Con el inicio del proceso electoral en el Estado de México rumbo a 2027, uno de los principales desafíos para las autoridades electorales será garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad, sin violencia política en razón de género y frente a nuevas formas de agresión que pueden amplificarse mediante redes sociales y herramientas de inteligencia artificial.
Así lo señaló la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Vaquera, quien advirtió que el proceso electoral que ya comenzó en la entidad tendrá que enfrentar, entre otros retos, la regulación insuficiente de la inteligencia artificial, la guerra sucia digital, la participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados a organizar los comicios.
Durante una entrevista con CIMAC Noticias, Vaquera consideró que estos desafíos adquieren una dimensión particular cuando se observan desde la perspectiva de género, pues las mujeres que participan en política pueden ser las primeras afectadas por campañas de desprestigio, manipulación de contenidos y violencia difundida a través de plataformas digitales.
El proceso electoral mexiquense comenzó formalmente el 14 de septiembre, con una sesión solemne del IEEM. De acuerdo con la consejera, la entidad enfrenta un proceso de grandes dimensiones, entre otras razones porque cuenta con la mayor lista nominal y padrón electoral del país.
En este contexto, sostuvo que las autoridades electorales tendrán que fortalecer sus mecanismos de comunicación con la ciudadanía, particularmente frente a un escenario en el que las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para informarse.
Inteligencia artificial, un nuevo reto para las elecciones
Para Vaquera, uno de los principales desafíos del proceso electoral será el uso de inteligencia artificial en la generación y difusión de contenidos políticos.
La consejera señaló que actualmente existe un vacío normativo frente a estas herramientas, lo que puede dificultar la actuación de las autoridades cuando se utilicen para alterar o modificar la percepción de la realidad durante una contienda.
Advirtió que las herramientas de inteligencia artificial, combinadas con redes de bots y trolls, pueden utilizarse para construir narrativas artificiales, modificar contenidos y generar campañas de guerra sucia digital.
El riesgo, explicó, no se limita a la difusión de información falsa. También puede utilizarse para atribuir características a candidatas y candidatos que no corresponden con su trayectoria o con sus acciones, lo que puede incidir en la percepción de quienes votan.
“La inteligencia artificial va a tocar todo”, planteó durante la entrevista.
Desde su perspectiva, las autoridades electorales deberán desarrollar estrategias de comunicación capaces de proporcionar información veraz y oportuna a la ciudadanía, especialmente ante escenarios en los que las plataformas digitales pueden convertirse en espacios para manipular la conversación pública.
La preocupación adquiere una dimensión de género porque, señaló, las mujeres suelen ser particularmente afectadas por este tipo de campañas.
Las herramientas digitales pueden convertirse así en una vía para reproducir y amplificar formas de violencia política contra las mujeres que ya existen fuera de internet.
La violencia política contra las mujeres también cambia en internet
La violencia política contra las mujeres en razón de género constituye otro de los retos centrales para el proceso electoral.
Vaquera recordó que actualmente existen registros de personas sancionadas por este tipo de violencia y señaló que en el Estado de México hay 28 registros en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dentro de los 492 registros nacionales que mencionó durante la entrevista.
Para la consejera, sin embargo, las cifras no pueden interpretarse como una medida de la dimensión real de la violencia.
“Decir 28 registros son muy poquitos, no existe violencia, no”, señaló.
El problema, explicó, también está relacionado con las dificultades que enfrentan las mujeres para acreditar la violencia que viven, particularmente cuando ésta ocurre mediante herramientas digitales.
Vaquera habló desde su propia experiencia como víctima de violencia política y cuestionó las dificultades que puede representar para una mujer saber ante qué autoridad acudir, cómo presentar una denuncia y, especialmente, qué pruebas pueden demostrar una agresión cuando ésta ocurre a través de medios digitales.
En su caso, relató, recurrió a un dictamen pericial relacionado con la gesticulación de un representante político como elemento probatorio. La resolución posterior reconoció una falta de perspectiva de género, pero, sostuvo, la experiencia permite observar las dificultades que persisten para acreditar este tipo de violencia.
Por ello consideró necesario revisar y actualizar las hipótesis normativas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género.
“La ley está corta en el sentido de admitir pruebas que no son la vía a través de la cual se genera esa violencia”, afirmó.
El desafío será todavía mayor en un contexto en el que las agresiones pueden producirse mediante publicaciones, videos manipulados, cuentas anónimas, bots o contenidos creados con inteligencia artificial.
El IEEM tiene una ruta para atender casos de violencia política
Frente a este escenario, la consejera destacó que el IEEM aprobó una ruta de acción para realizar análisis de riesgo en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La finalidad, explicó, es que las mujeres que consideren haber sido víctimas de este tipo de violencia puedan activar mecanismos de atención y que el instituto pueda generar, cuando corresponda, medidas cautelares y de protección.
Para Vaquera, el reto no consiste únicamente en aprobar documentos o protocolos, sino en hacerlos conocidos y accesibles para las mujeres que participarán en el proceso electoral.
“Tenemos que hacer lo posible y, más allá de solamente tenerlo ahí como un documento, informarle a la ciudadanía y a las mujeres que contiendan que está esta ruta de acción”, sostuvo.
