Una
comisión de 126 organizaciones de toda Latinoamérica logró la empatía de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se comprometió a
crear una jurisprudencia ante el Fracking en todo el continente
BOULDER, COLORADO.-
Este miércoles, 126 organizaciones de la sociedad civil miembros de la
Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, representadas por siete
ciudadanos, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), uno de los máximos órganos de promoción de derechos humanos en
el continente, que tome las medidas necesarias para detener los nocivos
efectos que trae la extracción de hidrocarburos por medio de la
fracturación hidráulica.
La exposición de estos latinoamericanos, entres los que se incluían
expertos técnicos, abogados y luchadores sociales de Colombia,
Argentina, México y Bolivia, (las regiones con mayor presencia de estas
técnicas de extracción en las Américas) fue tan efectiva, que al final
de la audiencia pública, los asistentes aplaudieron.
Incluso, la comisionada presidenta, Margarette May, quien lideró la
mesa durante la audiencia, se mostró positiva ante la petición:
“Estoy muy agradecida de que haya surgido esta audiencia, y me da
mucho gusto que esta audiencia haya sido solicitada por un grupo tan
grande”, dijo después de la intervención de los latinos. “Creo que la
Comisión, por sí misma, después de haberlos escuchado, debería de
designar a alguien que tome la responsabilidad para obtener información
acerca de esta práctica que parece ser tan destructivo en tantas
fromas”.
“Yo creo que la comisión debería de considerar todas estas
solicitudes”, dijo entusiasta a sus interlocutores. “Así crearemos
jurisprudencia en este asunto. Veamos qué podemos hacer para prevenir a
la humanidad de los peligros y tal vez, como ustedes dijeron, contener
los riesgos”.
Estos comentarios fueron hechos durante la sesión 169 de la Comisión,
que se lleva a cabo en el poblado de Boulder, Colorado; una pequeña
ciudad al este de Denver (que prohibió la fractura hidráulica hace unos
pocos años). Aquí se dieron cita una decena de organizaciones de la
soiciedad civil de toda América para presentar sus peticiones ante la
CIDH, que van desde temas ambientales, de género, de justicia indígena y
que cruzan por los derechos humanos.
Sin embargo, no todos los comisionados se mostraron tan optimistas
ante la solicitud. Antes de la intervención de la comisionada
presidenta, el comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, de Perú, se
mostró reticiente, e incluso preguntó a los ponentes si su intención era
que se prohibiera esta técnica, que, según dijo, aun hoy es necesaria
para el desarrollo de toda la humanidad.
A la audiencia, tambén asisitió Soledad García Muñoz, la primera
Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA), una relatoría especial creade hace un año por la
Comisión para atender temas especializados en esta materia.
Después de la audiencia, los siete enviados de la Alianza se
reunieron en privado con la relatora García Muñoz. Durante la reunión,
que no duró más de cinco minutos, la relatora les solicitó su ayuda y
coolaboración para avanzar en las medidas necesarias para detener las
amenazas que el fracking presenta para todo el continente, si no es que
para todo el planeta.
El fracking, fractura hidráulica o extracción no convencional de
hidrocarburos, como también se llama a esta técnica, consiste en la
perforación de pozos a grandes profundidades. Estos son inyectados con
una mezcla de agua, químicos tóxicos y sales de silicio, que pulverizan
las rocas en un radio de tres kilómetros al pozo, lo que permite extrar
gas natural u otros hidrocarburos que han permanecido atrapados en el
subsuelo desde hace miles de años.
Esta técnica, según Ricardo Ochandia, experto petrolero que coolabora
con la Alianza, se ha empezado a aplicar cada vez más en el mundo,
desde hace unos pocos años, debido a la baja en la producción en pozos
de hidorcarburos convencionales y a la amenaza latente de que este tipo
de recursos energéticos se terminen.
Uno de los alegatos de la comitiva de la Alianza, fue que esta
técnica se realiza en medio de profundas debilidades institucionales por
parte de los gobiernos, quienes no ponen las medidas necesarias para
que sea inspeccionada, vigilada y controlada, como explicó Liliana
Ávila, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente, una de las expositoras durante la audiencia.
“Los gobiernos promueven esta técnica sin que exista evidencia que
demuestre su inocuida, y sin la aplicación del principio de precaución”,
aseguró la abogada colombiana. “La forma en la que se está proyectando
esta actividad está generando tensiones sociales. Las resitencias
locales al fracking han deribado en agresiones a defensores y defensoras
ambientales”.
Esta, no es una característica exclusiva del fracking en el
continente, sino que es presente en todos los proyectos extractivos,
mineros o de megadesarrollos energéticos en Latinoamérica, donde, sin
importar la voluntad de los pueblos que habitan las zonas donde se
pretenden realizar, se instalan a todo costo.
Por ejemplo, en Papantla, Veracruz, la región de México donde
actualmente existe la mayor cantidad de pozos que emplean esta técnica,
se han encontrado residuos tóxicos en el agua que podrían afectar a 23
generaciones de sus pobladores, como expuso ante la CIDH Alejandra
Jiménez, ambientalista de esa zona.
Otro ejemplo es la zona al noreste de la provincia de Chubut, al sur
de la Argentina, donde se producen las arenas de silicio, que se emplean
como arena aditiva en la mezcla que fractura las piedras. Ahí, las
previsiones de seguridad entre los trabajadores son tan pocas que se ven
afectados por enfermedades relacionadas a la exposición de estas
arenas. E incluso, las poblaciones cercanas también, pues el viento
arrastra estas arenas a sus calles, donde son inhaladas por mujeres,
niños y el resto de la población.
Así mismo, en el poblado de San Martín, en el norte de Colombia, la
noticia de que se harían ahí los proyectos piloto de la extracción no
convencional alarmó a la población, que se organizó para detenerlo. En
respuesta el gobierno mandó a las fuerzas públicas que a punta de balas y
gases lacrimógenos han dispersado las protestas sociales. Doris Estela
Gutiérrez, una señora de mediana edad, madre de familia que hasta en su
forma de hablar es dulce, ha sido obligada a convertirse en una de las
lideresas de la región. Ella asegura que el gobierno la ha tildado de
criminal, guerrillera y hasta de terrorista.
“Las comunidades hemos promivido consultas populares, como mecanismos
de participación democrática, y hemos votado en contra de las
actividades mineras y petroleras en nueve municipios donde se han
realizado consultas”. Dijo la señora Doris, con voz temblorosa, cuando
leía su muy ensayado discurso durante la audiencia. “El 97 por ciento de
los ciudadanos se oponen a los proyectos extractivos, sin embargo el
gobierno estatal ha desconocido estos resultados”.
“Venimos en representación de familias y campesinos y pescadores que
durante años han sobrevivido labrando y cultivando su alimento. No
queremos ser desplazados de nuestros territorios ni perder nuestras
costumbres para ahora ser empleadores de empresas petroleras y
convertirnos, en algo que no somos”, concluyó.
Ella sabe que sus palabras y las de sus compañeros pueden ser
determinantes para el destino de todos los pobladores de latinoamerica.
Consulta también:
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.
“Este trabajo forma parte del proyecto Pie
de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del
proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario