Los meses que faltan para las elecciones de julio serán decisivos para el futuro del país. Son muchos los retos que tenemos por delante los mexicanos, en todos los campos de actividades, el principal de los cuales será retomar el camino de la paz social y la gobernabilidad, ambos fuertemente ligados y determinantes para que la economía comience a descollar y se inicie un crecimiento real, hasta ahora inexistente en todo el sexenio, pues el promedio anual es menor a 2 por ciento, el más bajo de los últimos dieciocho años. Por ahora no se vislumbran soluciones, de ahí la posibilidad de que la situación de México empeore. ¿Cómo evitarlo?
En manos de Felipe Calderón está poderlo hacer, siempre y cuando quisiera desactivar su malhadada estrategia fallida de lucha contra el crimen organizado, y que en vez de espots plagados de mentiras y demagogia, impulsara políticas públicas de verdadero contenido social. Como esto es imposible, es de esperarse que la situación se agrave. Esto explica la preocupación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sobre los riesgos de que las cosas empeoren al cierre del sexenio, como así ha sucedido en otras administraciones.
El presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, le pidió a Calderón “que prepare una transición del poder ordenada y con estabilidad; que en ningún momento deje de haber conducción, coordinación y capacidad de respuesta a cualquier contingencia, de forma institucional y eficaz”. Tal preocupación debe compartirla la Casa Blanca en Washington, motivo por el que seguramente vino al Distrito Federal el director de la CIA, la semana pasada, a entrevistarse con el inquilino de Los Pinos.
Aun cuando pareciera que todo está bajo control, quienes tienen acceso a la información de lo que realmente sucede en la nación, como la agencia de seguridad estadounidense, saben que México vive momentos muy dramáticos, que estamos al borde de un estallido social, no sólo porque ha fallado rotundamente la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico, sino porque la economía está prendida de alfileres, que paulatina pero firmemente se han ido cayendo, como se advierte por los acontecimientos en torno a la sequía que vive la mitad del territorio nacional.
Es válido afirmar que el narcotráfico es una de las pocas actividades que muestra un crecimiento real, así lo patentizan las informaciones sobre los decomisos de enervantes, la clausura de laboratorios y que por más líderes y tropa de los cárteles que se capturan, la productividad no baja. El problema de fondo es que con la estrategia de Calderón, las autoridades perdieron el control del trasiego, no tienen forma de conocer los movimientos de tanta célula que se generó al combatir a los grandes cárteles. Sobre todo, porque se creó un gran cártel ajeno a todo tipo de reglas, que no conoce límites y que tiene como meta volverse hegemónico: los “zetas”.
La realidad se complica, porque este cártel es ajeno a los pueblos donde opera, cosa que no sucedía con las organizaciones históricas, las cuales tenían firmes compromisos con las comunidades, que los beneficiaban a ambos. La realidad es que tales comunidades no tenían problemas económicos, pues todos se los resolvía el jefe del cártel que operaba en esa zona. Eso se acabó, como lo patentiza la crisis generalizada de las regiones donde ha sido proverbial la economía ligada al narcotráfico, no de ahora sino de hace más de seis décadas. Por eso no había problemas sociales irresolubles, ni la violencia que inició Calderón con su “guerra”.
Por eso tiene razón el organismo Human Rights Watch (HRW), al puntualizar que “la estrategia actual no está funcionando”. Ante el fracaso de la administración de Calderón, el director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, demandó que el próximo gobierno mexicano cambie la estrategia, y se preguntó: “¿Está el Ejército en condiciones, preparado para seguir esta lucha? ¿O es una entidad que no se subordina a la autoridad civil? Mi opinión es esta última”.
Como en todo el sexenio Calderón no tuvo más plan de trabajo que salvaguardar los negocios de la oligarquía, ahora está actuando como “apagafuegos”, que necesariamente se han estado presentando en todos los ámbitos de la vida del país. El problema mayor es que al mismo tiempo sigue con su táctica de favorecer únicamente a la elite, como lo prueba su afán de que se aprobara la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que logró con la complicidad de los legisladores del PRI, y su inagotable interés en que sea aprobada la reforma laboral fascista, que legalizaría un sistema por demás injusto y antidemocrático, que en los hechos se está practicando, pero sin la contundencia que daría la nueva ley en la materia.
Por eso no hay margen para un razonable optimismo, en cuanto a la posibilidad de que la administración calderonista terminara sin la crisis generalizada de otros sexenios. Esta será la peor, lamentablemente.
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