11/14/2015

Zona de Reflexión - Un refugio para la vida


   ZONA DE REFLEXIÓN
Por: Lucía Lagunes Huerta*


Un día tomó a sus hijos, echó las cosas en dos mochilas y salió a la calle. Llegó a Tlalnepantla a la casa de su empleadora. Estaba aterrada de que su pareja la matara o matara a su hijo mayor, un pequeño de cinco años. Tras narrarle la historia a su patrona, Eulalia llegó a un refugio, ahí vivirían ella y sus dos hijos; tendría tiempo para afianzar su decisión y por primera vez hacer un plan de vida.

Eulalia es una joven mujer que ha recibido la ayuda de uno de los 47 refugios que integran la Red Nacional de Refugios (RNR) creada en 1999. Llegó por la ayuda de otras mujeres, una cadena humana que se formó en una tarde de domingo: de la empleadora a la cuñada, de la cuñada al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, del Instituto al refugio.

Las vías de acceso a los refugios son distintas. Durante los dos últimos años, cuatro mil mujeres y sus hijas e hijos han llegado a los refugios de la RNR; en total 19 mil personas, para tomar aire, distanciarse del contexto violento en el que viven, y poder ir sanando heridas para iniciar un nuevo camino libre de violencia.

Contar con un espacio donde sentirte segura cambia la vida, dice Eulalia. Durante el tiempo que vivió en el refugio tuvo pesadillas y le asaltó más de una vez la pregunta de si hizo lo correcto, si podría salir adelante ella sola, si… tantas dudas que crecen tras años de violencia vivida.

Las dudas no se han ido del todo, aún le roban la tranquilidad de vez en cuando, pero no llegan al grado de pensar regresar con el padre de sus hijos. Lo que sí quedó sembrado es que eso que vivió con Pedro no era amor, sino abuso.

Lo que la mantiene firme es sentirse tranquila y ver a sus hijos sonreír. Hacer planes a futuro –lo que nunca hizo antes–, planear, saberse dueña de su tiempo y de su vida, y por primera vez ir a conocer el mar, ir a Acapulco al menos en un “puente”, dice feliz Eulalia.

Es buena trabajadora, se lo han dicho todas las empleadoras con las que ella ha estado, y por ello pudo regresar a sus diversos trabajos. El reto mayor que ha superado en estos meses ya fuera del refugio es organizar sus horarios laborales con la estancia infantil en la que se quedan Brenda y Rafael. El dinero fluye y logra cubrir sus gastos inmediatos.

Pronto Brenda dejará atrás los pañales y habrá un nuevo respiro económico, haber llegado a un refugio y saberse acompañada fue una “cosa” que le cambió la vida y le dio fuerzas, recalca Eulalia.

Este fin de semana la Cámara de Diputados decidirá dónde pone los recursos y cuál será el presupuesto para la RNR; se teme que se quiera retroceder en el apoyo y bajar los montos. Un peso menos sería una oportunidad menos para las mexicanas que buscan salir de la violencia y salvaguardar su vida.

En más de un foro, las autoridades han preguntado opciones para salvar la vida de las mujeres, además de acabar con las desigualdades entre los sexos; es garantizar que estos refugios que existen con un modelo de atención para fortalecer y acompañar a las mujeres sigan contando con los recursos suficientes para infraestructura digna y el salario para las personas que ahí trabajan (psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, etcétera), para acompañarlas al ir y venir de trámites que van desde el pago del boleto de Metro o el transporte público, hasta la erogación de algún trámite.

La historia de Eulalia no es la única. Muchas como ella salvaron la vida por contar con una cadena humana que la acompañara en la decisión tomada y le condujera a una institución que le permitiera un respiro para seguir su camino libre de violencia.

Twitter: @lagunes28

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
  Cimacnoticias | México, DF.-

Capricho y negligencia del gobierno para víctimas de trata


   MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*


Cuando se ha cometido un delito tan grave como la trata de personas –o cualquiera relacionado–, no estamos hablando de un simple folio que se asigna en una averiguación previa y que a su vez alimenta estadísticas nacionales (aunque estas últimas no existen en México).

Detrás de cada niña, niño, mujer o adolescente rescatada existe un entorno familiar y comunitario que ha soportado algo similar al impacto de una bomba que afecta a todos sus integrantes.

Los daños pasan por enfrentar la desintegración de una familia, lograr la recuperación de las y los hijos –cuando los hay–, las dificultades para regresar a estudiar o, peor aún, conseguir un empleo, entre muchos otros.

A eso debemos agregar los múltiples daños físicos y psicológicos provocados por los agresores –como el trastorno de estrés postraumático– que colocan a la víctima en clara desventaja respecto a otras personas.

Por todo lo anterior es que durante muchos años las organizaciones civiles que atendemos víctimas y defendemos sus Derechos Humanos, presionamos hasta lograr la aprobación de la Ley General de Víctimas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a sus Víctimas, que establecen la existencia de fondos para atender las necesidades de quienes han padecido los horrores de la esclavitud sexual, explotación, violencia, etcétera.

La realidad es que, mientras los altos mandos de las dependencias de gobierno se dan el lujo de ostentar oficinas exuberantes, cargar sus gastos personales a la institución o adquirir costosos y superfluos vehículos, los fondos asignados a las víctimas simplemente no se entregan, y estamos hablando llanamente de una clara ausencia de voluntad que contraviene a la ley.

No debemos perder de vista que las leyes mencionadas son el resultado de un incalculable número de personas afectadas por el crimen organizado que con el paso de los sexenios ha logrado convertirse en un poder fáctico, probablemente el más importante a nivel nacional.

Recientemente se dio a conocer un análisis de NarcoData (proyecto de periodismo de datos que explica la evolución y el avance de los grupos delincuenciales en México) en el que se aprecia la dispersión, aumento y diversificación del crimen organizado durante el gobierno de siete presidentes (http://narcodata.animalpolitico.com/7-presidentes-pocos-resultados-40-anos-de-expansion-del-crimen-organizado/).

Una de las explicaciones que ofrecen especialistas consultados es que la falla en la estrategia de seguridad radica en que no se atendió la debilidad institucional del Estado.

Pero más allá de las razones estructurales que explican el aumento en los índices de violencia y crimen en nuestro país, es un hecho que la responsabilidad histórica recae en el Estado, de manera que ya podemos hablar de una terrible dinámica de violencia institucional –además de la victimización sistemática– en contra de una persona que ha sido ofendida gravemente por delitos como la trata o la explotación sexual, que además no recibe justicia y a quien no se le compensa el daño en lo más mínimo.

En días recientes nos hemos topado con un obstáculo más. Ya que habíamos logrado que la dependencia respectiva asignara un monto mensual para necesidades básicas de algunas víctimas, pero el relevo de mandos superiores ocasionó su cancelación. No les ha importado si tienen hijas, hijos, identidad restringida, ni las particularidades de cada caso.

Los fondos que por ley deben asignarse son ahora tratados a discreción y capricho de quien los maneja, como si fueran de su propiedad y no una deuda del Estado mexicano que pésimamente representan. ¿Estamos como al inicio?

El recurso económico que estipula la Ley General de Víctimas se llama Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y se encuentra destinado a “brindar los recursos necesarios para ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, por lo que no necesariamente estamos como al inicio.

Ciertamente, la negativa, el desinterés y la ignorancia de quienes deberían ejecutar la ley para apoyar a las víctimas representan un problema mayúsculo para quienes dependían por completo de una cantidad de dinero que repentinamente les fue cancelada.

No obstante, y aunque nos cueste más trabajo, acudiremos a las instancias nacionales e internacionales que consideremos necesario para exigir la restitución de los derechos de las víctimas afectadas por la ineptitud y la negligencia del Estado.

Twitter: @CATWLACDIR

*Directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).


CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.- 
  

Programas y participación de las mujeres


   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

Uno de los problemas latentes en la política pública de prevención de la violencia es que no alcanza a articular una visión integral que, por un lado, incorpore la visión e interés desde la participación de las mujeres, y por otro, que no alcanza a ser una propuesta transversal que reconozca las dificultades para la organización, participación e incidencia, y finalmente la intervención en la toma de decisiones en los espacios públicos.

