Ciudad de México. El próximo miércoles 29 de julio
la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
discutirá el proyecto del Amparo en Revisión (636/2019), en el cual se
expusieron las irregularidades y omisiones del Congreso de Veracruz al
negarse a implementar las medidas que se establecieron en la Alerta de
Violencia de Género por Agravio Comparado en 2017, informó en entrevista
con Cimanoticias, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
Para la defensora del derecho a decidir de las mujeres, se vislumbran
resoluciones positivas para los derechos de las mujeres en la entidad y
enfatizó que el amparo se interpuso por la omisión legislativa del
Congreso de Veracruz para acatar las recomendaciones del Grupo de
Trabajo en las que pidieron varias reformas y modificaciones a los
artículos 140, 150 y 154 del Código Penal del estado, que garanticen el
acceso al aborto legal para las mujeres.
Explicó que será la primera Sala de la SCJN quien discutirá el
proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que
se reconoce que hubo omisión legislativa por parte del Congreso de
Veracruz y da todos los argumentos referentes a que tanto el estado como
el legislativo, incumplieron con su responsabilidad de garantizar los
derechos de las mujeres, además de tener marcos normativos que son
discriminatorios, como los contenidos en el Código Penal que sigue
criminalizando a las mujeres para tener acceso al aborto legal.
La defensora del derecho a decidir de las mujeres aseguró que la
ponencia del ministro González Alcántara incorpora los estándares
internacionales de mayor protección en el caso de la salud sexual y
reproductiva de las mujeres.
Luz Estrada se mostró optimista al indicar que hay posibilidad de que
la primera sala dictamine un amparo positivo que resuelva realmente a
favor de los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y
reproductiva, y también es la oportunidad para señalar que el Congreso
de Veracruz fue omiso al no garantizar una legislación mucho más
protectora en temas de salud reproductiva de las mujeres.
Estrada dijo que este ha sido un proceso muy largo para poder llegar a
la atracción a la Suprema Corte. Recordó que desde abril de 2016 se
solicitó la Alerta por Agravio Comparado porque en el estado de
Veracruz, a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual que
presentaban embarazos, resultado de esta violencia, no se les daba el
acceso al aborto legal, aún cuando está establecido en su marco legal.
“La reforma al artículo cuarto de la constitución local en la
administración de Javier Duarte Ochoa, para ‘proteger la vida desde el
momento de la concepción’ –continuó Estrada– trajo más incertidumbre
legal al personal de salud, quienes no estaban dando atención a los
servicios especializados para mujeres en el tema de interrupción legal
del embarazo y de las causales que ya estaban establecidas por violación
y riesgo de muerte”, precisó.
La situación llegó a un punto tan preocupante en el caso de los
embarazos forzados de niñas, que la cifra llegó a 400, dejándolas en
total indefensión, agregó.
La coordinadora del OCNF también señaló que se tardó un año para que
se hiciera la investigación y fue en marzo de 2017 que el Grupo de
Trabajo entregó el informe en el cual determinó la existencia de un
marco normativo discriminatorio que afectaba la salud de las mujeres y
niñas, lo que dio da pie a que finales de 2017 se decretara la AVG por
Agravio Comparado, pero las autoridades no hicieron nada para cambiarlo
sino por el contrario, el Congreso hizo de todo para no discutir y
analizar la propuesta de reforma.
Lo anterior sirvió de base para que las organizaciones que
solicitaron la AVG, se ampararan y ganaran ante un juez federal; sin
embargo, este amparo también fue desacatado por el Congreso, por lo que
se pidió que lo atrajera la SCJN, donde se encuentra desde 2018.
Finalmente, María de la Luz Estrada, aseguró que el amparo va a
beneficiar a las veracruzanas porque va a obligar al Congreso a
movilizar los artículos del código penal antes señalados,
transformándolo un Código Penal garantista de la protección de los
derechos reproductivos de la mujeres, mismo que estaría a la par con el
de la Ciudad de México y Oaxaca en materia de aborto de avanzada, además
de poner el ejemplo de que los congresos locales están obligados a
actuar con base en los tratados internacionales de protección de
Derechos Humanos de las mujeres, lo cual es relevante no sólo para
Veracruz, sino para todos los congresos del país, concluyó.
