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6/27/2018

Presentarán ante Fepade denuncia por ataques contra la candidata Lilly Téllez


Santiago Nieto Castillo advirtió sobre más denuncias
   


El integrante del consejo asesor del partido Morena, Santiago Nieto Castillo, informó que presentarán ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), una denuncia por el caso de intimidación contra la candidata al Senado Lilly Téllez, y solicitarán que se inicie una carpeta de investigación en donde ella tenga el carácter de víctima así como que existan mecanismos de protección a nivel federal ya que ella contiende por un espacio federal.

En conferencia de prensa en esta ciudad, el ex titular de la Fepade agregó que también pedirán que la Policía Cibernética haga las debidas diligencias para ubicar a los responsables de las agresiones al tiempo que hizo un llamado a la civilidad democrática, y expresó su preocupación por los ataques personales dirigidos hacia la candidata Lilly Téllez.
“La calidad de una democracia se mide en razón de la participación de las mujeres en el ámbito de la vida pública y cualquier acto que genere la intimidación o la inhibición de los derechos político- electorales, es un acto que atenta directamente contra la democracia”, dijo.
Nieto Castillo anunció que interpondrán más denuncias por violencia política de género que se sumarán a las interpuestas la semana anterior en la Procuraduría General de la República (PGR), por agresiones y amenazas a la candidata al Senado María Lilly del Carmen Téllez.
En primer lugar, explicó, presentarán una queja administrativa para activar ante el INE el Protocolo para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres.
Agregó que tanto la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) son tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que establecen la obligación de todas las entidades de los Estados partes, de proteger los derechos políticos de las mujeres, y en el caso específico de la candidata Lilly Téllez, se afectaron.
Por otra parte, explicó Nieto Castillo, el Protocolo también establece que en casos donde exista discriminación o que en forma desproporcionada afecten a una mujer, en donde se haga referencia a que una mujer no pueda obtener el apoyo popular, éstos constituyen violencia política contra las mujeres.
En el caso de Téllez, dijo que las frases y expresiones como “vieja hedionda” o “vieja arrabalera” que utilizan para denostarla son altamente discriminatorias y tienen una enorme connotación de género.
“Es un tipo de expresión machista, misógina, que no genera el desarrollo de los valores democráticos de un proceso electoral que se rija por los principios de la Constitución”, precisó.
Argumentó también que en el caso de la Ley  General en materia de delitos electorales en su artículo 7 fracción 16 establece como una conducta delictiva, el realizar actos que generen temor o intimidación a las y los electores y que afecten la libertad del sufragio y en este caso específico, Lilly Téllez ha recibido amenazas, lo cual genera mucha preocupación dadas las condiciones de violencia que se viven actualmente en este proceso electoral.
Recordó que desde 2015 se empezaron a presentar actos relacionados con violencia política de género o violencia política contra las mujeres (concepto que ahora existe) los cuales se caracterizan por el ataque –en forma desproporcionada- a las mujeres por el hecho de serlo.
En ese contexto algunas instituciones mexicanas aprobaron un Protocolo para atender estos casos para que sean sancionados en el ámbito penal y administrativo y precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fepade tienen la obligación de recibir denuncias y quejas relativas a los actos de violencia política en contra de las mujeres.
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 

3/16/2018

Delitos electorales… Ganar a la mala

J. Jesús Lemus
Los delitos en materia electoral más que la excepción se han vuelto la regla. Datos de la FEPADE revelan que estos han ido en aumento, pues de las 22 mil 444 denuncias por estos delitos desde 1997, el 72 por ciento corresponden a los dos últimos sexenios
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En los últimos 22 años el índice de delitos electorales investigados y sancionados por la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la Republica (PGR) ha venido al alza, pero el mayor repunte de estos ilícitos se han presentado durante los sexenios de Felipe Calderón y en lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se han investigado el 72 por ciento de estos ilícitos.
De acuerdo con datos oficiales emitidos por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (FEPADE) a través de una respuesta emitida vía el portal de transparencia, fue durante el periodo del presidente Felipe Calderón cuando mayor cantidad de delitos de este tipo se cometieron en todo el país, al abrirse 9 mil 126 averiguaciones previas por estos delitos.
En la administración de Enrique Peña Nieto, con fecha de corte al 9 de marzo del 2018, se acumularon 7 mil 044 carpetas de investigación a causa de presuntos delitos electorales
La mayor cantidad de ilícitos electorales registrados durante los seis años del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón ocurrieron en el año previo al final de su mandato, antes de las elecciones del 2012.En el 2011 se denunciaron 2 mil 631 delitos y fue el periodo con mayor número de denuncias; el año 2012 fue el segundo, con 2 mil 451; mientras que el 2009, cuando también se realizaron elecciones, ocupó la tercera posición con mil 359 denuncias de tipo electoral.
En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, con fecha de corte al 9 de marzo del 2018, ya se han acumulado 7 mil 044 carpetas de investigación a causa de presuntos delitos electorales, de los que la mayoría de ellos ocurrieron en elecciones locales, aunque la estadística revela que durante las elecciones federales del 2015 se registró uno de los picos más elevados de este tipo de delitos durante el sexenio, al registrarse mil 465 denuncias. Así, desde enero de 1997 a febrero del 2018, en todo el país se han abierto 22 mil 444 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales, 16 mil 170 de ellos ocurrieron en los dos últimos sexenios.
En el comparativo histórico de delitos electorales investigados que registra la FEPADE, se señala que durante los últimos cuatro años (1997-2000) del sexenio de Ernesto Zedillo, se abrieron sólo 2 mil 012 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos.
Durante la administración del presidente Vicente Fox, el total de delitos electorales se ubicó en las 4 mil 262 averiguaciones previas, de los que sus máximos históricos fueron ubicados durante las elecciones federales del 2003 y 2006, cuando se abrieron mil 155 y mil 179 carpetas de investigación, respectivamente.

Sanciones para mapaches electorales

Las penas por la comisión de delitos en materia electoral, esipuladas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y en el Código Penal Federal van desde el pago de multas de 50 días, hasta los 9 años prisión.
Ambos marcos normativos detallan las acciones que suelen realizar operadores electorales también llamados “mapaches”, los cuales durante las jornadas electorales buscan cambiar el sentido del voto a favor de algún partido político o de algún candidato, mediante la compra del voto, solicitando previamente credenciales para votar o alterando el conteo de los comicios.
La FEPADE ha tenido que enfrentar este tipo de delitos, los cuales atentan contra el derecho al voto de la ciudadanía que se intensifica al inicio de los procesos electorales tanto locales como federales.
Uno de los delitos electorales que también ha ido al alza es la creación y divulgación de información falsa, la cual también es considerada un delito.
Pese a que la creación de información falsa se ha incrementado en los últimos procesos electorales, compartida principalmente en plataformas digitales como Facebook, Twitter o WhatsApp, la FEPADE informó que por este delito no ha realizado ninguna averiguación previa.
La divulgación, de manera pública y dolosa, de noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, es un acto ilícito de acuerdo con la fracción 10 del artículo 8 de la LGMDE y podría llevar al responsable a pasar hasta 6 años en prisión.

Comparables a otros ilícitos

Para poner en perspectiva la forma silenciosa en que han venido en aumento los delitos electorales en los últimos 22 años, baste su comparación con otros ilícitos, como los cometidos por la delincuencia común, en donde resalta que los 392 delitos electorales cometidos durante 1997 casi igualan la cifra alcanzada por los asaltos a bancos en ese mismo año, que fue de 438.
En el cruce de datos también se revela que los 848 delitos electorales cometidos en el 2000 casi triplican el número de asaltos bancarios que se registró en ese mismo año, los que ocurrieron en 332 eventos delictivos, y supera por mucho los 583 delitos contra la salud de los que tuvo registro ese mismo año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP).
Los delitos cometidos por ciudadanos, con la intención de cambiar el curso de las elecciones federales en el 2015, tipificado en mil 465 delitos electorales, representa casi el doble de los 763 asaltos sin violencia que se cometieron contra transportistas registrados en todo el país en ese mismo año, y fueron casi cuádruple de las lesiones culposas cometidas con arma de fuego en ese año.
La mayor cantidad de ilícitos electorales registrados durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón ocurrieron en el año previo al final de su mandato, antes de las elecciones del 2012
Otro comparativo que revela el repunte de los delitos electorales son los 628 delitos de este tipo cometidos en el 2017, que son más del doble de los 309 asaltos con violencia cometidos contra bancos en ese mismo año, y equivalen a casi el doble de los 333 robos con violencia cometidos contra automovilistas particulares en todas las carreteras del país el mismo año pasado.

Recurrencia de faltas

De todos los delitos electorales cometidos desde 1997 a la fecha, de los que da cuenta la respuesta oficial de la FEPADE, el que mayor incidencia registra, es el que se refiere a la violación del artículo 411 del Código Penal Federal que estipula una sanción de hasta siete años de prisión y hasta 200 días de multa a quien “por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores”, del que se han registrado 13 mil 287 denuncias por la presunta comisión de este acto ilícito.
El segundo lugar de los delitos electorales que han sido investigados por la FEPADE, es el que señala el artículo 403 en la normativa penal federal, que señala como delito el acto de votas a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, vote más de una vez, haga proselitismo el día de la jornada electoral en el lugar de la casilla o en el lugar donde estén formados los votantes para cambias su sentido del voto.
En cuanto a la aplicación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), la violación al artículo 13 en su primera fracción es la que más ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en esta materia; en total, han sido mil 021 los casos, concernientes a la alteración del Registro Federal de Electores o Listado de Electores y también por la participación en la “expedición ilícita de una o más credenciales para votar”, delitos que señala el artículo citado.
Otras 14 denuncias por la violación al artículo 13 de la LGMDE corresponden a su fracción segunda, la cual indica la comisión de un acto ilícito cuando alguien “altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores”.
En la lista de delitos electorales, la FEPADE también incluyó mil 695 incidencias que no fueron clasificadas en el Código Penal Federal y la LGMDE. En su respuesta vía ley de transparencia, catalogó estos casos como “diverso al electoral sin fracción”.

5/18/2017

Fundación Colosio Edomex echa mano de programas sociales para apoyar a Del Mazo



Aristegui Noticias recibió, vía Méxicoleaks, copia de un chat entre jóvenes priistas que participan en la campaña de Alfredo del Mazo.

Integrantes de la Fundación Colosio en el Estado de México se apoyan de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para apoyar la campaña del priista Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México, según muestra un chat de la organización.

Aristegui Noticias recibió vía Méxicoleaks copia de un grupo de Whatsapp donde fueron agregados integrantes de la Fundación Colosio Toluca, que encabeza Diana Velázquez.


En la imagen, Diana Velázquez, presidenta de la Fundación Colosio en Toluca
En el grupo fue incluido un joven sin filiación priista quien durante semanas observó el desarrollo de las comunicaciones y al final decidió filtrar el archivo, el cual incluye 452 fotos, videos y archivos de texto. La identidad del joven no priista fue corroborada por Aristegui Noticias.
El grupo de Whatsapp es encabezado por Diana Velázquez, presidenta de la Fundación Colosio en Toluca, quien mediante esta forma de comunicación opera a sus subalternos para que participen en las actividades del PRI mexiquense.
Entre los integrantes de este grupo se encuentra el joven Abraham de Jesús López Fuentes, quien en dos ocasiones se ofrece a incorporar a adultos mayores al programa 65 y más que opera Sedesol.
El 29 de marzo, López Fuentes aclara a sus compañeros que deben apresurarse con las afiliaciones, pues debido al periodo electoral éstas deberán suspenderse.
Un día después, repitió la propuesta de afiliación, pero esta vez incluyó la dirección de su oficina, que corresponde a la delegación de Sedesol en la ciudad de Toluca.
SPIN POLÍTICO
Dentro del chat, la presidenta de la Fundación Colosio Toluca, Diana Velázquez, confirmó una capacitación para priistas con la asesora en estrategia política Gisela Rubach.
El encuentro se realizó el 29 de abril de 2017 en instalaciones del PRI Edomex. En el grupo de Whatsapp quedó constancia de las líneas discursivas que se deben aplicar ante críticas al PRI o a Alfredo del Mazo.
En el rubro de “ataque de la oposición en general” describieron: “ellos son incapaces de dimensionar lo que significa gobernar el Estado de México”.
Sobre el “gasolinazo” una lámina dice que si no se hubiera eliminado el subsidio a los combustibles habrían desaparecido programas sociales.
Respecto a Delfina Gómez, candidata de Morena: “ es un delfín que espera a que su entrenador le indique por dónde nadar”.
Y en cuanto al parentesco de Alfredo del Mazo con el presidente Peña Nieto: “es su primo en octavo grado”.

