Homicidio industrial y justicia

Napoleón Gómez Urrutia

La Jornada 

Adiferencia de sus tres antecesores en el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó abiertamente en días pasados por reabrir la mina 8 ubicada en Pasta de Conchos y rescatar los restos de 63 de los 65 mineros que el aciago 19 de febrero de 2006 encontraron allí una terrible muerte. Su postura es un acto de congruencia con el humanismo militante y profundo que ha mostrado desde su campaña electoral y que ratifica en sus primeros meses de gobierno.

Pero no sólo es una acción humanista y de justicia, sino que fundamenta su realismo político. ¿Cómo puede gobernar bien un Presidente si mantiene esa herida abierta en la sociedad y se mantiene indiferente al reclamo popular que le exige el respeto y la solidaridad en favor de los deudos y familiares de los mineros muertos? ¿Con qué cara han transitado por el alto mando de la República, durante 18 largos años, los tres presidentes anteriores, sino con la faz cínica de la indiferencia al negarse a la acción reparadora en Pasta de Conchos? No cabe duda que este es uno de los factores que dieron como resultado la abrumadora elección del primero de julio de 2018 en favor del actual Presidente. El pueblo de México, los trabajadores y sus mejores representantes políticos y sociales ya no quieren más casos como el de Pasta de Conchos ni más homicidios industriales en la minería o en ninguna otra actividad productiva de carácter peligroso.

Algunas voces se manifestaron de inmediato contra esta decisión presidencial. Entre ellas la de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, de la empresa responsable de la tragedia, Grupo México, aunque manifestó oportunistamente en una carta al Presidente que colaborará en el análisis de los estudios técnicos que hoy están aconsejando este nuevo esfuerzo, y a pesar de que recordó los riesgos que, según él, enfrentaron la primera vez que lo intentaron, que dijo fueron 14 meses de esfuerzos y análisis, donde se emplearon miles de horas-hombre, concluyó el magnate: Sin embargo, no pudimos lograr el objetivo, ya que cada día aumentaba el riesgo de una nueva tragedia, por lo que se determinó poner fin a las tareas para no poner más en peligro a quienes participaban en la operación.

Como lo dije en declaración el mismo día de esa carta de Larrea al Presidente: El empresario no está diciendo la verdad. Las labores de rescate no duraron 14 meses, como asegura, pues al quinto día de que se registró la explosión en Pasta de Conchos detuvieron los trabajos de rescate sin saber si los trabajadores estaban con vida, sellaron la única entrada a la mina y dejaron a la policía para que la resguardara.

O sea, abandonaron los 63 cuerpos de los trabajadores mineros, Larrea nunca se presentó en la mina para dar su condolencia a deudos y viudas, como tampoco lo hizo Vicente Fox, a la sazón titular del Poder Ejecutivo, y cuando después, en septiembre de 2008, los rescatistas mineros estaban ya muy cerca de los restos y habían ensayado con éxito su recuperación, pero las fuerzas armadas les ordenaron detener esos trabajos. De todos modos quedó en la conciencia de los trabajadores, así como de las viudas y los deudos, que esta acción era posible.

La verdad es que el Grupo México de Larrea ordenó paralelamente a equipos policiacos armados perseguir a rescatistas y viudas para impedir su entrada a la mina, con lo cual no se protegía a los que intervenían en la localización de los cuerpos, sino que una vez más se pretendía esconder las huellas y pruebas de la negligencia empresarial por la cual ocurrió el estallido del gas metano. O sea, fue lo contrario: lanzaron la represión policiaca contra familiares de mineros fallecidos para ocultar huellas delatoras de su irresponsabilidad e incompetencia, no fue que quisieran proteger la vida de rescatistas y viudas. Más bien se trató de hacer un control de daños, al mismo tiempo que analizar la posibilidad de continuar con la operación como si nada hubiera ocurrido.

La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador es un hecho muy positivo en el panorama de la minería, sobre todo en la actividad extractiva del carbón. Cuando este rescate ocurra, lo cual sin duda sucederá, ello beneficiará el trato del gobierno y las empresas con el conglomerado minero trabajador, el cual se ha distinguido por su valentía, su lucha por la justicia y el elevado sentido de dignidad. Sobre todo, pondrá en claro que la verdad y la justicia están del lado de los trabajadores, las viudas y deudos y del Sindicato Nacional de Mineros que me honro en dirigir, con motivo de lo cual fui perseguido políticamente durante más de 12 años y ello me obligó a un exilio forzado en el extranjero.