10/25/2018

México, patio trasero


Ana María Aragonés

El éxodo de migrantes, mayoritariamente hondureños, tuvieron que enfrentar, entre otras calamidades, el cierre de la entrada al país resguardada por 400 policías federales, los que si bien no estaban armados, sí tenían equipo antimotines, mismos que aplicaron a los migrantes, como fueron los gases lacrimógenos que lastimaron a muchos de ellos. Los periódicos y noticiarios han dado cuenta, desde muy diversos matices, las enormes dificultades y sobre todo lo que se ha convertido en una verdadera tragedia humana.
La actuación del gobierno mexicano, lamentable. Claramente señaló que pasarían aquellos que tengan una visa o pasaporte o quieran acogerse al asilo o refugio, los que no tengan documentos serán deportados. Exactamente lo que el gobierno de Donald Trump le impuso a México, primero con amenazas de enviar al ejército a la frontera si México no actuaba en consecuencia, pero una vez que México envió a la fuerza federal, la expresión cambió México había entendido el liderazgo de Estados Unidos y demostró respeto por el país del norte. Increíble, una verdadera bofetada al pueblo mexicano.
El actuar del gobierno de Enrique Peña Nieto comprueba fehacientemente que ha aceptado ser país tercero, es decir, que a los migrantes se les obliga a pedir refugio en México aun cuando es obligación de Estados Unidos, pues los migrantes quieren estar allí, no en México. Y no ha respetado lo firmado en la Declaración de Nueva York para los refugiados y migrantes que claramente señala: reafirmamos y protegeremos plenamente los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición; todos son titulares de derecho. También se ocuparán de los desplazamientos causados por la pobreza, la inestabilidad, la marginación, y la exclusión y la falta de oportunidades económicas y de desarrollo, atención prioritaria tendrán las poblaciones vulnerables. Claramente no se hizo honor a lo firmado.
Para colmo, México, de enero a mayo de 2018, superó en más del doble las deportaciones terrestres de guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, alcanzando 40 mil 895 migrantes de los que se habían registrado los primeros cinco meses de 2017, revelaron fuentes migratorias guatemaltecas ( La Vanguardia). Es una forma de criminalizar a los migrantes, y esta visión permea a la sociedad que es fácil presa de frases falsas que se repiten sin cesar buscando convertirlas en verdades: los migrantes quitan los empleos, son delincuentes, etcétera, etcétera, lo cual alienta la exclusión, el fanatismo, la xenofobia y la violencia.
La migración no se resuelve con policías, con seguridad fronteriza, con muros, no se cierran las puertas sino se les escucha, otorga atención solidaria, respetando derechos humanos, en un contexto de solidaridad, lo mismo que esperamos para nuestros connacionales en el país vecino, no levantando muros.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se pliega a las demandas de Estados Unidos con un manoseado y vacuo discurso de orden y legalidad, palabras frívolas que no tienen nada que ver con el grave suceso que se está viviendo, un impresionante y desesperado éxodo de migrantes que huyen del hambre, de la inseguridad, de políticas represivas, de falta de condiciones mínimas de vida dignas del resultado de un modelo económico que privilegia la opulencia de unos cuantos por sobre la pobreza de las mayorías las que, curiosamente, son las mismas que al migrar aportan a sus países las enormes remesas que en el caso de Honduras alcanzaron en el año 2017 más de 4 mil millones de dólares, es decir, 18.5 por ciento del producto interno bruto del país. Exactamente lo que sucede con los migrantes mexicanos.
El gobierno mexicano sigue haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos y ahora, nuevamente, vuelve a darle a Donald Trump armas para su relección.

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