Borrador del documento excluye medidas para respetar sus DH
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 25 ene 12 (CIMAC).- Además de llevar un retraso de más de dos meses en el plazo legal para publicar el reglamento de la nueva Ley de Migración, la Secretaría de Gobernación (Segob) no contempla en el proyecto del documento protocolos de atención para las migrantes, consideradas en riesgo por su condición de pobreza o violencia, lo que favorecería la trasgresión de sus Derechos Humanos (DH).
Nancy Pérez García, directora de la organización civil Sin Fronteras, advirtió que el reglamento debe garantizar atención adecuada para estas mujeres, cuyas características son compartidas por la mayoría de las migrantes que transitan por el país, mediante la definición de procedimientos que las autoridades deben llevar a cabo al detener a esta población.
Las mujeres representan entre el 10 y 30 por ciento de las 400 mil personas migrantes que cada año cruzan México rumbo a Estados Unidos. En 2010 ellas representaron el 14.2 por ciento de todas las detenciones en las estaciones migratorias, según datos oficiales.
La activista dijo a Cimacnoticias que no basta con que el documento mencione las características generales de las migrantes en riesgo; es preciso establecer quiénes deben atenderlas y de qué forma.
Establecer el proceso administrativo que las autoridades migratorias deben seguir es fundamental, para que identifiquen cuando una migrante es víctima del delito y determinen, con base en el bienestar de la mujer, si debe regresar a su país o regularizar su estancia en México.
FALTA DE CLARIDAD
La directora de Sin Fronteras refirió que en el documento no se desarrollan los procedimientos que deben seguir las autoridades migratorias y un “gran porcentaje (del articulado) sigue remitiendo a la ley”.
Nancy Pérez refirió que entre los lineamientos que no han sido desarrollados están los protocolos para realizar los operativos de detención, y los que deben seguir las autoridades migratorias para garantizar el acceso a la información y el derecho al debido proceso de las personas migrantes.
“En el articulado no se señala claramente el procedimiento administrativo migratorio: los derechos y deberes del migrante, y es importante definirlo porque cuando se niega el acceso a la información entendible para las migrantes, se inicia todo el proceso de violación a sus derechos”, mencionó.
El acceso a la información es el primer paso para que se garantice el debido proceso, pero también se les tiene que proporcionar un abogado, la posibilidad de integrar datos a su expediente en caso de que lo requieran, y el contacto con organizaciones si lo solicitan, abundó Pérez.
La adecuada redacción del reglamento “es una oportunidad de oro” para que el Estado mexicano corrija “la práctica histórica en el debido proceso y acceso a la información, porque ahí se cometen las violaciones que no permiten que las y los migrantes accedan a la justicia” en el país, argumentó.
Otro tema que la Segob debe aclarar es por qué “el tema de la visa de tránsito quedó tan cerrado”, ya que a pesar de que en la Ley de Migración se anunció como un trámite accesible para las y los migrantes en tránsito, los requisitos que establece el proyecto de reglamento son solvencia económica y que aseguren que volverán a su lugar de origen, “elementos que no puede comprobar la población que transita mayoritariamente por nuestro país”, apuntó.
Por las deficiencias contenidas en el “borrador” de reglamento, la directora de Sin Fronteras consideró que “no está listo para ser enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)”, instancia de revisión previa a su publicación. Antes, dijo, debe ser discutido con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes.
Para ello el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformado por diversas OSC, está en espera de que el nuevo subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Gustavo Mohar, los reciba “para reiniciar los trabajos” que fueron suspendidos por la falta de un mecanismo efectivo entre autoridades y sociedad civil para elaborar el reglamento.
El pasado 12 de enero el Grupo de Trabajo abandonó la mesa de diálogo con la Segob, y anunció que postergaría su participación hasta que se establezcan las condiciones para avanzar en la definición del documento, el cual debió publicarse el 21 de noviembre de 2011.
Nancy Pérez concluyó que las organizaciones permanecerán atentas al procedimiento, ya que el diseño adecuado del reglamento “permitiría una menor violación de Derechos Humanos de la población migrante, fortalecería al Instituto Nacional de Migración al tener claridad sobre su actuar, y evitaría la discrecionalidad de los funcionarios migratorios”.
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