Aprende en casa II y los derechos humanos

jornada.com.mx

Francisco López Bárcenas, 

Este 24 de agosto, cuando comiencen las actividades de educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estará violando el derecho humano a la educación de los niños y jóvenes que concurran a ella. La violación se concretará en todos los actos que hacen posible que la educación se imparta a través de la televisión y la radio, pues el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje y que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. De igual manera, determina que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Sustituir las aulas por los estudios televisivos y de radio y a los maestros por los técnicos que produzcan los materiales a transmitir viola los preceptos constitucionales.

Junto con lo anterior, la Carta Magna expresa que la educación que imparta el Estado tendrá como base fundamental el respeto irrestricto de la dignidad de las personas; que será equitativo, para lo cual el propio Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia enlos servicios educativos y que en los pue-blos y comunidades indígenas se debe impartir educación plurilingüe e inter-cultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.

Los anteriores presupuestos, que dan sentido al sistema constitucional de educación, no pueden realizarse en un proceso donde las autoridades educativas confunden educación plurilingüe e intercultural con comunicación en una cultura y una sola lengua, el español, que es lo que la radio y la televisión saben hacer, ignorando que somos una nación multicultural y las lenguas indígenas tienen el mismo reconocimiento que el español, razón por la cual todas las culturas y las lenguas deberían tomarse en cuenta en un proceso educativo. Junto a esto existe otro problema. La adopción del sistema de enseñanza por radio y televisión parte del falso supuesto de que todos los hogares mexicanos cuentan con los aparatos necesarios para que niños y jóvenes puedan recibir las señales que les llevaran el conocimiento desde un espacio ajeno a las escuelas hasta sus casas, transformadas de la noche a la mañana en centros de aprendizaje.

Pero la realidad es muy diferente. Los hogares no pueden concebirse como aulas escolares, porque no tienen ni el espacio ni las condiciones para serlo. Si en un hogar existiera únicamente un niño o joven inscrito en algún grado escolar se necesitará de un aparato de radio o un televisor, situación que tal vez se pueda resolver, pero generalmente existen dos o tres que asisten a distintos grados escolares, entonces para tomar clases a distancia necesitaran igual número de televisores o radios. Suponiendo que resuelven este asunto, queda el problema de resolver si en su comunidad, pueblo o ciudad llega alguna señal de radio o televisión, o en su caso, que puedan acceder a una señal de paga, lo cual resulta un lujo. Quienes decidieron que la educación fuera por estos medios al parecer creen que en todo el territorio puede captarse una señal, pero eso es falso, existen ciudades en donde no se capta ninguna, situación que se agranda en las localidades rurales.

A esto hay que sumar el hecho de que los padres no pueden orientar a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque ocupan su tiempo en buscar el sustento de la familia, pero también porque carecen de los conocimientos que se requieren para hacerlo: muchos de ellos, inclusive no tienen estudios, lo cual les impide realizar las actividades que realizan los maestros en los cursos presenciales. Si las autoridades educativas hubieran dialogado con los profesores encargados de la enseñanza de los millones de niños y jóvenes se hubieran encontrado alternativas para una mejor educación en esta época de pandemia, pero no lo hicieron porque no interesaba encontrar una alternativa educativa, sino rescatar a las televisoras. Aun así, en muchos casos amplios sectores de profesores dialogan entre ellos y con autoridades comunitarias para buscar alternativas.

Porque a leguas se nota que carecer de aparatos de radio o de televisión, o tenerlos, pero no poder acceder a las señales, o contar con ella, pero carecer de la asesoría adecuada en casa, lo único que provocará es una deserción de alumnos que, decepcionados de la falta de alternativas educativas, irán a buscar su futuro en otros lados. La violación del derecho a la educación por la Secretaría de Educación Pública no sólo priva a niños y jóvenes de este derecho, en muchos caso les arrebata el derecho a un futuro digno.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: un festejo sin festejados

Francisco López Bárcenas

La existencia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y los festejos que la clase política realiza en esa fecha siempre me ha parecido una burla hacia ellos. Se me figura como un cumpleaños donde el cumpleañero no está presente porque no se le invitó a la fiesta y si se hizo fue para que sirviera a los otros comensales. Eso ya de por sí es ofensivo, pero organizar una fiesta para los indígenas, cuando en la vida real se les ofende, agrede, excluye, discrimina y hasta se niega su existencia, francamente no encuentro forma de nombrarlo. Afortunadamente en la actual administración federal no son muy proclives a hablar en serio de los indígenas, lo cual tendrá como consecuencia que los festejos, si los hay, serán pocos y no muy vistosos.

Es que no existe razón o motivo alguno, ni histórico ni actual que justifique celebrar a los pueblos indígenas. Sabido es que, como efecto de la colonización española, cientos de pueblos desaparecieron y hoy, producto del colonialismo interno, continúan desapareciendo sin que nadie haga nada por impedirlo. Que esto suceda se mira como una desgracia, casi un designio divino, ante el cual nada se puede hacer por impedirlo. De nada han servido los estudios que eminentes investigadores como Guillermo Bonfil Batalla, Rodolfo Stavenhaguen, Luis Villoro o Pablo González Casanova realizaron mostrando que la situación de pobreza en que se desenvuelve la vida de los pueblos indígenas no es porque sean indígenas, sino por las relaciones de sometimiento que los grupos dominantes han establecido con ellos para aprovecharse de su trabajo y sus recursos naturales.

A esos estudios han seguido otros que muestran la persistencia de esas relaciones coloniales y la manera en que en se manifiestan en la actualidad. Una pequeña enunciación de estas formas haría sonrojarse a cualquier gobierno democrático. De nada ha servido declarar que la nación mexicana es pluricultural y que el sustento de esta pluriculturalidad son los pueblos indígenas, ni que estos son sujetos de derecho público, como lo hacen 12 constituciones estatales, porque ni siquiera pueden administrar su patrimonio y menos elegir oficialmente a sus autoridades. Se continúa pensando que los municipios son el orden de gobierno que los representa y la manera natural de participar políticamente siguen siendo los partidos políticos. Nadie piensa que su derecho a la libre determinación les permite organizarse como mejor les parezca, y obligarlos a realizarlo de una manera específica viola ese derecho.

En materia de desarrollo ni se diga. A diario somos testigos de la manera en que los intereses capitalistas arrasan con los pueblos, sus territorios y sus recursos naturales con la complacencia gubernamental que no duda en ponerse a litigar contra los pueblos a quienes por ley debería defender. Se les despoja de sus bosques y sus aguas, indispensables para su permanencia, se destruyen sus espacios sagrados, se afectan sus asentamientos históricos y se privatiza su cultura para beneficio del turismo. Como es natural, los pueblos y las comunidades afectadas se defienden. Y lo hacen como pueden, con sus propios recursos, a los que se agrega la solidaridad que sus luchas logran despertar de otros sectores sociales que entienden que la defensa de la naturaleza –o lo que queda de ella– importa a todos los que piensen que aún es posible salvar al planeta y la vida que en él se ha desarrollado.

Con la llegada del candidato del partido Morena a la Presidencia de la República, muchos creyeron que la atención de las demandas de los pueblos indígenas serían atendidas. Sus expectativas se fundaban más en el deseo que en la realidad, y el paso del tiempo mostró lo falso de sus esperanzas. Se colocaron algunos indígenas al frente de las instituciones indigenistas y a ellos correspondió aplicar el recorte presupuestal, en lugar de aumentarlo como se había anunciado; ellos cerraron los comedores para niños indígenas en diversas partes del país; ellos anunciaron el recorte del presupuesto a las Casas de la Mujer Indígena, que se repuso sólo después de una fuerte protesta; a ellos les ha correspondido implementar consultas a modo para ejecutar megaproyectos diseñados en gobiernos anteriores.

Es por eso que a los pueblos y comunidades indígenas les tiene sin cuidado que exista un día para festejarlos si durante todo el año se les ningunea. Para ellos lo importante es construir una alternativa que les permita seguir existiendo como pueblos, con su propia cultura y su propuesta de futuro. Se trata, naturalmente, de una propuesta imposible de realizar en una situación de colonialismo interno, como la que actualmente se vive en nuestro país, por eso su lucha pasa por terminar con las relaciones de sometimiento que la clase dominante ha tendido sobre sus hombros. Por eso en lugar de un día de festejos piensan en muchos días de resistencia y de organización para la emancipación.

Ta Toño viaja al Yoo ba’

Francisco López Bárcenas

Na Cándida contuvo el llanto, se llenó de valor y se dispuso a cumplir el ritual. Tomó el cuerpo inerte del niño Antonio Santiago Jiménez, su hijo, que acababa de fallecer; lo colocó en el altar familiar, reservado para los santos, y le encendió cuatro cirios para alumbrar el camino que su alma iba a emprender. La sorpresa invadía a los presentes y nadie atinaba a explicar qué había sucedido. La noche anterior el niño se había acostado tranquilamente, pero ya no despertó. Cuando los familiares y vecinos se enteraron del deceso comenzaron a llegar a dar el pésame a la familia por la pérdida y a acompañar al difunto en su último viaje. Lo velaron toda la noche y al día siguiente, cuando se disponían a llevarlo al panteón para que se cuerpo descansara, el niño se levantó tranquilo, como si despertara de un sueño. No mostró ninguna sorpresa, sólo dijo a los presentes que había viajado muy lejos y que no podía volver a su cuerpo.

Todo sucedió en la sección séptima del municipio de Juchitán. Años después, ya joven, Antonio Santiago Jiménez marchó a la Ciudad de México a cursar estudios preparatorios con la esperanza de estudiar una carrera profesional. No lo logró porque en esos años Na Cándida, su madre, falleció y se vio obligado a regresar al pueblo. En el Istmo hay quienes afirman que la muerte de su madre fue sólo un pretexto y que su regresó a Juchitán fue porque ese era su destino. Sea como fuere, se asentó en el municipio y desde entonces su vida estuvo ligada a su historia. Su hija, la profesora Cándida Santiago Jiménez, Na Cándida, se casó con el profesor y líder campesino Víctor Pineda Henestrosa, Víctor Yodo, secuestrado el 11 de julio de 1978 por un comando del onceavo batallón de infantería del Ejército federal, según documentó Amnistía Internacional. Su casa en la sección séptima pasó de domicilio familiar a espacio de reuniones populares.

No era algo nuevo. Desde que el profesor Víctor Yodo vivía, ahí llegaban los campesinos en busca de asesoría, igual que los peloteros del equipo de béisbol que él animaba. Con la desaparición del profesor Víctor Yodo se formó el Comité de Pescadores del callejón la séptima sección al que pusieron su nombre; la maestra Cándida Santiago lo animaba y desde ahí luchaban para que apareciera con vida. De entonces viene el apodo del señor Antonio Santiago Jiménez de Ta Toño Cándida, que lo acompañó hasta su muerte. A él le toco mantener a la familia, mientras sus otros integrantes se movilizaban en busca del desaparecido político. Era un hombre muy amable y conversador excepcional, contaba historias fabulosas y siempre tenía algo que ofrecer a quienes lo visitaban. Su gusto por el béisbol era fuerte; por muchos años elaboró los roles de juego, fue anotador oficial y elaboró las estadísticas de equipos completos en la liga regional de béisbol. Como muchos de sus contemporáneos, también leía el tiempo y predecía el clima, algo necesario para ser un buen campesino, como él lo fue.

Cuando se formó la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) el Comité del Callejón de Pescadores fue uno de sus baluartes. Ahí se instaló el altavoz para llamar a la organización, de ahí salían los volantes elaborados con mimeógrafo para repartir en la población informando lo que pasaba, ahí se elaboraban las mantas que engalanaban las marchas. En 1981 el pueblo juchiteco derrotó al caciquismo atrincherado en el Partido Revolucionario Institucional, instalando uno de los más emblemáticos gobiernos populares de los muchos que surgieron en esa época de insurgencia municipal. Ta Toño Cándida fue elegido juez municipal y él aceptó desempeñar el cargo porque era la manera de continuar la lu-cha por la defensa de las tierras comunales. La experiencia duró poco. El gobierno la ahogó en sangre y Ta Toño Cándida, como muchos otros integrantes del ayuntamiento y líderes de la organización, regresó a sus actividades en el campo.

Pero ya no había forma de volver sobre sus pasos. En su casa muchos encontraron protección y solidaridad ante la represión. Desde ahí se siguió luchando por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos. Nadie se sorprendía que por ahí pasaran intelectuales y políticos de renombre y fama internacional. El pasado 7 de julio Ta Toño Cándida cumplió 90 años. Sus familiares lo festejaron, pero el ya no se sentía a gusto. En su interior preparaba su viaje al Yoo ba’, la mansión de los muertos según las creencias de los binnizá; tenía ganas de encontrarse con Xunaxido, la diosa del inframundo. Como aquella su primera muerte, de la que tuvo el privilegio de volver, el 22 de julio se acostó a dormir, pero el siguiente ya no despertó. Esta vez sí emprendió el viaje. Se fue tranquilo, dignamente, como vivió. Sus familiares y amigos lo acompañaron al panteón, discretamente, como lo imponen las actuales circunstancias. A todos nos dejó la herencia de una vida ejemplar.

Cambio de época y etnocidio

La Jornada

Francisco López Bárcenas

Tengo que decirles que efectivamente estoy asombrado. No esperaba que las cosas fueran a ser así. Creí que la Cuarta Transformación (4T) implicaría un cambio sustancial en la forma de gestionar los megaproyectos. Pero no. Espero se pongan las pilas con premura. ¿Me pregunto, ¿dónde está el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? ¿Y todos los amigos que están en dependencias y no han hecho nada?Las anteriores son palabras de Armando Haro, doctorado en antropología social y miembro de la Red Kabueruma, compuesta por investigadores de diversas instituciones académicas para apoyar a los pueblos del río Mayo, afectados por la construcción de la presa Pilares. Las pronunció después de escuchar los testimonios de integrantes del pueblo guarijío, asentado sobre los márgenes del río Mayo, donde el 8 de julio pasado se cerraron las compuertas para que el agua comenzara a represarse.

El sistema de protección de derechos humanos, con todo y sus avances, se volvió a quebrar frente a los intereses económicos. De nada valieron los amparos ganados, ni las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la solicitud de medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instituciones cuya función es resguardar los derechos humanos y ordenar su reposición cuando son violados. Tampoco funcionó la promesa pública que en octubre pasado formuló en púbico el Presidente de la República de que la obra no se construiría sin antes consultar a los pueblos afectados.Con esta acción contundente de echarles el agua encima, ha brotado el miedo y la desesperación de las familias, la gente está muy enojada e indignada por todas la corrupción e impunidad que repartieron sobornos y pago a mercenarios para consumar el golpe.

No es para menos: la obra afectará profundamente su ya de por sí precaria vida.Esta inundación le arrebatará, en breve, el ecosistema ribereño a la tribu y con ello vulnerará gravemente su relación biocultural con su territorio ancestral y sus lugares sagrados, las aguas estancadas alcanzarán la red de caminos que por tantas generaciones han posibilitado el control sobre sus recursos, quedarán incomunicados, dejarán de tener el agua limpia del río, será imposible que siembren en temporal sus mahueches y milpas. Su desplazamiento productivo es inminente. Pero lo que angustia y llena de miedo a los guarijíos son las consecuencias inmediatas. “Se percatan que vienen ya las lluvias del verano y que se van a quedar encerrados. Por más que dimos aviso en innumerables ocasiones a las instancias ‘responsables’ del caso, todo parece indicar que Mesa Colorada, Chorijoa y otras rancherías cercanas se van a quedar aisladas porque no tuvieron a bien ni siquiera prever este aspecto de las vías terrestres inundables”.

Lo que los guarijíos, en voz del doctor Armando Haro, denuncian es la configuración de un etnocidio, tal como lo definió Rodolfo Stavenhagen, primer relator de pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas. “El proceso mediante el cual un pueblo… pierde su identidad debido a políticas diseñadas para minar su territorio y la base de sus recursos, el uso de su lengua y sus instituciones políticas y sociales, así como sus tradiciones, formas de arte, prácticas religiosas y valores culturales. Cuando los gobiernos aplican estas políticas, se vuelven culpables de etnocidio”. Nada ha cambiado en estos tiempos de cambio. Las políticas gubernametales privan a los guarijíos de su territorio, con lo cual muchos tendrán que migrar y perderán su lengua, sus tradiciones, su arte y, en general, sus valores culturales. Como ha sucedido con muchos pueblos indígenas afectados por la construcción de presas a lo largo de la historia.

