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11/19/2015

Senadores señalan riesgos y omisiones en Ley Federal de Transparencia


Alejandro Encinas alertó sobre el peligro de tener una legislación "mazacote"; Javier Corral señaló que se habla de parlamento abierto, pero hay "manga ancha" para el Congreso.
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(Foto: Archivo Cuartoscuro/Isaac Esquivel).
No desarrolla conceptos fundamentales para transparentar el sector energético, el sistema de partidos políticos, ni al propio Congreso, y habla de parlamento abierto pero hay “manga ancha” para el Congreso en términos de rendición de cuentas, opinó Corral.
Poe su parte, Encinas alertó que se corre el riesgo de tener una legislación “mazacote”, en donde puedan hacerse anulatorias muchas de las disposiciones legales cuyo objetivo fundamental es el garantizar el derecho de los ciudadanos acceder a la información pública, así como crear toda una estructura para combatir la corrupción en el país.
A continuación las posturas de ambos senadores:





3/06/2015

Sin reserva, información sobre casos de violaciones graves a DH


No debe haber retrocesos con Ley de Transparencia: Peschard

Jacqueline Peschard, ex comisionada presidenta del ahora Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (Ifai), advirtió el riesgo de retrocesos en materia de transparencia, ya que la nueva ley que se discute en el Senado podría reservar de manera perpetua la información de investigaciones sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (DH).



 
En entrevista con Cimacnoticias al término de la presentación del libro “Igualdad, inclusión y no discriminación en los partidos políticos”, realizado por la organización Incide Social, sostuvo que no se puede reservar la información de investigaciones que impliquen graves violaciones a DH, además de que se debe definir quién calificará como “grave violación” la indagatoria respectiva.
 
En estos momentos se discute en el Senado una propuesta de Ley General de Transparencia, que responde a la reforma constitucional en la materia que entró en vigor en febrero de 2014, y por la que el Ifai se convirtió en un organismo constitucional autónomo.
 
En noviembre del año pasado el organismo presentó una propuesta de ley y en diciembre los senadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México presentaron su iniciativa.
 
De acuerdo con Peschard, después de un largo proceso los asesores de senadores y las organizaciones civiles consensaron un proyecto de ley. Pero la iniciativa que ahora se discute no es la que se elaboró con los grupos ciudadanos.
 
“Le quisieron modificar 80 artículos, entre estos hay cosas muy preocupantes, como que se vaya a clasificar información por cuestiones de estabilidad económica, que es un concepto muy amplio, muy poco preciso”, observó la ex presidenta del Ifai.
 
La también doctora en Ciencias Sociales precisó que la información sobre casos de violaciones graves a DH debe ser transparente y sin reserva. El debate, dijo, es definir qué instancia, si el Ifai o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, será la encargada de determinar cuáles son los casos de violaciones que se deben hacer públicos.
 
Cabe precisar que el pasado 18 de febrero el Ifai ordenó a la Procuraduría General de la República entregar una versión pública de la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, perpetrada en septiembre de 2014, al considerar que se trata de un caso de graves violaciones a DH.
 
Jacqueline Peschard explicó que la nueva ley debe estar acorde con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y con el próximo sistema nacional anticorrupción, por lo que consideró que las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, deben aprobar un dictamen que no debilite el sistema de transparencia.
  


Jacqueline Peschard | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

2/25/2015

ONG y expertos, "preocupados" por la iniciativa de ley de transparencia


Organizaciones civiles y académicos exigen al Senado cambiar aspectos del texto que consideran regresivos para el acceso a la información

adnpolitico         



Un grupo de 303 organizaciones civiles y 163 expertos expresó su "preocupación" por la iniciativa de ley de transparencia que discute el Senado mexicano, bajo el argumento de que contiene aspectos regresivos para el acceso a la información. 
En un pronunciamiento publicado este martes, las agrupaciones y los especialistas exigen a los senadores cambiar esos puntos antes de aprobar la legislación, que debe reglamentar la reforma constitucional promulgada en febrero de 2014. 
Algunas de las modificaciones que demandan son eliminar la posibilidad de que se sancione a funcionarios que transparenten información que pueda causar "daño" a una institución gubernamental, así como permitir que la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos sea haga pública. 
Otro cambio que exigen es precisar en qué casos se podrá reservar cierta información por razones de seguridad nacional o estabilidad económica, pues consideran que no hacerlo abriría la puerta a que las instituciones reserven documentos con discrecionalidad. 
"Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la posibilidad de reservar una multitud de información", señala el pronunciamiento titulado "Ocho preocupaciones fundamentales de la Ley General de Transparencia". 
"Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero", agrega el texto. 
Los firmantes, por otra parte, demandan que la ley establezca claramente la obligación de las instituciones de transparentar la información sobre las actividades del sector energético, y sobre las personas a quienes se les perdonan créditos fiscales (adeudos de impuestos), y que se limiten las ocasiones en que el consejero jurídico de la Presidencia de la República pueda impugnar resoluciones del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
"Algunas modificaciones al artículo 190 establecen que el consejero jurídico podría —a petición de cualquier sujeto obligado independientemente de si es del Ejecutivo o no— recurrir las resoluciones del IFAI ante la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y los sujetos obligados tendrían que informarle en cuanto se les notificara una resolución que consideren atenta contra la seguridad nacional. Esta sería una falta injustificada y desproporcional que implicaría dilaciones del procedimiento de acceso a la información", argumentan. 
Este pronunciamiento se da a conocer mientras los senadores buscan llegar a acuerdos sobre la iniciativa de ley, que debía haberse aprobado a más tardar el 7 de febrero. El texto coincide con opiniones que el IFAI hizo públicas la semana pasada. 
Algunas de las organizaciones firmantes son Artículo 19, Fundar, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, así como los siete comisionados del IFAI y los académicos Sergio Aguayo, Alberto Aziz Nassif, Javier Esteinou, Fátima Fernández Christlieb y Gabriel Sosa Plata.