4/04/2017

El "Banortegate", en curso en el Edomex



Jenaro Villamil 

  Una nueva manera de “incidir en el voto” se ha desplegado en el Estado de México para salvar al PRI de una eventual derrota en los comicios del próximo junio: consiste en el reparto de miles de tarjetas La Efectiva Liconsa, de Banorte, a cambio de la entrega de la credencial de elector, más el despliegue de recursos y apoyos de 230 programas federales y estatales de combate a la pobreza, de los cuales “170 no cuentan con reglas de operación ni con población objetivo clara ni son auditables sus recursos”.

Así describe el senador Mario Delgado, exsecretario de Finanzas capitalino y actual legislador por Morena, lo que considera una “nueva careta” para orientar excesivamente los programas sociales en la compra del voto en el Estado de México.
Tan sólo en el primer mes de análisis de los porcentajes y de los montos del presupuesto de los programas federales y estatales destinados al Estado de México en periodo electoral, Delgado calcula que se han gastado 2 mil millones de pesos, y la cifra puede llegar a 6 mil millones antes de las elecciones.
–¿Hablamos de una “elección de Estado” típica? –se le pregunta.
–No. Estamos hablando de una invasión del gobierno federal, que está desviando los objetivos y recursos de los programas federales para focalizarlos durante un periodo muy corto en el Estado de México para ocultar muchísimo dinero. Están perdiendo hasta las formas. Los funcionarios federales reparten apoyos y beneficios a diestra y siniestra. Ya enviaron al secretario de Hacienda de matraquero, a la primera dama, al secretario de Salud. A todos.
El legislador explica que Liconsa destina 30% de sus recursos ahora al Estado de México; y del programa de Comedores Comunitarios, 35% se ha concentrado en febrero y marzo en la entidad. Y en los últimos siete meses, 21 funcionarios federales, incluyendo secretarios de Estado, han realizado al menos 107 visitas públicas a municipios mexiquenses para entregar apoyos o lanzar programas.
Entre otros de esos funcionarios, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado ocho giras, al igual que el presidente Peña Nieto, quien ha encabezado ocho recorridos desde agosto de 2016 para entregar obras y planes de apoyo social.
El pasado 14 de marzo Osorio Chong atestiguó la entrega de mil 500 créditos de vivienda, equivalentes a 100 millones de pesos, a efectivos de la Policía Federal que laboran en el Estado de México.
Tan sólo al acto del 26 de marzo, cuando Del Mazo Maza rindió protesta como candidato del PRI a la gubernatura, asistieron cinco secretarios de Estado, 12 gobernadores priistas y uno del Partido Verde, así como todos los exgobernadores vivos del Estado de México.
“Toda esta invasión es a destiempo, no es una acción normal, son acciones extraordinarias dentro de lo que son las tareas regulares de una secretaría de Estado”, afirma Delgado.
–¿Dónde está la FEPADE (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales)?
–Dirán que no hay delito electoral porque están actuando conforme a la tarea normal de las secretarías. Alteran la equidad electoral porque es una orientación excesiva de los programas federales. Estos programas se convierten en las caretas de la compra del voto, que es difícil de detectar.
–¿Por qué lo hacen? ¿Tienen miedo de perder?
–Porque no saben hacer otra cosa. Lo que saben hacer es comprar votos. Siempre lo han hecho, pero ahora de manera descarada y preocupante a través de los programas federales. ¿Qué van a decir? ¿Que Peña Nieto es bueno? ¿Que Alfredo del Mazo no es su primo?
Banorte
Delgado subraya que “lo más preocupante es la parte de las tarjetas, porque es la menos visible. Porque para entregártela te piden tu credencial de elector y es dinero que no se ve.
“¿De quién crees que son las tarjetas? De Banorte. ¿Quién es el director de Banorte? El nieto de Carlos Hank González. Es el ‘Atlacomulco Power’. De 2 mil 700 pesos a 3 mil pesos mensuales cada una”, abunda.
El pasado 30 de marzo Delgado promovió un punto de acuerdo en el Senado señalando que la utilización de Banorte “no es coincidencia, sino que parece parte de toda una operación del grupo político hegemónico en el Estado de México para beneficiar al PRI. Cabe recordar que miembros del Consejo de Administración de Banorte tienen estrechos vínculos con el denominado grupo Atlacomulco”.
