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5/30/2018

Presidente del CMN dice que no tiene negocios con el gobierno… pero recibió 59 mdp por 31 contratos

“Yo no le vendo absolutamente nada al gobierno”, “no tengo ningún negocio con el gobierno”, declaró. Más aún, dijo sentirse “muy agraviado” por las afirmaciones del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.
Sin embargo, los argumentos del también presidente de la organización Mexicanos Primero, tradicionalmente antagónica al político tabasqueño, no coinciden con los datos registrados en el Portal de Obligaciones de Transparencia y los reportes de los gastos de comunicación social de las dependencias y entidades de la actual administración federal.
Una revisión hecha por el reportero a ese portal arrojó que la empresa del líder empresarial Comercializadora Publicitaria TIK, S.A. de C.V, filial del grupo Cinépolis, celebró al menos 31 contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto por un monto total de al menos 59 millones de pesos.
No obstante, una revisión más exhaustiva con base en los datos del gasto en publicidad oficial del periodo 2013-2017 arroja que la cantidad pagada a la filial de la empresa de Ramírez Magaña se dispara a 92 millones 769 mil pesos.
Uno de los contratos que más sobresalen entre la filial de Cinépolis y el gobierno federal es el celebrado con el Consejo de Promoción Turística (número 44/2016) y cuya copia tiene Proceso. Su objeto: “La Contratación de espacios publicitarios en complejos cinematográficos de Cinépolis, para la implementación de las campañas institucional y cooperativas del CPTM en el mercado nacional”, y es por un monto de 12 millones 500 mil pesos. El procedimiento de contratación fue la asignación directa, al igual que en el caso de los otros 30 contratos registrados en el Portal de Transparencia.
Este tipo de adjudicación es una práctica común en el actual gobierno federal: se repite en siete de cada 10 contratos celebrados entre la administración peñanietista y un grupo de más de mil empresas, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organización de la cual Ramírez Magaña es miembro consejero.
El estudio, denominado ‘El Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas’, señala que “a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos, es decir, por el método menos competitivo”, y añade “que los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017”.
El estudio hace notar que cuando hay cambio de sexenio hay cambio de ganadores, una ecuación que parece haberse cumplido en el caso de Comercializadora Publicitaria TIK, pues en el gobierno de Felipe Calderón esta compañía no consiguió un solo contrato.
En marzo de 2015, el periódico Reforma reveló que la firma Rabokse, propiedad del hermano del dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, suscribió el 6 de enero de ese año un contrato por 35 millones de pesos con Cinemex para la proyección de cineminutos promocionales de esa organización política.
Ese mismo mes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó por unanimidad imponer sanciones económicas por 35 millones de pesos al PVEM y las cadenas Cinemex y Cinépolis (cada una fue multada con 7 millones 10 mil pesos) por desacato a las medidas cautelares ordenadas para suspender la transmisión de los cineminutos en las salas de cine distribuidas en el país.
A unos meses de haber sido creada la filial de Cinépolis y tras el escándalo de los cineminutos del PVEM, Ramírez Magaña encontró un nuevo nicho de negocios en el gobierno de Peña Nieto, y ya en 2014 obtuvo los primeros contratos por un monto de 499 mil pesos.
En 2015 Comercializadora Publicitaria TIK se colocaría como el tercer proveedor más importante de publicidad oficial en salas de cine al obtener contratos por 16 millones de pesos. En 2016 se consolidó como la segunda compañía más importante proveedora de cineminutos del gobierno con contratos por 57 millones de pesos. Los datos preliminares correspondientes a 2017 indican que obtuvo 17 millones de pesos.
“Cada año a nivel federal se gastan miles de millones de pesos en publicidad oficial y, de seguir así la tendencia actual en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto ejercerá un monto cercano a los 60 mil millones de pesos para este rubro al cierre de su administración”, refiere el más reciente estudio del Centro de Análisis e Investigación Fundar, titulado ‘Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016’.
El mismo análisis destaca que en los primeros 54 meses de la actual administración federal ésta ha erogado en publicidad oficial alrededor de 37 millones de pesos, cantidad que equivale a cuatro veces el presupuesto en 2016 destinado a las becas de posgrado y apoyos a la calidad del Conacyt (9 mil 433 millones de pesos), las cuales beneficiaron a 57 mil 803 personas.

