Plazo de 6 meses para que se cumplan o se declarará AVG
En
el estado de Michoacán “existe un contexto complejo en el que las
circunstancias de inseguridad por las que atraviesa su territorio
contribuyen a generar condiciones que propician la producción y
reproducción de la violencia contra las mujeres”, concluyó el Grupo de
Trabajo que investigó la violencia feminicida en la entidad.
Ayer, a más de un mes de que el Grupo de Trabajo entregó su informe
final, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) difundieron nueve recomendaciones que el Grupo de Trabajo
hizo al gobierno del estado, y que deberán cumplirse a más tardar en
seis meses o de lo contrario se declarará la Alerta de Violencia de
Género (AVG).
En diciembre de 2014 la organización civil Humanas sin Violencia
presentó la solicitud de AVG para Michoacán, en la que denunció que
“existe un fenómeno de violencia generalizado en la entidad, así como
una falla sistémica en la procuración de justicia, que se dan en un
contexto de violencia normalizada, caracterizada por actos de
brutalidad, impunidad e ingobernabilidad”.
En la petición se señaló que esa situación se pone de relieve con el
aumento del feminicidio en la entidad, particularmente en los casos de
mujeres sin identificar que fueron “apedreadas o calcinadas”.
Académicas y funcionarios que integraron el Grupo de Trabajo, además de
allegarse de información del gobierno local, realizaron cinco sesiones
ordinarias, dos visitas y 15 entrevistas a víctimas, familiares y
organizaciones civiles, y 46 empleados en atención y procuración de
justica, para elaborar sus conclusiones.
Como primera conclusión –según el documento de 94 hojas entregado el
pasado 13 de febrero al Inmujeres–, el Grupo de Trabajo observó que un
número significativo de delitos perpetrados contra mujeres en el estado
no se ha investigado adecuadamente.
Según los datos oficiales, de enero de 2006 a diciembre de 2014 se
registraron 719 muertes de mujeres, de las cuales 712 fueron por
homicidios dolosos, y sólo siete fueron catalogadas como feminicidio.
Se indicó que en relación con estos casos, hay un total de 789 víctimas
(debido a que las averiguaciones previas pueden relacionarse con más de
una mujer asesinada). En el mismo periodo se recibieron 5 mil 287
denuncias por delitos cometidos contra niñas y mujeres.
Así, se propuso al gobierno local adoptar las medidas necesarias para
que se garantice la investigación de todos los casos, y se resuelvan
con la debida diligencia y en un plazo razonable.
En segundo lugar, el Grupo de Trabajo concluyó que las instancias de
atención a mujeres víctimas de violencia no implementan procesos
articulados y coordinados (servicios integrales), lo que provoca que la
atención sea deficiente y en ocasiones se revictimice a las
sobrevivientes de violencia.
Se planteó el diseño y aplicación de un “Modelo Único de Atención” a
cargo del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, y asesorado por
especialistas en el tema. También se deben elaborar protocolos de
atención y capacitar a servidores públicos.
Si bien el gobierno de Michoacán reportó diversas acciones en materia
de capacitación, el Grupo de Trabajo percibió que “éstas no son
eficientes ni cuentan con planeación estratégica, ni mecanismos de
seguimiento y evaluación del impacto”, por lo que propuso fortalecer
esta profesionalización con programas continuos y focalizados.
Se destacó que en el caso de las autoridades de salud, las
capacitaciones deben incluir la correcta aplicación de la NOM-046 sobre
Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, ya que se observó que
el personal médico no avisa de estos casos al Ministerio Público (MP)
de conformidad con la norma, para evitarse “procedimientos engorrosos”
o “no meterse en problemas”.
Como punto cuatro, el Grupo de Trabajo consideró que las campañas de
difusión y promoción de los Derechos Humanos (DH) realizadas por el
gobierno local “han sido insuficientes y el ámbito territorial de
algunas ha sido limitado”, por lo que pidió campañas permanentes desde
un enfoque multicultural y con una evaluación periódica de su impacto.
Como quinta conclusión se señaló que si bien se cuenta con el Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra de las
Mujeres, “es común” que éste no se alimente ni se actualice por parte
de las autoridades.
El Grupo de Trabajo propuso sistematizar y actualizar esa información,
así como impulsar la interconexión de los sistemas de información
pública, y que el gobierno estatal publique de manera periódica las
estadísticas generadas.
En sexto lugar se demandó fortalecer a las instancias judiciales con
más presupuesto, espacios apropiados y personal suficiente para la
atención y contención psicológica de las mujeres en situación de
violencia, con especial énfasis en las agencias del MP.
Al encontrar que no se emiten órdenes de protección en los casos de
violencia denunciados, se propuso la elaboración y publicación de
protocolos de actuación para la emisión de estas medidas, la
elaboración de un modelo de análisis de riesgo, y la regulación de los
refugios.
Se debe diseñar –como séptima observación– una estrategia educativa
transversal en materia de DH para transformar los patrones culturales,
y enseñe a niñas, niños y adolescentes a identificar la violencia, toda
vez que “la violencia se encuentra arraigada en la sociedad
michoacana”, recalcó el Grupo de Trabajo.
Como novena recomendación, se demandaron cambios legislativos, como
elaborar y publicar los reglamentos de las leyes para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (vigente desde 2009), y por una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (promulgada en diciembre de 2008).
Se incluyó la necesidad de modificar la Ley para la Atención y
Prevención de la Violencia Familiar, para que se eliminen los
procedimientos de conciliación.
También se pidió una reforma al Código Penal local para dar una
penalidad específica al feminicidio, y crear el tipo penal de acoso
sexual, que actualmente es considerado como una conducta del
hostigamiento sexual.
Michoacán es la tercera entidad en el país en recibir recomendaciones
por parte de un Grupo de Trabajo; previamente fueron emitidas
recomendaciones para los estados de Guanajuato y Morelos.
Se espera que en breve se publiquen los informes de los Grupos de
Trabajo que investigaron la violencia feminicida en Colima y Baja
California.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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