Redacción AN / GV
El ministro de la SCJN comentó que la consulta pública sobre el nuevo aeropuerto no satisface las condiciones constitucionales y sólo tiene la finalidad de ilustrar y legitimar la decisión del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En México “no tenemos Estado de Derecho”, la reforma penal está a medio camino, las leyes son malas y los servidores públicos no están capacitados, lo que provoca que los ciudadanos vivan en la impunidad, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.
En entrevista para #AristeguiEnvivo, señaló que “hay un choque muy fuerte entre derechos humanos y seguridad pública”.
Ante ello, observó que hay una pregunta que está flotando en el aire “¿de veras necesitamos tantos derechos humanos en un momento de tanta inseguridad, no sería mejor que las autoridades tuvieran más atribuciones para llevar funciones de seguridad pública?”.
Sobre los ajustes a los salarios y prestaciones en el Poder Judicial, que propone el próximo gobierno, Cossío consideró que “no es adecuada la medida de bajar los sueldos”.
“Es una transformación que se tiene que hacer con el funcionariado, se tiene que hacer con el servicio público, que a veces despectivamente llamamos la burocracia… Hay gente en el servicio público que se comportan muy mal y debe castigarse individualmente, pero hay otras personas que hacen bien su trabajo“, añadió.
Compartió que cuando fue elegido como ministro de la Corte tuvo que renunciar a su puesto como académico en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), porque los funcionarios Poder Judicial, a diferencia del resto del funcionariado, no pueden cobrar nada más.
“Tengo una restricción de que sólo puedo vivir de este sueldo. Diputados, senadores y otros sí cobran cosas, unos litigan, otro litigaron y otros litigarán, pero aquí sí te constriñen”, abundó.
En su opinión “hay que darle una revisada al Poder Judicial” y coincidió con la iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ricardo Monreal, de mover al personal, pero no le parece bien que sea cada seis años.
Además, añadió que internamente el Poder Judicial debe tomar en serio las críticas en temas como el nepotismo. “Hay datos que sí son alarmantes en cuanto al número de personas que están vinculadas”.
Sin embargo, apuntó, “que el hecho de que alguien tenga ahí a su hijo o hija no necesariamente significa que entre el padre y el hijo, o los sobrinos y los tíos estén poniéndose de acuerdo para lastimar a los quejosos”.
Por otra parte, expuso que en la reforma constitucional que se realizó en junio de 2011 se transformó el juicio de amparo y el artículo 1, lo que permitió elevar el principio pro persona.
No obstante, observó que la crisis de seguridad que se vive en el país ha ido haciendo lenta la dinámica que llevaban los tribunales de todo el país.
Al ser cuestionado sobre la resolución de un tribunal de Tamaulipas sobre la creación de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, el ministro dijo que esto es una búsqueda de ir más allá de una denuncia entre dos partes y una sentencia.
“La sentencia será revisada, muy probablemente en un futuro por la Suprema Corte porque hay impugnaciones”, agregó.
En ese sentido, afirmó que será necesario reelaborar categorías del juicio de amparo. “Yo pienso en esta parte de los desaparecidos, es una parte para mí de las más graves socialmente, creo que es un asunto que no sólo tiene un presente gravísimo, sino que se nos va a extender muchos años…
“Vamos a tener que empezar con justicias restaurativas, con formas diferentes de imaginar lo que los jueces vamos a poder hacer, porque me parece que mucho de lo que va a venir en los próximos años respecto de estos temas tan delicados va a tener que ser judicial”.
Desde su punto de vista, las comisiones de la verdad, son elementos finales cuando todo ha quedado agotado.
“Apostar sólo a comisiones de la verdad es ‘bypassear’ a la propia justicia, yo creo que lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es arreglar la justicia; lo que no acabamos de darnos cuenta es que la reforma penal completa está al final del camino”, añadió.
En su opinión, lo más importante es decir quién va a ser el líder político y el líder jurídico de la transformación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “que podría estar en la Secretaría de Gobernación (Olga Sánchez Cordero)”.
“Es necesario generar un ente que diga ‘yo me encargaré en los próximos años en reactivar el sistema penal que se quedó un poco en el limbo y alcance a tener una consecuencia’. Me parece que ese es un asunto central”, insistió.
El ministro observó que la reforma penal que se implementó de 2008 a 2016, sólo tuvo un avance de 30 por ciento, lo que ha generado impunidad.
Asimismo señaló que “no tenemos Estado de Derecho. Las leyes son malas. No hay buenas leyes en muchos ámbitos, no hay reglamentos. Hay disonancias entre leyes y reglamentos. La gente no está capacitada y no se le está capacitando para hacer lo que tiene que hacer”.
Sobre la controversia constitucional que la Consejería Jurídica de Presidencia presentó para que ningún funcionario público federal pueda ser investigado y procesado, Cossío precisó que desde el 15 de julio ya no le están asignando asuntos, por lo que ya no le daría tiempo encargarse del caso.
Sin embargo, dijo, “a lo mejor pudiera haber un recurso intermedio que me toque de aquí al 30 de noviembre”.
Al preguntarle sobre la consulta pública sobre el nuevo aeropuerto, afirmó que ésta no satisface las condiciones constitucionales y sólo tiene la finalidad de ilustrar y legitimar la decisión del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a la mayoría de Morena en el Congreso, comentó que México tiene una gran Constitución que prevé división de poderes, sistema federal y derechos humanos, por lo que previó que pueden suceder dos cosas: “jugar las reglas del juego democrático y autolimitarse en la forma del ejercicio de las leyes o excederse de ellas y enfrentar las consecuencias del propio sistema, que sería que jueces, magistrados y ministros de la Corte, sobretodo los federales, empezaran un proceso de proteger a los particulares mediante el amparo o declarar inconstitucionales esas leyes”.
“Me parece que vamos a observar estos juegos y rejuegos de qué tanto se van a autolimitar las mayorías de Morena, esa es una posibilidad muy deseable, y la otra, que se extralimiten y vayamos al juego jurisdiccional, que es también un cambio importante”, concluyó.
A continuación la entrevista completa:
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