El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala

Carlos Fazio

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a hacer trizas la verdad histórica del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam sobre los hechos de Iguala y exhibió al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, como pieza clave en los intentos por desviar el caso hacia una quinta versión que no está sustentada en el expediente y también en la tácita siembra de una bolsa con restos óseos en el río San Juan, que, a la postre, mediante el análisis del ADN nuclear, se pudieron identificar en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck como pertenecientes a Alexander Mora, el único estudiante reconocido hasta ahora de los 43 detenidos/desaparecidos.

En su Informe Ayotzinapa II, el GIEI volvió a manifestar la certeza de que en los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014, hubo una coordinación operativa central, con una estructura de mando que integró a elementos uniformados y de civil (OBI/inteligencia) del 27 batallón de infantería del Ejército; las policías Federal, federal ministerial, estatal y ministerial de Guerrero, así como las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que actuaron en complicidad y/o colusión con presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros unidos.
Todo ello, afirmó el GIEI, pudo ser monitoreado en tiempo real a través del sistema coordinado de comunicaciones de las agencias de seguridad del Estado, conocido como C-4, que cuatro militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –en dos turnos de 24 horas– manejaron en forma restringida durante lapsos prolongados, cuando tuvieron lugar los hechos más graves, es decir, las ejecuciones sumarias extrajudiciales de cinco personas –dos de ellos normalistas que fueron asesinados a quemarropa–, un sexto caso –de Julio César Mondragón, quien antes de ser desollado fue torturado, cuyo cuerpo exhibía múltiples fracturas y heridas con armas punzocortantes– y la detención y desaparición de los 43 estudiantes. Según el informe, a partir de la declaración de un soldado identificado como RALA, el C-4 estaría integrado por militares encubiertos, que aportan información de lo que acontece en las calles, quienes en el momento en que ocurrieron los hechos habían sido nombrados por el comandante del 27 batallón, coronel José Rodríguez Pérez.
El grupo interdisciplinario –que fue enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la invitación formulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que coadyuvaran en las investigaciones del caso y formularan recomendaciones– reveló que existió un “gran operativo“ o cerco de control contra los normalistas de Ayotzinapa, que no sólo se dio en Iguala, sino que abarcó un radio de acción de 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo (área geográfica mayor que la incluida en el primer informe del GIEI), que abarcó bloqueos y ataques en poblados como Mezcala y Sabana Grande, y que se extendió desde las 21:40 horas del día 26 hasta las 6 horas del 27.

Mientras se llevaban a cabo la serie de ataques masivos, indiscriminados y coordinados contra los normalistas y miembros del equipo de futbol Los Avispones, el denominado quinto autobús, presumiblemente cargado con heroína camuflada en su interior, pudo atravesar sin problemas el cerco oficial/delincuencial. Según los expertos, el vehículo presentado por las autoridades en las indagatorias no es el mismo que salió de la central camionera de Iguala, y el conductor aparentemente fue sustituido (sembrado) con la finalidad de alterar los hechos.
El informe destaca la negativa de la Sedena de brindar ningún tipo de información al GIEI. El grupo señala que en 12 ocasiones solicitó por conducto de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación tener la posibilidad de entrevistar a personal del 27 batallón del Ejército en Iguala por considerarlos testigos claves; conocer las bitácoras, documentos, registros de planes de acción o información realizados por la Sedena; reportes escritos y grabaciones del C-4; reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones y el Manual de procesos de campaña; los convenios entre las diversas policías municipales, federales y el Ejército respecto del sistema de seguridad, así como los informes de los Gises (Grupos de información de zona/inteligencia) y Gafes (grupo de tropas especiales) del 27 batallón. Cita que el propio jefe de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, dijo incluso de manera pública que el GIEI no tenía competencia para realizar dichas entrevistas.
Una de las revelaciones más incriminatorias sobre la manera en que se elaboró la verdad histórica de la PGR tiene que ver con la presencia de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en el río San Juan, acompañado del subdirector de servicios periciales y el presunto autoinculpado, Agustín García Reyes, El Chereje, el 28 de octubre de 2014. Según el informe médico realizado 11 horas antes, el detenido tenía 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que la detención fue pacífica, y un primer informe médico de la Marina, horas antes de ese segundo informe, no revela lesiones. Un día después, un buzo de la Marina encontró la bolsa con restos óseos en el mismo lugar, exactamente en las mismas coordenadas donde había estado presente el testigo-inculpado. En el expediente no existe ningún registro de la presencia de Zerón en ese sitio el día anterior, ni nada que acredite las condiciones legales, registro de custodia y otros elementos para el traslado del detenido el 28 de octubre; tampoco hay registro de la toma de evidencia (la bolsa) del cauce del río, ni se hizo fijación fotográfica de la misma ni se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida.