Cinco países de la región prohíben toda causal
América Latina (AL) es una de las regiones con las leyes más restrictivas en materia de aborto, lo que conduce a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo –incluso de manera involuntaria–, mueran por abortos inseguros, y que incluso grupos civiles que defienden el derecho a decidir sean perseguidos y desprestigiados.
Los países de AL que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia son Honduras, El Salvador (desde 1998), Nicaragua (desde 2006), República Dominicana, y Chile (desde 1989), según un recuento elaborado por Cimacnoticias con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemoró este lunes 28 de septiembre.
En Honduras, de acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), a pesar de su prohibición, el aborto ha sido, durante décadas, la segunda causa de egresos hospitalarios en el país centroamericano.
Aunque no hay datos oficiales totalmente confiables, activistas hacen estimaciones a partir de los registros hospitalarios de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En 2013 egresaron de los hospitales públicos 11 mil 354 mujeres con diagnóstico de aborto, y otras 2 mil 338 lo hicieron de los hospitales del IHSS.
Casi la mitad de los egresos por aborto ocurren en mujeres de 15 a 24 años de edad; en ese mismo año 102 niñas menores de 15 años egresaron debido a un aborto. Según el CDM, detrás de estas intervenciones hay violencia sexual que no fue investigada.
De acuerdo con el Código Penal hondureño, el aborto es “la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”, y las penas van de tres a 10 años de reclusión
En los últimos cinco años, 14 expedientes ingresaron a los juzgados de lo penal y se han dictado tres sentencias, una de ellas condenatoria por el delito de aborto.
CRIMINALIZACIÓN SIN MIRAMIENTOS
La criminalización más severa en contra de las mujeres que abortan se registra en El Salvador, donde antes de 1997 si bien se permitía interrumpir un embarazo por algunas causales, no existía un procedimiento claro para acceder a ellas.
Por ello, durante la reforma al Código Penal salvadoreño el movimiento feminista buscaba que se crearan los protocolos adecuados para acceder a las causales legales de aborto.
No obstante, las activistas fueron amenazadas con ser denunciadas por el delito de “instigación y ayuda al aborto”, contó a esta agencia Angélica María Rivas Monge, coordinadora de la Comisión Jurídica de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal –a decir de la defensora de los derechos de las mujeres–, se agudizó la criminalización contra quienes interrumpen su embarazo.
La Agrupación Ciudadana es la organización civil que representa legalmente a 17 mujeres en situación de pobreza que tuvieron partos extra hospitalarios o problemas obstétricos, y carecieron de asistencia médica adecuada, por lo que fueron denunciadas por aborto y condenadas a penas de entre 30 y 40 años de cárcel, al ser procesadas por el delito de “homicidio agravado”.
En dos años de litigio y exigencia ciudadana –que ha generado un nuevo contexto de persecución para las defensoras– apenas se pudo obtener la libertad para dos mujeres, mientras que otra de ellas salió de prisión por haber cumplido su condena.
MUERTE SEGURA
En Nicaragua, de acuerdo con Patricia Orozco, coordinadora del movimiento Petateras, si bien en el país centroamericano de 1837 a 2006 el aborto terapéutico estaba permitido, las mujeres no podían acceder a él por presiones religiosas, y prejuicios e ignorancia del personal de salud que negaba el servicio.
Entre julio de 1985 y agosto de 1988, relató a Cimacnoticias, murieron en el Hospital de la Mujer Bertha Calderón 37 mujeres por complicaciones de aborto inseguro, es decir, una por mes.
Casi en los mismos años –en una revisión de las actividades del Comité de Interrupción del Embarazo– ingresaron al hospital por aborto 18 mil 178 mujeres, y se atendieron por aborto terapéutico 509 mujeres, o sea 2.8 por ciento del total.
“Las actas del Comité demuestran que a pesar de las favorables condiciones del entorno político y de los servicios, existían otras poderosas razones por las cuales el aborto terapéutico ni era aplicado ni era realmente aceptado como un procedimiento para salvar vidas, o evitar complicaciones de salud en las embarazadas”, observó Orozco.
Del total de solicitudes de aborto presentadas, 40.3 por ciento eran rechazadas y la mayoría de las mujeres se veía obligada a realizarse un procedimiento inseguro. “Cuando regresaban con graves complicaciones, ahora sí se podían atender, pero cuando pudieron evitarse los daños, les respondieron que no”, criticó Patricia Orozco.
En 2006 y luego en 2007, cuando la ex guerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió al poder, el derecho al aborto terapéutico fue eliminado retrocediendo así 170 años, y dejando a las nicaragüenses “completamente abandonadas a su suerte”.
Recientemente, República Dominicana cuenta con un nuevo Código Penal que despenaliza el aborto bajo tres causales, pero de acuerdo con el movimiento feminista del país caribeño, aún no se crean los protocolos necesarios para acceder a ellas, y por tanto a las mujeres se les niega este derecho.
En paralelo, grupos conservadores presentaron ante el Tribunal Constitucional recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal y están a la espera de su resolución.
En Chile, se prevé en breve la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del proyecto de ley para despenalizar el aborto bajo tres causales, impulsado por la presidenta Michelle Bachelet.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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