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3/20/2015

Desarman a Ifai para que ordene abrir casos de violaciones a DH

Ley de Transparencia aprobada no garantiza información

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El Senado de la República no atendió al llamado de organizaciones civiles que exigían garantizar el pleno acceso a la información pública en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos (DH).

Ayer, luego de más de cinco horas de discusión, el pleno de la Cámara alta aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención.

En votación económica, las y los senadores desecharon las reservas presentadas al dictamen previamente avalado por las comisiones de Anticorrupción, Estudios Legislativos y Gobernación del Senado, entre ellas la que proponía incluir la apertura total para  investigaciones de delitos graves, lesa humanidad y agresiones a periodistas.

El artículo 5 de la ley aprobado determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Sin embargo, no se reconoció la facultad del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) para definir la información que esté vinculada con violaciones a los DH, y así ordenar la apertura de expedientes que dependencias o instituciones se nieguen a brindar.

De acuerdo con la lectura de grupos civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, esto limita que el Ifai pueda intervenir de manera inmediata cuando se niega el acceso a esta información, y deriva en que el proceso que enfrentarían las organizaciones ciudadanas para acceder a los expedientes podría demorar mucho tiempo.

Cabe recordar que el pasado 18 de febrero, el Ifai ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública de la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, perpetrada en septiembre de 2014, al considerar que se trata de un caso de graves violaciones a DH.

Dentro de los avances logrados en la Ley de Transparencia se incorpora el hecho de que los sindicatos ahora también son considerados como sujetos obligados a transparentar su información; se deberá justificar mediante “la prueba de daño” la reserva de información; y los sujetos obligados a transparentar sus cuentas se harán acreedores a sanciones si no cumplen con la norma.

El dictamen aprobado fue enviado a la Cámara de Diputados para su eventual ratificación.
  Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF

3/16/2015

Sobre el Ifai y el 27 batallón de Iguala


Carlos Fazio

Con cierta frecuencia Enrique Peña Nieto pregona urbi et orbi que México es una democracia donde impera el estado de derecho. ¡Vamos, hasta se atreve a decir que es un país con décadas de estabilidad política, social y económica! En su mundo de fantasía, cuando especialistas de la Organización de Naciones Unidas concluyen que las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la de­saparición forzada de personas y la tor­tura (los toques eléctricos, la asfixia, las violaciones tumultuarias, la presión sicológica) son prácticas comunes, generalizadas e impunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores responde que eso es falso. Y si periodistas de investigación, académicos y directores de cine de clase mundial concluyen que, además, el Estado es la corrupción (González Iñárruti dixit), sus amanuenses tarifados en los medios reviran que se trata de hipótesis únicas sin fundamento, estereotipos, vías cortas para simplificar realidades complejas, meros atajos de particulares inmaduros.
Que la realidad es compleja no hay duda; pero los hechos son los hechos. El 18 de febrero pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer públicas las pesquisas en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La información había sido reservada por la PGR bajo el argumento de que formaba parte de una averiguación previa. Y sin evidencia empírica que lo sustentara, el ex procurador Jesús Murillo Karam había decretado la verdad histórica sobre los hechos de Iguala, limitándose a imputar a los inculpados delitos de secuestro y homicidio, y no el tipo penal adecuado: desaparición forzada, que por acción u omisión implica una responsabilidad del Estado. Sin embargo, en un recurso de revisión aprobado por unanimidad, los comisionados del instituto revocaron la negativa de la PGR por tratarse −dijeron− de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, y le ordenaron que cumpla con el principio de máxima publicidad, lo que un mes después la PGR no ha hecho.
En un nuevo pronunciamiento, el 11 de marzo el IFAI ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar toda la documentación relacionada con las actividades realizadas por el 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, entre los días 25 y 30 de septiembre de 2014, aduciendo que la desaparición de los 43 estudiantes es un caso de interés público por la grave violación de derechos humanos que entraña y el involucramiento de autoridades de seguridad pública en ellos.
La presunta participación de militares en actividad o retiro en los hechos de Iguala está documentada en los expedientes del caso. Autoridades estatales y federales demostraron la comisión de delitos por policías municipales de Iguala y Cocula. Entre 2011 y 2014 los jefes de policía de Cocula eran militares retirados: el teniente Tomás Bibiano Gallegos ( ejecutado) y el mayor Salvador Bravo Bárcenas. Ambos fueron recomendados por el general de división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo. Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública de ese ayuntamiento y está señalado como uno de los principales operadores en la desaparición de los normalistas. Otros tres ex policías con pasado militar: Honorio Antúnez, Ignacio Hidalgo Segura y Wilber Barrios, también presos, prestaron servicio en el 27 batallón de Iguala o en la 35 Zona Militar.
De acuerdo con el testimonio del ex mayor Bravo, los jefes militares de Guerrero sabían que mandos y tropa bajo sus órdenes estaban involucrados con la delincuencia organizada. Otras testimoniales señalan que los coroneles Juan Antonio Aranda y José Rodríguez Pérez, ambos del 27 batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón de infantería y coordinador del Operativo Guerrero Seguro, así como el almirante José Rafael Durán, comandante de la octava Región Naval de Acapulco, recibieron denuncias sobre tales nexos.
En particular, eran conocidos los ­vínculos de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, con el grupo criminal Guerreros Unidos. Según obra en el expediente, los mandos castrenses conocían el modus operandi de las policías municipales de Iguala y Cocula y Guerreros Unidos para secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en fosas clandestinas (un patrón de funcionamiento similar al utilizado por Los Zetas y la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, en la matanza de 72 migrantes centroamericanos).
En ese contexto no se explican las públicas y documentadas relaciones de Abarca −procesado por delincuencia organizada y homicidio− con el capitán José Martínez Crespo y los coroneles Juan A. Aranda y José Rodríguez, del 27 batallón de infantería de Iguala.
Por acción u omisión, las huellas de mandos militares del 27 batallón y sus subordinados en el caso Iguala/Ayotzinapa son evidentes. Pero, según el ex procurador Jesús Murillo Karam, investigar al Ejército –como demandan los padres y abogados de las víctimas− es un absurdo completo. Existen indicios de que la investigación de la PGR encubre al Ejército. Por eso, la orden del Ifai a la Secretaría de la Defensa Nacional para que abra al público las bitácoras con las actividades del 27 batallón de infantería entre los días 25 y 30 de septiembre puede resultar fundamental en la aproximación a la verdad de los hechos. Ello, como argumentó el comisionado Rosendo Monterrey del Ifai, tiene que ver con el ejercicio democrático del poder y la ética de la responsabilidad pública de los gobernantes; con la salvaguarda del estado de derecho, pues. De allí que el general secretario Salvador Cienfuegos no debería enojarse, acostumbrado como nos tiene a escuchar, de su propia voz, que la institución armada que comanda actúa conforme a la ley y las normas constitucionales y con total apego a la preservación y defensa de los derechos humanos.

Ifai no podrá ordenar apertura de expedientes sobre DH


Comisiones del Senado aprueban limitada Ley de Transparencia

El dictamen de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado ayer en comisiones del Senado, si bien integró cambios positivos para garantizar el derecho a la información, continúa sin facultar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) para que ordene la apertura de expedientes relacionados con graves violaciones a los Derechos  Humanos (DH).



 
Ayer las comisiones dictaminadoras de Anticorrupción, Estudios Legislativos y Gobernación del Senado aprobaron, por unanimidad, el dictamen de Ley General de Transparencia que sería aprobado el próximo miércoles por el pleno del Senado, y luego enviado para su ratificación a la Cámara de Diputados.
 
Luego de que las y los senadores se vieron obligados a abrir el debate sobre la redacción de la ley –que responde a la reforma de 2014 al artículo sexto constitucional–, ayer las comisiones modificaron algunos aspectos de la iniciativa que fueron marcados como “preocupantes” por organizaciones civiles.
 
Es así que ahora el proyecto de ley incorpora como sujetos obligados a brindar información a los sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos.
 
También se ordena la aplicación de la “prueba de daño” para pedir que una información sea clasificada o reservada, es decir, cuando el sujeto obligado se niegue a brindar información por considerar que su divulgación puede causar un daño, debe justificar por qué “la información representa un riesgo real demostrable e identificable de perjuicio”.
 
Un avance logrado es que el artículo 5 determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. 
 
Sin embargo, la propuesta de ley no reconoce la facultad del Ifai para definir la información que esté vinculada con violaciones a los DH, y así ordenar la apertura de expedientes que dependencias o instituciones se nieguen a brindar.

TRANSPARENCIA NECESARIA   

En entrevista con Cimacnoticias, Lucía Chávez Vargas, directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que la transparencia es uno de los pilares que puede construir la confianza de la sociedad en las instituciones, así como una herramienta de control sobre las autoridades “que es lo que debe prevalecer en cualquier Estado de derecho”.   Aclaró que al negarse la apertura de expedientes de casos graves de violaciones a DH se limita el escrutinio de la sociedad civil a las autoridades.     

Por ello, de no dotarse al Ifai claramente de esta facultad para que pueda intervenir de manera inmediata cuando se limita el acceso a esta información, el proceso que enfrentarían las organizaciones civiles para acceder a los expedientes “podrían ser más largos de los que ahora tenemos”, advirtió Chávez Vargas.     En tanto, el Colectivo por la Transparencia –integrado por grupos ciudadanos como Fundar, Alianza Cívica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental– si bien celebró los logros incluidos en la iniciativa, señaló su “preocupación” en otros aspectos.   

Además de la falta de claridad en la facultad del Ifai para intervenir en casos de violaciones a DH, a decir del Colectivo se quitó la atribución del instituto para que ordene a las dependencias generar la información específica solicitada, además de que la obligación de transparentar las versiones públicas sobre declaraciones patrimoniales quedaría sujeta a la voluntad de los funcionarios, entre otros puntos.  




Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

2/25/2015

Los 10 puntos que el IFAI pide cambiar en la nueva ley de transparencia

Los comisionados solicitan al Senado precisar temas como en qué casos una información podrá reservarse por seguridad o estabilidad económica
Por Mauricio Torres