“Las autoridades regulatorias del sector bancario no pueden dejar pasar desapercibida la réplica de la práctica que en 2012 trajo como consecuencia el llamado Monexgate, que vinculó a instituciones financieras en la compra del voto. Ahora, desde el gobierno local del Estado de México se utilizan tarjetas Banorte para repartir beneficios y recursos públicos con la finalidad de inclinar la balanza de la contienda a favor del PRI”, argumentó Delgado.
En el punto de acuerdo los senadores que apoyan la propuesta piden que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su carácter de autoridad regulatoria, para impedir lo que ocurrió en 2012.
También le demandan al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la FEPADE actuar “ante las violaciones a los principios de la contienda previstos en el artículo 41 de la Constitución Federal” y se sancione a los servidores públicos federales y estatales por la utilización de los programas sociales y de sus recursos en los ámbitos federal, estatal y municipal.
–¿Todo este despliegue de recursos es para amarrar los 2 millones de votos “duros” del PRI? –se le cuestiona al senador.
–Ellos se van a mover sobre esa hipótesis, sobre los 2 millones. Aquí el tema es el porcentaje de participación. Mientras más vota la gente, más vota contra el PRI. Por eso la posibilidad de que gane Morena es mayor.
–¿Qué sigue si ven que su candidato se cae en las preferencias electorales?
–Creemos que sigue la campaña de miedo. Para inhibir la participación.
“La Gaviota”
El mismo 30 de marzo, días antes del arranque formal de la campaña –que será este lunes 3–, la mayoría de 40 votos del PRI, Nueva Alianza, Partido Verde, Partido Encuentro Social y un diputado del Movimiento Ciudadano aprobaron mantener 67 programas estatales durante el proceso electoral, a pesar del voto y la argumentación en contra de 31 diputados locales del PAN, PRD y Morena, que por primera vez formaron un bloque en el Congreso local para denunciar la “elección de Estado”.
Sólo 23 programas se suspenderán desde el próximo lunes 3 y la mayoría se mantienen en los 122 municipios de la entidad.
La decisión de la mayoría del Congreso estatal coincidió con la gira de la primera dama, Angélica Rivera, La Gaviota, quien “repartió” besos, computadoras, lentes y certificados de ingreso a nuevos afiliados del programa Prospera, seguros de vida y hasta zapatos en el Auditorio Metropolitano de Tecámac, inaugurado por Peña Nieto 20 días antes.
Al acto con La Gaviota llegaron personas transportadas desde los municipios con mayor población del Valle de México: Ecatepec, Tecámac, La Paz, Coacalco, Chicoloapan y Chimalhuacán, entre otros.
Las crónicas de algunos medios locales destacaron que se desplegó un módulo de Prospera, donde bastaba entregar la credencial de elector para recibir los beneficios de este programa, aunque no llevaran CURP ni acta de nacimiento.
“Lo digo fuerte y claro: ningún gobierno priista en México permitirá que millones de personas abandonen sus esperanzas de vida por el miedo que otros tengan a ser derrotados en una elección”, argumentó el líder de la mayoría priista en el Congreso local, Cruz Roa Sánchez.
El legislador del PAN, Anuar Azar, reprochó que el Estado de México continúe siendo primer lugar en inseguridad, homicidios, robos con violencia, pobreza, empleos informales, pero que se despliegue una “elección de Estado” con la intensificación “de manera inaudita” de la entrega de programas sociales.
Entre los 67 programas de reparto de beneficios estatales que se mantienen están los de desarrollo agropecuario, como Apoyo a la Mujer en Áreas Rurales, Apoyo Económico a los Productores para Proyectos Productivos, Canasta Alimentaria, Apoyo a la Comercialización de la Carne, Apoyos Especiales para Insumos Agrícolas, entre otros.
En el área de desarrollo social se mantienen Infancia en Grande, Pequeños en Movimiento, Creciendo Sanos, Familias en Grande, Respaldando Sueño y De la Mano con Papá.
Del área del DIF estatal, donde se repartirán más tarjetas La Efectiva, están Ayudas Funcionales a Personas con Discapacidad, Desayunos Escolares Fríos y raciones vespertinas, Desayuno Escolar Comunitario, Becas para Menores Trabajadores Urbano Marginales, Promoción a la Participación Comunitaria y Canasta Mexiquense Nutrición.
En el área de educación se mantienen programas como Apoyo Económico para Estudiantes Mexiquenses de Educación Media Superior y Superior, Dreamers Mexiquenses, Becas para Madres de Familia que se Encuentran Estudiando, Becas para Estudiantes en el Estado de México en la UNAM, IPN y UAM, Becarias y Becarios de Excelencia en el Estado de México, El Valor de Permanecer Estudiando y Servicio Estatal Comunitario, entre muchos otros.