De acuerdo con el Inegi, la población de 18 años y más que manifestó la existencia de un problema en su comunidad y su capacidad para ponerse de acuerdo en la solución, a nivel nacional, puso en primer lugar a los robos, con 54.3 por ciento de población que manifiesta su existencia.

De ese 54.3 por ciento, sólo en 29.6 por ciento de los casos se pusieron de acuerdo para resolverlo. Los problemas comunes son: el robo, la falta de alumbrado público y la delincuencia en los alrededores de las escuelas, problemas que coinciden como causas o situaciones que contribuyen a la violencia sexual contra mujeres y niñas, que denuncia acoso en los alrededores de mercados, escuelas y puntos de reunión de las mujeres.

El Programa Nacional de Prevención de la Violencia Social y la Delincuencia (Pronapred) incorpora en su marco legal, y en sus lineamientos como una línea específica, la participación de las mujeres, pero no hay una propuesta surgida del trabajo con las mujeres bajo el esquema de “Ciudades Seguras” que promueve ONU-Mujeres en la “construcción de imaginarios colectivos de las ciudades desde la visión de las mujeres”, y no hay información estadística que precise cómo afecta a las mujeres la violencia social desagregada por género.

El Pronapred, derivado de la Ley de Prevención de la Violencia Social y la Delincuencia, no ha incorporado –en la práctica– las voces y perspectivas de las mujeres que viven en los denominados “polígonos” con una metodología que desarrolle las categorías de análisis propuestas por el programa “Ciudades Seguras para las Mujeres y Niñas”, desde la organización, apropiación y uso de espacios públicos y la configuración de “ciudades imaginadas por las mujeres”, en relación con la infraestructura que atienda las divisiones de poder en lo colectivo.

Esto procurando que a través de la inversión pública no se perpetúen las diferencias y desigualdades de género que derivan en formas de violencia comunitaria y familiar, en su tipo físico, sexual, sicológico y patrimonial contra las mujeres y las adolescentes, además de generar sobrecargas de trabajo y condiciones para la victimización.

La inversión para los municipios donde se registra mayor incidencia de violencia no están considerando que la infraestructura y servicios públicos en los que se invierte, se planifican sin considerar la participación de las mujeres y la intervención de éstas en los espacios públicos.

Esto genera y propicia riesgos situacionales de diseño urbano para las mujeres y niñas, y deriva en ataques sexuales tanto por hombres/jóvenes de la comunidad como por elementos policiales que ejercen acoso y hostigamiento y revisiones acompañadas de detenciones arbitrarias que derivan en violencia sexual.

Si bien la violencia contra las mujeres más visible ocurre en los espacios denominados como “privados”, los espacios públicos constituyen un contexto desde el que puede incidirse en las políticas públicas que transformen esos contextos, como son las legislaciones, números de emergencia y generación de información sobre órdenes de protección y otras medidas como acompañamientos en casos de violencia, y que transcurren en estos espacios donde la participación de las mujeres se restringe en función de que se desarrollan desde ópticas que no reconocen las características y particularidades de los sistemas de poder y de control, que se fortalecen mediante la distribución y diseño urbano.

El avance y rendición de cuentas del Pronapred no incorpora estadísticas ni información acerca de cómo afecta a las mujeres a pesar de ser un tema prioritario en la agenda de la sociedad civil, debido al número de casos de feminicidio que se registran diariamente en México, así como la violencia sexual, acoso y hostigamiento en los espacios públicos contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.

No se documentan bibliografías sobre experiencias de promoción a la intervención de las mujeres en la toma de decisiones en los municipios donde se ubican los polígonos de mayor incidencia de violencia social y de delincuencia.

Aunque las mujeres se “sugieren” implícitamente en las causalidades por maternidades adolescentes y los hijos que crecen sin atención en los hogares, en contraparte las líneas de acción se limitan a una correlación con el objetivo 2, y un indicador: la prevalencia total de la violencia contra mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida expresada en porcentaje.

Pero hasta ahora no se genera ningún documento que muestre la intervención y acción de las mujeres de un problema en el que aparecen en el diagnóstico en la causa del problema.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista AC
Cimacnoticias | Campeche.- 

Por la perspectiva de Género en la Economía Social Solidaria


Declaración internacional
El Salmón Contracorriente

En noviembre de 2013, en el Encuentro Internacional de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS) en Manila, un grupo de mujeres elaboró y presentó en sesión plenaria una Declaración para una Perspectiva de Género en la Economía Social Solidaria, reiterando la importancia para el movimiento de la ESS al desarrollarse de integrar en sus procesos una perspectiva de género y una mayor atención al tema de la igualdad entre las mujeres y los hombres.
El grupo de mujeres que promovió la Declaración recordaba que las mujeres son las principales protagonistas de este movimiento pero que no dejan de ser invisibilizadas en varios niveles, incluyendo en la gobernanza de las empresas de la economía social y solidaria. “Debemos crear espacios para que mujeres y hombres discutan y desarrollen una perspectiva de género en las redes locales, nacionales e internacionales de la ESS”, afirmaban.
Dos años después, en el momento de celebrar el 40º aniversario del primer Año Internacional de las Mujeres y el 20º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, RIPESS crea un nuevo grupo de trabajo intercontinental para promover el intercambio, la reflexión y la colaboración sobre una perspectiva de género y un abordaje feminista de la ESS.
Integrar este eje de trabajo en el plan de acción de la red tiene entre otros como objetivos de:
  • Desvelar la realidad, desafíos y avances de las mujeres en la ESS
  • Dar visibilidad y promover la innovación de las mujeres en la ESS y las prácticas igualitarias que favorecen la autonomía socioeconómica
  • Promover la ESS como una estrategia para mejorar la situación socio-económica de las mujeres y de las niñas;
  • Promover la inclusión de este eje en el trabajo de las redes continentales, nacionales y organizaciones locales, en las declaraciones, los programas de investigaciones, etc.
Las actividades del grupo podrían incluir dar visibilidad a las reflexiones y eventos que abordan estos temas, contribuir a la organización de conferencias y talleres así como establecer y profundizar alianzas y colaboraciones con movimientos como la Marcha Mundial de las Mujeres, Barrios del Mundo, la Organización Internacional de la Francofonía, redes de mujeres empresarias, organizaciones feministas y de mujeres activas para el empoderamiento económico de las mujeres, ONU Mujeres / EmpowerWomen.org, etc.
El grupo de trabajo será co-facilitado por Ana Leighton de la Red Economía Solidaria Santiago Chile, coordinadora de RIPESS-LAC y miembro del Consejo de administración de RIPESS Intercontinental y Ethel Côté, formadora en ESS y miembro activa de la Red de las emprendedoras solidarias de Barrios del Mundo y de RIPESS-América del Norte.
Declaración: La Economía Social Solidaria con una perspectiva de género
Nosotras afirmamos:
• Las mujeres son mayoritarias en la ESS y son pilares fundamentales del cambio social, pero siguen invisibilizadas
• Los derechos de las mujeres deben ser garantizados en todos los niveles, incluyendo los derechos reproductivos y el conjunto de los demás derechos
• Una perspectiva de género en la ESS debe tener en cuenta las múltiples identidades y realidades de las mujeres y las diferentes relaciones de poder entre ellas;
• Todo cambio social debe basarse en el empoderamiento y la participación de las mujeres;
• La ESS sólo logrará su propósito con un enfoque transformador de las relaciones de género;
Nos proponemos:
• Las mujeres deben crear y redefinir el liderazgo de las mujeres en las organizaciones y movimientos de la ESS;
• El género debe ser un tema clave de la ESS, y las mujeres deben ver reconocido su trabajo;
•Debemos crear espacios para que mujeres y hombres discutan y desarrollen una perspectiva de género en las redes locales, nacionales e internacionales de la ESS;
• Necesitamos discutir de los contextos locales y compartir sobre las experiencias de las mujeres en las discusiones;
• El género debe ser incluido formalmente en todas las reuniones y plataformas de RIPESS.
Nos comprometemos:
• Dado que las mujeres tienen mucho que compartir, pero muy pocos espacios para hacerlo, queremos una página sobre el género en las diferentes plataformas de la ESS, como las de la RIPESS, REMESS, ASEC, GSESS, CCEDNet, Chantier y otros sitios web de redes de la ESS;
• Una nueva página Facebook Social Solidarity Economy Women’s y una cuenta Twitter están activas; estamos comprometidas a usarlas para dar visibilidad a los temas, prácticas, innovaciones y recursos sobre género. Les invitamos a todas y todos a contribuir a alimentarlas;
• Teniendo en cuenta la necesidad de documentar la perspectiva de género de la ESS, RIPESS debería apoyar y promover la elaboración de un documento de posición sobre género y ESS;
• En cada uno de los encuentros continentales e internacionales de la ESS, se incluirá en el programa oficial una sesión sobre género y ESS;
• Presentaremos propuestas relativas a las perspectivas de género que incluir en las propuestas de legislación o de políticas públicas sobre la ESS en los diferentes países.