Es lo mismo que explicitamente se ha reconocido en la construcción del Tren Maya, pues para sus impulsoresel etnocidio tiene un opuesto positivo: el etnodesarrollo, lo que ha llevado al antropólogo Benjamin Maldonado a afirmar que mirar al etnocidio como potencializador de etnodesarrollo es una posición política clara.No hay cambio en el enfoque porque la Cuarta Transformación es una cuarta reiteración de la misma voluntad del poder. Para el Estado, el etnocidio es una forma de etnode-sarrollo. Del indigenismo de Gamio al de López Obrador así se ha padecido.

Los campos de disputa están bastante bien definidos. Los horizontes también. La pandemia que hoy padecemos y que nos agobia a todos ha opacado un tanto los cambios de época que nos han tocado vivir, pero de que existen, existen, y representan un gran reto que exige inteligencia e imaginación para poder remontar esta crisis que nos tocó vivir. Desde el aparato gubernamental ya se fijaron las posturas. La de los pueblos, que al final es la que cuenta, se va configurando. Paso a paso, a su tiempo y con sus recursos, como lo han hecho históricamente. Hay que aprender a mirarla para después no llamarse a engaño.

Covid-19, cruel realidad y nueva normalidad

Francisco López Bárcenas

El pasado 18 de mayo, José Francisco Cali Tzay, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia de Covid-19 está teniendo entre los pueblos indígenas, el cual, según su expresión, va más allá de la afectación a la salud. Según el funcionario internacional, los estados de emergencia están exacerbando la marginación de las comunidades indígenas; se están militarizando sus territorios; se está negando su derecho a la libertad de expresión y asociación; los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus territorios, tierras y recursos naturales; se están suspendiendo abruptamente las consultas a que tienen derecho antes de realizar acciones que puedan afectarlos, lo mismo que las manifestaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos.

También dijo que a esas amenazas y en medio de ellas, los pueblos que han logrado resistir mejor la pandemia de Covid-19 son los que han ejercido la autonomía y el autogobierno, porque eso los empodera y les permite gestionar sus territorios, tierras y recursos naturales, garantizar su seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional. Ignoro si el relator conocía a fondo la realidad de los pueblos indígenas de México cuando formuló sus declaraciones, pero no cabe duda de que su diagnóstico resulta un retrato fiel de lo que pasa en nuestro país, sumido en la pandemia que cada día que pasa se profundiza más, aumentando el número de contagiados y de muertos que muchas veces no se registran como tales. Y esto sucede a pesar de la anunciada nueva normalidad, que muchos, con más conocimiento de causa, han bautizado como la cruel realidad.

Ejemplos sobran. Los pueblos y las comunidades indígenas han enfrentado los efectos de la pandemia con sus propios recursos, porque ninguna institución de salud o relacionada con la alimentación les proveyó de información oportuna y adecuada sobre qué medidas tomar para evitar el contagio; los que pudieron cerraron sus fronteras y se atrincheraron en sus territorios, controlando entradas y salidas, reparto de alimentos y medidas de higiene y de salud, pero la duración del encierro ya está generando problemas, obligándolos a relajar las medidas de prevención, con el consecuente aumento de contagios y muertes. Algunos han alzado la voz pidiendo auxilio y organizaciones sociales espontáneas o con experiencia en estos menesteres están implementando algunos apoyos, pero son insuficientes. Las cosechas de riego se han perdido y las de temporal no se llevarán a cabo en muchos casos porque la tierra no pudo prepararse. Y no se ve programa alguno para apoyarlos, lo que aumentaría el hambre y los problemas de salud.

La militarización de la que habla el relator también está presente y no sólo en los territorios indígenas, sino en todo el país, pues el Presidente de la República ha encargado al Ejército la seguridad en todo el territorio nacional. Y como también es sabido, el propio Presidente, contra toda lógica dada la situación de emergencia, declaró actividad esencial la minería y dio el banderazo de inicio de los trabajos de la construcción del llamado Tren Maya, actividad y obras que han recibido fuerte oposición por la afectación que producen en territorios indígenas y, como dice el relator, representan una invasión y destrucción de los territorios, las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas por los intereses empresariales, que los despojan de ellos y al hacerlo profundizan su marginación.

Dicho de otra manera: el gobierno y los empresarios están aprovechando la pandemia de Covid-19 para profundizar el colonialismo interno en que transcurre la vida de los pueblos indígenas. Pero como el relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas observa, éstos resisten, como lo han hecho siempre. Sólo que no se trata únicamente de resistir, sino de avanzar y acabar con ese colonialismo que los oprime y no los dejar ser ellos. En ese sentido, el abandono gubernamental frente a la pandemia puede ser la oportunidad para potenciar sus fortalezas y tomar el control de su futuro. Pensar que la nueva normalidad –esa cruel realidad de la que algunos hablan– no puede concretarse si los pueblos indígenas –y con ellos todos los otros sectores dominados– no alcanzan la emancipación. Proponérselo ya es un buen comienzo. Pero a eso hay que agregar propuestas realizables y formas de alcanzarlas. Ese es el reto que tenemos enfrente.

La Suprema Corte y los derechos territoriales de los pueblos indígenas

Francisco López Bárcenas

Parecía imposible pero se logró. El miércoles pasado el ministro Javier Laynez Potisek retiró su proyecto de sentencia para la resolución del amparo en revisión 928/2019, después de que éste recibió una andanada de críticas por afirmar que la ley minera no viola derechos de los pueblos indígenas. Al rechazo por los solicitantes de amparo se unieron miles de ciudadanos y cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos –el Congreso Nacional Indígena, entre ellas– y hasta instituciones oficiales: el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, tan proclives a asumir las políticas oficiales, esta vez se pronunciaron en favor de los afectados. Entre las voces que salieron a defender a los masehual resaltó la de la representante de los pueblos indígenas América Latina y el Caribe en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, cosa que tampoco había sucedido en muchas décadas.

¿Por qué un proyecto de sentencia del máximo tribunal judicial de nuestro país provocó tal rechazo? Es muy probable que la razón central se encuentre en el hecho de que fueron los directamente afectados quienes se dirigieron al ministro ponente, a los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación y al pueblo de México para explicar las razones de su rechazo al proyecto de sentencia. En cartas y videos –no podían hacerlo directamente por el confinamiento a causa del coronavirus– expusieron las razones de su rechazo: los daños que la minería provoca entre los pueblos y en el ambiente, así como el nulo beneficio que aporta a la nación y a los pueblos indígenas. Sus argumentos fueron apuntalados por juristas y una serie de especialistas en derechos indígenas, ambientales y sociales hasta generar una opinión social adversa al proyecto y el ministro ponente prefirió retirarlo a pagar el costo político de mantenerlo y con base en él se resolviera el amparo en revisión mencionado.

Para aquilatar la magnitud de la inconformidad hay que mirar lo que está en juego. El amparo que el año pasado solicitaron varios pueblos maseual que habitan la Sierra Norte de Puebla fue para que se anularan las concesiones mineras otorgadas en su territorio sin consultarlos y se declarara la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley minera porque facultan a las empresas a realizar actividades que violentan su derecho al territorio. Lo primero ya fue resuelto positivamente por la juez de distrito que conoció del asunto y ratificado por el tribunal colegiado que conoció del recurso de revisión interpuesto por las firmas beneficiarias de las concesiones y el subdirector del Registro Público de Minería y la subdirectora general de Minas de la Secretaría de Economía, lo que muestra –una vez mas– que en estos casos mineras y gobierno litigan unidos contra los pueblos indígenas.

El derecho al territorio es, entonces, el eje de la disputa. Se trata de un derecho estratégico para la existencia de los pueblos indígenas y para que puedan construir una vida diferente a la que hasta ahora han llevado, sometidos por los poderes económicos y políticos; pero no sólo para ellos, sino también para el resto de la población, porque en sus territorios se encuentra gran parte del capital natural de la nación y ellos –gracias a la relación cultural y de sacralidad que mantienen con ella– los conservan para beneficio de todos. Si podemos tener agua, aire puro, captura de carbono, plantas comestibles y medicinales, evitar fenómenos naturales como el aumento desmedido del clima o la disminución de los huracanes, es por la relación de los pueblos mantienen con la naturaleza. Pero todo eso está en peligro por la incursión de la minería a cielo abierto que con tal de apropiarse del mineral no le importa destruir estos preciados bienes. Eso es lo que se encuentra en juego.

Con el retiro del proyecto de sentencia del ministro Laynez Potisek los pueblos y sus acompañantes dan un paso más en defensa de los territorios indígenas, pero no han ganado la guerra. Es de esperarse que en los próximos días se presente otro proyecto que, hipotéticamente, sea diferente en sus argumentos pero con las mismas conclusiones, o diferente en sus argumentos y en sus conclusiones, con base en el cual los ministros y la ministra de la segunda sala de la Suprema Corte habrán de tomar una determinación. No es un caso sencillo. Las empresas mineras lo saben y presionan para defender sus privilegios, tanto que el Presidente de la República acaba de declarar esenciales sus actividades para que puedan iniciar operaciones aun en la pandemia del coronavirus. Pero justo por eso la Suprema Corte debería hacer valer los disposiciones de nuestro sistema jurídico y restituir el estado de derecho.

Pandemia y pueblos indígenas

Francisco López Bárcenas

En abril de 1520, hace exactamente cinco siglos, se presentó en el Anáhuac una pandemia de viruela que afectó profundamente a los pueblos originarios de la región y marcó su futuro inmediato y mediato. De acuerdo con los testimonios de la época, la pandemia apareció un año antes en la isla de Santo Domingo, de ahí pasó a la de Cuba, de donde se propagó a la península de Yucatán y Cozumel, transportada por los indígenas que Pánfilo Narváez llevó a esas tierras con la intención de apresar a Hernán Cortés, por órdenes de Diego Velásquez. De Co­zumel los españoles avanza­ron hasta Cempoala, adonde llega­ron en marzo de 1520 y la pandemia comenzó a propagarse entre sus habitantes; a ello contribuyó que Hernán Cortés fue al encuentro de su perseguidor, lo hizo prisionero junto con su gente y lo trasladó a Tenochtitlan. De ahí se propagó entre los pueblos del valle y para septiembre de ese año ya azotaba a sus habitantes.

La pandemia afectó más a los indígenas que a los españoles. En eso influyó el hecho de que para los primeros se trataba de una enfermedad desconocida, mientras los segundos tenían bastante información de ella. Como consecuencia de esto, mientras los españoles tomaron sus precauciones para evitar la propagación entre ellos, los indígenas quedaron paralizados por la sorpresa, dejando que avanzara libremente. Junto con estos efectos hubo otros, como el que mientras los indígenas consideraban que era un castigo de sus dioses, los españoles aprovecharon su desconcierto para fortalecerse como ejército de ocupación y someterlos. La pandemia de viruela, sin tener esos efectos, fue usada como instrumento de conquista por los españoles y al final marcó el destino de los pueblos invadidos.

Las conclusiones de la pandemia que azotó el Anáhuac hace 500 años, que deberían tenerse en cuenta ahora que la pandemia del Covid-19 azota nuestro país, son varias. Una es que se le debe tomar en serio, que no se puede andar jugando con ella; que se requiere de información verdadera y accesible para normar nuestro comportamiento ante ella, de tal manera que ni paralice ni provoque que se asuman conductas inadecuadas que permitan su propagación. También es importante evitar que grupos de interés manipulen las necesidades sociales que la coyuntura impone para alcanzar sus propios fines. Que la pandemia no sea usada por los grupos dominantes para perfeccionar sus mecanismos de control y profundizar sus efectos entre la población más vulnerable.

Lamentablemente entre los pueblos indígenas se notan acciones y actitudes alejadas de estas necesidades. Imbuidos por la falta o exceso de información, o por información falsa difundida en las redes, en algunas comunidades indígenas todavía se piensa que la pandemia es una invención política con fines políticos no declarados; los discursos oficiales, dirigidos a un público más urbano-mestizo que a uno rural-indígena no se entienden cabalmente. Los lingüistas y comunicadores indígenas han realizado una labor importante generando información acorde con la cultura de sus pueblos, pero aún son insuficientes, se necesita fortalecer esta actividad para que la gente tome conciencia de la gravedad del problema. La falta de ingresos económicos permanentes para satisfacer las necesidades de las familias y la ausencia de un programa de gobierno que los cubra si dejan de laborar, es un factor que impide que las personas se queden en casa, como es la recomendación oficial. La gente se mueve entre comer o protegerse y prefiere lo primero.

Urgen medidas oficiales acordes con la situación económica, social y cultural de los pueblos indígenas. Pero mientras éstas llegan, si llegan, los pueblos no pueden quedar paralizados, como sucedió hace 500 años, pues si así sucediera saldrían derrotados por la pandemia. Es importante que sus autoridades, las organizaciones a las que pertenecen y sus asesores volteen a buscar soluciones para enfrentar la pandemia en sus propios recursos. La solidaridad familiar y el trabajo colectivo para el bien común deben salir a relucir. Los profesionistas indígenas deben apoyar con nuestros conocimientos científicos adquiridos en las universidades pero sin asumir que son los únicos o los más importantes para tomar decisiones en el combate a la pandemia, sino combinándolos con los propios de los pueblos, que son muy importantes.

Información y acción colectiva es la fórmula. De que se tomen las medidas correctas y a tiempo depende que los pueblos indígenas remonten la crisis con saldos positivos y salgan fortalecidos de ella. Lo contrario los llevará a la derrota y profundizará la dominación colonial sobre ellos.

Agua y pueblos indígenas

Francisco López Bárcenas

El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. En nuestro país la fecha fue usada por el gobierno para exhibir su voluntad de no reconocer este derecho a los pueblos indígenas. No hubo actos públicos que dieran cuenta de ello, pero muchos pueblos así lo vivieron. Un ejemplo claro es el intento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de desconocer, o al menos reducir a su mínima expresión, los acuerdos tomados con la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) en los valles de Oaxaca. El caso tiene una importancia porque los acuerdos que se pretenden desconocer derivan de un mandato judicial y con ellos se busca operativizar el cumplimiento de derechos reconocidos desde hace mucho tiempo en el sistema jurídico mexicano y el internacional, de aplicación obligatoria en nuestro país, y de concretarse la negación de lo pactado, el gobierno seguiría violando el derecho de los pueblos indígenas.

Para apreciar lo grave del asunto es importante recordar que la Constitución federal establece el derecho de los pueblos indígenas de México para acceder de manera preferente a los recursos naturales existentes en los lugares que habitan, y el internacional extiende ese derecho a la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Con base en estas disposiciones, desde diciembre de 2014 un tribunal federal obligó al gobierno a realizar una consulta a los pueblos organizados en la Copuda sobre los destinos de parte del agua de los valles centrales de Oaxaca. Como parte de los acuerdos alcanzados en ella, la Conagua aceptó extenderles concesiones colectivas para que, como lo establece el derecho internacional, ellos la utilicen, administren y conserven, como establece el derecho internacional.

Ese acuerdo quedó establecido en el convenio signado el doce de octubre del año pasado por la titular de la Conagua, doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, y seis funcionarios más de esa institución que tienen responsabilidad en el Organismo de Cuenca Pacífico Sur, donde se ubican los pueblos con quienes se estaban comprometiendo. Pero no sólo ellos. También firmaron y se comprometieron a cumplir lo acordado, el director general y el coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como órgano técnico de la consulta; y, como garantes de lo acordado el presidente y visitador especializado en Pueblos Indígenas de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ninguna de estas autoridades se ha pronunciado ante los intentos del gobierno de desconocer sus compromisos. Por los pueblos firmaron sesenta y dos autoridades comunitarias; como testigo de honor firmó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur; como observador Jan Jarab, y Bernardo Serrano González, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Oficial de Derechos Humanos de la misma institución internacional.

