Hegemón

Manuel Bartlett

Peña Nieto avanza imponiendo medidas serviles al proyecto geopolítico de EU de integración del territorio nacional a los intereses norteamericanos. Simultáneamente expulsan a millones de mexicanos de manera brutal, separando familias, secuestrando a sus hijos nacidos en EU, sin protección de nuestro gobierno.

 

Crecientes sectores de nuestra estructura política, se abren a la intromisión de autoridades norteamericanas para operar en México, paulatino sometimiento a la potencia hegemónica. Recordemos el proyecto adelantado por la Woodrow Wilson de establecer aquí un organismo tripartita —EU/Canadá/México— con preponderancia de la Homeland Security para establecer un mercado energético único en ese territorio, incluido el nuestro, que denominan “Norteamérica”, bajo su férula. El organismo homogenizará a toda la industria energética por encima de fronteras, con énfasis en la seguridad. La presencia de la Homeland Security en la “seguridad” de toda la industria petrolera y eléctrica en México, que pasará a manos de las transnacionales, por la Reforma Energética, dará pie a que el sector energético en México sea asumido por EU como de “seguridad nacional” suya y estará in situ su aterradora Secretaria de Seguridad para su protección directa. Dicho organismo “tripartita” tomaría decisiones fuera del Congreso y demás instituciones. 

Dos ejemplos más, la aprobación en el Senado de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Hidrocarburos y las Reformas y Adiciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Ambos instrumentos impulsados por Peña Nieto, ocultan dolosamente que obedecen a exigencias externas; serán aprobados en el Congreso de la Unión, cómplice del ocultamiento doloso. La Ley para Sancionar Delitos en Hidrocarburos fue presentada como instrumento contra la ordeña de ductos; sin embargo, en realidad establece un régimen penal especial para toda la industria petrolera, incrementando penas, incorporando delitos, como el terrorismo, que no conocemos y ello sí, falsamente atribuido para proteger a Pemex, cuando se destina a proteger a las transnacionales, otra dócil respuesta a exigencias externas. Este régimen especial amenaza intereses comunitarios y sociales mexicanos inconformes con afectaciones inminentes a sus propiedades. 

La Iniciativa de Peña sobre la Ley de Armas de Fuego y Explosivos se presentó con una larga descripción de reformas administrativas aduanales y migratorias que establecerán instalaciones con participación de funcionarios extranjeros en México; y que, sin mayor argumento, afirman que requieren “condiciones idóneas”, entendiendo por “idóneo” que agentes extranjeros porten armas de fuego en instalaciones que no están definidas en ninguna ley, pero estarán en todo el territorio nacional. Independientemente de que estos mecanismos aduaneros y migratorios no existen en las Leyes respectivas, no tienen porque estar en una Ley de Armas de Fuego, que sólo sirven de parapeto para que, sin la menor explicación del porqué, deban portar armas de fuego agentes extranjeros en el territorio nacional. Peligra nuestra soberanía. 

Las reformas administrativas citadas se sustentan en un simple acuerdo con Estados Unidos, no referido, suscrito por Videgaray y Jeh Johnson, prolijo en menciones a la existencia de amenazas para el comercio bilateral, de organizaciones delictivas trasnacionales y peligro de terrorismo, por lo que “conviene fortalecer la cadena de logística comercial para nuestra seguridad” y “forma de vivir”, traducción del American Way of Life que ya nos van enjaretando. En el Acuerdo no existe ninguna mención a la portación de armas de fuego por agentes extranjeros.

Este proyecto de Peña, entregar México a EU, se disimula, no se discute en el Congreso lo que debería ser un asunto fundamental de interés nacional, se impide que los mexicanos cobren consciencia del avance de la pérdida no sólo del Estado, sino incluso, de nuestro territorio nacional. Defendamos a México.

Senador de la República