El Senado analiza la Ley general de transparencia

         
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Mientras las principales bancadas en el Senado mexicano buscan destrabar las negociaciones sobre la nueva ley de transparencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pide a los legisladores cambiar algunos aspectos de la iniciativa que discuten desde finales de 2014.
En un texto titulado Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los siete comisionados solicitan a los senadores atender, entre otros, temas como en qué casos podrán reservarse documentos por razones de seguridad nacional o estabilidad económica, y qué trato recibirán los fideicomisos y fondos públicos.
A continuación te presentamos los aspectos que el IFAI pide a la Cámara alta tomar en cuenta para esta ley, que debía haberse aprobado a más tardar los primeros días de este mes y que debe reglamentar la reforma constitucional promulgada en febrero de 2014.
1. Información relacionada con derechos humanos
El primer punto que el IFAI pide considerar es que la ley permita que los organismos de transparencia publiquen información relacionada con violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sin que esta decisión antes tenga que ser avalada por otra autoridad.
Para los comisionados, esto favorecería el derecho de la ciudadanía a conocer casos de interés general.
"El interés público en mantener la reserva de las investigaciones en aquellos casos extremos sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad se ve superado por el interés de la sociedad por conocer la información que consta en una investigación de esa naturaleza, de modo que el acceso a la información no solo afecta directamente a las víctimas y ofendidos por los hechos antijurídicos, sino que ofende a toda la sociedad", señala el texto del IFAI.
2. Seguridad nacional y estabilidad financiera
Además, los comisionados solicitan que la ley sea clara sobre en qué casos una información podrá declararse reservada por razones de seguridad nacional o estabilidad financiera, económica y monetaria.
"Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para restringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad democrática al orientarse a satisfacer un interés público imperativo, de tal manera que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados", argumentan.
Organizaciones civiles especializadas en el tema han advertido que si este aspecto no es detallado en la ley, se da pie a que las instituciones públicas busquen reservar un universo amplio de documentos, arguyendo que darlos a conocer podría afectar la seguridad nacional o la estabilidad financiera del país.
3. El consejero jurídico del presidente
La reforma constitucional en la materia permite que el consejero jurídico de la Presidencia de la República impugne resoluciones del IFAI por razones de seguridad nacional.
Al respecto, los comisionados piden que la ley reglamentaria establezca un mecanismo claro para que se conduzcan estas impugnaciones, así como evitar la posibilidad de que este funcionario federal también pueda impugnar decisiones de los órganos de transparencia de los estados.
4. Evitar sanciones
Otro punto que el IFAI solicita considerar es evitar que la ley incluya sanciones para los órganos de transparencia, pues hacerlo "inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".
5. Fideicomisos y fondos públicos
En otro apartado, los comisionados piden que la ley precise que todos los fideicomisos y fondos públicos serán sujetos obligados a transparentar su información, sin importar si son entidades paraestatales o no.
Junto con los sindicatos, los partidos políticos y todo ente que reciba recursos del erario, los fideicomisos y fondos públicos fueron incluidos en la nueva lista de sujetos obligados que estableció la reforma constitucional.
6. Reservas razonadas
Además, los comisionados consideran necesario que toda instancia que decida reservar una información deba hacerlo con una "justificación razonada", lo que implicaría obligarlas a hacer un análisis de las consecuencias de difundirla o no.
"Por tanto, se sugiere que los sujetos obligados realicen la prueba de daño al momento de reservar la información, ya que esta, como mecanismo argumentativo, sirve para que cumplan con su obligación de motivar los actos que realizan", dice el documento enviado al Senado.
7. Jerarquía legal
Otro aspecto que el IFAI pide precisar es que cualquier criterio para la reserva de información parta en primer lugar de lo establecido en la ley de transparencia, no en otros ordenamientos jurídicos.
8. Sistema Nacional de Transparencia
En otro apartado, los comisionados plantean que el Sistema Nacional de Transparencia —como se conoce a la red de instituciones que vigilan la política del país en la materia— esté integrado exclusivamente por el IFAI y los órganos de los estados, no por otras autoridades.
Además, proponen que se permita la participación con voz de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
9. Denuncias por incumplimiento
Los comisionados también piden que la ley permita que los ciudadanos presenten denuncias contra quienes incumplan sus obligaciones en materia de transparencia, como lo son responder a solicitudes de información en plazos determinados o acatar la resolución del IFAI o un órgano estatal.
10. Créditos fiscales
El último punto que el IFAI pide considerar es establecer en la ley que las autoridades estarán obligadas a difundir el nombre de las personas a quienes se les ha cancelado o condonado un adeudo o crédito fiscal, junto con el monto implicado.

8/22/2014

IFAI doblegado



Resulta lamentable la posición asumida por la comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente, al sostener que el Instituto carece de legitimación activa para iniciar una acción de inconstitucionalidad contra reforma en telecom. 

No resistió el primer embate. Ante la primera decisión trascendente que debía adoptar: El inicio de una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), el IFAI se doblegó. Por mayoría de cuatro votos contra tres, los integrantes del flamante órgano garante, hoy con autonomía constitucional, dieron cuenta de su alineamiento al Ejecutivo federal.

La discusión en el IFAI versó sobre el ejercicio de la facultad que la reforma constitucional le otorgó para impugnar leyes federales, estatales o del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, como sucede con la nueva LFTR que en diversos artículos afecta los derechos ciudadanos que el IFAI debe tutelar.

Por ejemplo, el artículo 30 de esta ley establece como información reservada las entrevistas grabadas y almacenadas en medios electrónicos que realicen los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones con los concesionarios o autorizados que regula, sin que se precisen las razones de orden público para hacer dicha reserva, lo que restringe el derecho de acceso a la información y una violación al principio de máxima publicidad al que debe sujetarse el órgano regulador.

Los artículos 189 y 190 de la LFRT transgreden la protección de datos personales y vulneran el derecho de las personas respecto al cuidado de su información personal, obligando a los concesionarios o autorizados para operar redes públicas de telecomunicaciones a sistematizar y conservar durante dos años datos asociados a los titulares de las líneas telefónicas o comunicaciones electrónicas a través de la red, lo que implica el registro de las comunicaciones que éstos realicen, la geolocalización de las personas, así como el tratamiento de información de carácter personal sin consentimiento, e incluso sin conocimiento del titular de la línea telefónica o del correo electrónico.

Al mismo tiempo, la ley no establece los mecanismos de control jurisdiccional ni define los supuestos de excepción al derecho a la protección de datos personales, pues no señala quién podrá acceder a la base de datos en manos de concesionarios privados ni prevé las reglas a las que se sujetará la integridad de la información personal durante el tiempo de custodia, lo que constituye una interferencia al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Resulta lamentable la posición asumida por la comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente, al sostener que el Instituto carece de legitimación activa para iniciar una acción de inconstitucionalidad ya que, a su juicio, sólo puede hacerlo contra normas que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, como si éste no fuera el caso, asumiendo que la acción de inconstitucionalidad podría ser desestimada, pues los artículos impugnados imponen obligaciones a los concesionarios o autorizados para colaborar con las instancias de seguridad y procuración de justicia, haciendo a un lado la responsabilidad primigenia del órgano garante que encabeza, para tutelar los derechos a la privacidad, la seguridad jurídica y la inviolabilidad de las comunicaciones, derechos humanos que son indivisibles e interdependientes.

Con esta decisión el IFAI tira por la borda las expectativas que, no sin complicaciones, generó un proceso de selección novedoso y hace evidente la precaria institucionalidad y la debilidad de estos órganos que, lejos de hacer efectiva la sana distancia del Ejecutivo federal que les permite erigirse en un órgano del Estado mexicano, se convierten en una extensión de éste.

Demostrando, además, que la ruta seguida en la creación de distintos órganos autónomos con los que, dada la ausencia de una reforma de fondo a nuestro sistema político, se pretende acotar las facultades del Ejecutivo y fortalecer los contrapesos entre los Poderes de la Unión ha fracasado, pues basta una llamada telefónica desde alguna oficina gubernamental, para que se defina el voto de algunos de sus integrantes, haciendo que el órgano autónomo se transforme en un tentáculo más del presidencialismo despótico que rige en nuestro país.

6/11/2014

Viable, conocer estado de salud del Presidente


               

Considera el comisionado Óscar Guerra asegura que en las leyes secundarias de la reforma en transparencia podría legislarse el tema, pues el mandatario “tiene una condición distinta a cualquier ciudadano”



Foto: Cuartoscuro

En las reglamentaciones secundarias en materia de transparencia se podría incluir la desclasificación del expediente clínico del presidente de México, Enrique Peña Nieto y otros altos funcionarios de la administración federal, señaló Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
  

En la actualidad existe una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, en el cual sus magistrados consideraron como reservada y de carácter privado la hoja clínica del mandatario nacional.
Con esa resolución judicial, se cierran las posibilidades para conocer el estado de salud del presidente, de los servidores públicos de la administración federal y de otros órganos autónomos. 

