8/27/2014

Gobierno mínimo y autoritario

Las reformas estructurales les dieron el poder y ahora son ellos los que mandan.

lasillarota

La impunidad con la que actúa el Grupo México ante el derrame tóxico del río Bacanuchi afluente del río Sonora es un ejemplo del gobierno pequeño que tenemos.  Ni el ecocidio que afecta a miles de personas y medio ambiente ha movido a las autoridades a tomar medidas drásticas y urgentes.

Más que representante de la sociedad el gobierno federal pareciera cómplice de ese grupo empresarial.  En otros tiempos se hubieran movilizado millares de militares y grupos de protección civil y usar todos los recursos al alcance para detener el agravamiento del problema; se hubiera cancelado la concesión minera y hasta puesto en la cárcel a los representantes empresariales por esa negligencia criminal.

Pero nada de eso pasa, por el contrario, Grupo México envalentonado ya dio el manotazo en la mesa gubernamental y hasta en voz alta le ha reclamado la intentona de aplicar sanciones económicas y penales en contra de ellos. Como diciéndole ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que represento a la sacrosanta inversión privada que da miles de empleos a los necesitados mexicanos? No te atrevas a tocarme.
Alega que no son residuos tóxicos o residuos peligrosos sino sulfato de cobre, materia prima de la producción de cobre lo que afectó los ríos de Sonora, aunque sea veneno lo derramado.  Que no se les puede castigar nada más porque sí.

Pero en este país no se puede tocar a los empresarios.  Las reformas estructurales les dieron el poder y ahora son ellos los que mandan.  Se les ha puesto el país en bandeja de plata y la legislación protege la inversión privada sobre las personas y la soberanía nacional.  Ellos quieren un gobierno mínimo para hacer lo que se les venga en gana.

Ya cínicamente David Goldwyn, ex coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales del Departamento de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica y vocero de  empresas petroleras norteamericanas celebra la iniciativa del gobierno de Enrique Peña Nieto “de movilizar a la policía para defender las inversiones”.

Para este vocero es indispensable aplicar un estado de sitio en torno a las empresas petroleras que lleguen a nuestro país. Él se pregunta: -¿Tendrán protección policiaca las petroleras? ¿Qué tan lejos se situarán las fuerzas del orden de los centros de explotación petrolera? ¿Se habilitaran zonas especiales en torno a ellas?
Exige se esclarezca “cómo van a ser recibidas las operadoras petroleras extranjeras en las diferentes regiones de México, especialmente entre los propietarios y colectivos de tierras”.  No quieren ningún contratiempo.

Quieren las petroleras extranjeras se proteja con toda la fuerza del Estado cualquier intentona que afecte sus intereses.  Sin embargo si ello ocurre será a costa de los derechos humanos de los campesinos y posesionarios de terrenos que se opongan  a esos proyectos.  La lógica será proteger con preeminencia al capital sobre las personas.

En tiempos de las reformas estructurales el derecho penal será el instrumento para contener cualquier protesta social que se oponga a los planes de inversión extranjera.  En las leyes recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión se prevé la aplicación no solo de multas sino de medidas coercitivas que incluyen el encarcelamiento para quienes se resistan a los desalojos de sus propiedades.

Los propietarios de los terrenos tendrán que desalojar, por las buenas o por las malas sus terrenos 30 días posteriores a que hayan recibido la “sugerencia” de una propuesta económica, no importa que no estén de acuerdo con el monto o la modalidad de la ocupación que hagan las empresas (compraventa, ocupación temporal o renta).

Las reformas estructurales derogan de facto el artículo 14 de la Constitución el cual dice que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Serán juicios sumarios vía administrativa, sin derecho a defensa judicial para alcanzar el desalojo de predios. Al ejecutivo federal se le faculta sustituir a los jueces como si fuera el rey del imperio y dueño absoluto de los bienes de sus súbditos para entregarlos a las empresas extranjeras a través de la figura de servidumbre cuando estas lo deseen.

En las reformas estructurales los grandes capitales y empresas transnacionales han logrado obtener para ellos un gobierno mínimo que no los moleste y para la población afectada enfrentar un gobierno autoritario.

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