Conciencia social y lucha contra el patriarcado: voz de las raperas



   Emerge con fuerza hip hop feminista en AL


Por: Carlos Bouza*


Recuperar la voz: 10 propuestas de rap feminista latinoamericano. “Por medio de la rima hacemos que muchas mujeres griten, hablen, que sean escuchadas. Que con cada canción sientan que no están solas, que estamos vivas y que somos libres de pensamiento. Que su lucha es nuestra lucha, y que no es en vano”.
 
Las palabras de la rapera caraqueña Anarkía Ruiz capturan la conciencia del rap feminista en América Latina (AL). Una corriente en continuo crecimiento que trata de restablecer los conceptos de diversidad, respeto e igualdad en la cultura hip hop.



  En 1979, Sylvia Robinson, una mujer afrodescendiente de aguda visión empresarial, ayudó a colocar los cimientos de Sugarhill Records, discográfica pionera en la comercialización y expansión de la primera música rap.
 
La cultura hip hop se encontraba por entonces en pleno proceso de construcción, buscando su forma definitiva en distritos neoyorquinos que, como el Bronx, habían sido azotados por una larga cadena de políticas sociales, económicas y urbanísticas devastadoras.
 
En esos territorios, convertidos en fértiles laboratorios de ideas, los jóvenes afro y latinos se aventuraban en la búsqueda de un lenguaje común, que ayudase a transformar la violencia latente en una oportunidad creativa para el juego subversivo, al margen del sistema dominante.
 
Tras un largo proceso de experimentación conjunta, el hip hop se convirtió finalmente en una forma cultural sólida, exportable y multiforme, articulada en torno a cuatro elementos básicos: el rap (la poesía), el turntablism (su armazón musical), el breakdance (el baile) y el grafiti (la pintura).
 
Diez años después, la poesía y la música habían evolucionado hasta atomizarse en decenas de nuevas direcciones, dominando la industria musical norteamericana y extendiéndose rápidamente al resto del mundo.
 
Sin embargo, algo se había perdido por el camino: el espíritu solidario que había unido a las y los jóvenes en un esfuerzo común no tardó en diluirse, contaminado por la lógica androcéntrica de ese poder al que el rap debería estar combatiendo.
 
Un dato revelador: en “Generación Hip Hop” (Caja Negra, 2014), el ambicioso ensayo de Jeff Chang que recorre la historia del género, la presencia femenina en el abultado apéndice a modo de “discografía básica” es prácticamente residual.
 
El hip hop llegó a AL en los años 80 bajo la forma de una promesa, y se asentó en las dos décadas siguientes como una realidad estable y en continua efervescencia.
 
Al igual que en Estados Unidos, el rap latino funcionaba como un amplificador de realidades sociales concretas, por lo que no es extraño que fuese permeable a las heridas históricas (regímenes militares, feminicidio, profundas brechas económicas) que el mapa latinoamericano arrastraba durante largo tiempo.
  De esa forma, junto a las expresiones más lúdicas del género se desarrolló un foco de resistencia desde el que se devolvía al rap su condición de herramienta de combate.
  Es en estos márgenes donde se gesta lo que hoy identificamos como un “boom” de las rimas feministas, en el que cientos de “femcees” descubren su poder y deciden pasar a la acción, reclamando su papel de sujetos activos dentro de una cultura que las había desplazado durante años.   El rap feminista restauró el valor de la lucha en común y forjó nuevas redes. De este espíritu cooperativo surgieron iniciativas como el disco recopilatorio “Femcees, Flow Feminista” (2014), financiado a través de crowdfunding y concebido como un impulso hacia un reto mayor: apoyar a “grupos y redes de mujeres feministas y defensoras de los Derechos Humanos del Estado español, Latinoamérica y el Caribe”, destinando a estas plataformas los beneficios íntegros de la obra.
 
O, el pasado mes de octubre, el festival “La Rima” en Barcelona, cuyo cartel incluyó a latinoamericanas como Krudas Cubensi.
 
La siguiente panorámica no tiene una pretensión exhaustiva, pues eso sería imposible. En nuestro breve itinerario buscamos pistas acerca del trabajo de 10 mujeres, establecidas en nueve países: algunas formaron parte de la citada recopilación; otras, trabajan desde distintos ámbitos para construir un espacio de creación inclusivo, plural y libre de machismo.
 
“NI DIOS NI PATRIA, NI MARIDO NI PARTIDO”
 
La guatemalteca Rebeca Lane se formó como rapera desde la poesía, aceptando así el legado de una tía poeta y guerrillera, desaparecida por el Ejército cuando arrancaba la década de los 80.
 
De forma natural, y seducida por la cultura hip hop, su escritura comenzó a derivar hacia formas que permitían ser rapeadas y volcadas en canciones, convirtiéndose en una pionera del rap feminista en Guatemala.
 
Socióloga forjada en el anarquismo, asegura que su arte nace del cuestionamiento de la propia identidad y de las construcciones sociales que la configuran, y concibe sus temas como si fuesen pequeños ensayos, pensados para saltar de las academias a las calles.
 
Sus dos discos hasta la fecha, “Canto” (2014) y “Poesía Venenosa” (2015), pueden escucharse en su cuenta de Bandcamp, y ambos están disponibles para ser descargados gratuitamente.
 
Si Rebeca Lane saltó de la poesía al rap, la oaxaqueña Mare Advertencia Lírika se introdujo en la órbita del hip hop a través del grafiti. Bajo sus rimas, estimuladas por una batidora de sonidos que incorpora elementos del folklore mexicano, el reggae o el funk, no es difícil detectar el aliento constante de la violencia.
 
De hecho, sus dos obras en solitario, “¡Qué mujer!” (2010) y “Experimental Pole” (2013), giran obsesivamente en torno a dos preocupaciones: la resistencia frente al patriarcado y la denuncia de la intensa corriente de agresividad (contra las mujeres, contra las comunidades indígenas) que sacude al país azteca.
 
Volcada en proyectos educativos, no sólo emplea el rap como un medio para alentar el pensamiento crítico, sino que también participa activamente en talleres y cursos orientados a potenciar la emancipación femenina.
 
“GÉNEROS RÍGIDOS, PERFECTO MECANISMO”
 
Caye Cayejera, artista ecuatoriana de amplio espectro, se autodefine como transfeminista; es una cara conocida entre los colectivos lésbico-feministas de Quito, con quienes participa en actividades que van desde el teatro a la intervención creativa del espacio público.
 
Su proyecto más difundido hasta el momento es la iniciativa documental autogestionada “Mujeres Tras La Cámara”, que captura el proceso de resistencia y lucha de las mujeres sudamericanas ante los conflictos mineros, petroleros, agro-productivos y de instalación de infraestructura.
 
Como “femcee”, Caye Cayejera no ha editado todavía ningún disco, aunque los fragmentos de su trabajo desperdigados en la red apuntan hacia la necesidad de desarticular los modelos heteronormativos y reivindicar la diversidad.
 
El videoclip de su canción “Puro Estereotipo” renuncia a los acostumbrados clichés promocionales, al plantearse como una pequeña guía de autodefensa en situaciones de agresión sexual.
 
Venezolana de Caracas, Anarkía Ruiz no sólo es una pionera del rap feminista en su país: además, podemos considerarla como una precursora de esta corriente musical y política en toda AL.
 