Tema del Poder Legislativo


Para el comisionando Guerra Ford, abrir los datos sobre la salud del Presidente no es un tema vetado, sin embargo, correspondería al Poder Legislativo incluir un apartado que obligue al primer mandatario y otros funcionarios a hacer pública esa información.
La vía para conocer el estado de salud del jefe del Ejecutivo podría abrirse en las leyes secundarias de la reforma en transparencia, que el Legislativo tiene todavía ocho meses para discutir y aprobar.
“Es un asunto que habría que discutir en su momento, porque obviamente el Presidente tiene una condición distinta a cualquier ciudadano, el estado de su salud es importante que se conozca, pero habría que ver también la cuestión privada”, aseguró el ex comisionado del Instituto de Información del Distrito Federal.



El conocimiento público de la salud presidencial, explicó, “hay que discutirlo tanto en términos de transparencia, pero sobretodo en término de la nueva organización de la administración pública y que la ciudadanía tenga certeza, y que no por algún problema de salud, que ojalá nunca sea el caso, del primer mandatario pueda haber movimientos especulativos o un problema de gobernabilidad”.
A su parecer, el expediente clínico del Presidente y otros funcionarios no debe hacerse público en su totalidad, sino, “simplemente un tipo de información genérica, pero eso, en dado caso, debe estar (plasmado) en la nueva Ley General de Transparencia”.
Por su parte, Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI, consultada por 24 HORAS, evitó pronunciarse sobre la desclasificación del expediente clínico presidencial.
La presidenta del organismo se limitó a decir: “estaremos muy atentos a las solicitudes de información y se analizará el caso concreto, tenemos el compromiso en que los aspectos más relevantes se van a transmitir a toda la sociedad”. 

Reservado desde Fox


En 11 años de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, diversos ciudadanos se han interesado por conocer los expedientes clínicos de mandatarios, e incluso de expresidentes.
En una revisión realizada por 24 HORAS al portal Infomex, se encontró que desde 2003, bajo el folio 0210000057203, un ciudadano solicitó el expediente médico del expresidente Vicente Fox. La Presidencia negó la información al catalogarla como confidencial.
Durante la gestión de Felipe Calderón, por ejemplo, un ciudadano impugnó  ante el IFAI la respuesta de la Presidencia a la solicitud 0210000150608, en la cual se negó el acceso a su hoja clínica; sin embargo, la negativa fue confirmada por el organismo de transparencia.
Mediante el sistema infomex también se han solicitado los expedientes médicos de los expresidentes José López Portillo y Adolfo López Mateos, la Presidencia consideró como inexistente dicha información.
El caso más reciente es el del mandatario Enrique Peña Nieto, de quien tras una operación de un nódulo tiroideo, organizaciones civiles como Artículo 19 solicitaron su hoja clínica, la cual fue catalogada como confidencial.
El caso llegó hasta los tribunales en materia administrativa, los cuales determinaron que debe quedar reservada esa información debido a que las leyes protegen sus datos personales.
Las recientes especulaciones sobre el estado de salud del actual mandatario han hecho que el propio vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, aclaré que el presidente Enrique Peña “goza de cabal salud”, manifestando como lo ejemplo la participación del Presidente en la pasada carrera del Estado Mayor Presidencial, en la cual Peña Nieto corrió 10 kilómetros en un tiempo de 53 minutos. 

Transparencia “más agresiva”, reto del IFAI 
Los principales retos del IFAI, coincidieron expertos y comisionados, es homologar los mecanismos de acceso a la información y protección de datos en las entidades del país, mientras que su principal riesgo es que en las leyes secundarias se limiten los alcances del Instituto y la reforma quede como una simulación.


Ante un escenario donde sólo el 5% de los de mexicanos han ejercido su derecho a la información, otro de los retos es crear una campaña nacional de difusión para que la ciudadanía conozca los alcances de la reforma en transparencia.
Al inaugurar el coloquio sobre la Reforma en Transparencia y los Retos de la Legislación Secundaria, Ximena Puente, comisionada presidenta del IFAI, señaló: “Necesitamos involucrar en este esfuerzo a los nuevos y a los que ya eran sujetos obligados; a los gobiernos federal, estatales y municipales; a todas las instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a las instituciones académicas, a la sociedad civil organizada”.
Por su parte, los expertos Jacqueline Peschard, Mauricio Merino y Héctor Rubio, consideraron que el principal reto del organismo es tener una política de transparencia “más agresiva” para hacer cumplir los preceptos de la reforma. ÁNGEL CABRERA

5/19/2014

Ximena Puente de la Mora, nueva presidenta del Ifai



   Asume organismo autónomo y el reto de abatir la opacidad

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

Ximena Puente de la Mora, quien planteó la necesidad de consolidar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) como una institución de vanguardia en los derechos que protege, será su comisionada presidenta para el periodo 2014-2018.

