiera de quien presume tener las intenciones más justas.

Por último, confío en que Claudia sea Claudia. El mandato popular que recibirá el 2 de junio será masivo, quizás inédito en la historia de México. Ello le abrirá espacios de autonomía y le permitirá ser tan libre como sea posible de todo factor de interés a su alrededor, incluida la sombra de su predecesor. Todos los días, durante seis años, se enfrentará a dilemas imposibles, rompecabezas inacabables. Que sea ella quien los responda; que sea ella quien encuentre la última pieza del puzzle debajo de la mesa. Nadie más. La figura presidencial es demasiado grande para compartirla. Está preparada.

A doscientos años de fundada nuestra República llegará una mujer a la silla presidencial. Y será una mujer honesta, científica y de izquierda. Como no podía ser de otra manera, mi voto es para ella. Es un voto razonado por la izquierda.

[1] Para una reflexión más amplia: Carlos A. Pérez, Ricart, “Lo que está en juego”, Sin Embargo, 15 de mayo de 2024. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/16-05-2024/4501331

[2] Aquí escribí algunos aspectos: Carlos A. Pérez Ricart, “Una buena jefa de gobierno”, Sin Embargo, 22 de junio de 2023. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/22-06-2023/4375855

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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https://www.sinembargo.mx/23-05-2024/4504492

Lo que está en juego

 sinembargo.mx

Carlos A. Pérez Ricart

Más allá de slogans, frases hechas y narrativas creadas por estudios publicitarios ¿cuál es la diferencia fundamental entre los dos proyectos presidenciales que competirán en las urnas el próximo 2 de junio? Desde mi punto de vista: la visión que cada candidatura tiene del Estado, su función y estructura. Eso está en juego. 

Sostengo que el proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez es de corte neoliberal, con todo lo bueno y lo malo que esconde esa palabra, ya tan manoseada. Basta escuchar sus discursos, conocer a sus asesores y leer el fondo de sus propuestas de Gobierno. Su proyecto es el de un Estado pequeño que externaliza soluciones al dispersar recursos públicos a entes privados. Para muestra, dos botones: sus propuestas en materia de salud pública y educación. 

En salud, la política estrella de Xóchitl Gálvez no pasa por construir infraestructura hospitalaria, sino distribuir una tarjeta (“Mi salud”) que garantice la entrega de medicamentos y acceso a clínicas privadas. La propuesta educativa es similar. No consiste en ampliar la oferta de escuelas, sino en asumir el costo de las colegiaturas de entidades privadas a jóvenes que no entren a las públicas. Es un proyecto que financia la oferta y no la demanda, es Javier Milei en el espejo mexicano. 

El proyecto de Gálvez no solo rehúye una reforma fiscal para nutrir las arcas del erario; ofrece eliminar el pago del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen menos de 15 mil pesos mensuales, el 49% de los trabajadores mexicanos. 

En síntesis: el Estado que imagina Xóchitl Gálvez es uno que gestiona programas, externaliza servicios públicos, interviene en el mercado para subsanar sus poquitos errores y cobra menos impuestos. Es neoliberalismo 2.0. No está bien ni está mal. Es lo que está en juego.

Leo el programa de Claudia Sheinbaum en la dirección contraria. Un análisis de sus propuestas refleja no solo la intención de aumentar y consolidar capacidades estatales; subyace también la idea de un Estado cuyas políticas detonan crecimiento. El examen de sus planteamientos me recordó al libro ya clásico de Mariana Mazzucato y su noción de Estado Emprendedor. Es decir, un Estado que asume riesgos y facilita inversiones. El que perfila Mazzucato es un Estado que se aleja del Leviatán burocrático, perezoso e inercial y se acerca a uno que moldea y genera mercados. Es un Estado que no solo incentiva la inversión empresarial, sino que la dinamiza a través de inversión pública. 

Así percibo, por ejemplo, el papel que pretende otorgarle a Infonavit para construir viviendas, el plan de política industrial en el sureste del país y la propuesta de construcción de corredores y parques industriales a mansalva. Pienso inevitablemente en Mazzucato y su Estado Emprendedor cuando leo con atención la propuesta de Sheinbaum sobre infraestructura ferroviaria y su énfasis en el papel que habrá de tener CFE en la modernización de hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, y en general, en dirigir el proceso de transición energética. Esa visión de Estado solo podría materializarse si Sheinbaum se compromete a aumentar la inversión pública, renunciar a la austeridad mal entendida y a emprender una reforma fiscal progresiva —fundamentos que, todo hay que decirlo, el Gobierno de López Obrador ni siquiera se planteó. 