Los 10 puntos que el IFAI pide cambiar en la nueva ley de transparencia

Los comisionados solicitan al Senado precisar temas como en qué casos una información podrá reservarse por seguridad o estabilidad económica
Por Mauricio Torres


El Senado analiza la Ley general de transparencia

         
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Mientras las principales bancadas en el Senado mexicano buscan destrabar las negociaciones sobre la nueva ley de transparencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pide a los legisladores cambiar algunos aspectos de la iniciativa que discuten desde finales de 2014.
En un texto titulado Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los siete comisionados solicitan a los senadores atender, entre otros, temas como en qué casos podrán reservarse documentos por razones de seguridad nacional o estabilidad económica, y qué trato recibirán los fideicomisos y fondos públicos.
A continuación te presentamos los aspectos que el IFAI pide a la Cámara alta tomar en cuenta para esta ley, que debía haberse aprobado a más tardar los primeros días de este mes y que debe reglamentar la reforma constitucional promulgada en febrero de 2014.
1. Información relacionada con derechos humanos
El primer punto que el IFAI pide considerar es que la ley permita que los organismos de transparencia publiquen información relacionada con violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sin que esta decisión antes tenga que ser avalada por otra autoridad.
Para los comisionados, esto favorecería el derecho de la ciudadanía a conocer casos de interés general.
"El interés público en mantener la reserva de las investigaciones en aquellos casos extremos sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad se ve superado por el interés de la sociedad por conocer la información que consta en una investigación de esa naturaleza, de modo que el acceso a la información no solo afecta directamente a las víctimas y ofendidos por los hechos antijurídicos, sino que ofende a toda la sociedad", señala el texto del IFAI.
2. Seguridad nacional y estabilidad financiera
Además, los comisionados solicitan que la ley sea clara sobre en qué casos una información podrá declararse reservada por razones de seguridad nacional o estabilidad financiera, económica y monetaria.
"Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para restringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad democrática al orientarse a satisfacer un interés público imperativo, de tal manera que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados", argumentan.
Organizaciones civiles especializadas en el tema han advertido que si este aspecto no es detallado en la ley, se da pie a que las instituciones públicas busquen reservar un universo amplio de documentos, arguyendo que darlos a conocer podría afectar la seguridad nacional o la estabilidad financiera del país.
3. El consejero jurídico del presidente
La reforma constitucional en la materia permite que el consejero jurídico de la Presidencia de la República impugne resoluciones del IFAI por razones de seguridad nacional.
Al respecto, los comisionados piden que la ley reglamentaria establezca un mecanismo claro para que se conduzcan estas impugnaciones, así como evitar la posibilidad de que este funcionario federal también pueda impugnar decisiones de los órganos de transparencia de los estados.
4. Evitar sanciones
Otro punto que el IFAI solicita considerar es evitar que la ley incluya sanciones para los órganos de transparencia, pues hacerlo "inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".
5. Fideicomisos y fondos públicos
En otro apartado, los comisionados piden que la ley precise que todos los fideicomisos y fondos públicos serán sujetos obligados a transparentar su información, sin importar si son entidades paraestatales o no.
Junto con los sindicatos, los partidos políticos y todo ente que reciba recursos del erario, los fideicomisos y fondos públicos fueron incluidos en la nueva lista de sujetos obligados que estableció la reforma constitucional.
6. Reservas razonadas
Además, los comisionados consideran necesario que toda instancia que decida reservar una información deba hacerlo con una "justificación razonada", lo que implicaría obligarlas a hacer un análisis de las consecuencias de difundirla o no.
"Por tanto, se sugiere que los sujetos obligados realicen la prueba de daño al momento de reservar la información, ya que esta, como mecanismo argumentativo, sirve para que cumplan con su obligación de motivar los actos que realizan", dice el documento enviado al Senado.
7. Jerarquía legal
Otro aspecto que el IFAI pide precisar es que cualquier criterio para la reserva de información parta en primer lugar de lo establecido en la ley de transparencia, no en otros ordenamientos jurídicos.
8. Sistema Nacional de Transparencia
En otro apartado, los comisionados plantean que el Sistema Nacional de Transparencia —como se conoce a la red de instituciones que vigilan la política del país en la materia— esté integrado exclusivamente por el IFAI y los órganos de los estados, no por otras autoridades.
Además, proponen que se permita la participación con voz de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
9. Denuncias por incumplimiento
Los comisionados también piden que la ley permita que los ciudadanos presenten denuncias contra quienes incumplan sus obligaciones en materia de transparencia, como lo son responder a solicitudes de información en plazos determinados o acatar la resolución del IFAI o un órgano estatal.
10. Créditos fiscales
El último punto que el IFAI pide considerar es establecer en la ley que las autoridades estarán obligadas a difundir el nombre de las personas a quienes se les ha cancelado o condonado un adeudo o crédito fiscal, junto con el monto implicado.

6/20/2014

Transparencia y derecho a la privacidad


La batalla por la seguridad nacional

El alcance político de las revelaciones de Edward Snowden gira alrededor de la obligación del estado para transparentar sus acciones y del derecho del ciudadano a su vida privada. El sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en inglés) fue denunciado precisamente por intervenir todo tipo de comunicaciones privadas mientras que se mantiene en las cárceles clandestinas a decenas de personas sin acusaciones formales y ajenas al escrutinio público.

En un momento en el que se discuten las características de una nueva
Ley de Transparencia y la Ley General para la protección de Datos Personales en nuestro país habrá que tener muy presente las tendencias de los estados nacionales a espiar a sus gobernados y a ocultar lo mejor que puedan buena parte de sus actividades. La seguridad nacional como elemento central para justificar la opacidad del poder político y económico y, al mismo tiempo, permitirles que exijan al ciudadano transparencia absoluta debe reformularse. De no hacerlo será muy difícil garantizar el disfrute de los derechos fundamentales. Los límites tienen que estar contemplados en las leyes mencionadas y antes habrá que incluirlos como puntos de discusión en foros y coloquios.

Si bien es cierto que el estado liberal como construcción histórica surge en un ambiente impregnado por la defensa de los derechos, no es menos cierto que en la actualidad las tendencias apuntan a debilitarlos para fortalecer la recuperación del modelo económico. El contexto mundial, al reconfigurarse en términos económicos, ha provocado gran incertidumbre entre los estados nacionales, lo que ha provocado intensas protestas por parte de la sociedad así como conflictos entre sus élites. En su afán por mantener el modelo económico, los gobiernos han echado mano del espionaje interno, procurando ganar control en el ciberespacio y limitando su uso a los ciudadanos.

Pero además, crece exponencialmente la tendencia a clasificar información pública alentada por la necesidad de ocultarle al ciudadano datos que pueden impulsar las protestas o que simplemente son considerados estratégicos para la seguridad del estado, o que –como se ha venido argumentando recientemente- violan la privacidad de altos funcionarios. La protección de los datos personales se ha convertido en un arma de doble filo que por un lado protege a los fuertes y deja en el desamparo a los débiles. La mayoría de los últimos están sujetos, por ejemplo, a que la información que proporcionan a las instituciones privadas y públicas sea vendida al mejor postor y que no tengan elementos legales para evitarlo o sancionar a los que lucran con ella. Dicho de otro modo, los datos personales son una oportunidad de lucro para las empresas y de control político por parte de los gobiernos, ni más ni menos.

Legislar sin tener en cuenta el contexto y las tendencias negativas relacionadas con la transparencia y la protección de la privacidad sólo las fortalecerá. La sociedad requiere un debate de altura que ponga en la balanza a la seguridad nacional y a los derechos humanos. Sin pretender negar la necesidad de prevenir agresiones a la paz pública es indispensable poner en primer lugar a los derechos, partir de ellos para ponerlos en su justa relación. Una sociedad vigilada y un estado opaco son una gran amenaza para la seguridad nacional, entendida ésta como la destinada a garantizar condiciones de vida digna a la población. La seguridad nacional no puede ser entendida en términos de la capacidad del estado para defenderse de sus ciudadanos, para ocultarle, en aras de la protección de la nación, que existe un sistema que lo vigila violando sistemáticamente su derecho a la privacidad.

La seguridad nacional después de la Segunda Guerra mundial estuvo enmarcada en el conflicto entre la desaparecida Unión Soviética y los EE. UU. y tuvo como eje la protección del enemigo externo. Hoy por hoy, finiquitada la primera Guerra Fría, la seguridad nacional en México ha desplazado su foco hacia los conflictos internos que puedan amenazar a las instituciones democráticas, de acuerdo con la renovación del concepto que efectuó el desaparecido Adolfo Aguilar Zínzer cuando fue asesor de seguridad nacional de Vicente Fox. Resulta contradictorio que teniendo como valor republicano fundamental a la democracia se violen los derechos que le dan vida.

El conflicto no es menor ya que de acuerdo con Samuel Huntington, el “… poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a evaporarse. ” Así las cosas, no será el estado quien el actor principal que promueva la el derecho a la información y el respeto a la privacidad sino la sociedad en su conjunto, quien además está obligada a defender su derecho a la privacidad para enfrentar ésa batalla que viene, una vez que se consume la privatización de nuestros recursos naturales. Y dadas las circunstancias no será una batalla menor.

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2014/06/la-batalla-por-la-seguridad-nacional.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.