El pasado 30 de abril el Senado eligió a siete integrantes del Ifai, entre ellos a Puente de la Mora, quien terminará su gestión el 31 de marzo de 2018 y este jueves fue electa presidenta del organismo encargado de garantizar la trasparencia y el acceso a la información.

La experta fue presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del estado de Colima; es licenciada por la Universidad de Colima; maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, España, y doctora en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho.

Al asumir el cargo, Ximena Puente de la Mora explicó que las y los comisionados asumen el mandato de consolidar la autonomía de la institución, y difundir y promover la cultura de la transparencia y protección de datos personales.

La nueva presidenta del Ifai asume un organismo convertido en “autónomo, especializado, imparcial y colegiado” tras la reforma constitucional en trasparencia, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en febrero pasado en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora el Ifai revisará casos relacionados con el acceso a información pública y protección de datos personales de partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, personas físicas, morales y sindicatos, quienes antes de la reforma constitucional no eran sujetos obligados.

La institución también conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el DF que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.

Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos son las otras dos comisionadas que integran el Ifai, además de Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.
 

2/12/2013

IFAI: Otra institución corrompida


Laveaga reanuda sesiones del IFAI. Foto: Eduardo Miranda
Laveaga reanuda sesiones del IFAI.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Así como grupos de poder y personajes clave manipularon el Instituto Federal Electoral (IFE) hasta convertirlo en caricatura, esos mismos intereses han decidido ahora la destrucción total del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
El contexto de confrontación interna entre los cinco comisionados facilita el objetivo del gobierno de Enrique Peña de destituir a éstos y sustituirlos por personajes no más capaces en la materia ni independientes ante el poder, sino –como los consejeros del IFE– por embajadores o meros empleados, aunque con disfraz “ciudadano”.
La oposición de PAN y PRD de evitar una reforma regresiva, no garantiza preservar la institución que debería ser clave en la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas del Ejecutivo a los ciudadanos sino, al contrario, esa conducta perfila que la nueva integración será por cuotas partidarias, como el IFE.
Este proyecto de desmantelamiento del IFAI se consumará como en el IFE si, como en otras coyunturas, la sociedad y sus organismos no se involucran y dejan que los grupos de poder, incluyendo los partidos políticos y gobiernos, tomen decisiones que conciernen a todos.
Porque, hay que recordarlo, el proceso de desmantelamiento del IFAI no comenzó con Peña y el PRI, sino con Felipe Calderón quien, en 2006 –cuando ni siquiera había sido declarado ganador de las elecciones–, impuso como presidente a Alonso Lujambio, en complicidad con Vicente Fox.
Fue un caso semejante al del IFE, cuyo derrumbe comenzó en 2003, cuando Calderón, Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo se repartieron los nueve consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde, ese gran impostor.
¿Cómo Calderón corrompió al IFAI, creado en 2003 por el impulso ciudadano que forzó a Fox a su creación? Dos protagonistas lo contaron a Proceso: Los comisionados Horacio Aguilar Álvarez de Alba y Juan Pablo Guerrero Amparán, éste último de regreso en el IFAI como secretario general.
Aguilar reveló que él apoyaba a para presidente Guerrero, su amigo, pero Carlos Abascal, secretario de Gobernación, le comunicó que Vicente Fox le pidió apoyar a Lujambio, y luego recibió esa misma “inducción de un cercano colaborador de Felipe Calderón”.
“No sólo me discipliné a uno y a otro, me discipliné a los dos”, me dijo quien se asumía como “solado del PAN” y que por eso acató la instrucción, sabiendo que Guerrero era mejor que Lujambio.
–¿Quién es el “personaje cercano” a Calderón?
–César Nava.
Esa maniobra facciosa tuvo costos para los ciudadanos y dio origen a la involución que está en curso: Naturalmente Lujambio como presidente del IFAI protegió a su protector, Calderón.
Guerrero detalló este comportamiento faccioso en un escrito que entregó a Proceso para incluirlo en la edición especial sobre Lujambio, editado en marzo de 2011, que incluyó una amplia entrevista que tuve con éste en su despacho de secretario de Educación.
Guerrero contó que el 10 de julio de 2006, antes de la votación, planteó a los comisionados –incluido Lujambio– que el contexto político “polarizado y tenso” requería que el presidente del IFAI tuviera un liderazgo independiente y comprometido con la transparencia, el derecho a la información y el fortalecimiento institucional.
Y añadió: “El nuevo comisionado presidente (2006-2008) debe representar la autonomía política frente al nuevo gobierno, y garantizar continuidad y consistencia durante sus dos años de encargo, con capacidad para impulsar la agencia de la transparencia en otros ámbitos.”
No fue así: Lujambio subordinó la institución al gobierno de Calderón, su “amigo manifiesto” y a sus ambiciones políticas.
“Mi reclamo hacia Lujambio nunca fue que tuviera aspiraciones políticas al lado de sus jefes Margarita Zavala y Felipe Calderón, sino que las fomentara desde el IFAI, que era una institución nueva, en construcción, que requería de la mayor credibilidad posible con respecto a su autonomía. Usar al IFAI como una banca de reserva, en espera de ser llamado a jugar en la cancha por su entrenador, dañó a la institución arbitral.
“Dentro del IFAI, Lujambio cuidó a su jefe y su gobierno, así fuera a costa del derecho a la información o de la más elemental decencia: Por ejemplo, fue ponente en casos que lo involucraban directamente a él, como aquél de la lista de invitados a Los Pinos para un cumpleaños de Calderón al que Lujambio había sido convidado. Generalmente, abogaba por las dependencias sin rubor alguno.
“Lo que ocurrió después da vergüenza contarlo afuera: el comisionado presidente de la información en México pasó a formar parte del gabinete del gobierno al que vigilaba. La ley y las reglas fueron pecata minuta si estaba en juego su seguridad o su prestigio: inventó una sesión de órgano de gobierno para justificar un despido y liquidación ilegal de un director general.
“Fue denunciado y exhibido con los dedos en la puerta, pero no pasó nada, el asunto fue archivado. En el IFAI, a Lujambio le faltó humildad para reconocer errores y rectificar; usó a todos los que se dejaron y seguramente olvidó sus nombres.
“Le faltó valentía para enfrentar de frente a sus pares y adversarios; pero solía maltratar a sus subordinados. Le faltó ser tolerante y constructivo ante la crítica, que detestaba. Le faltó tener consideración al solicitante de información y conectarse con la gente común y corriente, con la sociedad civil y sus organizaciones, a las que menospreció y marginó.
“A pesar del nombre legal del IFAI de entonces, solía decir: ‘Instituto Federal de Acceso a la Información’, omitiendo la palabra ‘Pública’. Fue un concepto que nunca se le dio.”
Hasta aquí el relato de Guerrero. Y ya se sabe: Lujambio quiso ser candidato presidencial del PAN, pero su “amigo manifiesto” no quiso, y enfermo de cáncer se le hizo senador, con cuya investidura murió.
Calderón, faccioso, siguió destruyendo al IFAI: Propuso como comisionadas a María Elena Pérez Jaen, una publirrelacionista de Elba Esther; a Sigrid Arzt, una espía de Calderón, y a Gerardo Laveaga, un frívolo burócrata con aires de intelectual.
Ahora Peña va por la suya…
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