9/04/2014

Los periodistas pal café . .



El andamiaje retóricamente lustroso del reformismo peñista tiene un archisabido lado oscuro, el de las fundadas sospechas del muy rústico enjuague ganancioso, tema éste que no ha merecido del laborioso anunciante de proyectos e inversiones multimillonarias, Enrique Peña Nieto, más que placebos propagandísticos, sin constituirse aún la comisión nacional contra la corrupción a pesar de que fue una de las promesas de su campaña presidencial, suscrita ante notario público (¡Te la firmo y te la incumplo!) en Guadalajara, el 30 de marzo de 2012.
Además de las abundantes razones históricas y prácticas para temer que los grandes negocios impulsados por la actual administración sean pasados por las aduanas de las comisiones, los porcentajes y otras formas de alegre salpicadura de recursos entre políticos y empresarios que al final de estos procesos suelen quedar con intereses y acciones entreveradas, hay indicios preocupantes de que las famosas reformas estructurales fueron aprobadas merced a múltiples procesos de compra de voluntades políticas de legisladores en lo individual, de aparatos partidistas de control legislativo y de directivas partidistas en sí. Bonos especiales, moches, fiestas con premio sexual, cargos en la estructura del Congreso (o, como en el caso de Raúl Cervantes, la descarada oferta de hacerlo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presidiría), presidencias de mesas directivas, espacios amables en los medios de comunicación aliados, y mucho dinero en efectivo.
Ayer estalló un escándalo entre senadores panistas que abunda en esa hipótesis de la fabricación corrupta de reformas corruptas que darán lugar a grandísimos negocios corruptos. El colimense Jorge Luis Preciado, conocido por su pragmatismo (usó un área del Senado para celebrar el cumpleaños de su esposa con música y bebida, y ahora construye un castillo con fines hoteleros en su estado natal), fue acusado por el jalisciense José María Martínez de haberle ofrecido medio millón de pesos para que aprobara alguna de las reformas que ahora Peña Nieto proclama casi como creaciones divinas, sin mácula de debilidad humana.
Chema Martínez es un pío panista que ha ganado fama al presidir una peculiar comisión sobre asuntos familiares y desarrollo humano que ha pretendido convertir en instrumento ultraderechista para impugnar los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Es un cruzado que teóricamente debería estar reñido con la mentira. El acusado, en cambio, es un personaje que impuso Gustavo Madero en sustitución de Ernesto Cordero para contar con un peón manejable, aguantador, sin compromiso militante con la veracidad o la higiene políticas. Otro senador, Martín Orozco (acusado de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público desde 2007, cuando presidía el municipio de Aguascalientes, litigio que ha ido librando fuera de las rejas gracias a los cargos legislativos que ha ido teniendo), también acusó a Preciado de haberlo invitado a una fiesta con acompañantes de pago, al estilo de lo sucedido en Puerto Vallarta.
Comprar votos y voluntades en el Poder Legislativo federal para aprobar ciertos asuntos significaría que el máximo poder organizador de esas subastas esperase obtener altas ganancias de esos resultados. Son muy altas las probabilidades de corrupción en el negocio del siglo, el de los energéticos, donde Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya hacen heroicos esfuerzos declarativos (pero sólo declarativos) por negar que tan apetitoso pastel trasnacional y transexenal pudiese derivar en hechos de deshonestidad. Pero ni siquiera funciona la de por sí inservible Secretaría de la Función Pública, desguazada desde el arranque del peñismo según eso para dar paso a la comisión nacional anticorrupción que nomás no ha podido sacar adelante Los Pinos, a pesar de que muchas otras faenas aparentemente imposibles se cumplieron a tambor batiente.
En ese tufo generalizado de que el gobierno y las élites económicas se van repartiendo rebanadas de pastel, aparece el yerno de Carlos Slim como ganador del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. El arquitecto Fernando Romero, casado con una hija del hombre que está en la cima de los más ricos del mundo, participó en la propuesta de la mano de una celebridad, el británico Norman Foster. A fin de cuentas, lo importante para el negocio crudo no es el diseño, sino la asignación de los contratos de construcción, mismos que se llevarán unos 120 mil millones de pesos. No será una sola firma la que se quede con todo el pastel, pero habrá que ver si en los reacomodos de élite, en las compensaciones por golpecitos ‘‘antimonopólicos’’, en el mismo proceso de enriquecimiento al estilo salinista de Telmex, nuevamente está Carlos Slim en la ruta de los grandes negocios asignados por razones políticas y sin verdadera transparencia.
Frente a la magnificencia aeroportuaria que ayer mismo salió a detallar el lic. Peña Nieto (con su personalísima pieza de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, probado desde el estado de México en cuanto a asignaciones de contratos y demás) se ha vuelto a alzar un machete que no se ha oxidado, el de los pobladores de San Salvador Atenco que ayer mismo realizaron una toma simbólica de la maquinaria que ya está en actividad en los mismos terrenos donde los sueños de grandeza de Vicente Fox comenzaron a estrellarse.
Además de la poca transparencia real en cuanto a los procesos de asignación del negocio del aeropuerto, y el nuevo tropiezo con la piedra histórica de la resistencia en Atenco, hay voces que impugnan la viabilidad técnica del uso de esos suelos. Pero el peñismo va o cree ir con banderas desplegadas, imparable, envuelto en la bandera de la retórica y su sometida reproducción en la mayoría de los medios de comunicación, convencido de que está moviendo a México y no jodiéndolo como otros creen. Y, mientras llega a México La fiesta de la insignificancia, la nueva novela de Milan Kundera, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero



Foto
Sólo una vez mencionó la palabra ‘‘corrupción’’ el presidente Peña Nieto en su mensaje de casi dos horas de duración; en cambio, la palabra ‘‘reformas’’ la repitió 46 veces. ¿Podría ser una buena señal? ¿Ha disminuido tanto la corrupción en sus casi dos años de gobierno que sólo merece una referencia? La respuesta –desagradable– la tiene el Índice Global de Competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Y, por supuesto, los ciudadanos. México cayó seis lugares y ahora se ubica en el número 61 de una lista de 145 países.
El foro mide la competitividad tomando en cuenta tres factores: instituciones –en lo que México salió muy mal librado–, infraestructura y ambiente macroeconómico. A pesar de haberse concretado las reformas estructurales entre 2013 y 2014, no se ha visto su instrumentación, dice. El foro utiliza una escala de 1 a 7 en sus calificaciones, en la que el 7 es la mejor. Nuestro país salió muy mal parado en ‘‘ética y corrupción’’, con 2.7; confianza pública en los políticos, 2.2; pagos irregulares y sobornos en la licitación de contratos públicos, 2.5; despilfarro y gasto del gobierno, 2.6, y en crimen organizado, 2.7. El top 10 de los países mejor calificados aparece en la gráfica. Los que están en los primeros lugares recibieron más de 5 puntos.
Aeropuerto
Todavía no colocan la primera piedra y ya hay nubarrones presagiando tormenta sobre lo que será el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero –ganadores del proyecto– expusieron al presidente Peña Nieto su diseño, que contempla –en su primera fase– tres pistas de aterrizaje de operación simultánea y capacidad para 50 millones de pasajeros al año. El financiamiento tendrá dos fuentes: 98 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación y 71 mil millones provendrán del sector privado por medio de créditos bancarios y emisiones de bonos. Manuel Ángel Núñez Soto, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, hizo hincapié en que las nuevas instalaciones se construirán en terrenos del gobierno federal y no afectarán a los vecinos. Pero los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco aseguran que el proyecto sí constituye una invasión del gobierno a sus tierras. Ignacio del Valle Medina, líder del frente, afirma que las defenderán con su vida y que comienza ‘‘una nueva etapa de resistencia’’ que arrancó en 2001 –cuando Vicente Fox era presidente– y llegó a su momento más crítico en 2006, con Peña Nieto como gobernador del estado de México. Por otra parte, diputados locales panistas del estado de Hidalgo, encabezados por Juan Robles Acosta, están demandando al Presidente que pague a dicho estado los recursos con los que se compraron los terrenos para construir el aeropuerto en Tizayuca, que finalmente no se utilizarán. ‘‘Se exhorta al presidente Enrique Peña Nieto para que pague la deuda’’, dijo el legislador, y agregó que el mandatario incumplió de esta manera con un compromiso de campaña hecho en Hidalgo, “lo que denigra la imagen de los políticos, pues cada vez menos personas creen en nosotros precisamente porque se hacen promesas que no se cumplen’’.
Preparándose para la apertura
La compañía proveedora de servicios petroleros Grupo Diavaz planea vender acciones o bonos de deuda en la bolsa por primera vez, con miras a la apertura del sector energético al capital privado. Grupo Diavaz ha trabajado de cerca con Pemex, Petrobras y China Petroleum en campos mexicanos, y planea debutar en bolsa el año que viene, de acuerdo con su presidente, Luis Vázquez Sentíes.
‘‘Vamos a tener que estar preparados para un aumento en el requerimiento de financiamiento’’, dijo. ‘‘La primera posibilidad que vemos es una oferta pública o una oferta de bonos. Estamos analizando cuál sería la mejor opción para continuar creciendo mientras el mercado se va abriendo’’.



