Estados incrementan hostigamiento en su contra
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Ante las más de dos mil denuncias de amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos de defensores de Derechos Humanos (DH) en América Latina (AL), 23 organizaciones de 11 países de la región demandaron a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) crear una oficina encargada de proteger a las y los activistas y exigir a los Estados que implementen medidas efectivas de protección.
Durante la audiencia temática “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, que hoy se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, representantes ciudadanos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guatemala, entre otras naciones, denunciaron que AL está en una “situación de vulnerabilidad”.
Señalaron que los alarmantes niveles de inseguridad provocados por el crimen organizado, agentes estatales, grupos paramilitares e incluso por empresas transnacionales, ponen en riesgo la vida e integridad de las y los defensores de DH, por lo cual es urgente que la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU) atiendan de manera inmediata la situación.
Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, las y los activistas hicieron hincapié en que los Estados han incrementado las actividades de inteligencia contra los defensores humanitarios, por lo cual urgieron al organismo a exigir a sus países que se reviertan estas políticas y que se investiguen las amenazas y actos de violencia.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordaron que la ONU documentó que el clima de inseguridad en el que trabajan las y los defensores ha alcanzado niveles alarmantes.
En México durante 2010 y lo que va de 2011, tres defensoras de DH fueron asesinadas en Chihuahua: Josefina Reyes el 3 de enero de 2010, Marisela Escobedo el 16 de diciembre del mismo año y Susana Chávez el 6 de enero de 2011. Mientras que las activistas Sara Salazar, Marisela Ortiz, María Luisa García y Cipriana Jurado abandonaron su lugar de residencia.
Las organizaciones denunciaron que esta situación responde a los persistentes ataques por parte de actores estatales o de personas que actúan con su respaldo o tolerancia. Señalaron que la presencia de grupos paramilitares, el crimen organizado y empresas explotadoras de los recursos naturales exacerba la vulnerabilidad de los activistas.
De acuerdo con el informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya, se ha constatado que las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia, perjuicios y formas de exclusión y rechazo diferentes a las de sus colegas varones.
En su informe 2010, sobre las defensoras y los activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres o las cuestiones de género, la relatora reveló que en AL los riesgos más comunes son las amenazas, incluidas amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos e intentos de homicidio.
Sekaggya ha precisado que por lo general los presuntos agresores son personas desconocidas o no identificadas y en ocasiones armadas que a menudo tienen vínculos con agentes no estatales, como grupos paramilitares.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con la ONU, son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, líderes de grupos de mujeres y quienes trabajan por la restitución de tierras y los derechos sindicales.
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