Comenzó a entrenarse como rimadora en 1999, con apenas 16 años, y tras formar parte del grupo Dr. Scratch inició una larga lucha para establecerse como “femcee” en solitario.
 
Enfrentada a un ambiente cultural anquilosado y con pocas infraestructuras, finalmente consiguió fijar su rap agresivo en la torrencial mixtape “Prefiero Ser Asi” (2014): una grabación que documenta la vida de la juventud en los barrios caraqueños y reivindica el papel de las mujeres en los procesos históricos de resistencia e insurrección.
 
Desde hace más de un lustro, trabaja para instalar una red de apoyo entre mujeres raperas en Venezuela, siguiendo el ejemplo de los colectivos “Mujeres Trabajando” (México) y “Somos mujeres, somos hip hop” (Ecuador).
 
“MIS IDEALES SON YA MIS NORMAS”
 
Jezzy P fue una de las primeras mujeres rimadoras que se atrevieron a alzar la voz en Ecatepec, el municipio mexicano con mayor tasa de casos de feminicidio, y desde allí consiguió sentar las bases de una comunidad hip hop heterogénea y crítica.
 
Comenzó a foguearse en 1996 con la banda Pollos Rudos, junto a la también rapera Luz Reality, abriéndose camino en un territorio en el que la presencia de mujeres “femcees” era menos que anecdótica, y siete años después ya había conseguido asentarse como una artista autónoma de creciente proyección comercial.
 
Desde 2009 es una de las caras visibles de los colectivos “Rimas Femeninas”, consagrado a visibilizar la música de jóvenes raperas surgidas del “underground” mexicano, y “Mujeres Trabajando”, que incentiva la creación femenina dentro de las cuatro disciplinas que integran la cultura hip hop.
 
Sus canciones, con un marcado acento en asuntos como la discriminación por género y el valor del trabajo comunitario, han sido reunidas hasta el momento en cinco discos propios y varias recopilaciones.
 
“LA ESCLAVITUD COMIENZA EN EL HOGAR”
 
Aunque Danay Suárez ha sido descrita como “la representante del hip hop con conciencia feminista” en Cuba, el rap es sólo uno de los muchos ingredientes que esta habanera incorpora a una propuesta musical en continua reformulación.
 
Vinculada en sus inicios al canto lírico, su versatilidad como vocalista le ha permitido moverse indistintamente en el territorio del jazz, el bolero o el soul, perfeccionando una fusión con la que ha recorrido escenarios de todo el mundo.
 
Tanto por su interés en los conceptos de dignidad y rebeldía, como por su elegante condensación de estilos, sus discos “Polvo de la humedad’ y “Flores” (ambos de 2014) pueden considerarse como descendientes directos de las mejores obras de Lauryn Hill (“The miseducation of Lauryn Hill”) y Erykah Badu (“Baduizm”).
 
Diana Avella creció en Santa Rosa de Lima, un municipio bolivariano abandonado a su suerte, en el que no era extraño tropezarse con un cadáver nada más salir a la calle.
 
Acostumbrada a encadenar y combinar empleos que raramente ofrecían un respiro a la asfixiante economía familiar, se concentró en dos objetivos: estudiar para poder salir del barrio y perfeccionarse como rimadora para enfocar su pasión por el hip hop.
 
Los inicios no fueron fáciles: durante años lidió con productores que le cerraban las puertas, asegurándole que el rap era cosa de hombres. Sin embargo, tras un camino lleno de obstáculos, consiguió sacar adelante sus primer disco oficial, “Nací Mujer” (2010): una grabación respaldada por un amplio núcleo de DJ’s, en la que rapea con furia sobre las desigualdades económicas y de género que inundan todos los ámbitos de la vida cotidiana.
 
Hoy, Diana es licenciada en Lengua Castellana, y la artista colombiana de rap con más giras internacionales. Además, forma parte del “Colectivo Distrital de Mujeres Hip Hoppers”, concebido para apoyar la cultura urbana femenina en Colombia.
 
“LAS MUJERES HOY UNIDAS HACEMOS LA DIFERENCIA”
 
Para Venus Castillo, “femcee” y locutora de radio, el rap fue una terapia para extirparse el dolor tras la muerte de su hermano. En 2010, después de haber formado parte de distintos grupos musicales, fundó junto a la también rapera Mariela Salgado el dúo quiteño Rima Roja En Venus: Venus por la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad, y el rojo como color asociado a la revolución.
 
La idea era “quejarse, pero aportando soluciones”: es decir, buscando mecanismos de resistencia frente a las imposiciones del sistema.
 
Así concibieron su primer álbum, “Libre Albedrío” (2012), un puñado de rimas en contra de todas las normas y leyes orientadas a restringir la libertad individual.
 
Dos años después, “Sin Maquillaje” (2014) contribuyó a ensanchar su sonido y a dirigir sus textos hacia un discurso marcadamente feminista, incorporando nuevos instrumentos y colaboraciones de mujeres procedentes de distintos rincones de AL.
 
Sus letras buscan el cortocircuito constante a través del humor, y su música persigue la fusión sin límites: además de transitar por los caminos del dubstep, el dancehall o el folklore, la “femcee” y productora bonaerense Miss Boliva, reivindica el valor de la cumbia villera, un género estigmatizado por su origen marginal.
 
Sin embargo, lo que desencadenó todo fue su amor por el rap: un estilo que decidió impregnar de conciencia crítica tras interesarse por la lucha de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo.
 
Por el rap decidió aparcar su carrera como psicóloga, intuyendo que el proceso de escritura e interpretación funcionaba no sólo como un extraordinario dispositivo terapéutico, sino también como una herramienta muy importante para transformar la realidad social. Sus dos álbumes, “Alhaja” y “Miau” fueron publicados respectivamente en 2011 y 2014.
 
“INFLÚYELE A TU HIJA A NO SER UNA SIRVIENTA”
 
Cindy López, oriunda del barrio de El Salto (Santiago de Chile) y rebautizada como Belona MC en recuerdo a la diosa romana de la guerra, es una de las principales representantes de la nueva ola del rap chileno.
 
A sus 22 años, esta admiradora de Atahualpa Yupanqui, Chico Buarque y Violeta Parra reclama la necesidad de desterrar el ego en el rap, lo que la ha convertido en una importante cronista de las recientes movilizaciones estudiantiles en Chile.
 
Moldeadas con un estilo arrollador y preciso, sus grabaciones “Libres y Salvajes” (2011) y “Dignidad Rebelde” (2014) embisten contra el patriarcado y apuntan hacia el gobierno del ya expresidente Sebastián Piñera:
 
“Nos tienen adormecidos, adoctrinados, y en el entretenimiento que entregan pasa muy desapercibida la violencia, no sabemos para quién trabajamos (…) Si la gente se levantara seríamos líderes de nuestras propias vidas”. Para Cindy, la buena salud del rap en AL pasa necesariamente por “la honestidad, humildad, perseverancia, unión y, sobre todas las cosas, el respeto hacia el otro”.
 
*Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine.

Cimacnoticias | México, DF.- 

Guatemala, sede del Encuentro Continental de Mujeres Indígenas


   Impacto del cambio climático, uno de los temas principales

El VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas se llevará a cabo en esta ciudad capital del 16 al 19 de noviembre, en un evento impulsado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).

El encuentro se enmarca en la celebración de los 20 años de existencia de ECMIA, espacio integrado por más de 30 organizaciones indígenas de 23 países del continente americano.

De acuerdo con la información, el evento abrirá una plataforma para analizar temas relacionados con las condiciones de vida de las mujeres indígenas, adultas y jóvenes; asimismo, reflexionar sobre su empoderamiento, articulación y participación en procesos relacionados con sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Igualmente, permitirá hacer un balance de cuánto han logrado las mujeres indígenas en el marco de los procesos internacionales que se han desarrollado con miras a la agenda Post 2015, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los resultados de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, y el Plan de Acción de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas.

Cabe destacar que el impacto del cambio climático en la vida de las indígenas demanda una mayor incidencia y participación en los procesos internacionales, donde no se ha tenido mayor presencia por falta de información previa y apropiada, y de recursos económicos, señala la información.

El encuentro contribuirá además a compartir logros y visiones con aliados estratégicos como las fundaciones, organismos internacionales, la academia, centros de investigación, el sistema de la ONU, organismos regionales y el movimiento social comprometido con los Derechos Humanos, la justicia social y la equidad.