Con eso de que México se atrevió a cambiar, pues que le cambia el nombre al programa electorero por excelencia, inaugurado 26 años atrás, mismo que en ese largo periodo no ha reducido la proporción de pobres en el país pero sí incrementado, como parte de la política económica, el número de connacionales en tan lamentable condición.
Como el actual inquilino de Los Pinos no tenía nada concreto de qué informar en su segundo día de la victoria, pues simplemente enumeró, una vez más, las promesas que repite desde los tiempos de su campaña electoral y reiterar su oferta de un futuro venturoso para mucho después de que él concluya su estancia en la residencia oficial.
Con 26 años de ejercicio, más de 61 millones de pobres en el inventario (50 por ciento más con respecto al número reconocido el día de su creación), cientos de miles de millones de pesos oficialmente destinados al combate de la pobreza, muchísimos votos captados con este anzuelo y un titipuchal de promesas igual de acumuladas que de incumplidas, de nueva cuenta le cambian el nombre al programa destinado a combatir la pobreza. Dicho anuncio y el proyecto de un nuevo aeropuerto en la ciudad de México fueron las únicas novedades del segundo Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Resulta que Enrique Peña Nieto descubrió el hilo negro: la proporción de mexicanos en pobreza es prácticamente la misma desde hace tres décadas, y las limitaciones del programa Oportunidades son cada día más evidentes, de tal suerte que, dijo, es necesario encontrar nuevas alternativas, más eficaces, contra la pobreza”.
Y la primera que encontró –y, se supone, la más eficaz– fue cambiar el nombre: desaparece Oportunidades y nace Prospera, es decir, la misma gata pero con nuevo pelambre encopetado, mediante el cual (ahora sí, se los juro) se combatirá la pobreza, por mucho que en los últimos 26 años la proporción de mexicanos en tal situación no se ha modificado, con todo y la carretada de dinero que, oficialmente, se ha destinado a tal fin.
Pues bien, la madre es la misma (la política económica neoliberal), pero a lo largo de 26 años ha sido el padre quien ha cambiado de nombre, aunque no de mañas: el programa original lo puso en marcha Carlos Salinas de Gortari (2 de diciembre de 1988) y cariñosamente lo bautizó Solidaridad, por ser ésta, según dijo, el balance moral de la modernización. En ese entonces, el número de mexicanos pobres (oficialmente reconocido) rondaba los 40 millones, volumen que en 1994 se había incrementado a 47 millones, con un balance moral verdaderamente desastroso.
Accidentalmente llegó Ernesto Zedillo a la residencia oficial, y Solidaridad cambio de nombre. En 1997, quien prometió bienestar para la familia (revolucionaria y modernizadora) lo denominó Progresa porque, decía el susodicho, si no queremos que en el curso del siglo XXI haya más mexicanos atrapados en ese círculo vicioso de la pobreza extrema, debemos actuar ahora con programas que realmente corrijan atrasos y que efectivamente resuelvan carencias; con programas alejados de todo protagonismo y ajenos a toda forma de paternalismo y clientelismo.
Proporcionalmente, el sexenio zedillista arrancó con 52.4 por ciento de los mexicanos en tan precaria condición y lo concluyó con 53.6 por ciento. Así, el número de mexicanos en pobreza (cifra oficial) pasó de 47 millones a 50.5 millones, y el susodicho se fue a trabajar a las trasnacionales que tanto benefició durante su estancia en Los Pinos.