Este convenio, vinculante para ambas partes porque tenían facultad para signar lo que firmaron, pero sobre todo porque está sustentado en docsumentos de derechos humanos que no se pueden desconocer, es suficiente para que la Conagua proceda a la extensión de las concesiones colectivas a los pueblos indígenas comprometidos, y éstos comiencen a administrar sus recursos hídricos. Pero a pesar del tiempo transcurrido eso no ha sucedido, y ahora el gobierno busca condicionarlas a un decreto presidencial donde se establezca la manera en que habrá de realizarse el aprovechamiento, administración y conservación del recurso hídrico a concesionar, violando el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y haciendo nulo el derecho pactado. De prosperar esta pretensión, el gobierno seguiría obligando a los pueblos a litigar en su contra para poder acceder a sus derechos, como si fueran sus enemigos, o peor todavía, como si no fueran mexicanos.

El asunto es grave. Como se sabe, alrededor de 23 por ciento del agua que existe en el territorio mexicano se capta en territorios indígenas, pero a pesar del derecho establecido en las leyes en favor de los indígenas, éstos no tienen acceso a ella porque el actual diseño de administración y aprovechamiento de ella está hecho para favorecer a la agricultura de exportación, a la industria y, en general, al capital. Nadie valora que gracias a la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza y a sus concepciones culturales relacionadas con el agua, es posible la gran diversidad biológica del país y la agricultura tradicional que alimenta a una buena parte del país. Por eso es urgente que, al margen de la negación de los derechos de los pueblos indígenas al agua por el gobierno encargado de vigilar que este derecho se cumpla, sean ellos los que enfoquen sus esfuerzos para hacerlos realidad. Su carácter de pueblos les da la legitimidad para hacerlo.

Tiempo suspendido o la desaparición forzada en México

Francisco López Bárcenas

Dentro de los instrumentos de actuación del Estado mexicano contra las disidencias políticas, uno de los menos analizados es la desaparición forzada. Esta ausencia no sólo es por desinterés de los científicos sociales, también obedece a las prioridades de líneas que las políticas estatales marcan al respecto. Así, la omisión se puede explicar argumentando que por mucho tiempo el Estado mexicano fue considerado un Estado social de derecho emanado de una revolución social y por lo mismo enfocado a atender sus demandas. Ni por equivocación se le identificaba como parte de los estados autoritarios, menos con las dictaduras militares que por mucho tiempo asolaron varias partes de América Latina. Pero los tiempos cambian y las temáticas de investigación también. Ahora proliferan las obras que se ocupan de la muy temprana represión contra las disidencias dentro y fuera y de la familia revolucionaria, así como de los instrumentos y métodos para llevarla a cabo.

Una de esas obras es [Tiempo suspendido] Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980. Su autor, Camilo Vicente Ovalle, tenía motivos, capacidad e inteligencia para escribirla. Nacido en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, es hijo de Jesús Vicente Vázquez, El Dormis, quien fuera comandante de la policía municipal del Ayuntamiento Popular que gobernó el municipio en los primeros años de la década de los ochenta, y de Bertha Ovalle Bustos, militante de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (Cocei), cuando la organización encabezaba luchas populares. Como parte de la represión a su actividad política, El Dormis fue desaparecido, lo mismo que su esposa, lo que llevó a su hijo a interesarse por el tema. Su cercanía sentimental con el tema no le impidió realizar una investigación minuciosa, hurgando en los archivos de la represión, pero también entrevistando a las víctimas de esta práctica.

Entre las virtudes de [Tiempo suspendido] se encuentra que rompe con el mito de que la desaparición forzada, como forma de represión política, sea de los años recientes y una práctica aislada, excepcional, sólo para contener situaciones que ponían en peligro al Estado mismo. Contrario a eso, el autor demuestra que apareció con el Estado mismo, contribuyendo a la consolidación de su carácter autoritario; que al principio –entre los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado– convivió con la detención arbitraria o el secuestro político, implementadas por el Ejército y las corporaciones policiacas, principalmente la Dirección Federal de Seguridad (DFS), pero conforme el tiempo pasaba se fue perfeccionando, hasta dejar de ser una táctica operativa para obtener información hasta convertirse en un dispositivo de la eliminación.

En los años setenta, el carácter de la disidencia política mexicana cambió porque muchos jóvenes, desencantados por la falta de espacios para la participación política, se fueron a las armas. En este contexto, la desaparición forzada también se transformó. En palabras de Camilo Ovalle, la desaparición forzada no fue acto único, sino un conjunto de procedimientos que se articularon en un circuito, cuyo fin programado fue la eliminación. Desde el momento en que una persona era ingresada al circuito de la desaparición, fue transformada en un sujeto suspendido, un detenido-desaparecido. Esta forma de violencia de Estado no estuvo determinada por el tiempo. La radicalidad de este dispositivo represivo estuvo dada porque él mismo produjo una nueva experiencia del tiempo. Su acción sobre un conjunto histórico-social, las técnicas aplicadas a los cuerpos. Los espacios donde los sujetos fueron consignados, la determinación final sobre los sujetos, sobre los cuerpos, produjeron esta nueva experiencia.

Y concluye: La desaparición forzada fue, en primera instancia, una acción que buscó suspender al sujeto de su estructura histórico-social: suspenderlo de su mundo. Las técnicas que fueron aplicadas al cuerpo de las y los desaparecidos, desde el momento mismo de la aprehensión, estuvieron dirigidas a su sometimiento a través de la ruptura de las relaciones espacio temporales más inmediatas, desfondando su realidad. Esta suspensión produjo una nueva experiencia del tiempo. Hacia dentro, un tiempo infinito. No hay criterios para mensurarlo, incluso el criterio último parece desvanecerse: la definición sobre la vida y la muerte, de la cual la persona detenida desaparecida se encuentra igualmente suspendida. Hacia afuera, en ese mundo fracturado por la acción de la desaparición, el tiempo producido es indeterminado, a la espera de ser reinstaurado: un día, un mes, un año, la vida entera.

Vale la pena leer el libro. No sólo porque arroja luz sobre un lado bastante oscuro de nuestra historia, sino porque el tiempo del que nos habla continúa suspendido. Los desaparecidos políticos siguen siendo una realidad en nuestro país y de nosotros depende en mucho que aparezcan. Que dejen de habitar un tiempo suspendido.

Lenguas indígenas y colonialismo

Francisco López Bárcenas

Este 21 de febrero termina el año internacional de las lenguas indígenas, proclamado por la Organización de Naciones Unidas en 2016 con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos a los que se enfrentan estas lenguas y su valor como vehículos de la cultura, los sistemas de conocimiento y los modos de vida, según declaró en su momento la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), institución internacional coordinadora de las actividades programadas para lograr sus objetivos. En la mayoría de los pueblos indígenas de nuestro país, el año pasó sin pena ni gloria, ignorantes como fueron de que esa medida se había tomado para que sus lenguas fueran valoradas, se fortaleciera su uso público y no siguieran desapareciendo, como viene sucediendo desde hace muchos siglos, cinco por lo menos, desde que llegaron los españoles y la suya fue usada como lengua franca entre todas las culturas de lo que hoy es México.

El gran problema de nuestro país es que las lenguas indígenas se pierden porque se encuentran en una situación colonial, vistas como se ha visto a sus portadores, los pueblos indígenas: rémoras del pasado y obstáculo para el progreso. El mayor impulso a ellas se ha dado desde algunos pueblos que realizan esfuerzos para practicarlas, pero más por profesionistas indígenas que se han organizado con el mismo fin: unos haciendo literatura, otros enfocando sus esfuerzos a descifrar los códigos que las componen para promover su escritura y, más recientemente, jóvenes comunicadores que utilizando las nuevas tecnologías impulsan la comunicación social por medio de ellas. El Estado, como se sabe, durante el siglo XX primero buscó desaparecerlas, después las usó como vehículo de aculturación, para que los indios dejaran de serlo y, como ni una ni otra cosa funcionara como lo esperaban, optó por el discurso del multilingüismo. Pero nada cambió porque las lenguas siguieron desapareciendo.