El 2 de junio se enfrentan dos visiones de Estado. Una que cree que éste debe limitarse a corregir distorsiones de mercado y otra más audaz que ve en el poder estatal la llave para la “prosperidad compartida”. 

A no dudarlo: así como las propuestas tienen alcances distintos, también sobrellevan riesgos diferentes. Cada visión esconde experiencias históricas inenarrables y remite a proyectos fallidos del pasado. Cada una ofrece comparaciones que, según sea el caso, pueden resultar odiosas o muy iluminadoras. Cada una carga con mitos e imaginarios de los cuales resulta imposible desprenderse. Hay héroes y villanos en cada bando, tiros y troyanos. 

A pesar de eso (o precisamente por ello) es tan significativo lo que ésta en juego.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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“Narcocandidata” y la pérdida de civilidad política

sinembargo.mx

Carlos A. Pérez Ricart

Hacia el final del segundo debate presidencial, Xóchitl Gálvez llamó a Claudia Sheinbaum “narco candidata”. Lo hizo al menos en tres ocasiones. Más al principio de la noche, cuando apenas arrancaba el encuentro, la candidata del PRI, PAN y PRD señaló que Sheinbaum era la candidata de un “narcopartido que rinde culto a la Santa Muerte”. Muchos nos sorprendimos. Aun con sus bemoles, hasta ahora, la campaña se había mantenido en el marco de cierta civilidad política. El domingo, Gálvez la rompió.

Las palabras de Xóchitl no fueron pronunciadas en el vacío. Están inscritas en un contexto particular: la campaña que intenta vincular —todavía sin fundamentos— al presidente López Obrador y a su familia con personajes del crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa.

La campaña comenzó a principios del año con la publicación de los reportajes “periodísticos” de ProPublica, InSight Crime y Deutsche Welle. Continuó con el fallido artículo del New York Times que López Obrador logró desactivar en una mañanera y encontró complemento en la operación digital (#Narcopresidente) cuyo financiamiento se ha atribuido a la alianza opositora. A un mes de la elección, es imposible no leer la publicación del nuevo libro de Anabel Hernández, “La Historia Secreta”, como un último intento por apuntalar la narrativa que vincularía al presidente con miembros del referido Cártel.

Sobra decir que estamos, en el mejor de los casos, ante una avalancha de conjeturas. En el peor, ante una estrategia política a la que se le han inyectado millones de pesos y que intenta, a la mala, disminuir los altos niveles de aprobación del presidente López Obrador y, así, acortar la distancia entre la intención de voto por Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Al día de hoy, no existe una sola prueba o testimonio creíble que permita pensar que Claudia Sheinbaum o López Obrador hayan trabajado en algún momento de su vida política para (o con) un grupo criminal. Mucho menos para el Cártel de Sinaloa. Tampoco hay evidencia de que Morena, como partido político, haya sido cooptado por intereses del narcotráfico.

Esto no niega, por supuesto, que instituciones de todos los niveles de gobierno estén expuestas a procesos de cooptación criminal. En México, desde hace décadas, funcionan circuitos institucionales que reproducen prácticas ilegales y buscan, a toda costa, la obtención de rentas criminales. A no dudarlo, en estos circuitos participan candidatos de todos los partidos, autoridades electas y burocracias locales, estatales y hasta federales. El crimen organizado ha logrado corromper parte del tejido político de nuestro país. Negarlo sería necio.

Terminar con ello es un reto inmenso, quizás el más importante que tiene el Estado mexicano. Es un problema que no puede ser trivializado.

Eso es justamente lo que hizo Xóchitl Gálvez el domingo. Etiquetar a un contrincante como “narco” es volverlo un enemigo, no solo un adversario. Es deshumanizarlo y hacerlo corresponsable de una tragedia nacional con cientos de miles de muertos y desaparecidos. Es volverlo, en automático, el otro al que hay que combatir, aplastar, eliminar.

