6/25/2011

Iniciará SLP investigación para declarar Alerta de Género


Ola de violencia deja 27 asesinadas en la Huasteca

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 24 jun 11 (CIMAC).- El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de San Luis Potosí (SLP) determinó hoy que investigará la ola de asesinatos y agresiones contra la población femenina en la región de la Huasteca, para determinar si es necesario declarar una Alerta de Violencia de Género (AVG).

Así lo informó a Cimacnoticias Martha Orta Rodríguez, directora del Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid) –órgano dependiente del Ejecutivo estatal–, quien refirió que la violencia contra las mujeres y niñas en esa zona potosina “es preocupante”, ya que de 2009 hasta enero de 2011 se han registrado oficialmente 27 asesinatos y hay una cifra no determinada de mujeres sobrevivientes de feminicidio.

La funcionaria indicó que “la gran mayoría” de los casos que atiende el Cavid tienen que ver con violencia en contra mujeres y niñas. La situación es “estremecedora” y apenas comienza a reconocerse, por ello “necesitamos que se declare la AVG para que se atienda el problema; no queremos que se agrave”, advirtió.

Si la alerta se declara en la Huasteca, SLP se convertiría en la primera entidad federativa que aplica esta herramienta, contenida en la legislación general y del estado de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hasta ahora, organizaciones civiles han solicitado la declaratoria de AVG en el Estado de México y Oaxaca por la situación de feminicidio y violencia contra las mujeres que permea en esas entidades, pero los sistemas estatales las rechazaron.

Otra agrupación ciudadana solicitó la aplicación de esta herramienta pero por agravio comparado, en Guanajuato, debido a la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado, aún cuando el aborto es espontáneo. Esta petición también fue desechada.

El Cavid fue el organismo que presentó la solicitud de AVG al Sistema Estatal, luego de que Martha Orta hiciera la petición de forma directa al gobernador del estado, Fernando Toranzo, quien expresó su compromiso para proteger la vida de las potosinas.


Hoy en la sesión del Sistema Estatal, conformado por las secretarías locales de Gobernación, Salud, Trabajo, Educación, así como la Procuraduría General del estado, entre otras, determinaron que investigarán la situación de violencia en la región de la Huasteca para “tener un soporte documental, que permita definir la procedencia o no de la AVG, de acuerdo con la gravedad del asunto”, señaló la directora del Cavid.

La reunión del Sistema Estatal, solicitada por Marco Antonio Aranda, secretario de gobierno de SLP, “llegó a buen término, seguiremos los protocolos para que conforme a la ley, y con la aprobación del sistema, sea el propio gobernador quien eventualmente pida la declaratoria de AVG”, indicó Orta Rodríguez.

La directora del Cavid, organismo descentralizado que brinda atención psicológica, médica y de resguardo a víctimas de violencia en la entidad, manifestó su confianza en que el Sistema Estatal decrete la alerta ante la “preocupante” ola de violencia contra las potosinas.

Durante los últimos dos años, los casos de feminicidio, sobrevivientes de feminicidio, y de mujeres y niñas desaparecidas se convirtió en un tema apremiante, por lo que la AVG ayudaría a atender la situación y “actuar de forma preventiva”, abundó.

“Tenemos casos recientes de mujeres que sobrevivieron al feminicidio, pero tienen lesiones permanentes, dos de ellas perdieron un ojo, debido a la violencia que sufrieron y de la que escaparon porque su agresor creyó que habían muerto”. Cabe mencionar que de los 27 casos de feminicidio registrados en la región, alrededor de 90 por ciento fue cometido por sus parejas.

Por ello, recalcó que la AVG es una herramienta que posibilitaría la coordinación interinstitucional de las autoridades potosinas para atender a las víctimas de violencia de género, mediante el fortalecimiento de las acciones de apoyo y la creación de protocolos de investigación para sancionar a los culpables.


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