4/18/2018

La capital, panacea para constructoras

Es un tercio de lo construido a escala nacional, señala la ADI

Inmobiliarias erigieron 20.5 millones de m2 de edificios en este sexenio

El auge implica problemas por el incremento en la demanda de servicios como agua y transporte, asegura la urbanista María Moreno

Una torre de departamentos para venta y renta en el Eje 8 Sur José MarÍa Rico, delegación Benito Juárez

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha construido en la Ciudad de México casi 20 millones y medio de metros cuadrados en lo que va del sexenio, casi el equivalente a la extensión territorial de la delegación Iztacalco, que abarca 23 millones 170 mil metros cuadrados.

Según estadísticas de la ADI, que representa 80 por ciento del desarrollo inmobiliario de la capital del país, lo anterior se traduce en la construcción de 156 inmuebles en este periodo, de los cuales 73 son residenciales, 44 de usos mixtos, 19 corporativos, 17 plazas comerciales y tres para el sector turístico, todo ello con una inversión de más 15 mil millones de dólares.
Para la especialista en estudios urbanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, María Moreno Carranco, este auge inmobiliario implica problemas por el incremento en la demanda de servicios básicos, como agua potable, así como de transporte público y espacios de estacionamiento, entre otros, por la llegada de más población en las zonas con nuevas construcciones, debido a la falta de planeación de las autoridades.
Se entiende a la ciudad como una oportunidad de negocio por todos estos desarrollos inmobiliarios, pero si no van acompañados de una estrategia para mejorar y fortalecer todos los servicios urbanos, crean muchos conflictos, expresó.
Según los datos de la ADI, son 20 millones 476 mil 769 metros cuadrados lo que ha construido en los pasados cinco años en 12 delegaciones, lo que representa poco más de 31 por ciento de los 64 millones 640 mil 786 metros cuadrados que se han construido en todo el país.
Asimismo, agrega, la capital mexicana concentra poco más de 42 por ciento del total de la inversión privada en este rubro a escala nacional, que en este sexenio es de más 35 mil millones de dólares, lo que la ubica como la entidad con el mayor desarrollo inmobiliario.
La delegación que concentra el mayor número de edificaciones en este periodo es Miguel Hidalgo, con más de 11 millones 29 mil metros cuadrados construidos en 49 inmuebles; muy por arriba de los 2 millones 316 mil metros cuadrados construidos en Cuajimalpa, con 27 inmuebles, y 2 millones 188 mil metros cuadrados de Álvaro Obregón, con 25 proyectos; mientras en Cuauhtémoc se tienen un millón 383 metros cuadrados, con 15 proyectos.
El sector residencial abarca 49 por ciento del total de los metros cuadrados construidos en la ciudad, mientras el de usos mixtos tiene 35 por ciento, y las plazas comerciales y corporativos alcanzan 8 por ciento cada uno.
En este sentido, Moreno Carranco señaló que hay una tendencia en el sector inmobiliario de saturar la oferta en el mercado de oficinas, con lo que se mantienen estables los precios y debido a la especulación que existe finalmente logran vender o rentar dichos espacios, aunque lo ideal sería que los desarrolladores tuvieran un estudio sobre las necesidades en esa materia.
Sin embargo, insistió en que hace falta una mejor planeación de parte del gobierno, planificar y regular los permisos que se dan, determinar cuáles son los usos que realmente se necesitan promover, así como dar mayor transparencia a los esquemas en los que se autorizan los proyectos inmobiliarios a cambio de obtener un beneficio para la zona donde se levantan esas edificaciones.
Foto Luis Humberto González
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de abril de 2018, p. 28

