INTERNACIONAL
En Colombia reclaman derechos y se abren paso
Imagen retomada del sitio eitb.com
Por: Ángela Castellanos Aranguren
Cimacnoticias/SEMlac | Bogotá.-
Las mujeres con discapacidad en Colombia tienen menos oportunidades y son más violentadas.
En el actual decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de
las Personas con Discapacidad, promulgado por la Organización de
Estados Americanos (OEA) en 2006, este país sudamericano aprobó la
Convención sobre Discapacidad y expidió la ley que la reglamenta. Pero,
¿están siendo atendidas sus necesidades y protegidos sus derechos?
En febrero de este año se promulgó la ley estatutaria 1618, que
reglamenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de 2006.
“Gracias a esta ley ahora no pueden suceder cosas como que el
ginecólogo le pregunte a la madre de la joven en situación de
discapacidad si puede ponerle el DIU, en lugar de preguntarle a la
joven”, afirmó a SEMlac Martha Cecilia Riveros, mujer con diagnóstico
de baja visión y trabajadora social del Centro de Rehabilitación para
Adultos Ciegos (CRAC).
“El sistema de salud debe responder ante los estrados judiciales por
esta omisión de los derechos de la joven y, si el Estado no responde,
hasta se puede acudir a un tribunal internacional”, agregó Riveros.
Sin embargo, la mayoría de las mujeres en situación de discapacidad no
tiene conocimiento de sus derechos y tampoco está capacitada para
hacerlos respetar, ya que en su mayoría son colombianas de ingresos que
no superan el salario mínimo mensual (336 dólares-4 mil 300 pesos
mexicanos) y casi la mitad de ellas tienen apenas el nivel educativo
básico.
Según un informe del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de 2012 y basado en
datos del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia hay más
de 850 mil personas con condiciones de discapacidad, de las cuales 53
por ciento son mujeres, y éstas superan ampliamente a los hombres a
partir de los 40 años de edad.
De acuerdo con estas cifras, el 2 por ciento de la población tendría
alguna discapacidad, aunque muy seguramente el porcentaje sea mayor
pues hay un subregistro.
Agrega el informe que el 91 por ciento de las personas en situación de
discapacidad tiene un bajo nivel de ingresos que no supera el valor de
un salario mínimo legal vigente; el 42 cuenta apenas con educación
básica primaria, y el 54 por ciento está en el rango de edad definido
como etapas productivas.
“Hay brotes de atención a las mujeres con discapacidad, pero vale la
pena preguntarse ¿hasta dónde están siendo tenidas en cuenta nuestras
voces? Las mujeres con discapacidad somos bastante invisibles”, comentó
a SEMlac la antropóloga con maestría en Historia y Ciencia Política,
Suzy Bermúdez, cuya discapacidad está representada en limitación de la
voz.
“En las organizaciones feministas y de mujeres ha entrado muy poco el
tema de la discapacidad, pero su labor ha abierto compuertas para que
todas ellas, sin y con discapacidad, se beneficien”, agregó Bermúdez,
quien es una reconocida especialista en género.
Algunas organizaciones de personas con discapacidad están incidiendo en
los gobiernos locales y el nacional para que se apliquen y desarrollen
los derechos consagrados en la convención internacional, así como los
derechos de las mujeres amparados por la legislación.
ABOGAR POR LOS PROPIOS DERECHOS
Las personas en situación de discapacidad que atiende el CRAC inician
un proceso partiendo del trabajo con la autoestima, el auto
reconocimiento, y el desarrollo de habilidades y capacidades por medio
de herramientas para su autonomía.
“Se trabaja en el tema del empoderamiento como posibilidad de decidir
con coraje y superando el miedo; por tanto su base es la autoestima de
los sujetos con capacidad de levantar la voz, para expresar ideas y ser
protagonista. Este empoderamiento se da en tres escenarios: social,
político y psicológico”, explicó a SEMlac Martha Cecilia Riveros,
trabajadora social del CRAC.
El empoderamiento incluye información y formación en Derechos Humanos
(DH). “La mayoría de las personas en situación de discapacidad que
llegan a rehabilitación desconocen sus derechos, no están capacitadas
para ejercerlos, y menos aún las mujeres”, precisó.
“Les damos a conocer sus derechos como personas con discapacidades y
las empoderamos para que aprendan a gestionar por sí mismas el
ejercicio de éstos (…). Por ejemplo, se les informa sobre su derecho al
voto, y cómo lo pueden hacer con ayuda del sistema de lectoescritura
braille y del sistema macrotipo, éste último para personas que, como
yo, tenemos baja visión”, agregó.
El empoderamiento político implica capacitación y acompañamiento para
que participen en los Consejos Distrital y Locales de Discapacidad de
Bogotá, los cuales buscan la concertación entre el Estado y la sociedad
para la formulación de políticas, planes y proyectos relacionados con
el sector y sus respectivos presupuestos, y cuyos integrantes son
elegidos por los votantes previamente inscritos como personas con
discapacidad.
