El Estado de México se prepara para renovar, el próximo 1 de julio,
125 alcaldías y 75 diputaciones. La entidad es una de las más disputadas
entre los partidos políticos, sobre todo por el botín electoral que
representa (casi 11 millones de electores, el padrón más grande del
país). ¿Pero en qué condiciones políticas recibirá la entidad, a este
ejercicio democrático?
Edomex llegará a las elecciones locales de este año con un Partido
Revolucionario Institucional (PRI) debilitado y sin el apoyo de una
coalición electoral (salvo en algunas diputaciones). Su peso en las
alcaldías y en el Congreso local se ha deteriorado (en 12 y 13 por
ciento, respectivamente, entre las elecciones de 2012 y 2015). Y el
apoyo electoral, que en 2017 mantuvo la hegemonía priista, no es tan
vigoroso como antes (registró sus peores resultados en 12 años).
Además, la cuna del poderoso Grupo Atlacomulco atraviesa por una
crisis de incertidumbre. Primero, porque la violencia podría estar
desincentivando a muchos de los candidatos a mantenerse en la carrera
política [han renunciado más de 160, al menos tres fueron asesinados y
otros más han sido agredidos] y, segundo, porque la oposición tiene ya
bien detectado al PRI y su uso de programas sociales con fines de
proselitismo político.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- El Estado de México
tendrá elecciones este año y el clima político es borrascoso. Por un
lado, el PRI llega debilitado, con menos fuerza en el Congreso local,
menos presencia en las alcaldías y con una oposición –Movimiento
Regeneración Nacional (Morena)– que le come las suelas de los zapatos.
Además hay incertidumbre. Decenas de candidatos, unos por la violencia,
otros por razones veladas, han renunciado a la carrera política. Y en el
frente de batalla, la actual administración es señalada de utilizar los
programas sociales para condicionar los votos.
El Edomex es un bastión priista. El partido fundado por Plutarco
Elías Calles gobierna la entidad desde 1929 y aún controla el 66 por
ciento de los municipios y el 45 por ciento del Congreso local. Sin
embargo, desde 2012, el PRI ha venido perdiendo fuerza en el Edomex. Hoy
se juega su historia en la entidad.
Para el periodo 2015-2018, el partido tricolor logró
imponerse en 83 de 125 municipios. De ellos, 25 los consiguió en
solitario y 58 en alianza con los partidos Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal). No obstante, en 2012, el PRI controlaba
más localidades. Entonces gobernó el 75 por ciento de las alcaldías (94
en total) que obtuvo en coalición con el PVEM y Panal.
Una dinámica similar ocurrió en el Congreso mexiquense. Mientras que
en el periodo 2012-2015 el partido tricolor tuvo 39 diputados locales (o
el 52 por ciento de las curules), para el periodo 2015-2018 se quedó
con 34 (el 45 por ciento de los 75 escaños).
Inclusive en la elección de Gobernador del año pasado, el PRI
registró su peor cifra en 12 años. En 2005 ganó la elección con 23
puntos porcentuales sobre su opositor más cercano; y en 2011, venció con
41 puntos. No obstante, en 2017, la diferencia fue de apenas 2.8 por
ciento. Entonces se impuso en 79 municipios, aunque el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) lo venció en 37 más.
Las cifras oficiales indican que la hegemonía del PRI en
el Estado de México se está deslavando, casi como reflejo de lo que
también ha venido sucedido a nivel federal. Por ejemplo, mientras el PRI
controlaba 20 gubernaturas en 2012, hoy sólo pinta sus colores en 14
estados. Y aunque en la Cámara de Senadores, entre 2015 y 2018 ganó poco
terreno (pasó de 52 a 55 curules), en la de diputados adelgazó (tenía
212 legisladores, y hoy tiene 205).
Aunado a esta relativa debilidad, el Revolucionario Institucional irá
en solitario en todos los comicios para elegir a los nuevos presidentes
municipales, y en el caso de las diputaciones sólo irá en coalición en
15 de los 45 distritos electorales de la entidad.
A
diferencia de ayer, PRI, PVEM, Panal y PES no hicieron alianza este
año. En enero de 2017, como muestra la imagen, los líderes nacionales de
dichos partidos firmaron un pacto para ir en coalición para la elección
de Gobernador. Foto: Artemio Guerra Baz, Agencia Cuartoscuro.
Aunque no queda claro qué motivó la escisión entre el PRI, PVEM y
Panal, el partido del tucán manifestó en enero, por medio de un
comunicado de prensa que, debido a las “incontables voces que clamaban a
favor de nuestro fortalecimiento partidista”, se tomó la decisión de
ejercer un papel más independiente. “Esta decisión fortalece la voz de
nuestra militancia y revaloriza la identidad que nos ha forjado”,
concluyó el PVEM.
Sin embargo, en abril pasado, las acciones del PRI evidenciaron
tensiones entre los tres partidos. Por esas fechas, el tricolor impugnó
ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) a los candidatos
del PVEM y de Panal, alegando que dichos candidatos habían participado,
con anterioridad, en el proceso interno de selección del PRI.
El 5 de mayo, los magistrados del TEEM coincidieron en la
imposibilidad de negarle a los candidatos del PVEM y de Panal su
registro, por lo que a partir de este 24 de mayo, pudieron iniciar actos
de campaña política.
De esta forma, 2018 será la primera vez -en los últimos 15 años- en
que el PRI no irá en coalición con otro partido (en 2003, PRI y PVEM
hicieron mancuerna para las elecciones locales).
CRISIS Y POLÉMICA EN EL BASTIÓN
Rayaba la segunda semana de mayo, cuando el IEEM informó que 160
candidatos a ayuntamientos y diputaciones renunciaron a la contienda
electoral. Faltaban ocho días para el arranque de campañas, pero eso no
los detuvo a bajarse de la carrera política. Hasta el momento, Pedro
Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral, sostiene
que no hay causa específica para las renuncias, aunque refirió que
ninguna de ellas se debe a la inseguridad.
El Edomex es una de las entidades más violentas del país. El año
pasado, por ejemplo, apareció en el lugar 13 de 32 del Semáforo de Alto
Impacto. Pese a la posición, fue señalado como un estado en que hay
homicidios, ejecuciones, secuestros y extorsión. No en balde, en la
actualidad, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo tiene
catalogado en nivel tres, lo que significa una alerta para
“reconsiderar” viajar a la entidad, porque el crimen violento es común.
Ulterior a las declaraciones de Zamudio y las razones que
llevaron a 160 candidatos a renunciar, entre septiembre de 2017 y
mediados de mayo, fueron registrados al menos cinco hechos de violencia
en contra de aspirantes a un cargo de elección popular.
El 3 de febrero pasado, el precandidato priista a la Alcaldía de
Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román, fue atacado a balazos en
su domicilio y murió al tercer día de la agresión. Una semana después,
el líder estatal del Partido Encuentro Social y candidato a Diputado
federal, Vicente Alberto Onofre Vásquez, fue agredido a balazos en
Chalco y resultó ileso.
El 19 de abril, el candidato del “Frente Por México” a regidor del
municipio de Tepetlaoxtoc, Sebastián Alejandro Espejel Gómez, fue
asesinado a balazos. Y el 4 de mayo, el abanderado de la coalición
“Juntos Haremos Historia” por la alcaldía de Tenango del Aire, Addiel
Zermann Miguel, fue hallado sin vida a la altura del municipio de
Ixtapaluca.
Otro ejemplo del riesgo de violencia que se vive en tiempos
electorales en el Estado de México, se suscitó hace una semana en el
municipio de Tecámac, cuando dos policías locales que escoltaban a Rocío
Díaz Montoya, candidata a la presidencia municipal de esa localidad,
fueron privados de su libertad por un comando.
Inclusive a mediados de abril, Luis Casto Obregón, dirigente nacional
de Panal, presentó una lista de 115 candidatos para 125 municipios del
Edomex, bajo el entendido de que no competirían en los 10 municipios
restantes, debido a que las condiciones de seguridad en siete de ellos
no lo hacían posible (Amatepec, Otzoloapan, San Simón de Guerrero,
Sultepec, Tontico, Zacazonapan y Lluvianos), además de tres casos en que
hubo problemas para encontrar un aspirante idóneo (Joaquicingo,
Nopaltepec y Ocoyoacac).
En el caso del municipio de Lluvianos, trascendió la renuncia del
candidato del “Frente Por México”, Aníbal Martínez Peñaloza. Mientras
que en algunos medios de comunicación corrió el rumor de que lo hizo
“por seguridad”, Martínez negó haberlo hecho por amenazas. En cambio,
dijo que renunció “para que otros compañeros tengan la oportunidad”.
Desde que inició el proceso electoral hasta el 8 de abril
de este año, fueron registrados cerca de 305 casos de agresiones
directas e indirectas en contra de actores políticos y sus respectivos
familiares, que provocaron la muerte de al menos 93 políticos en un
periodo de ocho meses, refiere el Tercer Informe de Violencia Política
en México 2018, realizado por Entellect, asesores en política pública.
Este clima, hace que los comicios de este año sean los “más violentos” de la historia del país, según el documento citado.
En el marco de las elecciones locales de este año, la violencia no es
el único problema en el Estado de México. También lo es la polémica que
genera el presunto uso de programas sociales- orquestado por el PRI-
con fines de proselitismo político.
El miércoles de esta semana, cifras de la organización Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza reflejaron que, en la entidad mexiquense,
la compra de votos está cotizada hasta en cinco mil pesos. Lo anterior
en un contexto nacional en que el uso de despensas, el condicionamiento
para recibir beneficios de programas sociales (como Prospera), la
entrega de dinero en efectivo y el reparto de tarjetas con depósitos,
son estrategias utilizadas para coartar el voto, según la información de
Acción Ciudadana.
La más reciente polémica sobre el uso de programas
sociales con fines electorales inició en abril pasado, cuando el
Congreso local -que tiene mayoría priista- determinó mantener 47 de los
90 programas sociales durante la veda electoral. Esto en una entidad en
la que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), entre 2010 y 2016, la pobreza aumentó
(pasó de 42.9 a 47.9 por ciento de la población).
Según el artículo 261 del Código Electoral del Estado de México, el
Congreso local es el encargado de determinar los programas sociales que
“por ningún motivo deberán suspenderse” durante el periodo de veda
electoral.
Asimismo, el artículo establece que treinta días antes del inicio de
la jornada electoral, las autoridades locales deberán abstenerse “de
establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que
impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier
elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y
desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a
enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual
naturaleza”.
Con la venia del Congreso, entre abril y mayo de este
año, el Gobierno del Estado de México pudo continuar con el ejercicio de
recursos de asistencia social. Ante esta circunstancia, las bancadas de
los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
Morena, dijeron que presentarían una acción de inconstitucionalidad en
contra de la lista avalada por la mayoría priista.
Mientras que el Poder Judicial de la Federación no resuelva a favor
de los quejosos, los recursos públicos destinados a esos 47 programas
podrán seguir fluyendo.
De acuerdo con los informes de Aplicación de los Recursos y Evolución
de los Programas Sociales del 20 de abril y del 18 de mayo, dos
programas alimentarios, el del Salario Rosa y uno de apoyo a personas
mayores, incrementaron el ejercicio de recursos. Además, se incluyó un
apoyo denominado Ramo 20.
En contraste, el ejercicio de recursos de uno de los programas
destinados a fortalecer a los niños indígenas no ha sufrido
modificación. El resto de los programas listados (13 en total) están en
“proceso” o “trámite”, por lo que su presupuesto permanece intacto.
Familias Fuertes Alimentación Mexiquense, en un periodo
de 28 días, pasó del ejercicio de cero a dos millones 644 mil 649.14
pesos (el 0.54 por ciento del presupuesto para el programa).
Familias Fuertes Salario Rosa, en menos de un mes, devengó un 38 por
ciento más de su presupuesto, al desembolsar 78 millones 342 mil 724.09
pesos. En total entregó 64 mil 778 apoyos.
Familias Fuertes Personas Adultas Mayores, pasó del ejercicio de cero
a dos millones 605 mil 911.19 pesos (el 0.11 por ciento de su
presupuesto), destinados a un padrón de 304 mil 055 beneficiarios.
Durante el mes de abril, refiere el informe de mayo, fueron entregadas
532 mil 516 canastas alimentarias.
Seguridad Alimentaria del Estado de México, ejerció 20.2 por ciento
más de presupuesto, al devengar 11 millones 610 mil 104.96 20.2 pesos
adicionales. Hasta el mes de abril, fueron entregadas 205 mil 324
canastas alimentarias.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense informó la
incorporación del apoyo Ramo 20, que implica un fondo de nueve millones
de pesos (está en proceso de “convenios”).
En cambio, el ejercicio de recursos del programa de Familias Fuertes
Niñez Indígena, no sufrió modificaciones. Los 16 millones 744 mil 643.52
pesos ejercidos, hasta el momento, han sido destinados a 10 mil
beneficiarios. El dato más reciente al respecto refiere que, hasta marzo
de 2018, habían sido entregadas 18 mil 843 canastas alimentarias.
La aparente discrecionalidad en el uso de recursos y el hecho de que
al menos 30 de 47 apoyos autorizados no se apeguen, a cabalidad, a lo
establecido en la Ley -acusan Morena, PAN y PRD- abren la posibilidad de
que los programas sean utilizados de manera clientelar. Por eso,
refieren, su aplicación debe ser cesada 30 días antes de la jornada
electoral (como lo establece el Código Electoral del Estado de México).