9/04/2017

El nuevo aeropuerto: supernegocio transexenal de Peña y la élite empresarial



Sin importar el cambio de un gobierno a otro, lo cual ocurrirá a fines del próximo año, los empresarios que tienen contratos de obra para la construcción del nuevo aeropuerto internacional –un puñado de personajes cercanos al priismo y, sobre todo, al salinismo– no sufrirán: el dinero seguirá llenando sin medida sus bolsillos el próximo sexenio, pese a todos los señalamientos de corrupción y opacidad que rodean a la obra cumbre del peñanietismo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Despojado de su traje oscuro, en camisa roja a cuadros, el presidente Enrique Peña Nieto parece estar en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en medio de dos personas jóvenes, cuya presencia se justifica sólo por asentir a los dichos presidenciales, lo mismo que quienes aparecerán en el resto del spot tras esa primera toma.
La escena cambia. Ahora Peña Nieto sobrevuela la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), dibujada sobre el vasto terreno del vaso de Texcoco. Entonces subraya que ahí cabe siete veces el aeropuerto actual.
Nueva estampa. Peña Nieto aparece ahora entre cinco personas cuya indumentaria permite advertir sus oficios. Al fondo aparecen fotografías de obras de infraestructura que el mandatario enlista por sector, para luego pronunciar su slogan de esta campaña por el V Informe de Gobierno: lo bueno cuenta y queremos que siga contando.
El slogan es apropiado cuando de las cuentas del NAICM se trata, pues ese, su proyecto de infraestructura más ambicioso, no estará terminado cuando concluya el sexenio, pero las empresas que tienen contratos ahí mantendrán sus ingresos a través del tiempo.
Y es que el NAICM es también emblemático de aquello que ha marcado la gestión peñanietista: una elite de contratistas favorecida de manera transexenal, como la propia obra que ya tiene tempranos señalamientos de corrupción y negligencia; clientelismo para imponerlo y represión a quienes se oponen.
Añejo proyecto del llamado Grupo Atlacomulco –con el que se identifica al presidente Enrique Peña Nieto– los contratos más grandes del NAICM, así como de la obras hidráulicas y carreteras que reclama para su funcionamiento y conectividad, fueron asignadas a una decena de nombres cercanos a la cúpula priista y salinista.
Desde la presentación del proyecto en septiembre de 2014 quedó claro que uno de los principales beneficiarios sería el magnate Carlos Slim –ultraenriquecido con las privatizaciones salinistas–, cuyo yerno, Fernando Romero, fue quien diseñó el plano, asociado con el arquitecto británico Norman Foster.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2131, ya en circulación

8/22/2017

Protección a Lozoya desde Los Pinos por OHL


El mensaje “entre líneas” de Peña Nieto a OHL y Odebrecht


Por

En el antiguo estilo priísta, había mensajes, acciones y omisiones cargadas de simbolismo cuyos destinatarios, los hombres del sistema, sabían entender, destacadamente, cuando se trataba de la voluntad presidencial.

8/16/2017

Los negocios de CITAPIA con Pemex, el socio que Lozoya "recomendó" a Odebrecht


Juan Omar Fierro
Las alianzas de CITapia incluyen a Odebrecht, lo que confirma el acercamiento de la constructora brasileña con la empresa que el propio Emilio Lozoya presuntamente les recomendó.

