9/03/2014

Contra el dispendio y la opacidad


En nuestro país más del 50 % de los estados no entregan información suficiente sobre su gasto en publicidad oficial.


Desde la reforma electoral 2007-2008 se prometió poner límites a la publicidad oficial, para evitar la utilización de recursos públicos para la promoción de funcionarios públicos y gobernadores; sin embargo, la omisión del Congreso obstruyó la posibilidad de contar con una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional para esos efectos.

La oportunidad para subsanar el escandaloso dispendio que hacen los políticos con nuestro dinero para promocionarse estaba ahora en la nueva regulación electoral que el Congreso realizó en este año, pero no fue así. Mientras el artículo 134 de la Constitución prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en su artículo 242 párrafo 5 establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe, pero no establece lineamientos concretos para evitar la promoción personalizada, este vacío jurídico es aprovechado por la clase política que año con año gasta miles de millones de pesos en propaganda personalizada tomando como pretexto los informes de gobierno.

Los informes son un mecanismo para que los gobernantes, funcionarios y legisladores rindan cuentas de su gestión, así como transparentar el ejercicio de su función pública, pero en lugar de eso los políticos los utilizan para inundarnos de propaganda  través de todos los medios posibles, el dispendio para esos promocionales se ha conformado en un abuso y una violación directa a la Constitución.

Es por eso que varios ciudadanos decidimos acompañar la iniciativa de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C., para ampararnos en contra de esta práctica, y solicitar ante las instancias judiciales la suspensión de la publicidad con promoción personalizada de Enrique Peña Nieto porque viola el derecho a la información, además de ser una práctica que vulnera la calidad del debate democrático.

En nuestro país más del 50 por ciento de los estados no entregan información suficiente sobre su gasto en publicidad oficial, tan sólo en este año la administración federal ha reportado un gasto cercano a los 5 mil millones de pesos, esto es la mitad de los recursos que se necesitan para construir los 57 mil kilómetros de fibra óptica para que la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad para que la mayor parte de la población tenga acceso a la banda ancha, de acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura.

Si además sumamos a esta cifra el gasto que no reportan estados y municipios, estamos hablando de ingentes cantidades de dinero para promover carreras políticas con dinero, que sale directamente de nuestro bolsillo, lo cual no solamente es inconstitucional sino también inmoral.

Tocará ahora al Poder Judicial resolver sobre este amparo colectivo, si usted como ciudadano también se siente agraviado por el excesivo gasto en publicidad judicial también puede unirse a este amparo, toda la información la puede encontrar en www.fundar.org.mx

Opacidad también en el sistema público de radiodifusión

Junto con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión también se aprobó la ley del denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro.

Sin embargo, hasta el momento aún no hay claridad respecto de lo que será este sistema, si sólo será una cadena nacional de televisión pública o también tendrá una cadena nacional de radio, hasta ahora lo único que se ha concretado es el traspaso de la infraestructura del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales a este nuevo Sistema, como sociedad deberíamos de contar con la suficiente información sobre el diseño institucional de este sistema, pues al ser de naturaleza pública debiera de manejarse con toda la transparencia que requiere un proyecto de esta dimensión y que se supone sería el contrapeso y la alternativa con la que contaríamos los ciudadanos ante el cuasi monopolio de la opinión pública que tienen las televisoras comerciales, pero no es así.

De acuerdo a los transitorios 26 y 28 de la ley tanto el Presidente del Sistema como la conformación Consejo Ciudadano (integrado por nueve ciudadanos) deberán nombrarse por dos terceras partes del Senado después de 60 días naturales a la entrada vigor de la ley. En el caso del primero el Presidente tendrá que mandar su propuesta al Congreso, mientras para el segundo debiera de hacerse una amplia convocatoria pública, sin que hasta el momento sepamos tampoco nada de ella.

El asunto no es menor pues tres ciudadanos de dicho Consejo formarán parte de la Junta de gobierno, instancia donde se definirán las políticas editoriales y el funcionamiento del sistema, y aunque tendrán desventaja por la sobrerepresentación de funcionarios de gobierno, su presencia puede ser un importante contrapeso para evitar que la cadena nacional de televisión pública sea la vocería oficial del gobierno en turno.
¿Habrá Controversia IFT?

Este 10 de septiembre vence la fecha para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda interponer una controversia constitucional por invasión de sus facultades aprobadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así que quedan pocos días para saber si ese órgano regulador con autonomía constitucional defiende lo que la Carta Magna le dio y la ley le quitó, especialmente en lo que se refiere a su facultad para regular los mercados y la competencia económica. En pocas palabras quedan pocos días para saber de que esta hecho el IFT.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario