Frena derechos civiles, nula coordinación en niveles de gobierno
Por Anayeli García Martínez
México, D.F., 02 mar 10 (CIMAC).- La impunidad, la falta de mecanismos que articulen el cumplimiento de las recomendaciones y la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno; federal, estatal y municipal en México, son los principales obstáculos que imposibilitan avances en materia de derechos civiles y políticos.
Así lo indicó Edgar Cortez Moralez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, durante la mesa de análisis “México ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, donde representantes de diversas organizaciones sociales coincidieron que hay más retrocesos que avances.
Frente a los limitados avances, enfrentamos nuevas problemáticas debido a que hay derechos que se han vulnerado en temas como las legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo. Otra problemática es el aumento y la extensión del feminicidio, la agravante militarización del país, la ineficaz justicia militar, la tortura y las desapariciones forzadas.
A 10 años del cuarto examen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el país, que se realizó en 1999, estos temas siguen preocupando a las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El examen del quinto informe periódico de México se realizará durante los días 8 y 9 de marzo en la sede del organismo en Nueva York. En la sesión el Estado mexicano deberá detallar y actualizar la situación de los derechos humanos, aunque el escenario es de más retrocesos que avances, insistió Liliana Valiña, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la evaluación se analizarán temas como el de justicia militar. Cabe recordar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada, a manos del Ejército mexicano, del líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco. Tal sentencia exhorta al Estado mexicano a modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles, sean juzgados por tribunales civiles.
DERECHOS SIN GARANTÍAS
El acatamiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos –que se aprobó en 1996, entró en vigor en 1976 y ratificado por México en 1981- se refleja en la creación de leyes para proteger los derechos humanos. Sin embargo Liliana Valiña dijo que el avance ha sido normativo pero con un gran camino por recorrer pues hace falta voluntad política, capacitación e integración de las leyes para que su implementación sea real.
“Los derechos humanos deben apropiarse, exigirse e implementarse”, enfatizó la funcionaria. En el tema de violencia contra mujeres aclaró que es hora de hacer un profundo balance. En materia de derechos sexuales y reproductivos, las reformas a las Constituciones locales en 17 estados del país que protegen la vida desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo son un retroceso.
Por su parte Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, recordó que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística.
Por lo que aseguró, se debe garantizar este derecho, pues aunque en febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, existe una falta de seguimiento y sanciones a los culpables de amenazas, hostigamiento y asesinato de comunicadores. Puntualizó que a cuatro años de su creación aún no cuenta con un marco normativo.
En la mesa también participaron, Miguel Sarre, académico del ITAM, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el ministro Alejandro Negrín, quien dijo que a pesar de las limitaciones, el estado tiene la mejor voluntad. Hay que recordar que el informe se entregó con un retraso de 5 años pues debía estar listo en 2004.
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