Parejas, principales agresores de las mujeres
Julio
Guarteche, Eduardo Bonomi, Blanca Olivera Sampayo y Marisa Lindner en
la Torre Ejecutiva
En 2013 de las 51 mujeres asesinadas en Uruguay, 53 por ciento perdieron la vida en situaciones de violencia doméstica.
Las víctimas fueron 27, una cada 14 días. Si se suman los 12 intentos
de asesinato en el mismo año, cada nueve días se mató o intentó matar a
una mujer en situaciones de violencia doméstica.
Fuera de Montevideo, capital del país sudamericano, el departamento
(estado) de Rocha lleva la delantera, seguido por Florida y Tacuarembó.
El número de víctimas fatales se mantiene estable: 27 en 2012 y 26 en
2011. En el primer semestre de 2014 hubo en Uruguay un total de 138
homicidios.
El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en Uruguay, a
cargo del Ministerio del Interior (MI), informa que 18.8 por ciento de
ese total correspondieron a “violencia intrafamiliar y situaciones
conexas”, entendiendo por tales “situaciones de violencia intrafamiliar
en sentido estricto (es decir, todos los casos en los que entre el
autor y la víctima existían vínculos de parentesco o sentimentales),
así como situaciones en que eran rivales/competidores (por ejemplo
cuando la esposa de un hombre mata a la amante de éste o un hombre mata
a la amante de su esposa, etcétera)”.
Esto hace un total de 26 víctimas en seis meses, apenas una menos que
las resultantes de situaciones de rapiña y hurtos. Falta sumar las
tentativas de homicidio, todavía no oficialmente discriminadas por
motivo o “circunstancia precipitante”.
Los días más peligrosos para las mujeres parecen ser los sábados – en
2013 el 28 por ciento fueron asesinadas ese día de la semana–, y el
lugar el domicilio compartido (30 por ciento) y el de la víctima (28
por ciento), seguido por la vía pública (24 por ciento). En el
domicilio del autor solo se produjeron el 7 por ciento de las muertes.
Las armas blancas son la principal herramienta (43 por ciento),
seguidas por las de fuego (35 por ciento), lo que habla del nivel de
proliferación de armas en manos de particulares.
El 40 por ciento de los ofensores fueron parejas o ex parejas, 8 por
ciento otros familiares y personas conocidas, y sólo 16 por ciento
desconocidos. En 19 por ciento de los casos se carece de datos al
respecto.
Según la edad de las víctimas, el pico de agresiones se registra entre
los 21 y 40 años. En la mayoría de los casos (72 por ciento) no había
denuncias previas, sólo las había en un 24 por ciento, lo que indica
que el ya elevado número de denuncias es todavía insuficiente para la
dimensión del problema arraigado en el país.
ACCIONES
No obstante, hubo avances en las políticas públicas para abordar la
violencia intrafamiliar y de género, como la creación en 2012 de la
Oficina Nacional de Violencia Doméstica y de Género, dependiente de la
Policía Nacional. También habrá direcciones departamentales
dependientes de las respectivas jefaturas de policía.
La Ley 18.719, aprobada el 27 de diciembre de 2010, que determinó el
presupuesto nacional 2010-2015, en su artículo 235 autorizó a las
Jefaturas Departamentales de Policía del MI a “tomar los recaudos
necesarios para jerarquizar las Unidades Especializadas en Violencia
Doméstica (UEVD)”.
La directora de la División Políticas de Género del MI, Marisa Lindner,
recordó que la violencia doméstica y de género sigue siendo tema de
toda la policía, por lo cual se reglamentó la Ley 18.317 de
Procedimiento Policial, a través del Decreto 317/2010, que regula
aspectos esenciales de la respuesta adecuada a ese nivel, incluyendo
evaluación de riesgo en cada situación, coordinación con los órganos
judiciales competentes, y el control de las medidas cautelares.
En 2012 también se aprobó la Guía de Procedimiento Policial en
actuaciones en violencia doméstica y de género, que describe las
características de esa violencia, define los pasos que deberán cumplir
los efectivos e insiste en la comunicación y coordinación con la
justicia.
Por Resolución 5845/2012, el MI resolvió que “la gestión de todas las
informaciones de seguridad pública se deberán registrar y gestionar en
el sistema de Gestión de Seguridad Pública…” de esa cartera.
El artículo 7 de esta resolución dispone que “las informaciones
referidas a eventos y actuaciones en violencia doméstica, aunque sean
tipificadas como otros delitos, deberán ingresarse a la ficha
complementaria del módulo de violencia doméstica como delito asociado
sin excepción”.
La unificación de procedimientos en todo el territorio y la inclusión
de otros delitos como lesiones, violación de domicilio, daños en
bienes, etcétera, asegura que no se “filtren” hechos de violencia
doméstica bajo diversas denominaciones, de manera que la estadística
responda a la realidad.
A estas mejoras en los sistemas de registro –antes que al incremento
de la violencia de género– se atribuye el aumento del número de
denuncias por esta causa que en 2013 ascendieron a 20 mil 650 (68 por
día, una cada 21 minutos) y en los primeros seis meses del año en curso
ya suman 14 mil 65.
En 2012 fueron 19 mil 576, en 2011 13 mil 2. Comparando con 2005,
cuando se registraron 5 mil 612 denuncias, la progresión ascendente
casi las cuadriplica.
Otro aspecto del mejoramiento de la respuesta policial es la formación y capacitación del personal en la materia.
La Escuela Nacional de Policía cuya directora, Cristina Domínguez,
elaboró y publicó el documento “Propuestas para la incorporación de la
perspectiva de género, la salud sexual y reproductiva y la violencia
doméstica en la educación policial”, que propone transversalizar estas
perspectivas en toda la formación, tanto de personal subalterno como
superior.
Por Resolución 042/12 se creó en esa institución la Cátedra de Género y Seguridad Pública.
El uso de tecnología de verificación de presencia y localización de
personas en caso de riesgo en violencia doméstica, conocida como
“tobilleras” y destinada a la protección de las víctimas y a disuadir
conductas violentas de los agresores, se instrumentó en Montevideo en
2013 y recientemente se extendió al departamento de Canelones y Ciudad
del Plata, en el departamento de San José.
Consta de dispositivos tanto para el agresor como para la víctima y su aplicación debe ser ordenada por el juez competente.
Es monitoreada por el Área de Violencia de Género del Centro de Comando
Unificado de la Policía, con apoyo de la policía comunitaria, respuesta
de los patrulleros y respaldo de las UEVD y la seccional a la que le
corresponda intervenir en su caso.
El MI tiene que trabajar también hacia adentro, ya que entre sus efectivos se verifican situaciones de violencia doméstica.
El acoso sexual intrapolicial también es una realidad. En el marco de
la Ley 18.561 que regula la materia, por Decreto 40/13 se aprobó el
Protocolo de actuación ante esas situaciones entre funcionarios y
personal del MI.
Se capacitaron 191 policías en talleres nacionales y se creó una
Comisión Permanente dependiente del ministro de la cartera, que recibe
las denuncias y está dotada de abogados y psicólogos además de
oficiales investigadores.
| Foto retomada del suplemento La República de las Mujeres
Por: Isabel Villar
Cimacnoticias/La República de la Mujeres | Montevideo.-
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