Las palabras de Gálvez son tan extrañas como inesperadas. Hasta hace semanas decía que su plataforma buscaba “unir a México”, no separarlo. Su campaña, decía, iba en contra de la polarización impulsada por el presidente. Ahora, sin embargo, en un vuelco de 180 grados, ha decidido quemar las naves y atizar la polarización política. Corre en llamas buscando hacer al otro arder.

El debate de Gálvez me recordó una vieja historia que recuperó Gay Talese en su último libro Bartleby y yo, reflexiones de un viejo escribiente. Trata de un doctor rumano que en 2006 voló su mansión en Nueva York con él adentro para evitar entregársela a su exesposa tras un duro divorcio. Antes de explotar la mansión, el doctor envió un email a su ex mujer con una triste despedida. Decía:  “Cuando leas esto tu vida habrá cambiado para siempre. Te lo mereces. De una cazafortunas te transformarás en una buscadora de basura y cenizas […] “Siempre querías vender la casa, y yo siempre te dije que sólo dejaría la casa cuando me muriera”. Así quiere irse Gálvez: explotando todo alrededor.

En una campaña política se valen muchas cosas, pero no todo. La civilidad política es un valor democrático. En un país como el nuestro, las candidatas no pueden señalar a la otra de “narco” para escalar en las encuestas. Gálvez se da cuenta, pero etiquetas como ésas lastiman en lo más profundo las bases de legitimidad del Estado mexicano. Es un precio alto por pagar para subir un par de puntitos en las encuestas y garantizar un par de escaños más a los diputados del PRI, PAN y PRD. Allá ella.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

La ceguera de responsabilizar a Xóchitl

  Carlos A. Pérez Ricart

“Xóchitl es culpable de muchas cosas, pero no es la principal responsable de la derrota electoral del frente opositor”.

sinembargo.mx

Tras el primer debate presidencial y el goteo irreductible de las encuestas que confirman el naufragio del barco opositor, han comenzado a pulular las columnas que ven en Xóchitl Gálvez la principal responsable de la más que probable derrota del 2 de junio.

Las imputaciones a Xóchitl me remiten a la gran novela Ensayo sobre la Ceguera del portugués José Saramago. Ésta comienza con un hecho fantástico: los habitantes de una pequeña ciudad comienzan a quedarse progresivamente ciegos. Es una ceguera blanca que, como epidemia, va extendiéndose por cada rincón de la ciudad. No hay explicación aparente. Todo sucede de un momento a otro. Como es natural, pronto comienzan a buscarse culpables, chivos expiatorios que son señalados como responsables del inexplicable hecho. Así comienzan las peleas de los unos contra los otros.

La epidemia de ceguera que retrata la novela de Saramago es una buena metáfora del estado de la oposición. A palos de ciego, y sin dirección, apuntan con el dedo a Xóchitl Gálvez. Es ella la culpable de la ceguera, afirman.

Seamos serios.

Xóchitl es culpable de muchas cosas, pero no es la principal responsable de la derrota electoral del frente opositor. Esa estaba cantada desde hace mucho. En pocos meses era imposible remontar el desprestigio acumulado de años de los partidos que la abanderan. Culpar a Xóchitl de la ceguera es injusto. Y mezquino.

¿De qué sí es culpable la candidata? De errores elementales, pero ninguno definitorio. Pudo no haber avalado el fraude partidista y forzar a una elección primaria contra Beatriz Paredes. Es verdad. Esa simple acción, a la que temió su círculo cercano, hubiera dotado de algo de legitimidad su frágil candidatura.

Pudo haberse rodeado, como lo prometió en un principio, de ciudadanos libres en lugar de permitirse quedar atrapada entre las garras de los dirigentes partidistas. Avalar con su silencio las listas de candidatos plurinominales del PRI y el PAN fue una de tantas pruebas de su debilidad.

Xóchitl tuvo la oportunidad de alzar la voz contra los acuerdos de Marko Cortés en Coahuila y quitarse —al menos en parte— la carga que implica caminar al lado de un aprendiz de bandido. Y, claro, en el camino pudo no haberse comportado como una improvisada: no involucrar a su hijo en la campaña, realizar un debate medianamente decente y no cometer errores infantiles en cada oportunidad.

