La gobernanza migratoria en México y el norte de Centroamérica cuenta cada vez con más mecanismos y marcos normativos que incorporan la perspectiva de género, pero su aplicación continúa siendo desigual, fragmentada y con recursos insuficientes, lo que limita la protección de mujeres, niñas y personas sexogenéricas diversas en contextos de movilidad.
Así lo señala el informe “Tejido migratorio: Mecanismos regionales para una gobernanza migratoria con enfoque de género en el Norte de Centroamérica y México”, elaborado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), que analiza la situación en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
La investigación advierte que el problema no se limita a la falta de coordinación entre instituciones. También existen desigualdades estructurales relacionadas con el género, la condición migratoria, la pertenencia étnica, la discapacidad y la orientación sexual que pueden profundizar las barreras para acceder a derechos y servicios.
Siete mecanismos regionales, pero poca articulación
El estudio identifica al menos siete mecanismos y procesos regionales relacionados con la movilidad humana: la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), el Proceso de Quito, Cartagena+40, la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM) y la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA.
Aunque tienen mandatos distintos, varios presentan coincidencias temáticas y carecen de canales formales de coordinación. En la práctica, la articulación ocurre principalmente a través de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que participan como secretarías técnicas en distintos procesos.
Uno de los avances identificados es la creación, en noviembre de 2025, de la Red de Puntos Focales de Género y Movilidad Humana dentro del Proceso de Quito, que busca vincular a autoridades migratorias, cancillerías y ministerios de la mujer o de equidad de género. Sin embargo, el informe señala que todavía no cuenta con desarrollo operativo suficiente para evaluar su impacto.
El documento también destaca avances en Cartagena+40 y en la OEA, donde se han incorporado elementos de interseccionalidad y perspectiva de género en instrumentos regionales. Aun así, advierte que estos avances pueden quedarse en el terreno declarativo si no se traducen en acciones concretas.
La brecha está entre las leyes y su aplicación
En los cuatro países analizados existe una tendencia a incorporar formalmente el enfoque de género en leyes y políticas migratorias. Honduras cuenta con una Ruta Nacional Integrada de Atención; Guatemala aplica una Política Migratoria 2023-2032; El Salvador cuenta con marcos legales que reconocen la relación entre movilidad, género y derechos, y México reformó su Ley de Migración para incorporar la perspectiva de género.
Sin embargo, el informe identifica una brecha entre esos compromisos y su aplicación efectiva. Una de las personas entrevistadas para la investigación resume el problema al señalar que México tiene leyes y programas, pero que los mayores retos aparecen en la implementación.
El estudio también encuentra una mayor apertura para trabajar estos temas en algunos gobiernos locales que en los ámbitos nacionales, particularmente en municipios cercanos a zonas fronterizas. El trabajo del MIRPS con gobiernos locales es señalado como una vía para fortalecer capacidades directamente en los territorios donde ocurren los procesos migratorios.
Entre las experiencias documentadas destaca Ciudad Mujer, en Honduras, que concentra servicios de salud, asesoría legal, atención psicosocial y apoyo económico, además de considerar la condición migratoria de sus usuarias.
Sin datos suficientes, las mujeres migrantes permanecen invisibilizadas
Otro de los principales obstáculos identificados es la falta de información estadística que permita conocer las distintas experiencias de las mujeres en movilidad.
El informe señala que en los cuatro países existen carencias de datos desagregados por sexo, edad, condición migratoria, etnia, orientación sexual y otras variables. También existen registros de violencia basada en género que no consideran la condición migratoria de las víctimas.
Por ello, la investigación propone desarrollar sistemas nacionales de información sobre violencia basada en género en contextos de movilidad humana, con variables interseccionales y mecanismos obligatorios para compartir información entre instituciones.
La apuesta es que los sistemas nacionales sean fortalecidos antes de intentar una armonización regional, de manera que las políticas públicas puedan diseñarse y evaluarse a partir de evidencia comparable.
Leyes sin presupuesto limitan la protección
El financiamiento aparece como otra de las principales brechas. La investigación identifica una dependencia crítica de la cooperación internacional en los cuatro países y advierte que los recortes de recursos pueden afectar directamente programas dirigidos a mujeres y niñas en movilidad.
Articular lo que ya existe
Frente a este panorama, el informe plantea cinco líneas estratégicas: fortalecer la coordinación entre mecanismos regionales; sostener el enfoque de género ante resistencias políticas; construir sistemas de información interseccionales; conectar los niveles regional, nacional y local; y garantizar financiamiento sostenible.
La propuesta no consiste en crear nuevos mecanismos, sino en articular los que ya existen mediante productos conjuntos, protocolos regionales, coordinación transfronteriza y una mayor participación de los gobiernos locales.
También plantea crear partidas presupuestarias nacionales protegidas, fondos de transición entre ciclos de cooperación internacional y recursos específicos para programas de protección migratoria con enfoque de género.
El diagnóstico central es que la región cuenta con marcos normativos que reconocen los derechos de las personas en movilidad, pero todavía enfrenta dificultades para convertir esos compromisos en protección efectiva.
La investigación concluye que avanzar hacia una gobernanza migratoria con enfoque de género requiere pasar de la incorporación discursiva de la interseccionalidad a mecanismos operativos, información confiable, coordinación entre niveles de gobierno y presupuesto suficiente para garantizar derechos.
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