El incumplimiento de una pensión alimenticia no es un asunto privado: puede afectar el acceso de niñas, niños y adolescentes a alimentación, salud, educación y vivienda, además de trasladar a las mujeres una mayor carga económica para sostener a sus hijas e hijos.
En este contexto, la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó un dictamen que plantea impedir que personas deudoras alimentarias morosas puedan obtener candidaturas a cargos de elección popular, salvo que acrediten haber cubierto en su totalidad los adeudos.
La propuesta fue impulsada por la senadora del PAN por Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, quien planteó incorporar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre los requisitos para quienes aspiren a ocupar una diputación federal o una senaduría.
Durante la discusión, la senadora Laura Esquivel Torres respaldó la iniciativa y señaló que quienes buscan representar a la población deben mantener congruencia entre sus responsabilidades públicas y sus obligaciones familiares.
“Qué bueno que ahora se pone también en esta ley de que ningún deudor alimentario pueda ser candidato”, expresó.
La legisladora enfatizó que las pensiones alimenticias constituyen una obligación y no un acto de voluntad.
“Las pensiones alimenticias no son un favor, no es una generosidad y no hay ninguna razón que valga para que una persona no cumpla con los alimentos de sus hijos”, afirmó.
La deuda alimentaria también tiene una dimensión de género
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias puede profundizar las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres, particularmente cuando son ellas quienes asumen de manera cotidiana la crianza y manutención de hijas e hijos.
Desde esta perspectiva, el planteamiento discutido en el Senado busca llevar una responsabilidad que suele resolverse en el ámbito familiar al terreno de la representación política: quienes aspiran a ocupar un cargo público tendrían que acreditar que cumplen con sus obligaciones alimentarias.
La iniciativa sostiene que exigir este requisito no constituye únicamente una medida técnica o administrativa, sino una expresión del compromiso con un sistema político basado en la legalidad y el respeto a los derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
El planteamiento se suma así a la discusión sobre los requisitos que deben cumplir quienes buscan acceder a cargos de representación popular y sobre las responsabilidades que deben acreditar antes de aparecer en una boleta electoral.
También plantean transparentar patrimonio e intereses
El dictamen aprobado en comisión contempla además que las personas que aspiren a una diputación federal o una senaduría presenten declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
La iniciativa argumenta que la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y permitir que la población conozca información relevante sobre quienes buscan representarla.
El documento advierte que la ausencia de mecanismos obligatorios para verificar el patrimonio y los intereses de las personas aspirantes puede generar dudas sobre posibles conflictos de interés o sobre la procedencia de sus recursos.
Por ello, la propuesta plantea que quienes busquen llegar al Congreso de la Unión acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, presenten información sobre su patrimonio y posibles conflictos de interés y, además, no sean deudores alimentarios morosos.
La aprobación en la Comisión de Gobernación constituye un avance dentro del proceso legislativo, pero no significa todavía que la medida sea aplicable a las próximas candidaturas.
El dictamen deberá continuar su trámite en el Senado y, en su caso, avanzar por las distintas etapas legislativas antes de convertirse en una disposición vigente.
Hombres son los mayores deudores alimentarios
El tamaño de esta problemática todavía enfrenta un obstáculo: México no cuenta con una cifra nacional consolidada y actualizada sobre el número de personas deudoras alimentarias. El propio Sistema Nacional DIF reconoció, al poner en marcha el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), que hasta entonces no se conocía con precisión cuántas personas tenían esta condición en el país.
Sin embargo, especialistas han advertido la marcada dimensión de género del incumplimiento. Durante un seminario realizado en San Luis Potosí en 2026, la especialista Roxana Abigail Montejano Villaseñor señaló que 90 por ciento de las personas deudoras alimentarias son hombres.
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