Los meses antes de que comience el proceso electoral para renovar el gobierno del estado y los 81 ayuntamientos, el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se ha convertido en centro de una serie de cuestionamientos por el asesinato, hace cinco años, de quien fuera coordinador de la comisión de gobierno del Congreso local y aspirante a sucederlo en el cargo, Armando Chavarría Barrera.
La filtración periodística de una declaración ministerial –hasta ahora no reconocida ni negada como tal por la procuraduría– del ex comandante policiaco Trinidad Zamora Rojo, asesinado y hecho pedazos después de presentarla, en la que señala a Torreblanca y al ex titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón, como los autores intelectuales del crimen, pareció hacer tambalear la figura del ex mandatario.



No era falta de deseo, sino pudor. Habría sido más rápido y fluido el tránsito de las miradas intensas y de los primeros contactos dérmicos al despojarse de las primeras prendas, pero ella se encontraba en mitad de ese momento en que el endometrio se colapsa y se convierte en una lluvia lenta y roja que muchas mujeres y más hombres tienen por repulsiva. Tanto, que ha sido imputada desde tiempos inmemoriales por la gestación de fenómenos funestos, culpada de naufragios, asociada a resultados culinarios indeseables. Ella no se hizo ese recuento histórico; simplemente sentía vergüenza de compartir con su amante nuevo esos flujos opacos y dijo hasta aquí cuando la desnudez le llegó a la cintura. Pero su propio deseo, mezclado con la ternura de él, la llevó a no resistirse ante los nuevos avances sobre su cuerpo. Cuando ya sólo tenía encima una prenda de ropa interior y la compresa que guardaba los desechos de su fertilidad, fue más tajante:



Ayer, al presentar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo diseño corrió a cargo de los arquitectos Servando Romero y Norman Foster, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se trata de un proyecto de carácter transexenal, que atenderá, una vez concluido, a 120 millones de pasajeros, y que se desarrollará con pleno respeto a los derechos de los habitantes de las colonias y comunidades colindantes. Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el aeropuerto estará ubicado en una superficie de 4 mil 500 hectáreas, a su vez localizadas en una extensión de 12 mil 500 hectáreas de zona federal, por lo que no se harán expropiaciones de tierra.

Ni grúas ni inmovilizadores en el Zócalo
El Zócalo a menudo es resguardado por elementos de seguridad pública capitalina para impedir que ciudadanos a pie lleguen a ese lugar a manifestarse. Ayer, la principal plaza cívica del país fue usada como estacionamiento público sin que nadie lo impidiera. ¿Dónde estaban las grúas, los inmovilizadores, los agentes de tránsito para sancionarlos? Brillaron por su ausencia o tal vez sirvieron de viene viene. Ya no lo van a volver a hacer, dice el gobierno federal. Al menos una vez lo hicieron, mostrando que la ley se aplica selectivamente.

El 28 de agosto es y será histórico para la democracia y la libertad sindical, así como para la clase trabajadora de México y del mundo. Ese día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cuarto tribunal colegiado en materia penal, resolvió por unanimidad de votos y de manera transparente y absoluta, cancelar en forma definitiva la última ilegal acusación que existía en contra de mi persona y otro miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Mineros.

