Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La mercantilización de la educación superior ha alcanzado enormes y peligrosos niveles en el país. De la organización de algunos sistemas empresariales educativos se pasó a la proliferación sin ton ni son de medianos y pequeños negocios de lucro que ofrecen educación presencial, semipresencial y virtual, muchos de ellos sin contar con ninguna regulación ni evaluación de por medio, que han invadido el mercado sin ninguna regulación gubernamental y que para la sociedad son un verdadero fraude. En los últimos 20 años, el crecimiento de la matrícula incorporada a los negocios educativos ha sido de más del 400%, y éstos superan ya a las instituciones de educación pública, que se ha estancado y perdido vigencia.
Se trata de un fenómeno incontrolado por parte de las autoridades –a las cuales habrá que demandar una explicación pública al respecto– que está cobrando víctimas de forma masiva entre los jóvenes sin otra oportunidad educativa, y que tiene como consecuencia el engaño sobre lo que se estudia, los títulos que se obtienen, su validez en la sociedad y, sobre todo, el futuro profesional o técnico que se ofrece, que llega a ser un simple imaginario.
El gobierno de Felipe Calderón ha impulsado como ninguno este proceso de “macdonalización” de la educación y el lucro empresarial desmedido en el sistema educativo, en contra de una educación pública de calidad y buena para todos. Sus reformas en este sentido han sido constantes, pero una de las más recientes atenta contra la racionalidad y la cordura frente a las grandes desigualdades y procesos de desescolarización que padecen millones de niños y jóvenes. Parecería incluso que se trata de decisiones que no toman en cuenta lo que acontece en otras partes del mundo.
Las medidas que se impulsan en México para seguir mercantilizando la educación superior (como las anunciadas recientemente por Calderón, de becas-crédito para un grupo selecto de instituciones de educación superior privadas con intermediarios bancarios) han sido rechazadas, convertidas en demandas de movilización social y evaluadas durante décadas por organismos internacionales y nacionales como absolutamente negativas para poner en marcha fórmulas de reformas educativas y sociales afirmativas. Véanse los casos de Inglaterra, Puerto Rico, Colombia, España, Japón, Estados Unidos y el más emblemático y cercano de Chile, tan solo por mencionar algunos de los que están vivamente presentes.
Para este último caso, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, frente a las demostraciones que han sido una muestra del malestar social de los jóvenes ante la mercantilización de la educación media y superior en Chile, solicitó al doctor Vernor Muñoz, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación 2004-2010 (conocido en México por haber realizado una crítica severa de las relaciones de contubernio contrarias al desarrollo educativo en la SEP entre el PAN y el SNTE), realizar un estudio internacional respecto de las violaciones que se cometen en la educación como derecho humano cuando se define como un servicio negociable.
En dicho estudio, divulgado recientemente (noviembre de 2011), se concluye que las medidas de mercantilización educativa impulsadas desde la dictadura de Pinochet en Chile –idénticas a las que está promoviendo el gobierno federal mexicano– son en extremo negativas para la sociedad: a) porque no consideran a la educación como un derecho y son causales de la emergencia que vive Chile actualmente, debido a que las mismas no solucionan las asimetrías y disparidades sociales que han sido documentadas en materia de oportunidades educativas; b) porque hacen más importante el derecho del sostenedor educativo sobre su negocio, que la participación de los actores educativos en su educación; c) porque vuelven al Estado un ente meramente “subsidiario”, y c) porque este sistema, basado en la entrega directa de dinero a los sostenedores educacionales, “es perjudicial en tanto induce a la competencia entre escuelas para captar alumnos y alumnas y así cubrir sus gastos mes a mes” (página 63).
En los casos nacionales mencionados, las manifestaciones de rechazo han sido multitudinarias, como se puede comprobar desde finales del año pasado, y en Chile han puesto en jaque al gobierno de Piñera, que no ha podido dar una alternativa distinta a la empresarial y mercantil, con la perspectiva de garantizar una educación como un derecho social, público y humano.
Aquí tampoco se ha dado esta alternativa. El gobierno de Calderón está comprometido a hacer de la educación una vil mercancía, a las escuelas un negocio parecido al de la venta de hamburguesas, y a la SEP un sitio en donde se mueven intereses parecidos a las negociaciones bancarias y especulativas.
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