No podemos permanecer neutrales
Nos colocamos del lado de quienes luchan en defensa de sus derechos. Es
parte de la construcción de relaciones sociales basadas en la
solidaridad. Nos oponemos al uso de la fuerza pública contra los
movimientos sociales. Consideramos que la protesta social ocurre cuando
se cierran otras vías legales para hacer valer las demandas. El derecho
de petición contemplado en la Constitución que no es respetado por los
de arriba. Es un derecho político a la libertad de expresión, de
manifestación y de organización. Derechos humanos, que son cada vez más
violentados por los dueños del poder y del dinero. No podemos
permanecer neutrales. Quien permanece impávido ante un abuso de poder
lo convalida.
La impotencia es un sentimiento que se genera cuando la
rabia acumulada por las injusticias no encuentra opciones de lucha. No
callar, no aceptar, no claudicar, es parte de la toma de conciencia de
que otro mundo es posible, donde la justicia se siente entre nosotras y
nosotros. Así lo entendemos, como parte de nuestra decisión de
comprender la irracionalidad del poder para construir una racionalidad
distinta. No las razones del dinero, ni de la fuerza del que no le
importan las razones.
No la razón del poder, sino el poder de la razón.
Cuando nos unimos y organizamos con objetivos claros y precisos,
podemos desarrollar estrategias y planes que nos coloquen en mejores
condiciones y circunstancias que las impuestas por el sistema
capitalista. No es fácil. No, en medio de la desinformación y
desorganización, así no es posible. Si lo es, cuando nos atrevemos a
luchar. Es cierto que los procesos sociales son de largo plazo. Nunca
los cambios han sido de un momento a otro. Por eso, nuestra
determinación de construir una fuerza organizada desde abajo, que tenga
la lucha por los derechos humanos como un objetivo estratégico. Es lo
que nos permite resistir y no claudicar. No al uso de la fuerza pública
para solucionar conflictos sociales en Morelos y en todo México.
Hace ya cuatro años se utilizó la Policía Federal Preventiva para
desalojar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y
cerrar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el organismo público que
daba empleo a 44 mil trabajadores que quedaron despedidos, a la vez que
se detuvo a los dirigentes sindicales y se les acusó de secuestrar a
funcionarios, hecho por los que compañeros como Marco Antonio García y
Héctor Salazar siguen firmando su libertad provisional y están sujetos
a proceso.
En San Salvador Atenco, en el estado de México,
fue utilizado el esquema de acusar a los dirigentes de secuestro y
permanecieron años en prisión, hasta que una fuerte campaña
internacional logró obtener su libertad. Actualmente son víctimas de
agresiones por grupos paramilitares y provocadores para imponerles el
mismo proyecto que ya fue derrotado, que consiste en construir un
aeropuerto y complejos urbanos en tierras de cultivo ubicadas en la
zona lacustre del lago de Texcoco que se ha ido desecando.
El
anuncio del gobierno de Enrique Peña Nieto de la creación del nuevo
grupo represivo de la Gendarmería con 5 mil elementos, para garantizar
los procesos productivos donde operan grupos criminales, sin precisar
los límites y controles sobre esta fuerza que puede ser utilizada
contra los movimientos sociales, y la militarización de 21 de los
municipios en Morelos, lejos de ser buenas señales para el pueblo,
significa mayor amenaza para la lucha social.
Las detenciones
de opositores al Plan Integral Morelos, que consiste en la construcción
de un Gasoducto, dos termoeléctricas y un acueducto, que daña los
derechos a la tierra y el territorio de comunidades indígenas de
Morelos, Puebla y Tlaxcala, asíc como la campaña de desprestigio a
opositores a la ampliación de la autopista en Tepoztlán, que afecta una
área densamente boscosa, así como el desalojo del campamento de 5
trabajadoras de la construcción luego de 9 días de permanecer en huelga
de hambre a las puertas de gobierno, y la detención de Luis Alejo
Rosales, del sindicato de la construcción, bajo el montaje de secuestro
en contra del Sub Secretario de Gobierno, son una muestra de esta
criminalización.
Por otra parte, a un año de la arbitraria
detención y traslado a un penal federal de Nestora Salgado, Comandanta
de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero recluida en el Centro
Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit exigimos la
liberación inmediata de la defensora, quien fue detenida en un
operativo mixto por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía
Estatal y la Policía Municipal el 21 de agosto de 2013.
Estos
casos se ubican en el contexto de la aprobación de diversas iniciativas
legislativas, a nivel federal, que giran en torno al ejercicio del
derecho a la protesta social y a la libertad de expresión. Estas leyes
más que proteger y ampliar, buscan inhibir y limitar derechos básicos
de las y los ciudadanos en una sociedad democrática, tales como la
libertad de expresión, protesta, reunión y asociación, por lo que
denunciamos el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta
social.
Encontramos sumamente preocupante el cerco a las
libertades democráticas construido desde el Estado para violentar
derechos en las calles, y ahora también en internet, así como las
acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la
censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas,
la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de
gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer
derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o
forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas
para delitos relacionados con concentraciones.
Este tipo de
legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los
derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la
protesta social en todas sus expresiones. Es el caso de las reformas al
Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley
reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión
de garantías.
Esta forma de cerrazón y autoritarismo político
es un pésimo mensaje para toda la clase trabajadora que está en pie de
lucha contra las políticas neoliberales y privatizadoras que el
gobierno lleva a cabo, por lo que exigimos que no se continúe
criminalizando la protesta social en el estado de Morelos y en todo
México.
(*) José Martínez Cruz y Marco Aurelio
Palma Apodaca, son integrantes de la Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Morelos, organismo no gubernamental que tiene 25 años de
llevar a cabo estas actividades.
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