La empresa Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), que Emilio Lozoya presuntamente recomendó a directivos de Odebrecht para asociarse en México y así obtener recursos gubernamentales, logró cuantiosos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando el propio Lozoya Austin era director de la paraestatal.
Por medio de adjudicaciones directas o licitaciones públicas, CITapia logró contratos con la paraestatal por al menos 517 millones de pesos y 72 millones de dólares entre 2012 y 2015, así como numerosas obras que la propia constructora reportó a sus inversionistas a través de un currículum empresarial firmado por su socio mayoritario Juan Carlos Tapia Vargas.
Además, el consorcio hidalguense mantiene desde 2014 una alianza estratégica con la constructora española Obrascón Huarte Lain, mejor conocida por sus siglas OHL, empresa en la que Emilio Lozoya fungió como integrante del Consejo de Administración hasta diciembre del 2012, fecha en la que fue designado director de Pemex.
Los contratos otorgados por Pemex a la constructora hidalguense incluyen uno de los mayores fracasos de la paraestatal: la adquisición y modernización de Agronitrogenados, una empresa productora de fertilizantes que no ha logrado arrancar y cuyo costo ya supera los 760 millones de dólares.
Las alianzas de CITapia también incluyen a Odebrecht, lo que confirma el acercamiento de la constructora brasileña con la empresa que el propio Emilio Lozoya presuntamente les recomendó, de acuerdo con la investigación publicada por los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic de la organización Quinto Elemento Lab.
La declaración juramentada de tres ex directivos de Odebrecht señalan que supuestamente Lozoya recibió 10 millones de dólares en “propinas” o sobornos a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales, imputación que el ex director de Pemex ha rechazado y por las cuales ha advertido que demandará a la constructora brasileña.
El relato del superintendente de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, es el que revela la presunta recomendación a la constructora brasileña, sociedad que después se concretó.
Meneses da cuenta de varios encuentros con Lozoya, en uno de los cuales el entonces Coordinador de Relaciones Internacionales en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto lo aconsejó para que se asociará con Juan Carlos Tapia, director y socio mayoritario de Construcciones Industriales Tapia (CITapia).
Por separado, la empresa con sede en Tula, Hidalgo, también tejió su alianza con OHL, de la que Emilio Lozoya Austin formaba parte en ese momento.
En un comunicación sostenida con Quinto Elemento Lab, la constructora hidalguense rechazó tener conocimiento de los presuntos sobornos que Odebrecht le entregó al futuro de Pemex.
Consultados por Aristegui Noticias acerca de su relación con OHL, CITapia respondió que es proveedor de 100 empresas a nivel internacional y nacional, que trabaja de manera coordinada con alrededor de 200 compañías de los sectores energético y de la construcción y que ha desarrollado más de 500 proyectos con otras compañías, ya sea privadas como OHL y Odebrecht o públicas como Pemex.
CITapia agregó que los contratos logrados con dependencias federales a partir del 2012 se han apegado a la legalidad. “Nuestra política interna y externa (clientes y proveedores), se apega al cumplimiento de las leyes emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La firma de contratos, subcontratos o acuerdos relacionados con relaciones contractuales públicas o privadas se realiza bajo los procedimientos de compra y obras públicas dentro de los términos de legislaciones comerciales aplicables en el ámbito privado”, sostiene el comunicado de Construcciones Industriales Tapia.
La doble sociedad de OHL con Juan Carlos Tapia
Los estados financieros que OHL y sus filiales entregan a la Bolsa Mexicana de Valores revelan que la constructora investigada en España por un supuesto financiamiento ilícito a campañas electorales del Partido Popular, comparte con CITapia hasta el 50 por ciento de las acciones del consorcio Estación Rebombeo Degollado S.A.P.I. de C.V.
Asimismo, OHL y CITapia se asociaron para crear la sociedad de inversión Hidrógeno Cadereyta S.A. de C.V.; en la que también participa la compañía estadounidense especializada en el sector energético, KT Kinetics Technology.
En esta última sociedad, OHL cuenta con el 30.34 de las acciones; KT Kinetics con 40.70 por ciento y Construcciones Tapia solamente con el 5.40 por ciento. Hidrógeno Cadereyta y Rebombeo Degollado fueron compañías creadas de manera expresa para cumplir contratos de obra pública con Pemex.
Los estados financieros de OHL y de la empresa estadounidense Maire Tecnimont, revelan que ambas sociedades fueron creadas entre 2013 y 2014 y la vigencia de las mismas se mantenía hasta enero pasado, según los documentos de la compañía norteamericana.
Con Hidrógeno Cadereyta, OHL, Construcciones Industriales Tapia y KT Kinetics se adjudicaron en mayo de 2014 un contrato por 72 millones de dólares, alrededor de 959 millones de pesos al tipo de cambio vigente en esa fecha.
Por lo que se refiere a la estación de rebombeo en Degollado, Jalisco, Pemex hizo el anuncio de la obra el 28 de enero del 2014, pero sin dar cifras de la inversión requerida y sin revelar que el contrato había sido adjudicado a OHL y CITapia.
El currículum de CITAPIA con Pemex
A través de su página web, Construcciones Industriales Tapia presume las obras que se ha adjudicado en Pemex y otras dependencias federales, entre ellas el contrato DCPA-OP-SCC-SPR-CPFG-A-15 por un valor de 100.9 millones pesos para la reparación de una planta catalítica en la Refinería de Cadereyta, obra que fue cuestionada por el PRD en el Senado de la República.
Una nota del periodista Benito Jiménez difundida por la Agencia Reforma, da más detalles de esa obra que y habla del presunto hallazgo de tomas y mangueras que se utilizan para ordeñar ductos de Pemex en un terreno de CITapia, señalamiento que la empresa desmintió en cartas a diversos medios de comunicación.
Una revisión rápida de los contratos que Construcciones Industriales Tapia ha desarrollado para Pemex, en calidad de subcontratista o contratista directo, a partir del 2012 indica la siguiente lista:

1.- La edificación de una planta de cogeneración de energía en Nuevo Pemex, Tabasco, en sociedad con UTE Abener Inabensa.
2.- La construcción Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex (TAR) ubicada en Tapachula, Chiapas.
3.- La rehabilitación de la Planta Reductora de Viscosidad en la refinería Miguel Hidalgo de Tula de Allende, estado de Hidalgo.
4.- La construcción de la refinería de Héctor Lara Rosa en Cadereyta, Nuevo León, en calidad de subcontratista de ICA Flour Daniel, una subsidiaria de la constructora Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).
5.- La reconfiguración de las plantas de Urea de Agronitrogenados, una planta chatarra para la producción de fertilizantes que ha producido daños al erario público, operación por la que ya se había ordenado una primera investigación administrativa contra el propio Emilio Lozoya.
6.- La reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, en sociedad con los consorcios Minátricos, Dragados Industriales y Ebramex para tres distintas etapas y “paquetes” constructivos.
7- La construcción de nuevas instalaciones de esa misma refinería en Minatitlán en sociedad con ICA Flour Daniel de Grupo ICA.
8.- La restauración de una caldera en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Juan Carlos Tapia en Los Pinos
El socio mayoritario y director de Construcciones Industriales Tapia ya se ha reunido con el Presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, según consta en un audio filtrado del caso OHL.

