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9/26/2026

Senado avanza para impedir candidaturas de deudores alimentarios

 

El incumplimiento de una pensión alimenticia no es un asunto privado: puede afectar el acceso de niñas, niños y adolescentes a alimentación, salud, educación y vivienda, además de trasladar a las mujeres una mayor carga económica para sostener a sus hijas e hijos.

En este contexto, la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó un dictamen que plantea impedir que personas deudoras alimentarias morosas puedan obtener candidaturas a cargos de elección popular, salvo que acrediten haber cubierto en su totalidad los adeudos.

La propuesta fue impulsada por la senadora del PAN por Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, quien planteó incorporar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre los requisitos para quienes aspiren a ocupar una diputación federal o una senaduría.

Durante la discusión, la senadora Laura Esquivel Torres respaldó la iniciativa y señaló que quienes buscan representar a la población deben mantener congruencia entre sus responsabilidades públicas y sus obligaciones familiares.

“Qué bueno que ahora se pone también en esta ley de que ningún deudor alimentario pueda ser candidato”, expresó.

La legisladora enfatizó que las pensiones alimenticias constituyen una obligación y no un acto de voluntad.

“Las pensiones alimenticias no son un favor, no es una generosidad y no hay ninguna razón que valga para que una persona no cumpla con los alimentos de sus hijos”, afirmó.

La deuda alimentaria también tiene una dimensión de género

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias puede profundizar las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres, particularmente cuando son ellas quienes asumen de manera cotidiana la crianza y manutención de hijas e hijos.

Desde esta perspectiva, el planteamiento discutido en el Senado busca llevar una responsabilidad que suele resolverse en el ámbito familiar al terreno de la representación política: quienes aspiran a ocupar un cargo público tendrían que acreditar que cumplen con sus obligaciones alimentarias.

La iniciativa sostiene que exigir este requisito no constituye únicamente una medida técnica o administrativa, sino una expresión del compromiso con un sistema político basado en la legalidad y el respeto a los derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

El planteamiento se suma así a la discusión sobre los requisitos que deben cumplir quienes buscan acceder a cargos de representación popular y sobre las responsabilidades que deben acreditar antes de aparecer en una boleta electoral.

También plantean transparentar patrimonio e intereses

El dictamen aprobado en comisión contempla además que las personas que aspiren a una diputación federal o una senaduría presenten declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

La iniciativa argumenta que la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y permitir que la población conozca información relevante sobre quienes buscan representarla.

El documento advierte que la ausencia de mecanismos obligatorios para verificar el patrimonio y los intereses de las personas aspirantes puede generar dudas sobre posibles conflictos de interés o sobre la procedencia de sus recursos.

Por ello, la propuesta plantea que quienes busquen llegar al Congreso de la Unión acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, presenten información sobre su patrimonio y posibles conflictos de interés y, además, no sean deudores alimentarios morosos.

La aprobación en la Comisión de Gobernación constituye un avance dentro del proceso legislativo, pero no significa todavía que la medida sea aplicable a las próximas candidaturas.

El dictamen deberá continuar su trámite en el Senado y, en su caso, avanzar por las distintas etapas legislativas antes de convertirse en una disposición vigente.

Hombres son los mayores deudores alimentarios

El tamaño de esta problemática todavía enfrenta un obstáculo: México no cuenta con una cifra nacional consolidada y actualizada sobre el número de personas deudoras alimentarias. El propio Sistema Nacional DIF reconoció, al poner en marcha el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), que hasta entonces no se conocía con precisión cuántas personas tenían esta condición en el país.

Sin embargo, especialistas han advertido la marcada dimensión de género del incumplimiento. Durante un seminario realizado en San Luis Potosí en 2026, la especialista Roxana Abigail Montejano Villaseñor señaló que 90 por ciento de las personas deudoras alimentarias son hombres.

11/19/2022

San Luis Potosí tendrá registro de deudores alimentarios morosos

  

La creación de este registro local de deudores se hizo posible gracias a una serie de reformas en en Código Familiar, la Ley de Registro Civil y la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Catastro del estado. Entre otras cosas, las modificaciones incluyen la adhesión de diversos capítulos en los que se especifica cuándo y cómo es que una persona quedará registrada como deudor alimentario moroso.

A grandes rasgos, se convertirá en deudor alimentario moroso todo aquel que lleve 90 días o más sin pagar pensión alimenticia. Cuando esto suceda, un juez deberá ordenar al Registro Civil de San Luis Potosí que incluya a dicha persona en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos con los siguientes datos:

  • Nombre completo y CURP
  • Nombre(s) de su(s) acreedor(es) alimentario(s)
  • Datos del acta que comprueben el vínculo entre el deudor y el o los acreedores
  • Número de pagos incumplidos y monto de la deuda
  • Datos del expediente del que deriva su inscripción al registro
  • Datos de quien ordena el registro
  • Medios para contactar al órgano que ordena el registro del deudor

El Registro Civil se encargará de expedir un acta que compruebe la alta del deudor en el registro. Si esta persona es hablante de lengua indígena, el acta será emitida en dicha lengua con la ayuda de algún traductor. En cualquier caso, los datos de la persona serán eliminados del registro únicamente cuando cubra sus deudas.

¿De qué servirá el Registro de Deudores Alimentarios Morosos?

De acuerdo con el decreto aprobado y publicado este 10 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria de San Luis Potosí, el registro creado funcionará como un modo de ejercer presión contra quien no cumpla con la pensión alimenticia.

Entre otras cosas, cuando una persona deudora intente adquirir, modificar, limitar o extinguir una propiedad, los notarios del estado se verán obligados a revisar si dicha persona está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Los jueces tendrán esta misma obligación cuando el deudor en cuestión quiera casarse con alguien más.

Además de esto, en cuanto un deudor alimentario quede inscrito en este catálogo, el Registro Público de la Propiedad deberá hacer una anotación sobre los bienes del deudor y emitir una alerta al respecto.

Con estas medidas, el Congreso local de San Luis Potosí busca erradicar un problema que —de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía— provoca que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciba una pensión alimenticia como deberían.

Además de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Morelos, Jalisco, el Estado de México, Oaxaca, Coahuila y Chiapas también cuentan con un registro de deudores alimentarios. Al mismo tiempo, iniciativas como la Ley Sabina constituyen un esfuerzo para buscar la protección prioritaria de las infancias abandonadas por sus padres.

10/15/2022

Suprema Corte reitera: en Hidalgo, ningún deudor alimentario llegará al gobierno


Integrantes del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios en una manifestación frente a la CNDH a raíz de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Rosario Piedra Ibarra. El 22 de agosto de 2022. Cortesía: Diana Luz Vázquez Ruiz

Hidalgo.- El 28 de julio de 2021, Rosario Piedra Ibarra interpuso una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos que impiden que los deudores alimentarios desempeñen cargos públicos en el estado de Hidalgo. A más de un año de esta acción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a las víctimas: los deudores alimentarios morosos de la entidad no pueden ser funcionarios de gobierno.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de la Administración Pública del estado de Hidalgo (en sus artículos 31 y 20, respectivamente) establecen que ningún deudor alimentario moroso puede desempeñarse como funcionario público en la entidad. Sin embargo, para la titular de la CNDH, esto violaba los derechos de los deudores y los discriminaba debido a que —según sus argumentos— su situación familiar no tiene nada que ver con su capacidad de desempeñar un cargo público.

No obstante, este martes 4 de octubre, la SCJN falló en contra de Piedra Ibarra y determinó que decretar como inconstitucional lo que dicen estas leyes al respecto equivale a incentivar la irresponsabilidad de los deudores. Por el contrario, agregaron que dejar establecido este requisito favorece que los deudores se pongan al corriente con sus deberes hacia sus hijas e hijos.

Otro de los argumentos de la titular de la CNDH era que despojar a un deudor de la posibilidad de tener un empleo impedía que éste tuviera ingresos suficientes para saldar sus pendientes. Contrario a esto, organizaciones como el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios han documentado que, en muchos casos, los deudores alimentarios morosos que ocupan cargos públicos hacen uso de sus redes de poder para no responsabilizarse de sus actos.
Organizaciones celebran decisión de la SJCN, pero aún hay casos pendientes

El Frente Nacional Mujeres, la activista Diana Luz Vázquez Ruiz y el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios celebraron el fallo de la SCJN a través de sus redes sociales. Estas organizaciones llevan años luchando por que haya justicia para las infancias abandonadas por los deudores alimentarios. Parte de esta resistencia está cristalizada en la iniciativa conocida como la Ley Sabina, la cual busca aplicar mayores sanciones sobre los deudores con el fin de que se vean obligados a cumplir con sus responsabilidades familiares.

El revés que la SCJN dio a la CNDH es un paso para esta búsqueda de justicia. No obstante, aún está pendiente otra acción de inconstitucionalidad promovida por Piedra Ibarra en el estado de Yucatán. Apenas en junio de este año, el Congreso local del estado decretó que los deudores alimentarios no pueden ocupar cargos públicos en esta entidad, pero la titular de la CDNH quiere revertir la medida con los mismos argumentos que usó en el caso de Hidalgo.

Ambas acciones han provocado el descontento de las madres autónomas organizadas que se enfrentan a las consecuencias de la irresponsabilidad de sus deudores. Pero, mientras llega una determinación sobre esta segunda iniciativa de Piedra Ibarra, ellas seguirán organizándose para defender los derechos de las infancias y erradicar esta forma de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

9/24/2022

Tapizan muro fronterizo México-EEUU con denuncias de deudores alimentarios

  

Tendedero de deudores alimentarios en Playas de Tijuana. Fotografía: Cortesía de Diana Luz Vázquez Ruiz.

Durante el último año, el Frente estuvo recolectando casos de madres que tuvieron que asumir el cuidado de sus pequeños luego de que sus parejas o exparejas migraran a Estados Unidos. Estas mujeres hicieron llegar sus casos a la organización y fue así como poco a poco se armó el catálogo de deudores que quedó expuesto a los transeúntes en el norte de México.

Diana Luz Vázquez Ruiz, miembra del Frente y principal impulsora de la Ley Sabina, declaró a Cimacnoticias que todos estos casos deben solucionarse con un tratamiento especial por parte del Gobierno de México, en el que las autoridades de Relaciones Exteriores ayuden a garantizar la alimentación y la protección de las infancias.

Video: Cortesía de Diana Luz Vázquez Ruiz

Vázquez Ruiz también afirmó que con este ejercicio de denuncia han identificado casos como el de A. R., quien fue titular de la Comisión de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) en Baja California y ha ocupado otros puestos como funcionario público. Presuntamente, Lara Valle se ha negado a pagar la manutención de su hija de 14 años, hecho por el que tiene una denuncia activa desde 2019.

La impulsora de la Ley Sabina afirmó que es posible que se realice otra protesta similar en el muro fronterizo en los siguientes días a petición de las madres. Este ejercicio de los tendederos de deudores alimentarios ya se ha replicado también en lugares como Oaxaca, la Ciudad de México y Michoacán. Con él se busca visibilizar el grave problema de las paternidades ausentes en México, un país donde -según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi-, cuatro de cada diez hogares no cuenta con una figura paterna.

Fotografía: Cortesía de Diana Luz Vázquez Ruiz
Fotografía: Cortesía de Diana Luz Vázquez Ruiz
Fotografía: Cortesía de Diana Luz Vázquez Ruiz

9/03/2022

Por convocatoria “amañada” de la CNDH, colectivas feministas quedan fuera del debate sobre deudores alimentarios

  

Fotografía: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista con Cimacnoticias, Vázquez Ruiz —principal impulsora de la Ley Sabina, una iniciativa para sancionar a los deudores alimentarios— declaró que la CNDH lanzó la convocatoria para las mesas sólo un día antes de que éstas dieran inicio. Además, dijo, no hubo una invitación formal hacia ninguna organización: todo se difundió únicamente a través de redes sociales.

Además de esto, la activista —quien es licenciada en Comunicación— detalló que los requisitos que se establecieron eran bastantes, rayaban en lo absurdo e incluían una carta de exposición de motivos que sería sometida a evaluación. Sólo después de esto se aprobaría la participación de las y los solicitantes.

Por otro lado, Diana Luz Vázquez denunció que quienes integran estas mesas de debate son personas con posiciones conservadoras postuladas de antemano. En este sentido —y tomando en cuenta la ausencia de organizaciones de la sociedad civil que sí llevan esta agenda—, la activista afirmó que no hay un contrapeso que realmente propicie el diálogo sobre el tema de los deudores alimentarios en puestos públicos.

La impulsora de la Ley Sabina también declaró que en las mesas de diálogo hay personas como la psicóloga Yazmín Montpellier, quien se ha declarado en contra de otras leyes en favor de la infancia impulsadas desde la sociedad civil como la Ley Vicaria.

Hay esperanza en que la SCJN falle contra las acciones de Rosario Piedra Ibarra

A pesar de la falta de apertura al diálogo por parte de la CNDH, organizaciones de la sociedad civil como Las Constituyentes Mx y el Frente Nacional de Mujeres tienen esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle en contra de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Rosario Piedra. Dichas acciones permitirían que deudores alimentarios ocupen puestos de elección pública en Yucatán e Hidalgo.

La esperanza de las organizaciones y colectivas proviene, en parte, de la ponderación de derechos y de la obligación de los Estados de priorizar los derechos de las infancias sobre cualquier otro tipo de derechos.

Mientras esto se define, las organizaciones de la sociedad civil están solicitando su derecho de audiencia para reunirse con ministras y ministros de la Corte. Este derecho forma parte del recurso que las organizaciones interpusieron el 22 de agosto: un Amicus Curiae, el cual es definido por la SCJN como un “informe técnico que presentan terceros ajenos a un litigio con la intención de presentar argumentos ante la Corte para la mejor resolución de un asunto”.

Diana Luz Vázquez Ruiz y otras activistas esperan que todo esto pueda frenar las iniciativas de Rosario Piedra. También esperan que la titular de la CNDH —quien no ha emitido ninguna declaración sobre el tema hasta este momento— ofrezca una disculpa pública por las acciones promovidas en favor de los deudores alimentarios.