Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Acostumbrada
como está la opinión pública y publicada a valorar juicios y hechos del
gobierno de Enrique Peña en bloque, como si el grupo gobernante fuera
compacto a casi dos años de la elección presidencial, desestimando con
frecuencia los matices que en política son de trascendencia, es muy
ilustrativa la respuesta de Carlos Beristain al periodista Emir
Olivares.
“–Si hubiéramos tenido mayor tiempo habríamos llegado a
más cosas. Pero desde enero de este año aumentaron los obstáculos y
dificultades para nuestra investigación. En esas condiciones no se puede
seguir trabajando.”
Insiste el reportero de La Jornada (26-IV-16)
a Beristain, uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes:
“–¿Fue una estrategia oficial para
obstaculizar su labor?” La respuesta: “–De ser así no estaríamos aquí.
Fue el Estado el que junto con las víctimas nos pidieron y permitieron
trabajar en México. Lo que vemos es que hay sectores (funcionarios y
analistas de medios de comunicación) que se atribuyen la representación
del Estado y hablan en su nombre. Eso no ayuda a México a generar la
credibilidad y un manejo más abierto y responsable sobre las violaciones
de derechos humanos”.
Más aún: “Las deficiencias en la
investigación son responsabilidad de las autoridades del ámbito federal,
aunque manifiesta su confianza en que la administración de Enrique Peña
Nieto pueda dar un viraje y apegar las diligencias del caso a los
estándares internacionales. Llegar a una resolución efectiva es lo más
saludable para México, se toque a quien se toque”.
Lo explica. “Y
en términos de la investigación hay muchas cosas a las que nos
enfrentamos. Muchos funcionarios empujando para llegar a una resolución,
pero al mismo tiempo muchos otros obstaculizando y fragmentando la
indagatoria, más pendientes de que se cumpla con ciertas respuestas para
nosotros en lugar de impulsar líneas que lleven a la solución. Se
necesitan cambios de personas (dentro de las instancias
gubernamentales), se requiere de comportamientos más proactivos y
abiertos. Vemos que no hay capacidad crítica frente a las órdenes que se
reciben; necesitamos funcionarios con esa capacidad para poder evaluar,
decidir y tener criterio técnico para poder incluso decir que no.”
Así
puede entenderse mejor que en torno a la noche de la barbarie en
Iguala, Guerrero, con frecuencia se mencione a los “halcones”, los que
luchan a brazo partido porque la verdad no se abra paso, pero el experto
establece que es “un deber del Estado, toque a quien toque”.
Actúan
y se exhiben sin recato, como Jorge Fernández Menéndez en Excélsior y
Canal 40, quien se escandaliza por el costo económico del trabajo del
GIEI o el vicecoordinador de los diputados del Partido Revolucionario
Jorge Carlos Ramírez Marín, al juzgar que la “misión histórica” del GIEI
fue “poner en entredicho la verdad expresada” inicialmente por la
Procuraduría General de la República.
Verdad que fue construida
bajo torturas a los procesados, con siembra de pruebas y alteración de
la escena del crimen –el río San Juan– y la manipulación de expedientes
por Tomás Zerón de Lucio y Sara Mónica Medina Alegría, de acuerdo con
César Mario González, padre del normalista César Manuel González, y por
lo cual exige investigarlos.
Y sin tocar al “sacrosanto” Ejército
porque se opone Salvador Cienfuegos Z. “Lo quisimos investigar, pero no
se nos dejó. Hubo presencia de soldados en lugares clave y no se ha
considerado en la investigación oficial.” De ese tamaño es la impunidad
en la Defensa Nacional.
@IbarraAguirreEd
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