Claro, pudo haber sido mejor candidata (o menos peor). ¿Pero, habría hecho alguna diferencia? Sostengo que no. Esa candidatura nació condenada. La alianza entre el PRI y el PAN se fraguó entre la deshonestidad y la desvergüenza con un único objetivo: vencer a López Obrador. Y, a estas alturas, ya debió haberle quedado claro a los dirigentes partidistas que eso no es suficiente para ganar una elección.

Hacia el futuro, mal haría la oposición en fijar el fracaso de su resultado electoral en Xóchitl Gálvez. Cometerían el mismo error que en 2018: interpretar su derrota como un “accidente histórico” (Beatriz Paredes, dixit) y no como una manifestación de un cambio profundo en la sociedad.

Queda poco más de un mes para el 2 de junio. Como es inevitable, comenzarán los ataques ad hominem contra la candidata. Olvidarán, sin embargo, que antes de la llegada de Xóchitl a la vida nacional, la ceguera ya estaba ahí.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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Xóchitl: prometer no empobrece

Carlos A. Pérez Ricart

El domingo siete de abril fue el día más relevante de la campaña. Era la oportunidad largamente esperada por Xóchitl Gálvez y su equipo para emparejar la contienda presidencial y generar algo de incertidumbre respecto al resultado del dos de junio. Por su parte, Claudia Sheinbaum se marcó el objetivo de no arriesgar los más de veinte puntos de ventaja que, según las encuestas más conservadoras, lleva sobre su contrincante. La primera tenía todo que ganar y la segunda mucho que perder.

Ocurrió que, en el día más importante de la contienda, Xóchitl Gálvez dejó mucho que desear, incluso para sus propios parámetros. Ya sabíamos de su débil oratoria y dificultad para memorizar; sin embargo, no sospechábamos, que, en un ambiente como el del domingo, iba a ser incapaz de articular oraciones completas. Los errores fueron legión; donde faltó el predicado no hubo verbo; donde existieron ambos, echamos de menos al sujeto. Duele imaginar la versión estenográfica del debate.

Lo peor no fue la falta de carisma de la candidata opositora. Tampoco fue la tensión irresoluble de quien se piensa candidata ciudadana y es, invariablemente, la representación del PRI y el PAN. Eso no fue, ni de lejos, lo peor.

Lo peor fue la irresponsabilidad lógica y presupuestaria con la que Xóchitl Gálvez presentó sus propuestas en materia de salud y educación. De tanto criticar la forma en que planteó sus propuestas, poco se ha hablado del fondo de éstas. Lo de la candidata fue una oda al pasado que ofrece, como gran proyecto, la dispersión de recursos públicos a agentes privados. Veámoslo con cuidado.

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México prometió generar una tarjeta inteligente —llamada “Mi salud”— que permita que “cualquier familia pueda atenderse en clínicas privadas”. De facto, se trataría de una transferencia directa de recursos públicos al sector privado que impediría reconstruir el tan lastimado sistema de salud nacional que, admitámoslo, tampoco ha visto sus mejores años en esta administración.

Según el análisis de Tonatiuh Martínez y Oliveira Mijarez, solamente esta parte del plan de salud de Gálvez costaría aproximadamente un billón de pesos, el equivalente al 11.9% del presupuesto de egresos de la federación.

En el debate, Xóchitl también ofreció pagar universidad privada a jóvenes que no hayan podido entrar a las universidades públicas, así como cubrir el costo total, de las escuelas públicas o privadas de todo joven mexicano desde la educación preescolar hasta la preparatoria. En lugar de atender el problema estructural que supone la falta de espacios educativos, la candidata propone transferir miles de millones de pesos a universidades privadas. Así, lejos de financiar la oferta educativa, el Estado pasaría a sostener la demanda. En países como Chile (y ahora recientemente en Argentina), este modelo lo que ha logrado es justificar recortes públicos y avanzar hacia la privatización del sistema educativo. Ese es el rumbo de país que propone la candidata opositora.

Tras cinco años de gobierno del presidente López Obrador, parece increíble que el bloque opositor no haya logrado articular un plan educativo o de salud que vaya más allá de descargar las responsabilidades estatales en actores privados. Las propuestas tienen, sin embargo, un subtexto neoliberal representado por tarjetas temporales contrarias a la lógica de derechos constitucionales que enarbola esta administración.

El domingo, la candidata del PRI y el PAN no solo fue (previsiblemente) incapaz de ofrecer una imagen presidenciable. Tampoco ofreció propuestas que expliquen cómo y de dónde saldrá el dinero para pagar escuelas y clínicas privadas a todos los mexicanos.

Estamos, sin duda, ante un fenómeno extraño, porque justamente quienes se encargaron de construir la política de salud y educación de Xóchitl Gálvez son los mismos que llevan cinco años tildando de populista al presidente. Cosas veréis. Al fin y al cabo, prometer no empobrece.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

https://www.sinembargo.mx/11-04-2024/4486913

Obrador, ese fenómeno

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Carlos A. Pérez Ricart

Algunos han renunciado a entenderlo, otros se han conformado con odiarlo. Pocos son los que se han dedicado a entender a Andrés Manuel López Obrador, el personaje político más relevante del México contemporáneo.

A los muchos acertijos que quedan por resolver sobre López Obrador, en los últimos días se ha sumado otro: el crecimiento de la aprobación presidencial al terminar el sexenio. El rompecabezas no podría ser más complicado: justo cuando amenazaba la tormenta, el sol de primavera calienta las ventanas de Palacio Nacional.

Los datos llegan lento, pero llegan. Son crudos y aleccionadores. Primero fue la encuesta publicada hace algo más de diez días por El Financiero. Esta semana, la de Reforma. En ambas, la aprobación presidencial crece significativamente.

La encuesta de Reforma (que confirma la tendencia de El Financiero) señala que el porcentaje de mexicanos que aprueba la gestión del presidente López Obrador creció once puntos entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 al pasar de 62% a 73%. La encuesta también muestra una reducción del porcentaje de la población que lo desaprueba. Este grupo pasó de 37% a 24%. ¿Qué pasó durante los últimos tres meses para que la aprobación del presidente creciera de esta manera? Propongo tres hipótesis, todas complementarias.

Una primera explicación está en la acumulación de inauguraciones y anuncios de programas públicos en los que participó el presidente antes del primero de marzo, inicio formal de las campañas electorales. La acumulación de estos eventos (sólo posible por un gasto social extraordinario) pudo significar un incremento en la aprobación presidencial.

Basta dar una vuelta por la agenda presidencial de las últimas semanas para tener una idea de lo que planteo. Solamente en los últimos días de febrero, el presidente inauguró tres acueductos (Jalisco, Sinaloa, Sonora), anunció la nacionalización de una exportadora de sal (Baja California Sur), mil 600 metros de rompeolas en el puerto de Salina Cruz (Oaxaca), realizó la primera prueba del Tren Insurgente en el tramo de Zinacantepec a Santa Fe (Estado de México), inauguró un museo en Chichén Itzá y dio el banderazo de salida al Tren Maya en el   tramo Cancún a Playa del Carmen (Quintana Roo). Antes de esa semana frenética, inauguró obras (planteles escolares, carreteras, puentes, malecones, plantas potabilizadoras, presas, aeropuertos y farmacias) y participó en decenas de eventos de los llamados programas para el bienestar (Pensión para adultos mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez de Educación Básica).

Insisto: la acumulación de todos estos eventos, sumado a los resultados de programas y proyectos del presidente, pudo haber provocado un salto así de grande en su popularidad. Lo sembrado antes comienza a cultivarse ahora.

Una segunda explicación está en el inicio de las campañas electorales y las diferencias que observa la población entre la candidata opositora respecto al actuar del presidente. Por poner uno de varios ejemplos: los largos viajes de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos y España.

Estos contrastan con el discurso soberanista del presidente que ha cuajado bien en varias partes de la población. Y así otros temas: la ambigua posición de Gálvez en torno a Pemex, su voluntad por revertir los procesos de nacionalización de la industria eléctrica etc. Para escribir la hipótesis de otro modo: en el contraste con la candidata del PRI y el PAN, el presidente encontró un segundo aire a su popularidad.

Por último, está la hipótesis que, desde mi punto de vista, tiene un mayor nivel explicativo: la guerra sucia contra el presidente orquestada por la oposición no sólo no funcionó, se revirtió por completo. Como ha sucedido ya varias veces en su historia política, el presidente López Obrador sale fortalecido de las campañas negras que sus adversarios ejecutan en su contra. Como un búmeran, la suciedad lanzada contra el presidente vuelve al punto de origen en lugar de impactar en el objetivo.

