Desde hace un año, Blanca Velázquez denunció amenazas
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 23 ene 12 (CIMAC).- A un año de que Blanca Velázquez, directora del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), denunció penalmente amenazas de muerte en su contra por defender los derechos laborales de trabajadoras del estado de Puebla, su caso sigue impune debido a la “falta de voluntad política”.
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos (DH) señaló que además de la dilación en el acceso a la justicia, las autoridades locales y federales tampoco le han garantizado la reparación del daño, ni le han brindado medidas de protección efectivas.
Esta circunstancia, dijo Velázquez, coloca en riesgo a las y los integrantes del CAT, quienes continúan trabajando a favor de los derechos de las y los empleados de la industria automotriz y textil en Puebla y comunidades tlaxcaltecas.
La activista indicó que recientemente ella y su equipo fueron intimidados por hombres encapuchados, que servían como personal de seguridad de la empresa automotriz Johnson Controls.
De igual modo, la defensora de DH fue interceptada dos veces por un hombre que le preguntó si era Blanca Velázquez.
En las tres ocasiones, ella activó un teléfono especial –que tiene como parte de las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)–, para comunicarse con la policía en caso de emergencia, pero las autoridades “nunca llegaron”.
Cabe recordar que el 14 de enero de 2011, la directora del CAT recibió en su correo electrónico un mensaje con el encabezado de una nota periodística que decía “Secuestro de Digna Ochoa en 1999”, acompañado por un link que llevaba a otra noticia: “Asesinan a defensora de derechos humanos”, en la que describen el homicidio de Ochoa.
La amenaza de muerte fue denunciada ante el Ministerio Público (MP) de Puebla, como parte de la ampliación de averiguación previa que inició el CAT en agosto pasado por violencia física en contra de sus integrantes.
Otro antecedente, registrado también por el MP, fue el allanamiento de la oficina del CAT, en el que desconocidos robaron todo el equipo de cómputo, el cual incluía información de las y los trabajadores asesorados por este centro, además de cámaras fotográficas utilizadas para documentar las violaciones a los derechos laborales en la región.
Blanca Velázquez denunció que la intimidación se agravó hace dos años cuando el personal de Johnson Controls ganó la titularidad de su contrato colectivo, el cual pertenecía a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Las y los trabajadores ejercieron su derecho a la asociación sindical, luego de recibir capacitación acerca de sus derechos laborales en el CAT.
Por ello, la activista considera que las personas responsables de la violencia contra el centro están “coludidas” con gremios como la CROM y con transnacionales como Johnson Controls.
En este escenario, la directora del CAT demandó “que encuentren a los responsables; pedimos que se aclare quién allanó nuestras oficinas, quiénes robaron nuestros archivos fidedignos”. También pidió que se repare el daño y se garanticen medidas de protección eficaces.
Desde abril de 2011 estas peticiones han sido expresadas a funcionarios de la procuraduría del estado y de la Federación, las que sólo “han dado largas a nuestra demanda, argumentando que no hay presupuesto”. Esta situación refleja que “no hay voluntad política” para resolver el caso, insistió.
Pese a las condiciones de inseguridad, el CAT continuará este año con su labor a favor de los derechos laborales de las y los trabajadores en Puebla, “con herramientas propias de autocuidado y con el apoyo de grupos y organizaciones sindicales internacionales”, afirmó la activista.
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