4/03/2017

Detienen a alcaldesa de Suchiate por presuntos delitos electorales


Matilde Espinoza Toledo será trasladada a SEIDO

Por una denuncia presentada en 2015 ante la autoridad electoral, la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza Toledo, fue detenida esta mañana como presunta responsable de delitos electorales, al entregar actas de nacimiento a migrantes de países centroamericanos.
 
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) interceptaron a la política en la Primera Avenida Poniente Barrio Nuevo del municipio de Suchiate, cuando salía de su casa, para que responda a las acusaciones del expediente AP974/FEPADE/2015. Fue llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), en la capital del país.
 
De acuerdo con la acusación presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la alcaldesa entregaba, en 2015, actas de nacimiento a migrantes centroamericanos para que con ese documento pudieran tramitar credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y, eventualmente, pudieran votar.

La elección de ese año para presidencias municipales y diputados se realizó el 19 de julio y la denuncia fue presentada antes de esa fecha. Antes de los comicios, el 5 de julio, el esposo de la hoy alcaldesa, Saúl Álvarez López, fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del estado.

La alcaldesa, entonces aún candidata, fue citada a declarar ante la FEPADE. De acuerdo a lo publicado por medios de comunicación locales en ese momento, a Álvarez López le decomisaron seis actas de nacimiento. Sin embargo, tras la elección, en la que resultó ganadora su esposa, continuó como titular del Registro Civil del municipio.
 
En esa ocasión, las diligencias fueron encabezadas por el titular de la FEPADE, Santiago Nieto y por agentes del a PGR, en la oficialía 01 del Registro Civil de Suchiate, donde trabajaba el esposo de la entonces candidata. Se realizaron cateos y se hizo la auditoría de los registros y material con que se elaboran las actas de nacimiento.  Se detuvo a ocho hombres y a un menor de edad.

Nieto Castillo declaró entonces que recibieron la denuncia del INE y acordaron auxiliar en todas las denuncias presentadas por la autoridad administrativa electoral, para deslindar responsabilidades de la posible comisión de conductas constitutivas de delito electoral. De los resultados informarían al INE y a la PGR. Actuaremos, dijo, por instrucciones de la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, “con absoluta imparcialidad”.

LAS ELECCIONES 

En Chiapas, para 2015, año en que se hizo la denuncia contra la alcaldesa y su esposo, había un padrón de 3.2  millones de ciudadanas y ciudadanos con credencial para votar. Se realizaron dos procesos electorales, la elección estatal, el 19 de junio, y una extraordinaria el 6 de diciembre, de acuerdo con el calendario del INE. Ese año, el Partido Verde logró en el estado, en la elección para diputados, 667 mil 598 votos, contra 82 mil 905 del PRD, mientras que para senadores hubo 677 mil 598 votos para el Verde, contra 82 mil 905 para el PRD. En esa misma elección, el Verde logró en Suchiate, lugar donde presuntamente hubo registro de personas centroamericanas en el padrón, una votación de 4 mil 57 sufragios, contar mil 640 del PAN y 220 del PRD.  

En la elección para la presidencia municipal resultó ganadora con 5 mil 2 votos, Matilde Espinoza Toledo, quien esta mañana, 2 años después de la acusación, fue detenida por la autoridad. 