La llamada presuntamente realizada el 1 de septiembre del 2014 da cuenta de una reunión del Primer Mandatario con empresarios del sector energético, entre los cuales estuvo Tapia Vargas.
La conversación telefónica fue entre Ignacio Bobadilla, ex funcionario adscrito a la Secretaría Particular de la Presidencia y Pablo Wallentin, ex directivo de OHL, quien fue despedido por filtra la agenda presidencial a un particular.
Una nota del diario La Jornada señala que Juan Carlos Tapia envío en 2013 un costoso regalo a Los Pinos, consistentes en un mueble-cantina y botellas de vino, por lo que tuvo que ser entregado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) al exceder el límite permitido en la ley.
CITapia presume en su página de internet que factura alrededor de mil 200 millones de pesos anuales, cuenta con más de 4 mil trabajadores y 22 naves industriales en el Parque Industrial Atitalaquia que se ubica frente a la refinería de Tula, Hidalgo.
Además, cuenta con instalaciones en Guanajuato y Veracruz, cerca ambas de instalaciones petroleras.

Peña, Odebrecht y el PRI


Por ,

8/15/2017

Lozoya: una “propina” que ofende


Emilio Lozoya, pacto de silencio


Peña actúa “como el avestruz” ante el escándalo Lozoya-Odebrecht: PAN en el Senado


 (apro).- La oposición en el Senado demandó que la PGR investigue el caso de las denuncias por sobornos de la trasnacional Odebrecht en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Así, el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, condenó que el gobierno de Enrique Peña Nieto actúe “como el avestruz, escondiendo la cabeza” ante el escándalo Lozoya-Odebrecht.
En tanto, la coordinadora del PRD, Dolores Padierna, cuestionó qué medidas se han adoptado para congelar las cuentas off shore que señalan los acusadores, y el vicecoordinador de la bancada PT-Morena, Miguel Barbosa, indicó que esta denuncia presume que Odebrecht “patrocinó” la campaña presidencial del 2012.
En declaraciones de prensa, el coordinador panista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Fernando Herrera, indicó que “es lamentable la conducta del gobierno que, ante casos de esta naturaleza, como el avestruz, esconde la cabeza”.
“Tal pareciera apostarle, como siempre, a que el tiempo olvidará las cosas, y ellos evadir su responsabilidad”, sentenció.
Herrera indicó que Lozoya Austin, quien negó en un comunicado las imputaciones de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos de la compañía petrolera brasileña Odebrecht a cambio de contratos en Pemex, “debe acreditar su negativa, y quienes lo están acusando también tienen la obligación de aportar pruebas que no queden en el mero dicho, en el mero pronunciamiento”.
Para el panista, la PGR “lamentablemente ha actuado con dos varas, con diferentes medidas a lo largo del actual sexenio”, y confió en que en este caso la dependencia que encabeza Raúl Cervantes, “actúe con responsabilidad y que, ante pruebas precisas, si las tiene, proceda sin ningún otro tipo de cálculo”.
También indicó que es “obligación” del actual Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) darle seguimiento a este tipo de casos.
La senadora perredista Dolores Padierna afirmó que el caso Odebrecht “confirma el modus operandi de otras grandes compañías trasnacionales”, y citó el caso de la española OHL, “donde también trabajó Lozoya Austin en el Consejo de Administración”.
“Exigimos una investigación puntual de los contratos que Pemex también le entregó a OHL durante el periodo de Lozoya al frente de la paraestatal”, reclamó Padierna.
A su vez Miguel Barbosa, senador de la bancada PT-Morena, señaló que “la PGR no sirve para nada y la prueba se da otra vez a través del escándalo de Emilio Lozoya.
“Lo que hoy sale publicado, la PGR lo tiene desde hace meses, desde principios de año, y no ha podido desahogar siquiera la cita para el exdirector de Pemex”, deploró el legislador.
Barbosa también advirtió que las acusaciones de los exfuncionarios de Odebrecht son delicadas porque indicarían que participaron en la campaña presidencial del 2012, del priista Enrique Peña Nieto.