Finalmente, permitirá desarrollar la agenda de las mujeres indígenas y jóvenes con participación intergeneracional, definiendo temas y escenarios estratégicos, y establecer un posicionamiento político consensuado.


Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.-

Los zapatos rojos


   CRISTAL DE ROCA
Por: Cecilia Lavalle*

No. No me refiero a hermosos zapatos colocados en algún aparador. Tampoco a los zapatos de Dorothy, la hermosa niña del Mago de Oz. Estos zapatos duelen, porque representan a mujeres que habrían podido usarlos si no hubieran sido asesinadas.

“Zapatos rojos” es una instalación artística que busca visibilizar la violencia contra las mujeres. Porque cuando una mira una plaza pública llena de zapatos rojos, nada vuelve a ser igual.

La artista tras esta instalación, que ha recorrido medio país y medio mundo, es Elina Chauvet, una artista plástica que pasó del dolor al asombro, del asombro a la indignación, y de la indignación a la acción.

Elina habla quedo, pero firme. Lo más estridente en ella son sus hermosos ojos y, claro, los zapatos rojos.

Tras el asesinato de su hermana, comenzó a darse cuenta de que pocas personas le daban real importancia al asesinato de las mujeres, lo mismo si las asesinaba un marido o un desconocido; lo mismo si sus cuerpos eran encontrados en sus domicilios o en un lote baldío.

Entonces era 1993, y Elina vivía en Ciudad Juárez. Una ciudad en la que las autoridades decían que no pasaba nada. Que eran unas cuantas a las que había asesinado su marido por celos o por borrachos. Que eran unas cuantas de dudosa reputación que se habían metido con las personas equivocadas.

Que eran unas cuantas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Total, que eran unas cuantas y que las feministas hacíamos un escándalo porque queríamos dañar la bonita prosperidad de ese bonito lugar.

Pero a Elina eso le sonó a insulto. Y decidió hacer visibles a las que se quería hacer invisibles. ¿Cómo? Con zapatos que calzarían sus dueñas, si vivieran. ¿De qué color? Rojo, que es el color de la sangre, pero también del corazón, de la esperanza, dice la artista.

Así, en 2009 con 33 pares de zapatos rojos donados por mujeres juarenses, puso su primera instalación en la avenida Juárez. Y en poco tiempo comenzaron a llegarle zapatos rojos donados de medio mundo, y recibió invitaciones para realizar esa instalación en distintos lugares de México y del planeta.

Lo mismo en el Zócalo de la Ciudad de México, que en Argentina, Italia, Estados Unidos, Ecuador, Canadá, España o Noruega, los zapatos rojos han inundado avenidas y plazas públicas para evidenciar a las autoridades que no han sido capaces de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; para gritar: ¡Ni una más!

Elina, que ahora viven en Mazatlán, Sinaloa, dice que sus instalaciones causan diversas emociones, y que incluso hay lugares en los que mujeres y hombres han escrito mensajes de dolor o de esperanza debajo de cada zapato.

A estas alturas tiene cientos de zapatos rojos, y sostiene que seguirá con esa instalación mientras la violencia contra las mujeres no sea un tema primordial.

Y entonces me temo que habremos de ver más zapatos rojos.

Porque mientras la imagen pública sea más importante, mientras se busquen argumentos para justificar y no para comprender; mientras se piense en la coyuntura y no en la estructura que impide erradicar la violencia contra las mujeres, los zapatos rojos deberán recordar que pudieron haberlos calzado mujeres a quienes su país no les garantizó su derecho a una vida libre de violencia.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.


CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.-

La cuna de la trata


De acuerdo con la ONU, el tráfico de personas en México es un delito que está a la par del narcotráfico y el crimen organizado. Tlaxcala es uno de los estados en los que este ilícito es casi una tradición

 

“Antes era bonito, porque había días que no me dejaba salir a trabajar, le gustaba quedarse acostado conmigo todo el día, y me decía que no le gustaba que yo me acostara con nadie más” Erika

Las víctimas de trata, por lo general viven en casas de seguridad y en hoteles bajo el control de las redes de tráfico de personas.

10 a 15 personas atiende Erika cada día
250 pesos cobra por encuentro
100 pesos le corresponden a ella

En Tenancingo, Tlaxcala, se puede tener sexo hasta por 50 pesos.


El arreglo se da entre el padrote y el cliente. No es necesaria la decisión de la mujer sometida a explotación sexual.

La prostitución, cuenta Celeste, es un asunto de hombres. A las mujeres solo nos queda obediencia y quedarnos calladas, porque si no, nos va mal.
Celeste es casi una niña. Ella dice que tiene 20 años, pero su escuálido cuerpo no representa más de los 16. Trabaja en una casa de prostitución en Tenancingo desde hace más de 4 años. La joven es originaria de una comunidad cerca de Tehuacán, de donde su padrote se la trajo.
Lo conoció saliendo de la escuela (no explica si primaria o secundaria) y se hicieron novios. Por más de un año, su padrote la enamoró. A ella la deslumbró su camioneta y la forma en que la trataba: la consentía, la llevaba a pasear y le prometió una vida de ensueño con hijos y una casa en la ciudad de Orizaba. La realidad fue otra apenas decidió escaparse con él. La comenzó a golpear y la obligó a prostituirse. El amor que siente por él, del que ni siquiera dice su nombre, es la que la mantiene en esa vida.
La jornada de trabajo de Celeste comienza todos los días a las cinco de la tarde y termina cuando amanece. A veces ha atendido hasta 30 clientes en una sola noche, porque su dueño no permite que nadie permanezca con ella más de 15 minutos.
“Él es muy celoso, no le gusta que los hombres me toquen y mucho menos que me besen”.
A Celeste le gusta que la celen.

Una tradición
En Tenancingo, Tlaxcala, la explotación sexual y la trata de personas, es una tradición. Es parte de una cultura arraigada que se quiere amparar en los usos y costumbres de los pueblos naturales.
A la mayoría de los niños se les predestina a ser padrotes aun antes de saber que están en el mundo. Existe un rito para que los hombres en ciernes tengan poder sexual sobre las mujeres.
El chamán de la comunidad es el iniciador de la cultura de la explotación sexual. La tradición marca que el recién nacido debe someterse a una iniciación: con apenas unos cuantos meses de edad, se le deja sin bañar por espacio de dos semanas a un mes. El niño es llevado a una ceremonia privada en donde se le limpia con algodón la costra acumulada en sus genitales.
Hay oraciones y rezos, claveles rojos para la pasión. Las ramas de pirul y el incienso recorren el cuerpo del menor. Lo alejan del mal y lo acercan a las bondades de la vida. La costra de los genitales es tratada con un ritual que tiene que ver con la luna llena y mezclas de aceites especiales. Luego esa costra convertida en bálsamo especial se unta en el ombligo del menor. El niño está listo para atender sexualmente a cuanta mujer pueda tener, cuando alcance el uso de razón. Se le formó como un padrote que está obligado a mantener todo un harem bajo su control, aunque por la fuerza.
Así nace otro proxeneta.

Un problema que crece
Este año el tráfico de personas se apunta como uno de los de mayor incidencia, pues solo en el primer semestre de este 2015 se rebasó la cifra de averiguaciones previas iniciadas en relación a las integradas por ese delito durante el 2014.
La trata de personas tiene su epicentro en nueve municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, en donde en promedio se registran por mes dos casos de robo de personas, principalmente mujeres indígenas menores de 20 años, de las que en su mayoría no se vuelve a saber de ellas.
Los municipios que se apuntan en cuanto a las cifras de desaparición, bajo la presunción de la trata de personas son Zacatlán, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, San Martin Texmelucan, Tepeaca, y El Seco, en Puebla, así como Tenancingo, en Tlaxcala, municipio considerado por los propios vecinos del lugar como “la cuna de la trata y la prostitución”.
Reporte Indigo buscó ayer las versiones del gobierno de Tlaxcala y de la Procuraduría local.
Se contactó a Daniel Irvin Angulo Juárez, quien aparece como jefe del Departamento de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, y se le solicitó una entrevista con la titular de la dependencia, Alicia Fragoso Sánchez.
Dijo que por la premura de la llamada, la titular no podría responder a los cuestionamientos, pero que enviaría al correo electrónico información estadística sobre el tema.