La consejera consideró que las autoridades electorales deben explicar de manera clara qué mecanismos existen para denunciar y qué posibilidades de protección tienen las mujeres frente a situaciones de violencia.
Paridad: 50 por ciento no es un techo
Otro de los temas que marcarán la elección 2027 será la paridad en las candidaturas y la integración de los espacios de representación política.
Vaquera recordó que el IEEM tuvo un antecedente en 2021 cuando aprobó un acuerdo que no garantizaba la paridad en el Congreso local. La decisión fue posteriormente modificada a partir de una sentencia de la Sala Superior.
A partir de ese proceso, explicó, el instituto cuenta actualmente con lineamientos que establecen reglas para garantizar la paridad y evitar simulaciones por parte de los partidos políticos.
La consejera puso particular énfasis en que la paridad no debe entenderse como un límite para la participación de las mujeres.
“El 50 es un piso”, afirmó.
Esto significa, explicó, que la obligación constitucional de garantizar la paridad no impide que los partidos políticos puedan postular a más mujeres.
“Eso no significa que estén en contra de los hombres, significa simple y sencillamente que estamos cumpliendo con una deuda histórica que se tiene con nosotras las mujeres”, señaló.
Para el proceso electoral que comienza, uno de los pendientes estará en revisar los bloques de competitividad de los partidos y evitar que la paridad se convierta en una simulación.
También será necesario observar la integración de los ayuntamientos.
De acuerdo con Vaquera, existen 15 municipios del Estado de México que nunca han tenido una mujer al frente de la presidencia municipal, una situación que coloca nuevamente la responsabilidad sobre los partidos políticos para garantizar que las mujeres tengan acceso a candidaturas competitivas.
Mujeres indígenas, con discapacidad y otros grupos siguen enfrentando barreras
La discusión sobre participación política no se limita a la representación de mujeres en términos generales.
Durante la entrevista, Vaquera destacó la necesidad de garantizar la participación de mujeres y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, entre ellos mujeres indígenas y mujeres con discapacidad.
En estos casos, dijo, el reto no consiste únicamente en establecer un determinado número de candidaturas, sino en verificar que quienes sean postulados realmente representen a los grupos para los cuales fueron diseñadas las acciones afirmativas.
La consejera señaló que el IEEM cuenta con un estudio elaborado por El Colegio de México que identifica aspectos que deben considerarse en la aplicación de estas medidas.
Para Vaquera, la autoridad electoral debe acercarse a las comunidades y no limitarse a esperar que la ciudadanía acuda a las instituciones.
“Yo creo que un instituto no puede decir que está abierto y que está cercano a la ciudadanía esperando a que la ciudadanía venga”, sostuvo.
Desde su perspectiva, las consejerías deben tener mayor cercanía con los distritos, municipios y comunidades para conocer las condiciones en las que viven las personas que buscan ejercer sus derechos político-electorales.
La participación, añadió, debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos y de inclusión, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo primero constitucional.
Mujeres jóvenes y participación ciudadana
Otro de los desafíos para 2027 será combatir el desencanto ciudadano.
Vaquera señaló que los institutos electorales y los partidos políticos han perdido niveles de aprobación y que esta situación debe llevar a las autoridades a reflexionar sobre la manera en que comunican su trabajo y se relacionan con la ciudadanía.
En ese escenario, consideró especialmente importante involucrar a las juventudes.
Muchas mujeres jóvenes, señaló, participan por primera vez en un proceso electoral y posteriormente pueden experimentar desencanto con las instituciones.
Frente a ello, llamó a reconocer que la participación electoral también es una forma de ejercer poder e incidir en la realidad.
Las mujeres representan, de acuerdo con la consejera, más de 52 por ciento del electorado, tanto en el ámbito nacional como en el mexiquense, por lo que su participación resulta central para el proceso electoral.
Pero esa participación no se limita a acudir a las urnas.
Las mujeres pueden intervenir como candidatas, funcionarias de mesa directiva de casilla, observadoras electorales, militantes o simpatizantes de partidos políticos, comunicadoras y periodistas.
“No duden”: el llamado a las mujeres ante 2027
Al hablar directamente a las mujeres que participarán en el proceso electoral, Vaquera hizo un llamado a no abandonar los espacios de participación por miedo a posibles represalias.
“No duden, que sepan que tenemos derechos, que hay garantías”, expresó.
También llamó a denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género y aquellas situaciones en las que los partidos políticos obstaculicen la participación de las mujeres, las excluyan de candidaturas o impidan su incorporación efectiva a la vida política.
Para la consejera, el temor a las represalias no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos político-electorales.
Recordó que las mujeres mexicanas llevan apenas alrededor de siete décadas ejerciendo plenamente el derecho al voto y que la participación política actual es resultado de las luchas de generaciones anteriores.
“Tenemos una importante deuda con todas aquellas que hicieron posible que pudiéramos ejercer un derecho tan importante como es votar”, sostuvo.
De cara a 2027, su llamado es a que las mujeres participen desde los espacios que decidan ocupar, pero también a que conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para defenderlos.
La elección, planteó Vaquera, no debe observarse únicamente desde las candidaturas y los partidos políticos. También debe mirarse desde las condiciones que permiten —o impiden— que las mujeres participen en igualdad, que puedan ejercer sus derechos sin violencia y que las instituciones electorales respondan ante las nuevas formas de agresión política.
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