Francisco López Bárcenas
El 22 de agosto pasado
el pueblo chinanteco se anotó un importante triunfo cuando la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo
pública su decisión de negar a la empresa Generación ENERSI la
autorización que necesitaba para construir una hidroeléctrica en los
cauces de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande, afluentes del río
Usila, tributario a su vez del Papaloapan, autorización que por tercera
vez había solicitado. Otro caso de triunfo relacionado con presas
hidroeléctricas es el que el pueblo de Temacapulin en el estado de
Jalisco ha obtenido después de 13 años de lucha, pues el 2 de octubre la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) les notificó a las personas que se
habían amparado para no ser expropiadas, que desistía de su intención
de hacerlo ya que el proyecto de construir la cortina a 105 metros había
sido declarado judicialmente
inexistente.
Un tercer megaproyecto que ha sido detenido es el de las mineras
Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en municipios de
Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla;
donde el juzgado quinto de distrito del estado ordenó a la Secretaría de
Economía dejar sin efectos las tres concesiones mineras por haberse
otorgado violando los derechos del pueblo masehual, además de afectar la
biodiversidad y el medio ambiente de la región. A este triunfo hay que
agregar el obtenido por el pueblo mayo de Sinaloa, a quienes el 15 de
octubre el juzgado sexto de distrito en el estado otorgó una suspensión
provisional de la construcción de la planta de amoniaco que se levanta
en la bahía de Ohuira, en Topolobampo y, el 19 de octubre, el tercer
tribunal colegiado en materia administrativa en el estado de Jalisco,
negó al empresario Guillermo Moreno un amparo para seguir usufructuando
12 hectáras del pueblo Coca, de Mezcala, que desde hace años ha
invadido.
Dos triunfos que no se pueden pasar por alto son los del pueblo yaqui
de Loma de Bacum contra el gasoducto que los empresarios planeaban
pasar por sus tierras y el del pueblo rarámuri de Chorechi que había
sido despojado de sus tierras. Contra los dos se habían instarurado
juicios de amparo en el primero, y agrario en el segundo. En el caso de
los yaquis, el proceso judicial no ha concluido pero ha detenido la
obra, tanto que, se anunció, la gobernadora del estado de Sonora Claudia
Pavlovich Arellano, llegó a un acuerdo con los empresarios para
modificar el trazo del gasoducto y de esa manera la obra no afecte a los
quejosos. Aunque no han presentado su decisión ante el tribunal que
conoce del caso, lo han anunciado públicamente, razón por la cual los
demandantes consideran que finalmente los empresarios y el gobierno han
desistido de su intención de afectarlos para sacar adelante sus
proyectos.
En el caso de la comunidad rarámuri de Choreachi en el municipio de
Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, el día 30 de agosto el
Tribunal Superior Agrario en ese estado la reconoció como titular de
derechos agrarios –territoriales– que le habían sido negados por
décadas, como una maniobra para que no pudieran oponerse a la
explotación irracional de los bosques de la región. En consecuencia, el
tribunal declaró nulas las resoluciones presidenciales que abarcan
tierras posesionadas por los habitantes de Choreachi, así como las actas
y los actos que violenten esos derechos.
No tienen ninguna, pero después de las elecciones del primero de
julio pasado los pueblos indígenas y campesinos que por años han luchado
contra los megaproyectos que afectan su existencia, han obtenido
importantes batallas en esta lucha que también es por la vida.
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