Jaime Martínez Veloz
Esta injusta situación motivó que representantes de colonias en donde se asientan miles de familias indígenas jornaleras del valle de San Quintín se hayan plantado en la oficinas del gobierno del estado solicitando la destitución del representante en aquella región de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del representante de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
El reclamo de los habitantes de San Quintín se produce ante una situación en donde los empresarios agrícolas sin límite alguno extraen millones de litros de agua para sus cultivos de exportación y cuyo abasto proviene de la cuenca de San Simón.
La problemática que reviste el agua en la región para el abasto de las familias y el uso agrícola se ha agudizando al paso del tiempo; los mantos acuíferos de tipo superficial se han venido salitrando ante la sobrexplotación que se hace de los mas de 700 pozos concesionados a ejidos, a particulares y a las empresas agrícolas, en donde más de 85 por ciento se utiliza en los diferentes cultivos de exportación, cuya propiedad pertenece a una nueva generación de empresarios asociados al capital trasnacional.
Según datos oficiales, la región presenta una extracción de 47 millones de metros cúbicos y 35 millones de metros cúbicos de recarga, por lo que existen de 10 a 12 millones de metros cúbicos de sobrexplotación anual de los mantos acuíferos. Las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) a estas empresas con volúmenes de agua asignados, mas no respetados por éstas, han sido la prioridad en la región, dejando de lado a miles de familias jornaleras que no cuenten con este recurso que les permita garantizar condiciones mínimas de higiene y salud. Por ello en los hogares de los jornaleros, las enfermedades más frecuentes son las gastrointestinales y de la piel, ocasionadas principalmente por falta de agua.
Es de todos conocidos que el tema de la salud es una de las demandas principales de los jornaleros agrícolas, junto con la seguridad social; en la región, menos de 15 por ciento de los trabajadores agrícolas están afiliados al Seguro Social, ante la complacencia de las autoridades del trabajo.
Existen colonias con redes de agua potable hoy inservibles que por cuestiones de desabasto dejaron de operar, donde han surgido otros ganadores; los ejidatarios y ex ejidatarios que siguen contando en calidad de patrimonio propio pozos que venden y abastecen de agua cobrando a 15 pesos el tambo de agua potable. En temporadas de calor se especula con el precio sin control alguno por parte de la autoridad, socavando el ingreso familiar.
El movimiento de las familias indígenas afectadas por el desbasto de agua y la duda generada sobre la palabra empeñada por los funcionarios de estas instituciones no responde sólo al retraso de la ejecución de las obras sino al desvío de los beneficios. Por ejemplo, hace dos años la CDI y el gobierno del estado construyeron un camino de acceso con cemento hidráulico al campamento de El Vergel, propiedad de la empresa Rancho Los Pinos, con un presupuesto de más de 4 millones de pesos; la gestión la realizó directamente la empresa, con el acompañamiento del ingeniero Antonio Rodríguez, secretario de Fomento Agropecuario y copropietario de esta compañía, que ha crecido exponencialmente en la última década.
Después de 10 años de reclamos en esta materia, con recursos de la CDI y del gobierno del estado se están perforando tres pozos para abastecer a más 30 colonias, cuya población es mayor de 30 mil personas, principalmente indígenas, que viven en pobreza extrema. Las obras, cuyo monto rebasa los 35 millones de pesos, son la respuesta que las autoridades de gobierno dieron después de una lucha de más de 10 años ante el problema del desabasto de agua potable que existe en la región, principalmente en los hogares indígenas.
La negativa de las familias jornaleras a desmovilizarse en el plantón realizado en días pasados hasta obtener la presencia de los representantes tanto de CESPE y de la CDI, así como del representante de gobierno en el municipio de Ensenada, culminó con una serie de acuerdos donde se ratifica que los beneficiarios directos de la perforación de estos pozos deberán ser las familias jornaleras indígenas. Las autoridades se comprometieron a reunirse de nuevo el 26 del presente mes por segunda ocasión para establecer entre las instancias de gobierno y los representantes de las colonias un plan de seguimiento a las diferentes demandas planteadas, que no sólo es garantizar la fuente de agua, sino su conducción hasta los hogares de los jornaleros.
Sin embargo el problema no se resuelve del todo; existen más de 80 colonias entre las delegaciones municipales de San Quintín, colonia Vicente Guerrero y Camalú que sufren desabasto permanente del recurso y cuyos integrantes laboran como mano de obra asalariada de las empresas que existen en la región. Seguramente ante el crecimiento anual de población, que rebasa 11 por ciento, se tendrá que buscar una solución en donde el estado tendrá que asumir que la prioridad es la población y en segundo los desarrolladores agrícolas, de lo contrario San Quintín se volverá un polvorín ante tanta injusticia social.
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