Por parte de gobierno del estado, la titular de la Coordinación de Información, Verónica Hernández, dijo que “el tema no es nuevo” y que es hasta esta gestión que se ha trabajado para dar resultados, y se comprometió a mandar información.
“Te mando algunos datos generales, digamos, y ya en la Procuraduría si te pueden dar una información complementaria, sería lo más importante. Aprovecho para comentarte que este tema del que tú hablas no es nuevo. Al contrario, en esta administración es cuando se hizo una estrategia estatal de combate contra este problema.
“Entonces, ya ahí en los datos que te mande pues a ver si te ayudan para tener un poquito de contexto y del trabajo que se ha realizado”, comentó la funcionaria
La información, hasta el cierre de edición, no había llegado al correo electrónico.
Pero no solo en Puebla y Tlaxcala es donde se registra la creciente incidencia de desaparecidas por trata de personas. El fenómeno se extiende, de acuerdo a las estadísticas de la PGR, a otras entidades del país.

Lo más grave
La organización Unidos Contra la Trata, que encabeza Rosy Orozco, establece la gravedad de la trata de personas al referir dos simples cifras: el 85 por ciento de las víctimas de explotación sexual que se detectan en el país son mujeres menores de 15 años, en tanto que el restante 15 por ciento son niños también menores de edad, lo que apunta hacia el creciente mercado del sexo con menores de edad.

Para el investigador J. Jesús Ruiz González, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la trata de personas va a la alza debido al uso de las redes sociales por parte de los menores, los que son fácilmente enganchados por las redes del crimen organizado, que allí encuentran su principal “fuente de abastecimiento de materia prima”.
El modus operandi de los enganchadores –explicó el especialista- es casi siempre el mismo: comienza por contactar a sus víctimas, compartiendo sus gustos y aficiones.
En la mayoría de los casos se hacen pasar por personas del mismo sexo y la misma edad.  Cuando se ganan la confianza del niño o la niña hacen una cita y de allí los menores son secuestrados y trasladados a la mayor distancia posible del lugar de origen, para someterlos por medio de la violencia y las amenazas.

La casada infiel
Erika tiene más de 13 años dedicada a la explotación sexual en Tenancingo. A sus 35 ya es “una mujer vieja para el negocio”. Su padrote ya no la trata con el cariño de los primeros días. Ahora ya ni la golpea.
“Antes era bonito, porque había días que no me dejaba salir a trabajar, le gustaba quedarse acostado conmigo todo el día, y me decía que no le gustaba que yo me acostara con nadie más”.
Su padrote es el que le lleva los clientes. Entre 10 y 15 personas atiende por día. A ella le toca atender a los clientes más viejos. El celo de su padrote no le permite a Erika tener relaciones con hombres más jóvenes que ella. Cobra 250 pesos por ocasión y de ese dinero solo le corresponden a ella 100 por día, para que compre sus cigarros y a veces un paquete de cervezas.
Legalmente no están casados, pero ella se siente su esposa. Su padrote vive con otras cuatro mujeres, pero al ser más jóvenes que Erika, a ella le corresponde el primer lugar entre todas.
Es la que menos dinero le genera, pero –se consuela- es porque le arrima menos clientes, eso la hace sentirse amada. Con eso le basta. A las otras mujeres que cohabitan con su padrote, Erika las considera como sus hermanas menores. Las cuida y en no pocas ocasiones las ha librado de las golpizas.
No revela su nombre. No quiere hablar de él, pero dice que lo ama con toda el alma. Se conocen desde hace más de 15 años, cuando él la enamoró en Veracruz y le pidió que se fuera con él. Se conocieron en un baile y comenzó a enamorarla. Fueron novios casi un año, hasta que Erika decidió dejar a su marido, con el que no hacía vida.

“Esta es mi vida”, dice con un dejo de dolor que apenas se compensa con una sonrisa leve en sus labios, “esto es lo que me tocó vivir”.
Está asignada a una cantina cerca de Tlaxcala, en donde es vigilada de cerca por un niño al que le paga su padrote para que le informe lo que ella hace, mientras él está en busca de clientes para llevárselos.

Un desenlace feliz
Lety Cruz, de 13 años, tuvo mucha suerte. La reacción rápida de sus padres permitió arrancarla de una red de tráfico de personas. El caso de Lety tuvo un desenlace feliz a diferencia de los otros 457 registrados en lo que va de este año.
En la mayoría de los delitos de trata de personas, el sistema judicial opera a favor de las redes de tráfico de personas.
Las denuncias por desaparición de personas pocas veces son atendidas de manera inmediata. Tienen que pasar horas y a veces días para que en las agencias del Ministerio Público se reciba la querella, se integre la averiguación previa y se inicie con la investigación.
A veces la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público es la causa principal para que no se emita en tiempo y forma la Alerta Amber.
El caso de Lety Cruz refleja el grado de incapacidad de las autoridades ministeriales. Cuando los padres de la menor acudieron a interponer la denuncia por la desaparición de la niña, el Ministerio Público recibió la denuncia dos días después, pero integró la averiguación con el número de oficio correspondiente al robo de una gallina.
Por eso no se aplicó nunca la Alerta Amber, lo que dejó a la niña expuesta por una semana a la acción de la red de trata que la mantenía en su poder.
En ocasiones, reconocen activistas, los casos de trata no son clasificados así porque los agentes del Ministerio Público no saben identificar los elementos constitutivos del delito.
 En Puebla, Tlaxcala y Edomex es necesaria a veces la intervención de las Organizaciones no Gubernamentales para orientar a los ministerios públicos en la integración de la investigación.

Con la mirada perdida
No es difícil reconocer a las mujeres mayores de edad que son víctimas de trata, sometidas a la explotación sexual. Casi siempre son como autómatas –explica un activista de derechos humanos en Tlaxcala-.
Se les ve con la mirada perdida. No hablan y siempre están con miedo. Son mujeres que están muriendo todos los días porque no tienen forma de salir de la prisión y el infierno en los que viven.
Las víctimas de trata, por lo general viven en casas de seguridad y en hoteles bajo el control de las redes de tráfico de personas. De acuerdo al activista que pidió la omisión de sus datos, el desmedido crecimiento de moteles a pie de carretera es signo inequívoco de esa actividad. Por eso refirió que en los municipios de Puebla y Tlaxcala, en donde se considera la sede nacional de tratas, ha aumentado considerablemente ese tipo de establecimientos.
Solo en el corredor de la carretera Puebla-Tlaxcala, en un tramo de 60 kilómetros, se contabilizan 53 moteles de paso, algunos de ellos en obra negra, los que prestan sus instalaciones al mejor postor, por sumas que van desde 50 hasta 500 pesos. Esos son los sitios que utiliza la red de trata de personas que opera en esa parte del país, con mujeres sustraídas de otras entidades de México.

Las víctimas de explotación sexual, dijo Samanta, una mujer sustraída de Chiapas desde hace 10 años, están obligadas a atender en forma diaria de 35 a 40 clientes. Todos ellos son llevados por parte de un miembro de la red hasta su habitación. Ella cobra 200 pesos por cita, y de lo que logra recabar en un día nunca ha visto un solo peso. Le pagan con el hospedaje, la comida y la protección de su persona.
Pero los clientes que logra la red de tráfico no solo tienen la preferencia de mujeres de más de 30 años, como es el caso de Samanta. Hay clientes que prefieren menores de edad. Otros, son clientes especiales, los que no se limitan en el costo de los servicios, los que piden mujeres menores de edad, a veces niños, los que también se suministran en esta parte del país.


Polémica por maternidad subrogada


   Sin claridad en sus implicaciones, Senado busca criminalizar
Reportaje - 

Inexistente en la ley, tal práctica de reproducción asistida abre el debate sobre garantizar derechos de las mujeres o penalizar a rajatabla su ejercicio.

En un tema nebuloso, complejo, sin datos oficiales, testimonios y rodeado de moralina, legisladoras federales debaten si prohíben o regulan la práctica médica denominada maternidad subrogada, término hasta ahora inexistente en la Ley General de Salud (LGS).

