Cuñado de Salinas y dueño de Imagen, detrás de contratos leoninos de hospitales

contralinea.com.mx

Nancy Flores

Los contratos leoninos de los nueve hospitales que el gobierno de López Obrador busca comprar benefician a seis consorcios, entre ellos el de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; el de Olegario Vázquez Aldir –dueño de Grupo Imagen–, y el de la familia Servitje, del Grupo Bimbo. En el primer caso, la empresa GIA+A tiene dos contratos por 11.7 mil millones; en el segundo, Prodemex ostenta tres contrataciones por más de 40 mil millones de pesos; y en el tercero, Marhnos, con 4 mil millones. Los otros beneficiarios son: Ortiz Construcciones en sociedad con Grupo Invex (más de 21 mil millones); las españolas Sacyr –12.5 mil millones– y Acciona –3 mil millones–. Los avalúos demuestran que el sobrecosto de los nueve nosocomios es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque valen apenas 5 mil 200 millones, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos. Las contrataciones se hicieron en los sexenios de Fox, Calderón y Peña bajo la figura de asociación público privada, uno de los múltiples eufemismos de la privatización

Un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el dueño de un medio de comunicación, empresarios expertos en hacer pan y en especulación financiera, así como trasnacionales españolas son los beneficiarios de los contratos leoninos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca renegociar, para dejar de pagar sobrecostos multimillonarios, inmorales e injustificables. Sin embargo, los seis consorcios implicados se resisten a vender esas minas de oro: nueve hospitales privatizados en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y es que los nueve nosocomios les representan ganancias multimillonarias a costa del erario de la nación, e incluso de forma indebida: los avalúos ordenados por el presidente de la República demuestran que el sobrecosto de esas contrataciones es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque apenas valen 5 mil 242 millones 182 mil pesos, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos en 25 años.

El esquema ha sido tan abusivo y ventajoso, que el costo real de todos los hospitales ya fue saldado y varias veces. No obstante, como si de un barril sin fondo se tratara, el gobierno está obligado a pagarles, año con año, una cantidad similar o superior al monto invertido en su construcción. Más aún, en seis casos el propio erario les financió las obras mediante créditos de Banobras o recursos del Fonadin.

Al amparo del poder, los seis consorcios se hicieron del lucrativo negocio mediante un esquema de asociaciones público privadas –eufemismo de la privatización–, y a pesar de que la administración federal les ha ofrecido pagarles un precio justo por esos hospitales–basado en el avalúo máximo–, éstos han respondido que prefieren renegociar los montos para seguir chupando dinero del erario nacional. Ante el claro abuso, otra vía para el gobierno federal sería expropiárselos, pero el presidente López Obrador negó que vaya a hacerlo.

El 13 de septiembre, el primer mandatario reveló en su conferencia matutina que los dueños de los seis consorcios le mandaron decir que ellos prefieren negociar una disminución en la tarifa; y aprovechó para responderles que no, “porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras es mucho”. Y cuestionó: “¿ustedes creen que es correcto, es justo, es moral? Máxime si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno; si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o de manipulación”.

Ello, porque detrás de las contrataciones se encuentran, por ejemplo, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex), propiedad de Olegario Vázquez Aldir (dueño de Grupo Imagen, Hospital Ángeles y Hoteles Camino Real); y la compañía Constructora y Edificadora GIA+A, presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con información del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en la lista de empresas beneficiadas también están: las españolas Sacyr y Acciona; las empresas Marhnos –de la familia Servitje; Ortiz Construcciones y Proyectos y el Grupo Invex.

Los hospitales

Los abusos en estas contrataciones se evidencian en los pagos indebidos que las empresas obtienen año con año. Tan sólo el pago anual de este 2023 asciende a 5 mil 651 millones de pesos por esas contrataciones, monto que supera en 400 millones de pesos el costo total real que arrojó el avalúo: el valor máximo de los nueve hospitales apenas asciende a 5 mil 242 millones 182 mil pesos. Esto es que en un año se pagan.

De acuerdo con la información del gobierno federal, dos de esos hospitales corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres a la Secretaría de Salud.

1. Hospital General Regional en Tapachula, Chiapas (IMSS).

Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E24‐2017, este contrato benefició a las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, representadas por José Manuel González Hernández.

De acuerdo con el gobierno federal, el monto total del contrato asciende a 17 mil 364 millones de pesos, a pesar de que su precio máximo –según el avalúo– apenas asciende a 603 millones 107 mil pesos. Este año, el consorcio que encabeza Prodemex va a cobrar 633 millones como pago anual por arrendamiento; es decir, 30 millones de pesos más de lo que en realidad costaría comprarlo.

Así, la empresa de Vázquez Aldir cobró su costo real en 2017, año cuando entró en operaciones; y de ahí en adelante ha obtenido puras ganancias a costa del dinero del pueblo. Y en caso de que los empresarios se resistan a vender, la renta –“el IMSS pagará una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual autorizado”, señala Banobras– se tendrá que pagar hasta 2042. Esto es: 24 años de saqueo al erario nacional.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

El nosocomio de segundo nivel tiene una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas y ocho quirófanos, con una superficie construida de 26 mil 813 m2. Y según Banobras, “los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS”. Es decir, Prodemex solo renta el cascarón.

Y por si eso no fuera bastante, además al dueño de Grupo Imagen se le financió la obra con dinero del pueblo de México. De acuerdo con la banca de desarrollo, se trató de un “proyecto con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.

Es por ello que el presidente López Obrador acusó el pasado 13 de septiembre que los medios están muy enojados con su gobierno, y mencionó específicamente los casos de Imagen y El Financiero, pues en el primer caso –dijo– hacía jugosos negocios en el sector salud; y en el segundo caso, con las cárceles cuando Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa– comandaba la Secretaría de Seguridad, en el sexenio de Calderón.

2. Hospital General de Zona de Bahía de Banderas, Nayarit (IMSS).

El contrato por 25 años que favoreció también a Prodemex en sociedad con Infraestructura & Healthcare, tiene un costo total por 15 mil 161 millones de pesos, a pesar de que comprarlo representaría apenas una inversión pública de 372 millones 176 mil pesos, indica el avalúo máximo. Al igual que el caso anterior, por renta, este año las empresas se embolsarán más dinero de lo que vale: 585 millones de pesos.

Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E2‐2017, para la construcción de este hospital de segundo nivel la empresa de Olegario Vázquez Aldir ni siquiera invirtió el total del dinero requerido: los datos oficiales indican que el proyecto se realizó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.

El nosocomio tiene una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y siete quirófanos, con una superficie construida de 22 mil 301.06 m2. Mientras que la banca de desarrollo apunta que los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS.

3. Clínica Hospital en Mérida, Yucatán (ISSSTE).

Este es el tercer negocio redondo para la iniciativa privada, con una vigencia de 25 años –de 2016 a 2041–. Aunque al gobierno federal le costaría únicamente 212 millones 641 mil pesos adquirir su propiedad, está obligado a pagar un total de 5 mil 85 millones de pesos por su renta en el periodo. Tan sólo este año desembolsará 304 millones de pesos por el arrendamiento, cifra que representa 91 millones 386 mil pesos más que su costo real máximo, según el avalúo oficial.

El contrato APP-019GYN006-E3-2016 se asignó a favor de Constructora y Edificadora GIA+A, empresa que preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Salinas de Gortari, y contó –como las obras anteriores– con financiamiento público de Banobras o el Fonadin.

Según los datos de la banca de desarrollo, la unidad médica de segundo nivel cuenta con una superficie de construcción de 14 mil 240.00m2, y una capacidad de 18 consultorios, tres quirófanos, un quirófano en tococirugía, 66 camas censables, 15 camas de observación en urgencias, camas no censables en terapia intensiva, tococirugía y unidad quirúrgica. Mientras que la prestación de los servicios médicos es proporcionada por el personal del ISSSTE.

Sal cuestionar el origen de la molestia que sienten los dueños de los medios de comunicación con el gobierno federal, el presidente López Obrador señaló: “¿quiénes hacían los negocios en el sector Salud, los negocios más jugosos en el sector Salud? Entre otros, los cuñados de Salinas de Gortari, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto. ¿Saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por un hospital de mil millones, 20 mil millones? Así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro [Grupo Imagen, de Vázquez Aldir], igual. El dueño de El Financiero [Manuel Arroyo] construye, o reconstruye porque hasta lo inauguró creo Calderón con García Luna, un penal en Papantla, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales”.

El primer mandatario agregó: “entonces, cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo. Ya no pueden robar, porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”.

4. Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México (ISSSTE).

También financiado por el erario a través de Banobras o el Fondo Nacional de Infraestructura, este nosocomio benefició a Sacyr Concesiones y Sacyr Concesiones México, filiales de la trasnacional española Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia; y a Prestadora de Servicios Alencastre, consorcio representado por Juan Carlos Pérez Rivero.

Comprar este hospital le costaría al gobierno federal 1 mil 128 millones 694 mil pesos, pero la modalidad de contratación como asociación público privada lo obliga a pagarle al consorcio –en un plazo transexenal de 25 años: de 2017 a 2042– 12 mil 524 millones de pesos. En 2023, la renta asciende a 700 millones de pesos, monto que cubriría el 62 por ciento del pago total por su adquisición.

Esta unidad médica cuenta con 32 especialidades, 35 consultorios, ocho quirófanos, seis servicios auxiliares de diagnóstico y nueve servicios auxiliares de tratamiento, medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, urgencias, terapia intensiva. En este caso las empresas tampoco están obligadas a prestar los servicios médicos, pues esos corresponden al ISSSTE.

5. Unidad que sustituye al Hospital General Doctor Aquiles Calles Ramírez, en Tepic, Nayarit (ISSSTE).

Identificado con el folio APP-019GYN006-E5-2017, el contrato benefició a Ortiz Construcciones y Proyectos –presidida por Juan Antonio Carpintero López–; Invex Grupo Infraestructura (encabezado por Jorge Zapata Alvarado); Invex Infraestructura Salud; y Corporativo de Hospitales. El avalúo máximo revela que si el gobierno federal lo comprara, el costo es de 586 millones 86 mil pesos. No obstante, está obligado a pagar 21 mil 475 millones de pesos por esa misma unidad médica en un periodo de 23 años (de 2017 a 2040).

Tan sólo este 2023, el ISSSTE debe pagarle a esas empresas 1 mil 476 millones de pesos por la renta. La cifra supera en 889 millones 914 mil pesos el costo real de la edificación. Además de esta injusticia para el dinero del pueblo, con el propio erario se financió la obra: el Banco Nacional de Obras y Servicios reconoce que este proyecto se construyó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura”.

La unidad médica de segundo nivel tiene una superficie de construcción de 26 mil 570.79m2, y una capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, siete quirófanos, seis auxiliares de diagnóstico y ocho auxiliares de tratamiento. “Las prestaciones de los servicios médicos serán proporcionadas por el personal del ISSSTE”, indica el reporte de Banobras.

6. Hospital General en Villahermosa, Tabasco (ISSSTE).

Este proyecto financiado por Banobras y/o el Fonadin benefició a Prodemes –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, con un contrato que obliga al gobierno federal a pagarles 8 mil 344 millones de pesos por este hospital –durante 23 años: de 2017 a 2040–, cuando en realidad comprarlo costaría apenas 515 millones 630 mil pesos.

En este 2023, el ISSSTE debe pagar por su renta 446 millones de pesos, cifra que representa el 86.4 por ciento del valor máximo que pagaría la administración federal por su adquisición.

La unidad de segundo nivel de atención se construyó sobre un terreno de 50 mil m2, y cuenta con 90 camas censables y 58 no censables, así como 35 especialidades médicas; con consulta externa en 41 consultorios, cinco quirófanos y farmacia. Y como en los otros casos, “es responsabilidad del ISSSTE brindar los Servicios de Atención Médica a sus derechohabientes”.

7. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, “Bicentenario 2010” (Secretaría de Salud).

El proyecto que data del gobierno de Felipe Calderón (2007), benefició a la empresa Marhnos, propiedad de Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje (también consejeros de Grupo Bimbo) con un contrato que tiene vigencia hasta 2032. Si el gobierno lo comprara en este momento, pagaría por ese hospital un monto máximo de 629 millones 284 mil pesos, y no los 4 mil 109 millones que está obligado a dar por su arrendamiento.

Tan sólo en 2023, la Secretaría de Salud debe saldar 531 millones de pesos por la renta, cifra que cubriría el 84 por ciento de lo que en realidad vale. Su capacidad instalada de acuerdo con Banobras es de 94 camas censables, 95 no censables, nueve quirófanos, 35 consultorios de especialidad y uno de telemedicina, 26 especialidades médicas, 14 especialidades quirúrgicas, ocho subespecialidades quirúrgicas y cuatro unidades de especialidad médica de apoyo. “El personal médico es responsabilidad de la Secretaría de Salud”.

8. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).

Se trata del proyecto más antiguo: se adjudicó en el sexenio de Fox (2005), y está vigente hasta 2030. Este contrato favoreció a la española Acciona –que preside José Manuel Entrecanales Domecq–. Si se comprara en este año, el erario de la nación pagaría 587 millones 660 mil pesos.

No obstante, la contratación leonina implica un gasto total de 3 mil 131 millones de pesos. Y sólo en 2023, la obligación de pagarle a Acciona 354 millones de pesos por el arrendamiento.

Este nosocomio cuenta con 184 camas censables, 63 camas no censables, y cartera de servicios. Al igual que con los casos anteriores, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.

9. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).

Éste es otro proyecto que data del gobierno calderonista (2009), y que benefició Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero, así como a las españolas Assignia Infraestructuras y Eductrade. Vigente hasta 2033, este contrato asciende a 6 mil 624 millones de pesos, cuando el costo real del nosocomio es de apenas 606 millones 904 mil pesos.

Este año, la administración federal debe pagar por la renta 622 millones de pesos, cifra que implica 15 millones de pesos que el monto que se pagaría por su compra total.

La capacidad instalada es de 246 camas censables y 202 no censables, cuenta con 36 consultorios, 14 quirófanos y una unidad de apoyo. Al igual que los demás, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.

A pesar de los abusos, el presidente López Obrador les envió un mensaje el pasado 13 de septiembre: “no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”.

Los crímenes de Zedillo: Fobaproa, narcotráfico, masacres, privatizaciones…

Nancy Flores

El expresidente Ernesto Zedillo tiene varias deudas con la justicia mexicana, entre las que destacan: el latrocinio del Fobaproa –delito continuado pues se terminará de pagar hasta 2042­– y demás rescates de la oligarquía con dinero público; los presuntos nexos de su familia con el cártel de los Amezcua Contreras; las masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque, consideradas crímenes de lesa humanidad que no prescriben; la estrategia de constrinsurgencia que aplicó en su gobierno contra el EZLN; así como la retahíla de privatizaciones de los bienes de la nación y el perdón fiscal que su gobierno otorgó a sus hermanos

El sexenio del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León (diciembre de 1994-noviembre de 2000) se caracterizó por ser abiertamente contrario a los intereses de las mayorías: sus políticas públicas limitaron directamente los derechos humanos (considerados también necesidades humanas fundamentales) de alimentación, salud, trabajo, abrigo, educación, vivienda, entre otros. No sólo los más pobres fueron afectados, sino también la llamada clase media que, tras el “error de diciembre” –o crisis del “efecto tequila”–, se pulverizó. Esas políticas fueron clasistas, pues sólo beneficiaron a la élite burguesa.

Emblema de esas políticas públicas antisociales –que incrementan el número de personas en situación de pobreza, amplían la brecha de desigualdad social, restringen los derechos y deterioran la calidad de vida de la mayoría de las personas– son los rescates de un puñado de empresarios con dinero público y la profundización de las privatizaciones, en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de los bienes públicos a la iniciativa privada.

Y es que en lugar de atender las necesidades de la población más vulnerable, con el Fobaproa, el gobierno zedillista no sólo convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros –misma que comprometió las finanzas públicas de los siguientes siete sexenios: los más de 2.5 billones de pesos que ha implicado el rescate bancario de Zedillo se terminarán de pagar hasta 2042–, sino que también con dinero público rescató a los dueños de carreteras, de ingenios azucareros y aerolíneas (sectores que privatizó apenas unos cinco años atrás su antecesor, el también priísta Carlos Salinas de Gortari).

Otro ejemplo de las políticas antisociales de Ernesto Zedillo es la serie de privatizaciones que concretó su administración –en continuidad de la política neoliberal de los priístas Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari–: ferrocarriles, satélites, puertos y aeropuertos, exploración petrolera y distribución de gas natural, sistemas de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas residuales. Todo, en detrimento de la población.

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Los latrocinios –hurto o fraude que se comete contra bienes públicos– no son los únicos crímenes imputables al expresidente Ernesto Zedillo. Además están los presuntos vínculos de su primer círculo familiar con el llamado cártel de Colima, comandado en aquella década de 1990 por los hermanos Amezcua Contreras, identificados como los reyes de las metanfetaminas. Así, al amparo del poder, se incrementó el tráfico de drogas ilegales en el país con destino a Estados Unidos; y, asociado a éste, el delito de lavado de dinero.

No obstante, el otrora poderoso presidente de la República ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cerrar el expediente de investigación sobre la relación de negocios que tenía su familia política –padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco– con ese cártel de los hermanos Amezcua Contreras.



Otros casos de corrupción que lo involucraron fueron los contratos de obras públicas entregados a la empresa de su familia, llamada Grupo Intecom, en un claro conflicto de interés, y el haber otorgado perdones y condonaciones fiscales, vía la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, a sus hermanos Ponce de León.

Al mismo tiempo que se beneficiaba de su cargo público y entregaba recursos públicos al poder económico con rescates y privatizaciones, el zedillismo combatía con ferocidad toda disidencia: desde los movimientos sociales en contra de su política neoliberal, como el del Barzón y el del Consejo General de Huelga de los estudiantes de la UNAM (que mantuvo en paro por nueve meses a la máxima casa de estudios en contra de la privatización de la educación, y fue disuelto mediante la represión en febrero de 2000), hasta los conflictos armados, como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Entre diciembre de 1994 y noviembre de 2000, su gobierno ejecutó una estrategia de contrainsurgencia en contra de milicianos del EZLN y de pueblos indígenas en general, que incluía uso de paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales. Sólo por citar algunos de los delitos de lesa humanidad que cometió aquel gobierno están las masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque. Los crímenes de esta naturaleza, por ser violaciones graves a derechos humanos, no prescriben.

Y como parte de esa guerra contra la sociedad, su sexenio consolidó el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, especializado en espionaje político. Ello, de la mano de Alejandro Alegre Rabiela –secretario general del Cisen de 1994 a 1999, y director en 2000, hoy encumbrado en el Banco de México como titular de la Dirección General de Emisión y Cajero Principal– y Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El rescate de bancos, carreteras…

El mayor latrocinio de Zedillo es, sin duda, el Fobaproa-IPAB. Tras el llamado “error de diciembre” de 1994 –considerado el inicio de una de las peores crisis financieras recientes del país– el priísta endosó la multimillonaria deuda de los bancos a los mexicanos, en complicidad con Felipe Calderón, entonces líder del PAN, partido que acompañó esta política pública de convertir una deuda privada en pública–.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación estimó que, “al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre del año 2042”



En 1996, Zedillo aseguró en su Segundo informe de gobierno que el costo del rescate ascendería a sólo 180 mil millones de pesos. De acuerdo con su mensaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1996, el doctor en economía afirmó que los apoyos canalizados a través del sistema bancario “no son para respaldar a los accionistas de los bancos. Son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso, se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años”.

En su el informe especial Infraestructura financiada con ingresos futuros, la Auditoría Superior señalaba desde 2017 que “el importe de compromisos del IPAB corresponde a los pagos programados de intereses de acuerdo con los ingresos de las cuotas que recibirá el instituto en los próximos 25 años, por 1 billón 243 mil 265.7 millones de pesos y de recursos fiscales que el gobierno federal transfiere al IPAB, por 421 mil 754.7 millones de pesos”.

Para la ASF, esas obligaciones de pago futuras de los esquemas financieros representan riesgos para las finanzas del actual y los próximos sexenios, pues “podrían reducir los márgenes de acción del gobierno federal, así como de las

entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto; este riesgo puede incrementarse si se adicionan también los compromisos de pago del IPAB (1 billón 665 mil 18.4 millones de pesos) … lo que necesariamente incidirá en mayores presiones sobre las finanzas públicas”.

Y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al segundo trimestre de 2022 esta deuda que heredó Zedillo casi alcanzó los 930 mil millones de pesos: “el monto de los pasivos netos del Instituto [IPAB] a precios corrientes, pasó de 919 mil 669 millones de pesos en diciembre de 2021 a 929 mil 696 millones de pesos en junio de 2022, presentando un incremento en términos nominales de 1.09 por ciento y una disminución de 2.83 por ciento en términos reales, considerando qué durante ese periodo, la inflación acumulada fue de 4.04 por ciento”.



Además del Fobaproa, el gobierno zedillista destinó recursos públicos para el rescate de otros sectores privatizados apenas el sexenio anterior. De acuerdo con el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo” –de la investigadora Carmen Silvia Zepeda Bustos–, en ese sexenio “se permitieron los onerosos rescates de la banca, de las aerolíneas, de los ingenios azucareros y de las carreteras, entre otros, todos privatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari”.

Como ejemplo, cita el caso del sector carretero, privatizado con Salinas mediante 52 concesiones –hasta por 50 años– para construir 5 mil kilómetros de autopistas. Hasta octubre de 1995, las inversiones superaban los 62 mil millones de pesos: 46 por ciento (28 mil 500 millones) financiado por el sistema bancario nacional; 24 por ciento (casi 15 mil millones) por los concesionarios; 14 por ciento (8 mil 680 millones) por créditos no bancarios; 13 por ciento por el gobierno federal (8 mil millones); y 3 por ciento (1 mil 860 millones de pesos) por gobiernos estatales.

“El esquema fracasó debido a las altas tasas de interés, reducido tránsito vehicular y plazos de recuperación relativamente cortos. Las constructoras Triturados Basálticos (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) se declararon en suspensión de pagos, alegando que el negocio no había sido rentable a raíz de la crisis de 1994; no se cumplió con las expectativas de aforos vehiculares, y por el incremento de costos financieros, entre otros factores. Hacia 1996, se perfiló la posibilidad de que el gobierno federal retomara al menos cinco de las carreteras concesionadas: Durango-Yerbanís, Gómez Palacio-Cuencame-Yerbanís y otras localizadas en Campeche, Zacatecas o Chiapas. En 1997, la administración de Zedillo rescata las empresas, comprando sus activos carreteros por montos equivalentes a 40 por ciento de su valor, mediante unos pagarés de indemnización carretera, a saldar en cinco, 10 y 15 años. En agosto de ese mismo año, fueron rescatadas 23 autopistas de las cuales tres aún estaban en construcción; a éstas se sumaron los tramos Pátzcuaro-Uruapan y Matamoros-Reynosa, consideradas inviables por los concesionarios, totalizando así 25 autopistas.”

El análisis agrega que ese mismo año, la deuda bancaria que asumió el gobierno federal por el Programa de Rescate Carretero sumó 36 mil 646.1 millones de pesos, “además de los 21 mil 78.6 millones que se canalizaron al pago de indemnización de los participantes mediante los PIC’s –para poder liquidar las cuentas por pagar de los proyectos– para lo cual se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), en el que Banobras actuó a su vez como fideicomitente y fiduciario, lo cual no está permitido por la ley en la materia. El pago de estos réditos, iniciado desde la constitución del FARAC, ha figurado de manera constante como parte del costo financiero del gobierno federal, y su cuantificación contable es independiente al monto principal del endeudamiento asumido por el rescate carretero”.

La investigadora Zepeda Bustos añade que las principales empresas beneficiarias fueron Tribasa –concesionaria no sólo de carreteras, sino también de puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas de agua potable, entre otros negocios, como la construcción de infraestructura petrolera, de electricidad y gas–, GMD e Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

Otro de los rescates de Zedillo fue el de los más de 60 ingenios azucareros rematados en los sexenios de Miguel de la Madrid y Salinas–: entre 1995 y 2000 se les entregaron recursos públicos por 8 mil 938 millones 436.4 mil pesos (2 mil 784 millones 701.1 mil para capitalizar a Financiera Nacional Azucarera –Finasa–, 2 mil 743 millones 300.6 mil como subsidio de Finasa, 2 mil 686 millones de otros subsidios, 477 millones 384.9 mil como apoyo a las exportaciones de excedentes de azúcar, y 247 millones 49.8 mil pesos por apoyos al manejo de inventarios de azúcar nacional, de acuerdo con el análisis “La agenda del azúcar mexicano 1990-2003: origen y causas de la crisis financiera”.

Elaborado por los investigadores Víctor Manuel Castillo Girón y Alma Alicia Aguirre Jiménez, el estudio apunta que “al mismo tiempo que se acentuaban los problemas de las factorías azucareras del país, por los incrementos en los pasivos, se intensificaban los apoyos económicos y subsidios del gobierno federal hacia la industria azucarera”.

Las privatizaciones

En plena crisis económico-social, Zedillo decidió beneficiar aún más a los ricos. El poder económico mexicano y extranjero se hizo de áreas estratégicas antes controladas por el gobierno. Por ejemplo, en 1995, el Senado de la República aprobó la iniciativa zedillista para vender los Ferrocarriles Nacionales de México. “Para facilitar la privatización, el sistema ferroviario fue dividido en tres troncales regionales: (1) el Ferrocarril del Noreste, (2) el Ferrocarril del Pacífico Norte, y (3) el Ferrocarril del Sureste y la Terminal Ferroviaria del Valle de México, así como varios ferrocarriles con vías de corta longitud, señala el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”.

Asimismo, agrega que en ese sexenio se concesionaron los puertos y aeropuertos: en marzo de 1996, la SCT inició la privatización ocho de las 18 Administraciones Portuarias Integrales del país, mientras que en el caso de los aeropuertos, “uno de los concesionarios de los aeropuertos es Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), constituido por las empresas españolas Aena, Dragados, Concesiones de Infraestructura, SA, y los mexicanos Pal Aeropuertos, SA, y Promotora Aeronáutica del Pacífico (PAP)”.

En materia de electricidad, apunta que “mediante el sesgo de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de 1992, a través de la Comisión

Reguladora de Energía, el gobierno de Ernesto Zedillo abrió parcialmente la posibilidad de la inversión privada en el sector, otorgando importantes concesiones a partir de 1995, sobre todo bajo la figura de productor independiente de energía, mecanismo en ascenso por la inconstitucional venta de energía para el servicio público”.

En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, que –entre otras cosas– ordena revocar contratos de generación para autoabastecimiento y permisos de compraventa de energía, por ser fraudulentos.

Además del ferrocarril, los puertos y aeropuertos, Zedillo privatizó la distribución de gas (favoreciendo a la española Gas Natural y a la estadunidense Enron); los satélites Morelos I, Morelos II, Solidaridad I, Solidaridad II y el proyecto Satmex 5; concesionó reservas, unidades y plantas mineras; e incentivó “los negocios privados en pesca y acuacultura, que desarticularon la vida comunitaria de los pescadores”, advierte el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”.

En esos mismos años y a la par de esas políticas públicas antisociales, en México se fue ampliando la pobreza y la marginación. Oficialmente, el gobierno zedillista admitió haber generado 4 millones 714 mil 63 nuevos pobres alimentarios, es decir, que carecían “del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes”.

Además, su gobierno propició que 4 millones 330 mil 738 de personas se sumaran a las filas de pobres en capacidades, esto es que presentan insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Y mandó a la pobreza patrimonial a 5 millones 681 mil 744 de personas, que es la “insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios”.

Y es que datos estadísticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –que históricamente fueron manipulados por el gobierno– indican que en 1994 (último año del gobierno de Carlos Salinas), 19 millones 8 mil 88 personas se encontraban en situación de pobreza alimentaria; 26 millones 885 mil 596, en pobreza de capacidades; y 47 millones 18 mil 805, en pobreza patrimonial. Para 2000 (último año del gobierno de Zedillo), 23 millones 722 mil 151 personas estaban en pobreza alimentaria; 31 millones 216 mil 334, en pobreza de capacidades; y 52 millones 700 mil 549, en pobreza patrimonial.

Crisis más severa desde Crack del 29

El 20 de diciembre de 1994 estalló el “efecto tequila”, crisis considerada por el Banco de México como la más grave desde el llamado “jueves negro” o Crack de 1929. Al año siguiente, el doctor en economía y presidente de la República destinaba dinero del pueblo mexicano a recapitalizar bancos privados, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Ello, a pesar de que el rescate fue aprobado –con la anuencia del panismo– hasta 1998, el 12 de diciembre mientras muchos mexicanos celebraban el Día de la Virgen de Guadalupe. Aquella fecha, el Barzón y otras organizaciones sociales protestaban afuera de la Cámara de Diputados. Carlos Medina Plascencia era entonces el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados (LVII Legislatura, 1997-2000).

Hace unos días, el 20 de octubre pasado –en Madrid, España–, Felipe Calderón confesó que en 1998, cuando era líder de Acción Nacional, dio su aprobación al Fobaproa luego de que se lo pidiera directamente Zedillo. Incluso dijo haber pensado en aquel momento que esa decisión le significaría su “muerte política”. No fue así: ocho años más tarde, en 2006, el PRI le pagó avalando el fraude electoral que lo llevó a la Presidencia.

En su Informe anual 1995, el Banco de México señaló que ese año “la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años treinta. […]. La actividad económica mostró una contracción muy marcada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el valor del producto interno bruto (PIB) medido a precios constantes de 1980 se redujo 6.9 por ciento. La denominada ‘absorción’ de la economía –representada por la suma de los gastos de consumo e inversión tanto públicos como privados– disminuyó 15.9 por ciento. Por tanto, en 1995 la demanda agregada, medida a precios constantes, se redujo 10.2 por ciento después de haber aumentado 4.9 por ciento el año anterior. Esta contracción sólo pudo ser compensada parcialmente por la expansión de las exportaciones de bienes y servicios, las cuales mostraron acrecentado dinamismo. Durante 1995 el gasto total en consumo se redujo 11.7 por ciento”.

El reporte agregó que “la devaluación del peso mexicano tuvo importantes repercusiones sobre la salud del sistema bancario nacional: aumento sin precedente de la cartera vencida de las instituciones de crédito y descenso de sus niveles de capitalización”.

Por ello, ese año se lanzó el Programa de Capitalización Temporal para rescatar a los bancos donde el coeficiente capital/activos descendió por debajo del mínimo establecido en la normativa (luego de que los créditos bancarios en moneda extranjera incrementaron considerablemente su valor en moneda nacional). El Banxico justificó que “las disposiciones sobre constitución de reservas preventivas implicaron la necesidad de recapitalizar algunas instituciones de crédito. En estas condiciones, el Fobaproa adquirió instrumentos representativos de deuda subordinada emitidos por los bancos comerciales con coeficientes de capital según la regulación (de riesgos crediticios) inferiores al 8 por ciento.

“El 31 de marzo de 1995 se incorporaron al Programa cinco instituciones. Los créditos otorgados al amparo de este programa alcanzaron un máximo de 7 mil 8 millones de pesos en el mes de mayo […]. En 1995, seis instituciones fueron intervenidas por la CNBV y/o recibieron apoyo de Fobaproa: Banpaís, Banco Obrero, Banco de Oriente, Banco del Centro, Banco Interestatal y Banco Inverlat. Además, Banco Unión y Cremi, instituciones que fueron intervenidas en 1994, recibieron créditos de Fobaproa durante 1995”. Todos habían sido entregados por Salinas a empresarios apenas cinco años antes.

Como si no existiera memoria histórica de lo que significó para millones de personas el manejo de la crisis económica de 1995 (menoscabo o pérdida total de ahorros, desempleo, pérdida de viviendas –porque se dispararon los costos de las hipotecas–, quiebra de micros, pequeñas y medianas empresas), ahora Ernesto Zedillo da “clases” de economía y manejo de crisis en defensa del modelo neoliberal.

El pasado 20 de octubre, declaró en Madrid: “vamos mal en las economías [de América Latina]: estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos dramáticos en lo social y, claro, ahora, tenemos gobiernos que explican esos resultados. Yo diría que hay tres cosas que están sucediendo con muchos de esos gobiernos: en primer lugar hemos visto un repudio de las reformas [neoliberales] que se emprendieron en el pasado reciente, a finales del siglo pasado y muy a principios de este siglo. Es un repudio no solamente retórico, sino también un repudio en los hechos. Obviamente al existir esa actitud, hay también la falta de interés de completar las reformas, hecho que en buena medida explica los malos resultados, la situación insatisfactoria de manera justificada para muchos ciudadanos de los resultados no tienen que ver con las reformas que se hicieron, si no que tienen mucho que ver con las reformas que no hemos completado en América Latina. Y el tercer aspecto de esta conducta –quizás es lo más preocupante, porque no solamente es que se repudian las reformas y que no se hace lo que falta por hacer en términos de reformas– es que además se recuperan recetas del pasado, actitudes, políticas e incluso ideologías que son parte del fracaso del pasado en América Latina. Y eso es terrible”.

Según Zedillo, el mal que asola a la región latinoamericana proviene del populismo: “yo diría que lo peor de esa recuperación de los malos atributos latinoamericanos, que nos está lacerando y constituye la mayor amenaza para nuestros países, es la regresión democrática que estamos viviendo. Son muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. Y los otros puede ser ‘el pasado’, los otros pueden ser ‘los extranjeros’, los otros pueden ser hasta ‘gente de este lado del océano’. Nunca se reconoce la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas, y eso es la historia del populismo, de acceder al poder con demagogia; pero, eso sí, en estos casos la mayoría de esas liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea es empezar a erosionar, a destruir la democracia que con tanto trabajo se había construido en América Latina”. Nada dijo de todo el mal que causó a este país durante su mandato.