4/07/2015

Gobierno mexicano tiene medios pero no voluntad contra desaparición forzada: Newsweek


    



(07 de abril, 2015).- Por más que diversas instancias del gobierno de México traten de negar, refutar y ofender a los comentarios sobre desaparición forzada, que dio el relator de la ONU Juan Méndez, es un hecho que es un problema de seguridad sumamente grave, si bien es cierto que la atrocidad cometida en Ayotzinapa dio a conocer de mayor manera este delito no todo se queda en Guerrero.

Jan-Albert Hootsen, de Newsweek, ha escrito un reportaje acerca de un acto terrible de desaparición forzada, acaecido hace dos años en Veracruz, del cual aún hoy no se sabe absolutamente nada. Los mexicanos están cansados de la impunidad y abuso y hoy en día, lamentablemente, México está posicionado a nivel mundial pero por su corrupción, inseguridad y violencia.

Ricardo Illescas Ramírez tenía sed. Era agosto de 2013, y el joven de  25 años de edad, vendedor de ropa, estaba en Nuevo Potrero, en la costa este del Golfo de México, en el estado de Veracruz. Él había llegado más temprano para reunirse con los compradores  y, cuando terminó el día, Ramírez fue a un bar destartalado cerca del centro de la ciudad.

Poco después de que él entró, dicen los testigos, un grupo de hombres con uniformes de policía irrumpió por la puerta, arrastrando a Ramírez y a otros fuera del lugar, los metieron en las patrullas se retiraron. Testigos reportaron incidentes similares ese día en un parque y parada de camiones cerca. En total 20 personas desaparecieron aquella jornada. Ninguno de ellos se ha vuelto a ver o a saber algo de su persona.

Desaparecer sin dejar rastro no es extraño en América Latina. Entre 1974 y 1982 al menos 10.000 argentinos desaparecieron durante la dictadura militar de ese país. En Guatemala se estima que 70.000 personas murieron o desaparecieron en 1982 y 1983 durante el gobierno del dictador Efraín Ríos Montt. México, por supuesto, está lejos de ser un estado policial despótico pero, en los últimos seis meses, el tema de la desaparición forzada ha enturbiado el país a causa de la relación incestuosa entre la policía mexicana y sus principales adversarias; viciosas y poderosas bandas de narcotraficantes del país. A medida que la indignación se ha intensificado Enrique Peña Nieto se ha comprometido a restaurar la ley y el orden y brindar explicaciones a las familias de los que han desaparecido.

Sin embargo los críticos dicen que el gobierno tiene poco que mostrar. Dieciocho meses después de que esas 20 personas desaparecieron, las familias de las víctimas aún no saben quién los secuestró ni por qué. Más importante aún; no saben si están vivos o muertos. “Todavía no tenemos respuestas”, dice Rosa María Ramírez Rojas, de 48 años, madre de Ramírez. “Nadie nos puede decir nada”.

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