Se confrontan dos posturas: por un lado, la que pretende criminalizar a quienes incurran en esa práctica (mujeres gestantes, parejas que no pueden tener hijas e hijos, y el personal médico); y por otro, la de quienes buscan regular en la normatividad esta técnica de reproducción asistida, en aras de garantizar derechos y castigar abusos.

TEMA COMPLEJO

La maternidad o gestación subrogada se define como una práctica de reproducción asistida que consiste en la transferencia de embriones humanos en una mujer, producto de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide de dos personas que aportan su material genético. En otras palabras, una mujer presta o renta su vientre para la gestación de un producto que no es suyo.

En México no hay datos ni estadísticas oficiales de esa práctica, pero a decir de senadoras, es algo que “ocurre hoy en día”.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización civil defensora de los derechos sexuales y reproductivos– establece en su estudio “Reproducción asistida”  que en el país 1.5 millones de parejas tienen problemas de infertilidad.

Por lo que –advierte– “el problema de infertilidad en México es una cuestión de salud pública de gran magnitud y que la reproducción asistida es una necesidad, pero no existe normativa que regule específicamente esos servicios, lo que implica que se prestan bajo la regulación general que aplica a todos los establecimientos de salud, y sin una verificación sanitaria adecuada que proteja los derechos, la seguridad y la integridad física de las personas que se someten a este tipo de tratamientos”.

Entre 2008 y 2012 se presentaron en el Congreso de la Unión ocho iniciativas de reforma a la LGS que contemplaban la maternidad subrogada, o que pretendían crear leyes de Reproducción Asistida y de Subrogación Gestacional, pero sin que hasta ahora ninguna haya sido debatida a profundidad y mucho menos aprobada.

La mayoría de las propuestas –principalmente las de PAN y PRI– impulsan la prohibición de la maternidad subrogada, y sólo pretenden regular “ciertas técnicas de reproducción asistida” (como la inseminación artificial y la fertilización “in vitro”), para “tutelar la vida desde la concepción”; es decir, las iniciativas llevan incluso la intención velada de criminalizar el derecho al aborto.   

Según GIRE –en su mismo análisis–, los proyectos presentados usan “conceptos contrarios a la ciencia médica y a la regulación vigente”, además de que pretenden excluir de la reproducción asistida a personas solteras y a las parejas del mismo sexo.

A nivel federal, México no cuenta con alguna regulación en maternidad subrogada, la cual –consideran grupos civiles– sólo podría estar estipulada en la LGS.

Únicamente en Tabasco, el artículo 92 de su Código Civil reconoce el caso de “hijos nacidos como resultado de una madre gestante”, pero no regula los términos de contratación, ni las reglas y modalidades bajo las que debe realizarse.

DEBATE

La senadora del PRI Mely Romero Celis presentó el pasado 13 de octubre una iniciativa para reformar la LGS, a fin de penalizar completamente, y no regular, la maternidad subrogada.

La propuesta –turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos– es “prohibir en el cuerpo de la mujer la gestación por sustitución (…), además de imponer una sanción de seis a 17 años de prisión y una multa de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo a las personas que participen y promuevan la gestación por sustitución”.

Aunque reconoce que en México no hay datos que permitan dimensionar el problema, la legisladora explica que su propuesta se basa en experiencias de países como Tailandia y la India, donde –sostiene– “hay explotación de mujeres con fines reproductivos y conflictos legales derivados del alquiler de vientres”.

Las consecuencias de la maternidad subrogada son “tan graves” –afirma Romero Celis– que en México debe prohibirse por completo, a fin de prevenir casos en los que las mujeres sean encerradas en granjas y obligadas a prestar sus vientres.

La senadora subraya que todas las personas, incluyendo a las mujeres gestantes y las que no puedan tener descendencia, deben ser sancionadas por igual si están involucradas en esta práctica, pero que no debe castigarse a las eventuales víctimas de trata, que contra su voluntad incurran en lo que sería un delito. No obstante, la priista acepta que no incluyó esta acotación en su iniciativa.

La priista apunta que su propuesta no pretende evitar que las parejas del mismo sexo accedan a este recurso reproductivo, pero advierte que le preocupa que al permitir la adopción de estas parejas “no se piense en el desarrollo pleno del niño, ni en el interés superior de la infancia”.

En contraste, la senadora de Movimiento Ciudadano Marta Tagle, también integrante de la Comisión de Salud, aclara que la visión prohibicionista no soluciona de fondo la posible explotación de mujeres con fines reproductivos.

La feminista precisa que la prohibición de la maternidad subrogada criminalizaría a las mujeres, aunque hay más implicados en el tema, como serían los laboratorios y las agencias de contratación. “Penalizar va a generar que se haga de manera clandestina, en condiciones de mayor complicación, y es lo que se está dando hoy: que la contratación de vientres siga dándose fuera de la ley”, alerta.

Tagle sostiene que el tema debe discutirse con información científica y apegada a Derechos Humanos, y se pronuncia por una regulación que proteja el derecho a decidir de las mujeres, y no tengan que firmar contratos que atenten contra su voluntad, y que cuenten con los servicios de salud adecuados.

Destaca que en el Senado está pendiente de dictamen una iniciativa de la priista Cristina Díaz, quien propone la regulación de la reproducción asistida para que “se garantice el derecho de las personas a procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo”. Además plantea una Norma Oficial Mexicana en la materia.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-

EU pide al gobierno de Guerrero intervenir para liberar a Nestora


Ella tiene nacionalidad estadunidense
Nos comprometimos a revisar el caso: Astudillo

Foto
Nestora Salgado, ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero
Foto Pablo Ramos

Periódico La Jornada

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó ayer que la embajada de Estados Unidos solicitó la intervención de la  administración estatal para que se logre poner en libertad a Nestora Salgado García, ex comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, quien cuenta con doble nacionalidad (mexicana y estadunidense) y está presa desde hace más de dos años.
En conferencia de prensa en el palacio de gobierno, Astudillo Flores informó que al mediodía se reunió con la comitiva de la embajada extranjera, encabezada por el cónsul general Hugo F. Rodríguez. Nos ha visitado para tratar algunos asuntos de interés para el gobierno de Estados Unidos, a través de su representación en México, precisó el mandatario estatal.
Añadió que se trataron varios temas, concretamente el caso de Nestora Salgado. Les hemos dado nuestro punto de vista, nuestra ruta a seguir, por supuesto en el marco de la ley, y nos hemos comprometido a que en el uso de nuestras facultades vamos a revisar lo que nos corresponde.
Explicó que fue la embajada de Estados Unidos la que promovió esta reunión para conocer el caso de Nestora Salgado, que tiene doble nacionalidad, y como ciudadana estadunidense quieren saber cuál es su situación legal en México y apoyarla.
Aseguró que a lo único que se comprometió es que, en el uso de las facultades como gobernador, vamos a revisar qué no se ha hecho bien y qué no se cumplió, para arreglarlo. Tendremos toda la disposición para que en el marco del estado de derecho se le respete.
Se deslindó del caso, pues “no está en las manos del gobernador, sino del Poder Judicial, y en el uso de nuestras facultades veremos cómo tratamos de que las cosas se hagan de la mejor manera.
El gobierno buscará la manera de que, en el marco de la ley, se respeten todos los derechos, y prerrogativas que se tienen dentro de un proceso.
Astudillo Flores afirmó que también se trataron hechos delictivos, como asaltos y otros delitos cometidos contra estadunidense, sobre todo en Acapulco.
De la violencia surgida en poblaciones como Carrizalillo, municipio de Zumpango de Neri, y de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo, expresó: voy a dar una opinión con mucha honestidad, yo creo que no hay suficientes policías para garantizar la seguridad en regiones conocidas como focos rojos. Por eso pido que regrese la Gendarmería, concluyó.

Ola de asesinatos de mujeres trans revela falta de políticas de protección en Argentina



Adital
El asesinato de tres mujeres transgénero en sólo un mes, en Argentina, llama la atención sobre la vulnerabilidad y la falta de garantías de derechos hacia una de las comunidades más marginadas del país. Una de las víctimas fue Diana Sacayán, reconocida activista de los derechos de las personas lésbicas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), fue encontrada muerta en su departamento, el último 13 de octubre, en la capital del país, Buenos Aires. Su cuerpo mostraba señales de violencia.