Imagen retomada del portal suchiate.chiapas.gob.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

3/22/2017

Ataques a la autonomía de la justicia electoral local


A los legisladores federales les faltó ser más precisos en la redacción de los artículos 41 y 116 constitucionales.

Uno de los objetivos de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 fue evitar que los Poderes de las entidades federativas interfirieran en el actuar de las autoridades electorales, ya sean los organismos públicos o los tribunales locales.


No obstante lo anterior, a los legisladores federales les faltó ser más precisos en la redacción de los artículos 41 y 116 constitucionales, ya que omitieron señalar de manera expresa que los Poderes de las entidades federativas no podrán interferir en las funciones de los organismos jurisdiccionales en materia electoral.

Las consecuencias de dicha omisión las estamos enfrentando en los tribunales electorales locales, los cuales se encuentran vulnerables frente a la actuación de los diversos actores políticos y poderes que en ocasiones no quedan satisfechos con alguna decisión.
Uno de los casos más graves lo enfrentamos en el estado de Quintana Roo, en donde según notas periodísticas, el Congreso del Estado se encuentra analizando la procedencia del juicio político en contra de los magistrados integrantes del tribunal electoral de dicho estado.
Sin embargo, así como la reforma de 10 de febrero de 2014 determinó que los Congresos locales ya no serían los encargados de nombrar a los Magistrados electorales locales, dejando esta facultad para el Senado de la República, con la misma lógica, tampoco cuentan con facultades para resolver mecanismos jurídicos en contra de ellos, como lo es el juicio político.
La anterior no es una afirmación aislada, tiene sustento en la Tesis XXXVIII/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual establece que al interpretar los artículos 116, fracción IV, inciso c), Apartado 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se observa que no se estableció un sistema para la imposición de sanciones, por conductas cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral.
Como consecuencia de lo anterior, los Magistrados de Sala Superior determinaron que compete al Senado de la República conocer de la conducta de los magistrados electorales locales cuando incurran en el ejercicio indebido de la función jurisdiccional.
Es decir, los órganos legislativos locales carecen de facultades para resolver sobre el juicio político en contra de los magistrados electorales locales. Dicho criterio de Sala Superior, resulta congruente con la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, la cual pretendió alejar los intereses de los partidos políticos y Poderes de las entidades federativas en los asuntos electorales.
Por otro lado, resultan absurdas las razones que se esgrimen en contra del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en las que señalan que su presupuesto resulta muy alto en un año en el que no se lleva a cabo un proceso electoral. Al respecto, ha sido frecuente en las entidades federativas la disminución de presupuesto de los tribunales electorales locales, el cual es determinado por los Congresos de las entidades federativas.
El argumento para la reducir el presupuesto basado en la disminución de actividad jurisdiccional al no encontrarnos en un proceso electoral no toma en cuenta la existencia de mecanismos de participación ciudadana, mismos que originan que la actividad de los tribunales electorales locales sea incluso mayor que en los años en que sólo se llevan a cabo elecciones constitucionales.
Ante situaciones como la que ocurre en el estado de Quintana Roo y que se presentan también en otras entidades federativas, resulta necesario enviar a todos los Poderes de orden local un mensaje de unidad de los tribunales electorales locales de todo el país, los cuales estamos en desacuerdo frente a posibles interferencias de las organizaciones de tipo político en nuestro desempeño.  
Por último, cabe señalar que al momento de ser designados por el Senado de la República, los magistrados electorales de las entidades federativas protestamos hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, juramento que respetamos y en congruencia pedimos sea respetado por los Poderes de las entidades federativas.

6/16/2015

Margarita Zavala, hacia el precipicio


MÉXICO, D.F. (apro).- Con su marido Felipe Calderón como el principal lastre, huérfana de recursos, equipo y aun proyecto, Margarita Zavala tomó ya la más trascendental decisión de su vida política, pero también la que le augura un aciago futuro: La derrota.

Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Foto: Miguel Dimayuga
Su anuncio de buscar la candidatura presidencial, tres años antes de la elección –como lo hizo Vicente Fox en 1997–, es la confesión de que siempre fueron nulas sus posibilidades de ganar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN).