El primer paso en este cambio de políticas se dio el 14 de agosto de 2001, cuando se publicó la reforma constitucional sobre derechos indígenas que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. Dos años después se modificó la Ley General de Educación para asegurar que los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español, disposición que ha resultado una quimera porque en las escuelas se sigue enseñando con los programas del siglo pasado. Ese año también se aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, reconociendo el derecho de todo mexicano [de] comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Vana ilusión ante la ausencia de políticas públicas para lograrlo.

Para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Algunos estados no se quisieron quedar atrás y crearon sus propias instituciones: el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas, en Oaxaca; el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, en Yucatán; la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, en Veracruz; el Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas, en San Luis Potosí; el Centro Estatal de Lenguas Indígenas, en Hidalgo, y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, de Chiapas. La seriedad con que el asunto se trató quedó clara en los casos de Campeche y Michoacán, que legalmente crearon instituciones de este tipo pero en la práctica nunca se instalaron; en otros –como Oaxaca–, la institución quedó paralizada porque no se aprobó una ley que rigiera sus actos. Y las lenguas siguieron desapareciendo.

Ya ha pasado el año internacional de las lenguas pero, como sucedió con el año internacional de los pueblos indígenas, que a su término se decretó un decenio con el fin de que los gobiernos hicieran lo que no hicieron en un año, en este también se ha decretado la década de las lenguas indígenas, que comenzará dentro de dos años. Es poco lo que se puede esperar de las instituciones durante esa década si el problema no se trata con seriedad y se dejan atrás las políticas implementadas desde la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos y la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y se formula, junto con los pueblos, una radicalmente distinta, que responda a sus necesidades urgentes y de largo plazo. Pero para que eso tenga resultados positivos debe hacerse poniendo en el centro el uso público de las lenguas indígenas. Es la mejor manera de evitar que sigan desapareciendo. Es decir, que dejen de ser lenguas colonizadas.

Megaproyectos y la Cuarta Transformación

Francisco López Bárcenas

Una serie de declaraciones y actos del Presidente y su equipo cercano, aparentemente inconexos o contradictorios entre ellos, han sembrado en un sector de la población mexicana y de otras latitudes sentimientos confusos: mientras algunos consideran, como pregona el discurso oficial, que las cosas han cambiado, aunque se impulsen proyectos diseñados en sexenios pasados, ahora carecen del carácter impositivo y de despojo que tenían, y buscan llevar el desarrollo a donde no había llegado; otros, por el contrario, consideran que los proyectos son los mismos y, por más que desde el poder se sostenga que han cambiado, mantienen los mismos objetivos con los que fueron diseñados. En un tercer grupo se encuentran aquellos que sostienen que en el gabinete del gobierno federal no hay una postura clara al respecto, y las que se miran se definen por las convicciones de los funcionarios y sus equipos de operación.

Entre esa serie de declaraciones se ubica la que el pasado 11 de febrero expresó Víctor Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), frente a académicos y activistas que acudieron al foro Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec, donde exhortó a los opositores de los megaproyectos impulsados por el actual gobierno a asumir posiciones maduras porque, dijo, los proyectos van a ir, indudablemente van a ir. En ese mismo evento reconoció que las consultas sobre la obra –derecho fundamental de los pueblos indígenas– no se han realizado conforme a derecho, pero han sido legítimas; una aseveración polémica porque los funcionarios públicos están obligados a vigilar la legalidad de sus actos, más que su legitimidad. Tal expresión recordó a los presentes la que en septiembre del año pasado formulara el propio Presidente de la República, afirmando que truene, llueva o relampaguee, griten o pataleen, el Tren Maya va por que va.

A esas se pueden sumar otras expresadas a propósito de distintos megaproyectos. Por sus consecuencias, se volvió famosa aquella pronunciada en Cuautla, Morelos, por Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2019, frente a los opositores a la termoeléctrica de la comunidad de Huexca, ubicada en esa entidad, a quienes aseguró que la obra se construirá aunque haya gritos y sombrerazos y ante la irritación de los inconformes que le recordaron que en campaña había prometido cancelarla, los tildó de radicales de izquierda y conservadores. Días después era asesinado en la comunidad de Amilcingo el comunicador y activista Samir Flores Soberanes, opositor al proyecto. Sus compañeros no aseveraron que haya sido el gobierno quien lo asesinó, sino que el clima de linchamiento que las palabras del Presidente generaron fue utilizado por personas o grupos interesados en atizar el descontento y crear un problema social. Hasta la fecha el crimen no ha sido esclarecido y sigue enrareciendo el ambiente.

En sentido distinto a la postura del mandatario y su gabinete sobre estos proyectos, en otros casos se han tomado medidas para condicionar o cancelar obras que han sido calificadas de megaproyectos y han provocado el descontento popular por la afectación del medio ambiente y otros derechos de quienes habitan esos lugares –los territorios, los recursos naturales y las prácticas culturales, tratándose de pueblos indígenas– o para mitigar sus efectos. Entre ellas se halla la cervecera Constellation Brands, que pretende instalarse en la ciudad de Mexicali, Baja California, y de quien el propio titular de la Semarnat ha dicho que si no afecta el abasto de agua para los habitantes de la ciudad y se ajusta a las leyes, podrían tener agua, o la minera Cuxcatlán, que opera en el Valle de Oaxaca, y la presa Paso de la Reina a quienes se les han negado las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y por lo mismo no podrán seguir adelante.

Estos casos y otros en los que se han tomado medidas similares permiten hacer otro tipo de lectura a las enunciadas al principio. El gobierno no está contra los megaproyectos ni su postura depende de las convicciones de los funcionarios públicos, sino que se mueve entre los intereses del capital y la resistencia popular.

Los megaproyectos a los que el gobierno no ha puesto ningún obstáculo son aquellos donde el capital trasnacional es bastante fuerte, tanto que puede condicionar sus actos; junto a esos existen otros donde la protesta popular resulta más atendible que los intereses del capital y en esos las obras se pueden condicionar. Un tercer grupo sería aquel donde el capital no es determinante y puede atender los reclamos populares para abonar a la gobernabilidad. En estos escenarios las convicciones científicas, políticas, sociales o ideológicas de los funcionarios son importantes, pero no determinantes. Esta lectura puede ser interesante a la hora de armar las resistencias.

Contra los desplantes y la prepotencia

Francisco López Bárcenas

Es un hecho notorio pero si se le ignora genera desconcierto: cuando los pueblos indígenas o campesinos se sienten agredidos o miran que un peligro se cierne sobre ellos y sus integrantes, toman medidas para defenderse. Normalmente quienes cargan con la responsabilidad de ejecutar tales previsiones son sus autoridades, y para llevarlas a cabo echan mano de sus jóvenes o personas en edad activa. Normalmente. Pero cuando la normalidad es rebasada, en la defensa participan todos: mujeres, ancianos y niños. Cada uno de los miembros de los pueblos asume tareas diversas, desde reunir información que ayude a la protección del pueblo, hasta preparar el terreno, mantener a los que se movilizan y a su familias si fuera necesario, conseguir la armas y usarlas contra el enemigo. Eso es un hecho, no un deseo. Pero hay autoridades que parecen no darse cuenta que vivimos tiempos anormales, que requieren la toma de medidas excepcionales para brindar seguridad a los pueblos y ciudadanos.

El mismo Presidente de la República, refiriéndose a la presentación de niños armados para la defensa de sus pueblos, que en días pasados hiciera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la Montaña de Guerrero, declaró: Esas actitudes y desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada. Hacen ruido. Vergüenza les debería de dar eso, no se les va a aplaudir. Insisto: en tiempos normales el Presidente de la República y quienes como él piensan, serían correctas, pero en los tiempos que corren resultan desafortunadas y peligrosas. Lo que la CRAC-PF hacía al exhibir niños armados, hijos o familiares de personas asesinadas, era mostrar las acciones límite que han tenido de tomar para no terminar engullidos por la violencia que se cierne sobre ellos. No buscaban el rechazo del Estado sino que éste tome conciencia de la situación y cumpla con sus funciones de brindar seguridad a sus ciudadanos.