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Protesta de la población por los delitos transfóbicos: "#NiUnaMenos Basta de travesticidios”, dice el cartel.



Entre las varias luchas por los derechos de género que existen en el país, Diana participó activamente en la aprobación por el Senado Federal de Argentina de una ley que define el cupo de 1% de los empleos públicos de la Provincia de Buenos Aires para personas travestis, transexuales y transgéneros. Fue una manera que los movimientos sociales encontraron para garantizar más acceso a trabajo digno para esa parte de la población.

Ella era miembro del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi), secretaria de la Asociación Internacional de Lésbicas, Gays y Bisexuales (Ilga) y una de las líderes del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Era considerada una de las más activas defensoras de los derechos de género y un ícono en las luchas de ese sector.

En 2012, Diana recibió de manos de la presidenta de la República, Cristina Fernández, un documento que reconocía legalmente su identidad de género como mujer, de manera pionera. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que permiten que las personas cambien su género en los documentos oficiales de identidad. "Pido la colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales y metropolitanas para esclarecer prontamente este terrible crimen”, dijo Cristina, durante un acto público.

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Diana Sacayán recibiendo de la presidenta Cristina Fernández el documento de identidad con cambio de género, en 2012. Foto: Reproducción.


Otras dos mujeres trans, Marcela Chocobar y Fernanda Coty Olmos, ambas líderes de organizaciones LGBTI, también fueron violentamente asesinadas, respectivamente, en las Provincias de Santa Fe y Santa Cruz. Marcela tenía sólo 26 años de edad y fue asesinada, descuartizada y quemada, desaparecida desde el comienzo de septiembre último, y sus restos mortales fueron encontrados 15 días después en un terreno baldío, después de una intensa búsqueda de sus familiares por las redes sociales y de investigación policial.

Por su parte, Fernanda tenía 59 años de edad y se destacó, en 2003, cuando participó en trabajos solidarios para ayudar a las víctimas de las inundaciones que afectaron su ciudad, en aquel período. Ella fue asesinada el 29 de septiembre de este año, en su propia casa. Tenía marcas de golpes en el rostro, puñaladas en la región de las nalgas, profundas heridas abiertas con arma blanca en la espalda y en el abdomen, y un tiro en el pecho. Había también marcas de resistencia de la víctima, lo que indica que ella llegó a luchar contra su agresor.

"Una nube oscura está cubriendo a la comunidad trans en Argentina. A no ser que esta ola de asesinatos sea efectivamente investigada y que aquellas personas responsables sean llevadas a la justicia, se enviará el mensaje que atacar a las mujeres trans está bien”, afirma Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. "Argentina no debe permitir que esta ola de violencia continúe. Establecer una base de datos para documentar crímenes de género y desarrollar mecanismos fuertes para investigar y castigar la violencia de género serían buenos primeros pasos”, complementó Belski.

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) lamenta la muerte de Diana Sacayán y califica el caso como "delito de odio”. La entidad recuerda que solamente el año pasado siete muertes fueron registradas por la misma razón transfóbica. Esteban Paulón, titular de la Federación Argentina de Lésbicas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), reclama una posición y acción de parte del Estado. "La discriminación sigue matando, y no lo decimos figurativamente”, afirmó.

"Casos como el de Diana Sacayán, Marcela Chocobar y Coty Olmos muestran con crudeza el efecto que esa discriminación tiene sobre las personas. Ante esta realidad, el Congreso no puede seguir mirando para otro lado sin brindar herramientas efectivas para la construcción de una sociedad igualitaria”, enfatiza el activista.

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Marcela Chocobar fue una de las tres víctimas fatales de transfobia en sólo un mes, en Argentina. Foto: Reproducción.



La repercusión de los casos reunió recientemente a decenas de personas en protesta ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Familiares, amigos, grupos de defensa de la diversidad sexual y organizaciones de derechos humanos se manifestaron en solidaridad con las víctimas y exigieron el esclarecimiento de los delitos.

En entrevista a la prensa, Sasha Sacayán, hermana de Diana, declara que la investigación del crimen todavía no llegó a nuevas informaciones, pero avanza. "Nos estamos moviendo para pedir justicia y lo que me mantiene fuerte es estar constantemente en la fiscalía buscando el esclarecimiento”, dice. "Pediremos el esclarecimiento y el reconocimiento de la lucha tanto de Diana como de la agrupación Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Además, será una manera de tener presente a Diana”, agrega Sasha.

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Tras megamarcha contra violencia, matan a 4 españolas


   Movimiento feminista se declara en alerta



Cuatro españolas fueron asesinadas a tan sólo 48 horas después de la megamarcha del pasado sábado 7 de noviembre en Madrid, la capital española, donde casi medio millón de mujeres y hombres se manifestaron contra la violencia machista.

Posterior a la manifestación, una mujer de 28 años fue asesinada en Córdoba y otra en Valencia; un agresor disparó con arma de fuego a su ex pareja, y hoy otra mujer fue asesinada a golpes en Gijón.

El Movimiento Feminista denunció que estas violaciones al derecho fundamental de la vida y a la dignidad evidencian la necesidad de duplicar los esfuerzos de la sociedad e instancias públicas para terminar con los asesinatos.

En un comunicado, las feministas denunciaron que la política de recortar el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto de la Mujer pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres víctimas de violencia.

Asimismo señalaron que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) señalaron que la crisis económica no justifica el recorte de servicios de atención a las víctimas.

Las feministas también recordaron que en España sigue sin entrar en vigor el Convenio de Estambul, que obliga al Estado a implementar reformas legislativas para que sean penalizadas todas las formas de violencia de género.

Quienes integran el Movimiento Feminista exigieron que se implemente tal Convenio, y que la lucha “contra el terrorismo machista” sea cuestión de Estado; que toda la sociedad se comprometa con la lucha; y que se penalicen todas las formas de violencia contra las mujeres.

Pidieron también que el gobierno muestre un compromiso real en la prevención y erradicación de la violencia, brinde apoyo a las víctimas; priorice la prevención; que los medios de comunicación estén libres de lenguaje e imágenes sexistas; y se retire la patria potestad a los maltratadores.


Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

Investigará Perú esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas


   Gobierno emite decreto para crear un registro de víctimas


Entre 1990 y el año 2000 más de 300 mil mujeres peruanas fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva. Ellas pertenecían a regiones con altos niveles de pobreza y con una mayoría de población indígena.

Del total de mujeres sometidas, sólo 10 por ciento dio su consentimiento. Las demás fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, siendo chantajeadas, amenazadas y hostigadas por médicos y enfermeras de los centros de salud de sus localidades.

Tales prácticas se realizaron en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno del entonces presidente, Alberto Fujimori.

Para promover el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas y saber el número exacto de las afectadas, el pasado 7 de noviembre el caso fue catalogado como un “asunto de interés nacional de Perú” en un decreto emitido por el mandatario Ollanta Humala.

El decreto ordena la creación de un registro de víctimas. Así lo aseguró el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga.

“Absolutamente no hay ningún cálculo político ni de establecer ‘a priori’ ningún tipo de responsabilidad; ésta se tendrá que determinar a través de los procesos judiciales correspondientes”, acotó Lechuga ante las críticas de los congresistas fujimoristas, quienes aseguran que la implementación del registro es una contra campaña a su candidata, Keiko Fujimori, hija del ex presidente.

Por su parte, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, indicó que su cartera asumirá la asistencia legal, tratamiento psicológico y atención médica para las víctimas. Este primer paso fue celebrado por defensoras de Derechos Humanos (DH).

Una legítima política de control de la natalidad no vulnera el derecho de decidir sobre el propio cuerpo, sino que deja decidir a las mujeres si desean o no tener más hijas e hijos, por lo cual las esterilizaciones forzadas son una grave violación a los DH, que deja severas secuelas físicas y psicológicas a quienes fueron sometidas, advirtieron activistas.

*Este artículo fue retomado del portal de la Agencia Informativa Púlsar.
  Por: Sandra Herrera Antay*
Cimacnoticias | Lima,Perú.-