Desde las publicaciones basadas en filtraciones sobre el supuesto financiamiento criminal de las campañas de 2006 y 2018 hasta las granjas de bots colocando hashtags de autoconsumo (#NarcorpresidenteAMLO666), las campañas negras sólo han logrado fortalecer la figura presidencial. En otras palabras: “mientras más le pegan, más crece”.

El sexenio del presidente López Obrador estuvo lleno de claroscuros. En muchas áreas de la administración, la ejecución de la política pública ha sido deficiente (por decir lo menos). Hay temas en los que el fracaso administrativo es ineludible y mereció un severo castigo electoral. A pesar de eso, ni siquiera en los momentos más agudos de la pandemia de COVID, la aprobación presidencial se redujo por debajo del cincuenta por ciento. Al terminar el sexenio, cuando lo normal era esperar un declive de la popularidad (en favor de figuras emergentes, como los candidatos), el presidente se fortaleció. Se trata de un fenómeno insólito para la política mexicana, pero también extraordinario en comparación con otros países de la región.

Pasarán décadas y continuarán los textos intentando explicar el fenómeno político que supone Andrés Manuel López Obrador. Algo es seguro: en lugar de odiarlo, bien harían los opositores en ocupar algo de su energía en entenderlo. Así, quizás, dejarían de construir trampolines a su popularidad.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

La propuesta de seguridad de Xóchitl Gálvez

 sinembargo.mx

Carlos A. Pérez Ricart

A principios de esta semana, Xóchitl Gálvez hizo públicas sus “propuestas para vivir sin miedo”. Son quince puntos que condensan la estrategia de la candidata del PRI y el PAN a la Presidencia de la República. ¿De qué tratan? 

Las dividiré en tres grupos. Las vagas y de sentido común, las superfluas —por proponer políticas públicas o programas que ya se realizan— y las que, por su relevancia, merecen nuestra atención para un análisis más profundo.

Sobresalen las primeras. Xóchitl Gálvez propone fomentar el deporte, rehabilitar el tejido social, impulsar la investigación policial, utilizar la tecnología (“incluyendo la inteligencia artificial”) para perseguir el delito, mejorar los centros de tratamiento de adicciones, fomentar las denuncias anónimas y digitales, así como abrir grupos de WhatsApp colectivos “para que nos volvamos ciudadanos vigilantes”. Excepto está última —que no tiene ningún sentido comentar, por extravagante y porque transfiere una responsabilidad estatal a la población— difícilmente puede uno estar en contra de algunas de estas ideas. Se trata de propuestas suficientemente vagas para generar consensos, pero también suficientemente amplias como para no entrar en detalles sobre su ejecución. Son, como suele decirse, propuestas de cajón. Nada novedoso encontramos aquí. 

Está el grupo de propuestas superfluas. Identifico dos: la creación de un Fondo Nacional de Atención a Víctimas y el “impulso a sistemas de justicia cívica”. Sobre el primer punto, el equipo de la candidata sabe (o debería saber) que ya existe un fondo como el que propone. Está en la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La operación del fondo (y de esa institución) son deficientes, pero ese es otro asunto. Sobre el segundo punto, no hay mucho que agregar: desde el 2019 ya se impulsa, desde el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con diferentes grados de éxito, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Así, este segundo grupo de propuestas de Xóchitl Gálvez son, en el mejor de los casos, complementarias a programas y acciones de Gobierno que ya existen. En el peor de los casos, una calca. 

Más atención merece el último grupo de propuestas “para vivir sin miedo”. Son tres. En primer lugar, la intención de “construir hasta tres mega prisiones de alta seguridad”. En segundo lugar, la búsqueda de Gálvez por “triplicar de 150 mil a 500 mil (sic)” los integrantes de la Guardia Nacional. Por último, su intención de “firmar un tratado para la seguridad de América del Norte”. Me detengo en cada una de ellas. Voy por orden. 

Es inevitable no leer la propuesta de construir “mega prisiones” como un guiño al bukelismo y a la aplicación de políticas de mano dura en El Salvador. Por lo demás, en México existen quince centros penitenciarios federales y, para sorpresa de nadie, están muy por debajo de su población límite (al 66 por ciento, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario 2023 del Inegi). Parte de la responsabilidad de que las cárceles federales operen muy por debajo de su capacidad está en la edificación de prisiones concesionadas durante el Gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio se construyeron ocho cárceles bajo el esquema de “Asociación Pública Privada”. Su operación cuesta al erario hasta mil quinientos pesos diarios por recluso [1]. Fueron un negociazo. 

Las propuestas dirigidas hacia el sistema carcelario deberían tener como objetivo rehabilitar las casi 250 cárceles estatales que, en muchos casos, están fuera del control de las autoridades. La propuesta de construir tres “mega cárceles” puede tener sentido electoral, pero no técnico.

La propuesta de “triplicar” (sic.) el número de Guardias Nacionales de 150 mil a 500 mil elementos se contrapone a la idea de apostar por fortalecer policías estatales, el verdadero déficit en seguridad del país. Sin embargo, más allá del número inverosímil de medio millón de guardias nacionales y de afirmar que la Guardia Nacional estará “bajo un mando civil”, la propuesta de Gálvez no dice nada sobre el tipo de funciones que se esperan de esa institución. 

¿Realizaron sus elementos investigación policial? ¿Qué hará con los militares que están prestados por el Ejército a la Guardia en “oficio de comisión”? ¿Cuál será la relación de la institución con el resto de las Fuerzas Armadas? En la propuesta de Gálvez nada hay sobre la visión que tiene la candidata de la institución. Ojalá se disipen las dudas en las siguientes semanas. 

Por último, llama la atención la propuesta de “Firmar un Tratado de Seguridad con América del Norte”. La idea ha sido sugerida en los últimos meses por el analista Eduardo Guerrero, pero no se ha discutido con seriedad en ningún foro académico o en otras esferas de la arena pública. ¿Qué significa firmar un tratado con Estados Unidos y Canadá? ¿Cuál es la experiencia internacional en la que estaría basado? ¿Qué implicaciones tendría en términos de soberanía, política de drogas, control de armas y tantos asuntos relevantes? ¿Significa anclar los intereses mexicanos a los estadounidenses, tal como ha sugerido la DEA por décadas? Otra vez, la propuesta de Xóchitl Gálvez es vaga y llena de lugares comunes. Se trata de un tema suficientemente delicado como para dejarlo a la interpretación de cada uno. 

Las “propuestas para vivir sin miedo” de la candidata del PAN y el PRI son un laberinto de contradicciones. Hay una serie de ideas vagas con las que nadie puede estar en desacuerdo, pero aquellas que resultan interesantes por su originalidad carecen de sustancia técnica y asidero en la realidad. Por lo pronto, quedan más dudas que respuestas. 

[1] Sobre el tema, véase: Mara Gómez, ¿Qué tal han funcionado las cárceles privadas en México? Animal Político, 21 de enero de 2021. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/que-tal-han-funcionado-las-carceles-privadas-en-mexico/

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Sombras y luces de las reformas de AMLO

 sinembargo.mx

Carlos A. Pérez Ricart

¿Por qué proponer veinte iniciativas constitucionales a pocos meses de finalizar el sexenio? Encuentro dos explicaciones analíticamente distintas, pero entrelazadas.

Está, en primer lugar, el interés del presidente en fijar la agenda electoral con una serie de iniciativas de reformas tremendamente populares. En una maniobra inteligentísima, el presidente López Obrador vuelve a estampar su sello por cuarta vez en una boleta electoral. Son muchas las ventajas: atrae la conversación política cuando solo faltan 16 semanas para la elección, obliga a Xóchitl Gálvez a posicionarse en temas complejos y, por último, grita con megáfono sus propuestas en un periodo en el que ninguna de las dos candidatas puede hacerlo. En su jugada a cuatro bandas, el presidente nos tendrá hablando de sus iniciativas constitucionales hasta el primero de marzo. Touché.

En segundo lugar, al presentar sus iniciativas, el presidente muestra su intención de influir no solamente en la elección, sino, aún más importante, en el periodo poselectoral. Las ramificaciones de su estrategia van más allá del dos de junio. En más de un sentido, López Obrador construye la hoja de ruta para el segundo piso de la 4T con veinte reformas que serán —qué duda cabe— parte del programa ejecutivo de Claudia Sheinbaum. No se trata, como han querido decir algunos, de una imposición a la candidata. Como presidente constitucional y líder del movimiento político más importante del país, López Obrador deja apuntaladas las bases para la continuación de su proyecto político.

En ese sentido, lo que hace el presidente no es muy distinto a lo que han hecho otros presidentes. Durante décadas, los gobiernos, así llamados neoliberales, intentaron plasmar su modelo de país en la Constitución y en la creación de organismos autónomos que regulan o limitan la acción del Estado. El mejor ejemplo de un proyecto que intentó ser transexenal es el Pacto por México.

Ahora bien, en lo que respecta a las iniciativas de reformas propuestas por el presidente, hay luces y sombras. Empezaré por las primeras. Rescato cuatro luces:

1) La iniciativa de reforma de pensiones. Aunque deja pendiente la explicación sobre la fuente de ingresos con la que se va a financiar, tiene la virtud de poner en el centro de la discusión un tema crucial: la necesidad de mejorar la tasa de reemplazo de la generación Afore, es decir, de aquellos que comenzaron a cotizar a partir de 1997. Es un tema que había estado fuera de la discusión política y que aparece solo gracias a esta iniciativa. Aplausos.

2) La iniciativa en materia de vivienda. Ésta abre la puerta a la posibilidad de arrendamiento de vivienda social y permite al INFONAVIT destinar recursos para la construcción directa de vivienda social. Era una demanda de años que por fin cristaliza. Difícilmente la oposición podrá oponerse.

3) La iniciativa relativa a pueblos indígenas y afroamericanos. En ésta se les reconoce como sujetos de derecho y garantiza su libre autodeterminación, una demanda que antecede a los acuerdos de San Andrés de 1996, incumplidos por 26 largos años. La propuesta hace justicia a una demanda histórica.

4) De la iniciativa de reforma electoral, aplaudo que la revocación de mandato se vuelva vinculante con un 30% de la participación electoral, así como la obligatoriedad de que la consulta se realice el mismo día de las elecciones. Celebro también la reducción a la mitad del financiamiento público a los partidos políticos. Otras cosas me gustan menos.

Hay sombras en las iniciativas que propone el presidente. Son muchas y preocupantes.

1) La más grave, la ausencia de una iniciativa de reforma fiscal que permita al Estado obtener más recursos justamente para poder pagar pensiones, construir más ferrocarriles, construir más vivienda. Sigue siendo una ausencia imperdonable en un gobierno de izquierdas.

2) Es una sombra, también, la decisión de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Las implicaciones son enormes. Con esta decisión, el Estado mexicano se quedaría sin policía federal de corte civil para la prevención e investigación de delitos. En la iniciativa, además, los cuerpos especializados pasarían a la SEDENA, incluyendo el grupo especializado para combatir el secuestro. De cumplirse la reforma, la Secretaría de Seguridad se volvería solo una gestora de recursos que administraría poco más que las cárceles y algunos fondos federales. Considero que se trata de un error y una capitulación del Estado mexicano.

3) También es una sombra la reforma en materia penal que amplía el tipo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

4) Considero un desacierto la eliminación de los diputados y senadores plurinominales. A pesar de su mala fama y nulo arraigo territorial, los legisladores plurinominales garantizan la representación de las minorías. Se trata de una larga demanda de la izquierda desde la década de los años setenta. Solo a partir de los plurinominales comenzó a haber representación de otros partidos políticos en la cámara. No guste más o nos guste menos, en la representación plurinominal cristaliza la idea de que la democracia no se trata solamente de generar mayorías estables territorialmente homogéneas, sino de garantizar también la voz de las minorías dentro de una sociedad heterogénea.

5) Por último, la eliminación de órganos autónomos o descentralizados es una sombra dentro de las iniciativas presidenciales. Puedo respaldar la eliminación de algunos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero de ninguna manera de otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), resultado de largas luchas democráticas de la propia izquierda.

Tengo para mí que las iniciativas de reforma judicial (que proponen la destitución de todos los ministros para 2025) y lo más crudo de la iniciativa de la reforma electoral son solo caballitos de batalla rumbo a las elecciones del dos de junio. En el contexto actual no parece haber espacio para su aprobación. Me parece bien así. En el resto, la oposición la tendrá difícil para negarse a un proyecto político basado en la expansión de derechos a los más vulnerables. Eso sí, han sido tantos los errores de la oposición en los últimos cinco años que cualquier cosa podemos esperar. La ficha está en el tablero del Frente.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.