Y ahora su proyecto pasa por ganar tiempo para que Gustavo Madero, quien sin duda será coordinador de los diputados federales, y el gobernador Rafael Moreno Valle se despedacen por la candidatura para emerger ella como la opción pacificadora del PAN.
Esta apuesta de Zavala tampoco se anticipa exitosa: Aun cuando pueda haber choques entre Madero y Moreno Valle, y ya los ha habido justamente por esa disputa, los une el control sobre el partido y no tienen ningún incentivo para cederlo a nadie, menos a una rival que podría liquidarlos.
Aunque sacudido por la peor derrota en un cuarto de siglo y emocionalmente lastimado por la muerte de Juan Molinar –su confidente y consejero–, Madero tiene capturado el PAN: El CEN (ocho de nueve integrantes y 29 de las 30 secretarías, coordinaciones y direcciones); la Comisión Política, que es el órgano que toma las principales decisiones (36 de 38).
También tiene bajo su hegemonía el Consejo Nacional, formalmente el máximo órgano de dirección: De los 380 miembros, controla al menos a 300, y el resto es una desarticulada y anodina oposición. Pero, además, controla el padrón y la mayoría de los 430 mil miembros.
Es muy probable que, en las elecciones en las que Ricardo Anaya sea declarado ganador –no hay otro prospecto con mayor contundencia–, haya una recomposición de este entramado institucional, pero no será tan radical que derrumbe todo el imperio levantado por Madero.
Pese a la disminuida fuerza del PAN en la Cámara de Diputados, donde tendrá 108 y no los más de 150 o 200 que esperaba, Madero seguirá teniendo recursos políticos y económicos, así como protagonismo y visibilidad, de los que carecerán no sólo Moreno Valle –que termina su gobierno en Puebla el próximo año–, sino sobre todo Margarita Zavala.
Por eso, astuto como es, Madero no tiene empacho en escabullirse de las preguntas sobre su aspiración presidencial y distraer con la maniobra de construir un “frente opositor” para enfrentar al PRI en 2018 que, llegado el momento, pueda definir quién lo encabeza.
El proyecto es que sea él, el nieto de Francisco I. Madero, pero también Moreno Valle, un expriista que es hábil para vender la idea –en el PAN y en los ámbitos de poder financiero–, de que él sí puede ganarle al PRI y a Andrés Manuel López Obrador.
Hoy mismo Madero y Moreno Valle enviaron señales de lo que viene: Con la ausencia elocuente del primero, el gobernador de Puebla fue anfitrión de diputados, senadores y candidatos ganadores a los gobiernos de Querétaro y Baja California Sur, encabezados por Ricardo Anaya.
No hay nada raro ya en eso, porque los apoyos de panistas a Margarita no serán siquiera los que obtuvo, por ejemplo, Ernesto Cordero en la elección de mayo del año pasado contra Madero, que se reeligió sin problemas.
Dos ejemplos: El coordinador de la campaña de Cordero, Maximiliano Cortázar, está en el equipo de Moreno Valle y Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Calderón, será el coordinador de campaña de Anaya, quien lo hará coordinador de los senadores.
Pero algo es inaudito para Margarita hasta hace poco: Gil Zuarth y Javier Lozano, dos emblemas del calderonismo ya residual, le recriminaron adelantarse en su búsqueda de la candidatura presidencial. El primero por las implicaciones políticas de tensión que generará y el segundo, más directo, de plano la ubicó en sus capacidades.
“Una cosa es tener ganas y otra cosa es tener con qué –expuso Lozano–. Me parece que para administrar al gobierno de la República se necesita algo de experiencia y con todo respeto en otros, como mi gobernador Moreno Valle, veo mayor experiencia de gobierno que podría ser su carta de presentación”.
Es cierto: ¿Qué ha hecho Zavala además de una diputación federal? Nada.
Pero, además de estos obstáculos en el PAN –que ni modo que no se lo digan sus consejeros César Nava y Jordy Herrera–, Margarita Zavala tiene uno descomunal: Felipe Calderón, su marido, quien si de por sí es un fardo entre los panistas, que repudian sus amenazas de ruptura, lo es mayor entre los mexicanos.
Aun si Margarita Zavala decidiera ser candidata presidencial independiente, que por las condiciones descritas en el PAN es lo más seguro, la presencia de su marido es la mayor garantía de fracaso…
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