No se trata, como dijo el Presidente de la República, de actitudes de desplante y prepotencia que deberían dar vergüenza a los pueblos que las toman, sino de medidas dolorosas que los pueblos no desean tomar pero que no pueden evitar si quieren seguir existiendo. Y no son de ahora ni sólo del estado de Guerrero. Cuando el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano gobernó el estado de Oaxaca, las autoridades de un pueblo de la Sierra Sur se dirigieron a él de manera pública informándole que la asamblea general había nombrado una comisión que consiguiera armas para su defensa y le solicitaban que no se les impidiera lograr sus objetivos. En la actualidad, en el estado de Chihuahua son corrientes los rumores que aseguran que miembros del crimen organizado llegan a las escuelas y se llevan por la fuerza a los niños para convertirlos en sicarios y cuando escapan sus familiares pagan las consecuencias. Y así podemos seguir poniendo ejemplos.

Que los pueblos agredidos o en peligro de serlo tomen las medidas para evitarlo no debería ser motivo para que se armen, menos que armen a sus niños. Eso es cierto. Pero esto sólo sería posible si el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, cumpliera con sus funciones y ofreciera seguridad para sus pueblos y ciudadanos. Sólo que en las actuales situaciones por las que atraviesan diversas regiones del país parece que el Estado ha sido rebasado y no está en posibilidad de hacerlo. Así, no debería extrañar que los niños cambien sus aspiraciones –uno de los armados dijo que a él le hubiera gustado ser médico pero que por la violencia no podía acudir a la escuela– de una vida digna por un rifle que le permita seguir viviendo, más cuando ha visto morir a sus familiares, que eran su posibilidad de contar con apoyo para dedicarse al estudio. Lo que tal vez debería hacer el Estado es apoyar esas medidas para que sean transitorias, en tanto se toman otras que le permitan recuperar su capacidad de cumplir con sus funciones.

Pocos días después que el Presidente de la República fuera electo para el cargo, la prensa le preguntó con qué información contaba como presidente electo que no hubiera tenido como candidato y que le quitara el sueño. Se tomó su tiempo antes de responder y cuando lo hizo dijo que la corrupción y la seguridad. Supongo que con esa información en su poder ha diseñado su actual estrategia de combate a la corrupción y al crimen organizado. Si todavía no la tiene, como parece por sus declaraciones, debería saber que los pueblos no se arman por desplante, prepotencia o porque busquen el aplauso, sino por necesidad; que cuando lo hacen atendiendo a sus autoridades y de acuerdo con sus propias normas no buscan causarle un mal al gobierno y tampoco son sus enemigos. Al contrario, pueden ser aliados en los cuales apoyarse para lograr la pacificación del país. Las amenazas veladas a quienes se arman para defender su vida sólo sirve a los violentos.

Defensa del río Ajajalpan: un paso adelante

Francisco López Bárcenas

El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.

Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.

En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.

Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.

La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.

Cabañuelas

Francisco López Bárcenas

Las cabañuelas son predicciones que se realizan en los pueblos basados en la observación del clima durante los primeros 12 días de cada mes de enero. Con base en su conocimiento sobre el comportamiento del tiempo en esos días saben si los días en el resto del año serán lluviosos o secos, si hará frío o calor, si correrán vientos buenos o malos; con las conclusiones de sus observaciones preparan sus rituales para comunicarse con sus deidades, hablan con los que tienen el don de la palabra para que se comuniquen con ellos y les pidan que manden lluvias buenas y alejen las malas, que los fríos no traigan nevadas tan fuertes o que los vientos no sean de tal naturaleza que perjudiquen sus siembras. Y con todo eso como trasfondo preparan sus actividades en el campo, saben cuándo y cómo sembrar, qué tipo de semillas usar, preparan los canales de riego si los tienen y también saben qué medidas tomar para hacer frente a eventuales desastres naturales.

Eso sucede a escala familiar y comunal, pero nada impide que las usemos para imaginar cómo será el comportamiento del gobierno con relación a los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que se oponen a la continuación de los megaproyectos planeados en gobiernos anteriores y continuados por este, porque si se llegaran a realizar afectarían profundamente sus vidas, según sus propios patrones culturales. Para hacerlo vale la pena recordar que desde el año pasado y por distintas latitudes muchos pueblos indígenas vienen interpelando al gobierno para que en verdad y no sólo en el discurso cancele las políticas neoliberales, y una manera de hacerlo es revisar la viabilidad de los megaproyectos. En el norte se lo exigieron los comcac, macurawe, yoreme y los yoeme; en el centro, los wixaritari, nahuas, purépechas ñäñho y tutunakú, y en el sur los binizaá, ayuuk e ikoots, chatinos y ñuú savi, entre otros.

En los primeros días del año que comienza las voces que se oponen a los megaproyectos sonaron con más fuerza. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dijo que defenderá la tierra hasta con la vida si fuera necesario y el Congreso Nacional Indígena (CNI) lo secundó en su declaración y, según ha anunciado, ya prepara la resistencia, que comenzará en el próximo mes. Algunas personas han interpretado esto como si los rebeldes fueran a volver a las armas y el CNI los fuera a acompañar en esa decisión; la verdad es que, viendo la cantidad de personas que han perdido la vida en defensa de la tierra, parece más una ratificación de que la represión no va a detener la lucha. Si uno se atiene a lo que las cabañuelas nos marcan en este sentido, lo que se puede prever es que los movimientos indígenas en defensa del territorio, los recursos naturales y las expresiones culturales cobrarán fuerza y tensarán más las relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno.

El gobierno federal parece tener claro que los vientos no soplan a su favor, pero no encuentra la manera de conjurarlos. Frente a los reclamos de que se cancele el Tren Maya o el Corredor Transístmico, el Presidente de la República ha declarado que a nadie se le despojará de su tierra y ante el reclamo del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa de Territorio de Puebla e Hidalgo de que se cancele el gasoducto Tuxpan-Tula, lo que ha atinado a decir es que su trazo se desviará para que no afecte su cerro sagrado. No se quiere entender que cuando los pueblos indígenas defienden sus territorios, sus recursos sagrados o su patrimonio cultural, lo que están defendiendo es su propia forma de vida, como ellos la entienden, con sus tiempos, sus formas de organización, su relación holística con la naturaleza. La lucha de los pueblos indígenas no es, como se pretende hacer creer, porque quieran seguir en el atraso, sino porque el tipo de desarrollo que les proponen afecta profundamente su existencia y su futuro.

Si los signos que pueden leerse en el ambiente son correctos, lo que nos espera para el futuro inmediato son grandes confrontaciones donde estará en juego el futuro de los pueblos indígenas y de pasada el del país, porque si a algún sector de mexicanos le interesa su futuro es a los pueblos indígenas. Son ellos los que defienden la soberanía –recuerden que los tohono Odham demandaron al gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump cuando éste amenazó colocar un muro en la frontera–, son ellos los que defienden el patrimonio nacional –al menos constitucionalmente, los recursos naturales del suelo y el subsuelo lo siguen siendo–. Por eso ahora que las cabañuelas anuncian ventarrones, mal haría un gobierno en no escucharlos cuando advierten el peligro. No se lo merecen. Y menos de un gobierno que prometió cambiar el país por el bien de todos.

El PCM y los derechos indígenas

Francisco López Bárcenas

Cuando el Partido Comunista Mexicano (PCM) se formó, el 24 de noviembre de 1919 –hace 100 años–, ninguno de sus impulsores traía entre sus propuestas una política dirigida hacia los pueblos indígenas, no obstante que en ese tiempo eran la mayoría de la población. Pero la realidad política y social del país se impuso y dos décadas después ya figuraban entre sus preocupaciones centrales. Los comunistas mexicanos se ocuparon del asunto durante la Primera Conferencia Pedagógica Comunista, realizada en la Ciudad de México en febrero de 1938. Desde un principio se apartaron de la tesis sostenida por Carlos Mariátegui, el dirigente comunista del Perú, para quien el principal problema del indio era el de la propiedad de la tierra; sosteniendo que en México al menos, se trataba de un asunto nacional que incluía la destrucción de la desigualdad económica, social, política, jurídica y cultural de las masas indias. Fiel a su ideología, los comunistas mexicanos de la época veían a los indígenas como clase social explotada, sin reparar en su composición étnica.

La propuesta de los comunistas quedó atrapada entre la línea dogmática dictada desde la URSS por José Stalin y el apoyo a la política indigenista del presidente Lázaro Cárdenas. Como se sabe, el primero postuló el derecho de las minorías nacionales a la autodeterminación, lo que incluía la posibilidad de separarse del estado al que pertenecían para seguir su propio destino, ya fuera como un estado distinto, integrándose a otro o formando con otras minorías un nuevo estado. De hecho, los Alacranes Comunistas, como se nombraban los comunistas de Durango, incluían entre sus reivindicaciones separar a los pueblos de ese estado de México para anexarlos a la URSS, como forma de emanciparlos. El presidente Cárdenas, por su parte, postulaba la restitución de las tierras a las comunidades indígenas y el suministro de recursos económicos para hacerlas producir como forma de mejorar sus condiciones de vida: no negaba la autodeterminación de los pueblos, pero la reducía a que pudieran darse ellos mismos sus propias autoridades y decidir sus destinos. No se veía, pero sería el debate que al paso de los años distinguiría la autodeterminación en soberanía para los estados y autonomía para los pueblos que existían dentro de su territorio.

Otra peculiaridad de la línea comunista en relación con los pueblos indígenas fue su oposición a la educación socialista decretada por Cárdenas, argumentando que se imponía a los indios una cultura ajena a ellos al realizarse en el idioma castellano, con menosprecio de sus lenguas maternas, argumentando que era la manera en que los países imperialistas penetraban en los países que colonizaban, utilizando la cultura como forma de dominación. En lugar de eso recomendabanque a los niños, jóvenes y adultos indígenas se les imparta toda enseñanza, no en lengua extraña, sino en su propia lengua materna. Era curioso, pero en eso coincidían con los postulados de un grupo de antropólogos estadunidenses que habían llegado al país y que en poco tiempo conformarían el Instituto Lingüístico de Verano, que al final sería expulsado, acusado de actividades contrainsurgentes.

El asunto de los pueblos indígenas distó de ser terso para un partido que buscaba ser alternativa para el proletariado mexicano. En 1937, Gaudencio Peraza, miembro destacado del partido, buscando alejarse de las tesis stalinistas sin confrontarse con en Komintern, afirmó que México no era una nación, que no tenía un idioma consolidado y, por tanto, no se podía afirmar que las lenguas indígenas estuvieran subordinadas a una nacional; por su parte, Ramón Berzunza Pinto, presidente de la subcomisión indígena, en 1941 rechazó la propuesta de la autodeterminación de las minorías nacionales porque, dijo, no se conocían las realidades concretas de dichas nacionalidades y, por tanto, se carecía de una estrategia para llevarlas a cabo. Consecuentemente, proponía realizar estudios sobre la situación social de los pueblos indígenas, propuesta que coincidiría con los postulados del Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Indigenista Interamericano, creados para impulsar el indigenismo como política de Estado que negaba los derechos a los pueblos y los sustituiría por políticas asistenciales.

El debate se suspendió porque el Komintern dictó la política de la unidad a toda costa para hacer frente al fascismo y en México se privilegió la consolidación de la unidad nacional; hablar de autodeterminación o de si los pueblos indígenas eran o no nacionalidades, fueron asuntos dejados de lado para un mejor momento, que ya nunca llegó, hasta que los propios pueblos la empujaron, para reclamarse como sujetos políticos emergentes, con derechos colectivos propios, lo que logró modificar la idea de que los estados eran los pueblos y los únicos titulares del derecho a la autodeteminación, con todas sus implicaciones. El asunto no es menor y vale la pena recordarlo en la actual coyuntura mexicana, en la que muchos de los funcionarios gubernamentales se reclaman herederos de aquellos comunistas, pero han olvidado sus líneas políticas relacionadas con los pueblos indígenas.

Los otros zapatismos

Francisco López Bárcenas

La Jornada

El mes de noviembre que corre está lleno de simbolismos. Lo que más destaca en la memoria popular es que el 20 de noviembre de 1910 comenzó la Revolución Mexicana, afirmación que no es del todo cierta porque si bien fue la fecha fijada por Francisco I. Madero para iniciarla, pocos lo hicieron y los levantamientos fueron apareciendo poco a poco en los días siguientes. También fue un 28 de noviembre de 1911 cuando el general Emiliano Zapata llamó a los campesinos a firmar el Plan de Ayala, documento en el cual plasmaron sus ideales y que desde su firma fue la bandera bajo la cual se fueron a la Revolución para defender sus tierras.

En medio de este simbolismo, este año se cumple un centenario del asesinato del general Emiliano Zapata por órdenes del grupo del poder. Como no pudieron derrotar sus ideales, decidieron desaparecerlo físicamente pensando que de esa manera la lucha por la tierra llegaría a su fin. Vano intento, porque sus ideales y su lucha se mantienen todavía en el siglo XXI.

En ese contexto, un grupo de compañeros y amigos de Francisco Pineda Gómez, un historiador que con su pluma, su esfuerzo y su inteligencia imprimió otra dimensión al zapatismo y que, lamentablemente, nos dejó en septiembre pasado, hemos organizado un coloquio bajo el titulo Los otros zapatismos. Cobijados por El Colegio de San Luis, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el acto se realizará los días 22 y 23 de noviembre en el Jardín Borda, ubicado en Cuernavaca, Morelos, y, además de honrar la memoria de un historiador del zapatismo, el acto busca valorar los esfuerzos que por el conocimiento de los movimientos zapatistas regionales se realizan en diversos estados de la República. En ese acto participan 16 investigadores de las entidades de Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Puebla, estado de México, Ciudad de México y, naturalmente, Morelos.

Cada uno de los participantes expondrá las maneras en que el zapatismo se manifestó en sus regiones, sus estrategias de lucha, sus alianzas y, sobre todo, las motivaciones de quienes se sumaron a la lucha revolucionaria bajo la bandera del Plan de Ayala.

Dicho de otra manera, la importancia del acto radica en será una oportunidad para conocer diversas expresiones del zapatismo en varias regiones de la nación, que no han encontrado suficiente eco en la historiografía y, por lo mismo, se espera que enriquezcan nuestro entendimiento de la corriente política más radical de la Revolución Mexicana. Entre los participantes se pueden ubicar tres regiones: los de Morelos, la Ciudad de México y los del estado de México; la de los estado de Oaxaca, Puebla y Guerrero, que se vieron influenciados por su cercanía con el Cuartel General del Ejército Libertador y la de los estados de Quintana Roo, Veracruz y Sinaloa, que no son propiamente una región, pero los une la lejanía del centro del mando militar de la revolución campesina.

Entre los participantes del primer grupo se hablará de la manera en que se dio la irrupción del zapatismo en Morelos y la manera en que se ha historiado, rescatando la mirada de los de abajo y el componente indígena y territorial de las reivindicaciones; entre los segundos se expondrá la manera en que el maderismo y el magonismo alimentaron la ideologia zapatista, las alianzas coyunturales entre rancheros y campesinos y los violentos choques entre ellos hasta casi llegar a una guerra de castas, que llevó a los costeños a restaurar el reino mixteco en plena lucha contra el porfiriato; se traerá a la memoria la toma de Chilpancingo por los zapatistas y la alianza de zapatistas y soberanistas oaxaqueños para enfrentar al carrancismo. El tercer grupo se referirá a la manera en que se expresó el zapatismo en Sinaloa y su relación con los indios mayos; de las alianzas con los felicistas en Veracruz, de los exiliados zapatistas en Yucatán y Quintana Roo y la política internacional del zapatismo, que la tuvo.

Como era costumbre en las filas zapatistas y es costumbre entre los pueblos sureños, el acto se cerrará con una fiesta, misma que será amenizada por estudiosos de la expresión zapatista a través de los corridos, de ayer y de hoy. Como se ve, los otros zapatismos es un acto que busca convertir la tragedia que es la pérdida de un gran estudioso del zapatismo en un espacio para discutir su aporte al conocimiento del zapatismo, la importancia de éste en la actualidad y su trascendencia más allá de nuestra nación. Los organizadores no ignoramos la importancia que para las actuales luchas de los pueblos tiene el conocer los ideales que hace 100 años movieron a los pueblos a levantarse en armas para defender la tierra, sobre todo cuando sus luchas se parecen mucho a las de aquellos tiempos. Eso también le da importancia al acto.