El expediente secreto de Odebrecht



Por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic 
Quinto Elemento Lab* especial para Aristegui Noticias

Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre modelo de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.
Se escucharon rumores, el rechazo de Lozoya Austin a cualquier imputación y especulaciones de varios tipos y calibres. Rumores y especulaciones.
Hoy, en declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.
Eso es lo que sostienen los testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
Toda la información incluida en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales y algunos como secretos.

Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:
  • Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
  • Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7.
  • Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares.
  • Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente.
  • Que ese grado de comunicación se armó tan sólidamente que acordaron hacerle otros pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y cuatro millones adicionales si llegaban a ganar el contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
  • Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de nuevo. Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de dólares a la cuenta que Zecapan SA —otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas— mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein.
  • Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar cinco millones de dólares.
Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655. Pero retrocedamos y contemos las cosas como las escucharon los fiscales.

* * *
El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.

Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros.
Así que De Meneses se presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.
Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.
De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.
Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.
Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.
Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa empresa mexicana, con la perspectiva de ganar contratos en Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían en mente una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.
Construcciones Industriales Tapia confirmó a Quinto Elemento Lab que participó como subcontratista de Odebrecht, pero rechazó que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de efectos”.
Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta.
De hecho, para algunos ya lo estaba. Era entonces miembro del Consejo de Administración de OHL, la enorme firma española que obtuvo la concesión para construir las carreteras de peaje en el Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y que hoy es investigada en España por financiamiento ilegal a políticos.
Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes al primer círculo. Por ello no fue extraño que el 11 de enero de 2012 fuera designado como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.
De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.
Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.
Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.
En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”.
De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.
No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.
Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.
Le proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.

Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes Británicas.
Luis de Meneses sabía entonces qué hacer. Contactó a Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht bautizó a la oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los políticos brasileños y extranjeros.

Da Silva, poseedor de una mente financiera estratégica, apretó los botones adecuados y dio las órdenes precisas para que las transferencias llegaran a las empresas mencionadas por Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los fiscales.
Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.
Era marzo de 2012 y la danza de dinero comenzaba. De los recursos que Innovation Research Engineering and Development Ltd –empresa fachada usada por Odebrecht para distribuir los sobornos– mantenía en el banco Meinl Bank salieron ráfagas de dólares a la cuenta de Latin American Asia Capital Holding, la firma a la que Lozoya pidió que le enviaran su dinero, según los documentos judiciales en los que quedó registrada la delación,
Apenas un mes después de que Lozoya visitó a De Meneses en Las Lomas, llegó el primer vendaval de billetes: el 20 de abril se transfirió un cuarto de millón de dólares a esa cuenta; cinco días después una transferencia de doble intensidad: casi medio millón de dólares. Veinticuatro horas después, una nueva sacudida en el balance de Latin American Asia Capital Holding: otro medio millón de dólares.
Y no era todo. Pasó alrededor de un mes para que esa cuenta registrara un nuevo incremento: el 23 de mayo le llegó otro medio millón de dólares. Una semana exacta después, 490 mil dólares más.
Los altos ejecutivos de Odebrecht cumplían su palabra porque decían tener la certeza de que con Lozoya colocado en lugares clave del nuevo gobierno el horizonte de la firma brasileña en México estaría afianzado. Así que el 8 de junio de 2012, de la misma cuenta de origen y a la misma de destino, llegó otro medio millón de dólares. Esta primera feria millonaria acabaría con otra transferencia hecha el 18 de junio: ahora sería de 400 mil dólares.
Sólo escribir el total de la “propina” asombra. Porque no es común que, si las imputaciones de los colaboradores de la justicia brasileña se corroboran, como hasta ahora ha ocurrido en países como en Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú y Panamá, el director de Pemex hubiera recibido una cifra así en sólo dos meses: 4 millones 100 mil dólares.

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Cuando los fiscales brasileños André Bueno y Daniel Sampaio tomaron la declaración de Luis de Meneses le advirtieron sobre las condiciones que debía cumplir para concederle el beneficio de la “colaboración premiada” y, así, reducir los años en prisión.

De Meneses expresó, como han hecho todos los 78 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que estaba consciente de que los beneficios de la colaboración dependían de que se obtuvieran uno o más de los siguientes resultados: 1) La identificación de los demás coautores y partícipes de la organización criminal y las violaciones a la ley que cometieron, 2) la revelación de la estructura jerárquica y de división de tareas dentro de la organización criminal, 3) la prevención de las infracciones penales derivadas de las actividades criminales, y 4) la recuperación total o parcial del producto de las actividades de la organización criminal.
Ingeniero civil que cumplirá 60 años en unos días, De Meneses accedió y además entregó información para corroborar sus dichos. Por ejemplo, y sólo como muestra, el jefe de Odebrecht en México proporcionó a los fiscales los registros que comprueban las 15 transferencias hechas a las cuentas que, según afirma, le fueron indicadas por Lozoya.

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Llegó el 1 de diciembre de 2012 y se iluminaron los rostros de los brasileños a cargo de las operaciones en México y de la máquina global de sobornos. Lozoya Austin, licenciado por el ITAM y maestro por la Universidad de Havard, llegaba a una posición muy relevante: la Dirección General de Pemex, una empresa que en 2013 contó con un presupuesto tan grande como su importancia en la economía nacional: poco más de 326 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de dólares de esa época.

Luego de las vacaciones de fin de año, y al empezar a correr 2013, De Meneses dice que creyó oportuno hacer una visita a Lozoya en sus nuevas oficinas de Pemex. Llegó a la sede central y se registró, por lo que su presencia ahí puede ser corroborada.
Al estar con Lozoya, según contó a los fiscales, le informó que en asociación con Juan Carlos Tapia, el constructor con el que el propio Lozoya le había recomendado trabajar, la compañía buscaba contratos en Pemex, por lo que “le gustaría su apoyo para conquistar nuevos negocios con la petrolera”.
Lozoya fue receptivo. Le confirmó su disposición a buscar que el Consejo de Administración de Pemex “reconociera la actuación” de Odebrecht, no sin antes advertirle algo: que la constructora brasileña debía ser competitiva tanto en términos técnicos y comerciales para tener una oportunidad.
El jefe de Odebrecht aprovechó y reviró: “Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería retribuido”, se lee en la tercera de las cuatro páginas que resumen las delaciones del brasileño, incluidas en el anexo 4 del “Termo de Colaboração No. 5”, término empleado por el sistema judicial de Brasil para referirse a los testimonios penales acordados.
Los siguientes meses fueron de trabajo y planeación entre De Meneses y su socio local. Estaban cazando la oportunidad de ganar uno de los contratos que Pemex otorgaría en los trabajos de readecuación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.

Para octubre de 2013 ya estaban listos. Un hecho renovaba la confianza de los funcionarios sudamericanos: Marcelo Odebrecht, su máximo jefe, hoy en prisión, se reunió en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos el 1 de octubre. Un comunicado de la Presidencia de la República dio cuenta de ello en 20 líneas.
Luis de Meneses buscó de nueva cuenta a Lozoya. Abiertamente, le solicitó “su apoyo para influir sobre los miembros del Consejo de Administración y le asignaran contratos” a Odebrecht.

El alto ejecutivo de la firma brasileña partía de una premisa: “Dado el poder de influencia que tenía en el consejo… Emilio Lozoya se colocaría en favor de los proyectos que buscábamos, influenciando a los demás miembros para que ratificaran nuestra contratación”.
De Meneses sabía lo que hacía, en qué momento actuar. Ya había desarrollado esa capacidad para corromper a altos funcionarios públicos en Perú, en donde había ocupado en Odebrecht un cargo similar.
El poderoso vicepresidente de la constructora, Luiz Mameri, recordó ante los fiscales ese momento: “En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos”.
Así que De Meneses no esperó más. Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría seis millones de dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría, independientemente del resultado de la licitación. Y los otro cuatro millones estarían condicionados a que les asignara el contrato.
Luis Alberto de Meneses se retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”.
Al arranque de diciembre le dieron una buena nueva: Odebrecht había ganado la licitación de mil 364 millones de pesos. “La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de seis millones de dólares”.
La muestra de agradecimiento por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra transferencia. Ahora de un millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año.

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Cómo no tener un buen arranque de año, sin cuestas de enero que agobien. El día 15 de febrero de 2014 se hizo una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado por la constructora brasileña.

Por Pemex Refinación dos funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa.
Tuvieron que estampar su firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias, la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos.
Sin embargo, la página 5 del contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto, llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de “declaración conjunta”.
Dice a la letra: “Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con la Ley Federal Anticorrupción…”.
Manifestaron expresamente, además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de la OCDE, la OEA, la ONU y otros.

“Expresan que conocen los ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la simulación…”.
Eso firmaron.


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El contrato ya había quedado en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas offshore que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por Hilberto da Silva hizo lo suyo.

Una semana después de la firma del contrato con Pemex, del Meinl Bank, localizado en Antigua, salieron un millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan SA tenía en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103.
Habría otros dos pagos más, ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia… A mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”, explicó Luis de Meneses.
La experiencia de Hilberto da Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero en cuentas a partir de las cuales podría vincularse su nombre, argumentó Da Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses.
Ahí es donde aparece el nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el ex jefe del departamento encargado de los sobornos.
Eso es lo que hizo Rodrigo en México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su boca subieran y bajaran rítmicamente, según el video en el que se registró la misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador Rodrigo Janot Monteiro.
“Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex. Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”.
El testimonio de Hilberto da Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”.
Una de esas situaciones fue la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente (sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir dinero en sus cuentas bancarias”, se lee en una declaración escrita entregada por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal.
La carta, de unos tres párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic) en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre, como laranja [un agente que trabaja en una empresa “non related”, proveedores independientes residentes fuera de Brasil que eran parte de la red financiera para lavar los sobornos montada por Da Silva.)
Esa visita a México tuvo un buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un pago de dos millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por tres millones para semanas después, totalizando cinco millones de dólares”.
Debajo de ese párrafo, una firma: la de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.
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Un cuarto como el de cualquier edificio burocrático promedio de cualquier país latinoamericano. Un hombre escucha con atención, la mirada hacia abajo. Se bambolea ligeramente cada tanto. Se nota preocupado. Resignado, en realidad, a enfrentar su suerte de la mejor manera posible. La actitud de alguien que tuvo la fortuna de su lado y ahora entiende la gravedad del momento en que es protagonista. Es el semblante de alguien que sabe que de lo que ocurra en ese pequeño cuarto dependerá vivir más o menos años en una cárcel.
Luis de Meneses Weill lo sabe. Por eso está ahí.

–¿En qué tiempo y cuántos pagos le hizo a Lozoya? –pregunta uno de los fiscales.
–En 2012 como miembro de la campaña, y en 2013 y 2014 ya como director general de Pemex –responde y “corta” con las manos el aire, para mostrar cómo se iban sucediendo los momentos.
–¿Él recibía los favores ya como director general de Pemex? –Seis millones –asiente Meneses. –¿Cómo sabía que efectivamente los recibió? –quiere averiguar el fiscal, sentado a un par de metros del ex funcionario de Odebrecht. –El me indicaba las cuentas y después me confirmaba (que se había recibido el depósito). –¿Entonces recibió seis millones de dólares ya como director general de Pemex? –repregunta el fiscal. Lo hará en varias ocasiones. Desea entender con exactitud cómo ocurrieron los hechos. Meneses endurece ligeramente el rostro. Se balancea y sus dos pequeños mechones de cabello blanco brincan sobre el pelo negro y rebotan en la frente. Muestra fastidio. –Sí –murmura y su mano muestra en un primer plano un reloj de acero inoxidable. Las manecillas marcan unos minutos antes de las seis. Es el minuto 41 de la audiencia. Aún faltan unos 10 minutos de grabación, de la cual está consciente Meneses y a la cual ha accedido después de renunciar, en presencia de sus abogados, a su derecho a permanecer en silencio y ha autorizado el registro audiovisual de su colaboración premiada. –¿Esas negociaciones, las del dinero, se dieron dentro de Pemex? –No. Las reuniones para tratar la presentación de la empresa, nuestra cualificación, la elaboración de un proyecto para Pemex, eran en su escritorio. Las negociaciones más específicas, de nuestro ofrecimiento, eran afuera… en unas dos o tres veces en mi casa, en Polanco… –se detiene y bebe agua. Se hace un larguísimo silencio–. O en la casa de él también, en Santa Fe. También en restaurantes. Éramos él y yo. Nadie más. –¿Tiene algún comprobante de los depósitos que se hicieron en las cuentas? –desea saber el fiscal, quien luego recibirá los documentos aportados por Meneses. –Las cuentas no sé de quién eran. Él me las daba y después me confirmaba que había recibido los pagos. –¿Hubo otros funcionarios públicos (implicados)? –Era sólo con él. Si él dividía el pago, no tengo conocimiento.

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* Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La Nación de Argentina; La Prensa de Panamá; Sudestada de Uruguay; Quinto Elemento Lab de México, e IDL-Reporteros de Perú.