Grave, pero cierto. La maquinaria estatal con que los finqueros guatemaltecos reprimieron las luchas populares y la resistencia armada en los años 80, produciendo uno de los más feroces genocidios en los tiempos recientes, sigue existiendo y se encuentra muy activa. Es más, en tiempos de discursos democráticos y multiculturales, como los actuales, ha desarrollado nuevas formas de violencia física y moral contra quienes defienden sus derechos y denuncian a las grandes empresas que atentan contra sus vidas y las de sus comunidades. El trasfondo de estas prácticas, como sucede en toda América Latina, es la actividad extractivista de empresas con grandes capitales trasnacionales, a quienes lo único que les interesa es amasar grandes riquezas en el menor tiempo posible. Despojar de su patrimonio a las comunidades es la mejor forma que han encontrado para lograr sus propósitos, y cuando sus integrantes se defienden los criminalizan, no importa que sean mujeres.

Con el desplegado a toda plana publicado este primero de septiembre en varios diarios de alcance nacional, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, Grupo México intenta esconder la magnitud de sus errores y justificar las pobres y erráticas acciones que ha emprendido para remediar el ecocidio con el que hundió a los pueblos y municipios del río Sonora. Se ha disfrazado con piel de cordero, pero no engaña a nadie, a pesar de que ilusamente al desastre lo llama accidente y casi implora al Presidente que no se le dé un trato discriminatorio a la empresa frente a otros eventos similares. En Sonora el comunicado se da a conocer en el contexto de la intervención a la minera por parte del Ministerio Público apoyado por la PGR, y la clausura de algunos departamentos de la misma. No pasará mucho tiempo para que atestigüemos si se trata de una acción que fincará acusaciones efectivas ante los delitos del consorcio, o si se trata de una faramalla más de las que utiliza el régimen para que luego todo quede igual. Hay aquí también una polémica respecto a qué hacer con el consorcio y si es posible que las sanciones lleguen hasta la cancelación de la concesión. Es este el punto en el que los sonorenses se juegan mucho de su futuro ecológico y social.

Dicen que ya no existe el día del Presidente, como sí lo hubo en tiempos del viejo presidencialismo revolucionario, pero lo que ahora hay tampoco es un acto democrático en el cual el mandatario rinda cuentas. Es inconcebible que mientras se ensalza como un logro pluralista la presencia de la oposición de izquierda en la presidencia del Congreso, el Ejecutivo se limite a entregar por escrito el informe a la nación, sin dialogar en momento alguno con el Poder Legislativo, momento cumbre de todas las democracias avanzadas. Aquí el tabú, protector como todo tabú, de la fruta prohibida, persiste e impide ver la naturaleza del cambio.

Disminuir la representación proporcional en el Congreso de la Unión, acción propuesta por la dirección del PRI, es aprovecharse del sentimiento generalizado en contra de diputados y senadores por su triste papel en el deseable contrapeso al Poder Ejecutivo. Digo aprovecharse pues la finalidad de dicha propuesta es garantizarle al PRI y al Presidente de la República un camino menos empedrado para hacer del país lo que les da la gana.

El arrasamiento de la Venezuela bolivariana y chavista constituye el objetivo central de la contraofensiva yanqui contra los gobiernos antineoliberales latino-caribeños. El derrocamiento del presidente Maduro exigiría el desencadenamiento de un gigantesco baño de sangre contra el pueblo que no se va a dejar arrebatar las conquistas sociales, económicas, educacionales y culturales logradas en los últimos 15 años.

Fue imperdonable la liviandad, codicia y el profundo desprecio por la salud, seguridad y bienestar de la población mexicana, de quienes, a contracorriente del mundo, desde Los Pinos y el Congreso, le recetaron a la nación, por la vía rápida, el fracking o frack, que perfora la roca con enorme presión y volumen de agua mezclada con elementos de alta toxicidad. Por sus nocivos efectos en salud, flora, fauna, medio ambiente y atmósfera, recibe creciente rechazo y veto global: en Estados Unidos 418 localidades, entre ciudades, condados, municipios, etcétera, la rechazan y/o prohiben.

39 Festival Internacional de Cine de Toronto
Foto
Fila para comprar boletos para el encuentro fílmico, que comenzará este jueves Foto Reuters
John Saxe-Fernández
Leonardo García Tsao

No hay comentarios.:

Publicar un comentario