También brinda formación para que participen en espacios comunitarios
abiertos a personas con y sin discapacidad, como los Consejos de
Política Social de las localidades de la capital colombiana.
“Esto con el propósito de que las personas en situación de discapacidad
no sólo pidan al Estado, sino que sean propositivos y coadyuven a la
aplicación de sus derechos”, comentó Riveros.
Asimismo, trabajan con entidades del Estado para que faciliten e
informen sobre derechos y ciudadanía. De hecho, el CRAC ha adelantado
campañas con la Registraduría del Estado Civil para la cedulación
(otorgamiento de la tarjeta de identidad ciudadana), y con el Ejército
ha trabajado en mecanismos para la expedición de la libreta militar
(documento que debe tener todo varón mayor de edad).
“Esto lo hicimos porque llegaban personas con discapacidad que no
tenían ni el documento de identidad (ciudadana), porque la familia no
se lo había sacado”, añadió Riveros.
LO QUE VIVEN LAS MUJERES
La comprensión sobre la discapacidad ha ido desarrollándose. El
reciente Informe Mundial sobre Discapacidad de 2011 (Organización
Mundial de la Salud y Banco Mundial) afirma que “las visiones
estereotipadas de la discapacidad insisten en los usuarios de silla de
ruedas y en algunos otros grupos ‘clásicos’ como las personas ciegas o
sordas”.
Sin embargo, agrega el documento, “a causa de la interacción entre
problemas de salud, factores personales y factores ambientales, existe
una enorme variabilidad en la experiencia de la discapacidad. Aunque la
discapacidad se correlaciona con desventaja, no todas las personas
discapacitadas tienen las mismas desventajas”.
El estudio mundial asegura que aparte de los obstáculos
discapacitantes, tales como políticas y normas insuficientes, actitudes
negativas, prestación insuficiente de servicios y falta de
accesibilidad, entre otros, “las mujeres con discapacidad sufren
discriminación de género”.
Tras 18 años de trabajo con personas discapacitadas, Riveros ha
constatado entre ellas “un mayor índice de crímenes violentos y
sexuales contra las mujeres, además de violencia machista, abortos
coercitivos, esterilizaciones forzadas, y trata de mujeres, entre
otros”.
“En no pocas ocasiones los hombres no le permiten a sus esposas en
situación de discapacidad trabajar fuera del hogar. Y hasta no hace
mucho, las jóvenes ciegas iban acompañadas a la universidad, aunque
estaban en capacidad de hacerlo solas”, ilustró Riveros.
La mayoría de la población registrada con discapacidad (74 por ciento)
reside en las ciudades, donde hay más facilidades de acceso (movilidad)
y de ingreso a universidades y colegios. No obstante, entre aquellas
que viven en el campo es usual que no acudan a la escuela y que sus
padres les encarguen tareas domésticas.
“En las zonas rurales es más frecuente encontrar personas en situación
de discapacidad visual que no han sido diagnosticadas, o que no manejan
la causa de discapacidad, por lo tanto realizan labores de esfuerzo
físico corriendo el riesgo de adquirir ceguera por desprendimiento de
retina. Unido a esto, las niñas y jóvenes se dedican a labores del
campo antes que a ir a la escuela”, puntualizó Riveros.
Agregó que, como resultado de partos mal atendidos en mujeres con
diagnóstico de preeclampsia, que se caracteriza por hipertensión
arterial, puede producirse pérdida de la visión.
“Otra causa de discapacidad es la violencia. Algunas mujeres llegan al
CRAC con problemas de visión o invidentes, resultado de golpes que le
daba el esposo. Eso lo sabemos porque nos lo dicen. Pero si la misma
mujer va al sistema de salud, allí sólo queda registrado que la causa
de la ceguera fue trauma”, indicó.
Agregó que las mujeres con discapacidad visual desde el nacimiento
ingresan a procesos de rehabilitación en edades más avanzadas que los
hombres que nacieron con esa discapacidad, ellas entre los 25 y 28
años, y ellos entre 15 a 17 años.
“¿Por qué? Porque la familia presenta temores frente a situaciones de
riesgo en la calle. Otro factor es que las perciben como personas
objeto de sobreprotección hasta más avanzada edad que los hombres.
Aunque esta situación está cambiando desde 2000, y vemos que las cifras
de ingreso están acercándose paulatinamente”, puntualizó Riveros.
En la actualidad estas mujeres están participando más numerosamente en
actividades deportivas y de danza profesional, y en organismos, tales
como Consejos Locales y organizaciones de personas con discapacidad.
“Las mujeres hemos tenido que luchar por esos cargos”, dijo Riveros,
quien se ha desempeñado en posiciones directivas de este tipo de
entidades. De hecho, esta trabajadora social fue representante de
Colombia ante la Unión Latinoamericana de Ciegos.
“Hemos aprendido que como organizaciones de personas en situación de
discapacidad podemos ejercer presión política sobre el Estado por
nosotras mismas, sin ser partido político”, concluyó.
Berlín,
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La
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más grande de este continente, opinó el exviceministro de Educación
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